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El delegado de la Linea Sarmiento, en declaraciones a Soy Ferroviario, pidió que se investigue en profundidad el crimen de Leonardo Andrada.
Fuente: Soy Ferroviario - www.soyferroviario.com.ar
Los trabajadores de la Línea 60, mediante un comunicado titulado "Otra vez la violencia como instrumento disciplinador", informaron que Néstor Marcolín fue objeto de un atentado en la puerta de su casa durante la madrugada de hoy, destrozando una parte de su automóvil y dejando el estéreo y otras pertenencias sobre un asiento.
Asimismo, recordaron que días atrás fue incendiado el automóvil de Héctor Cáceres, otro delegado de la tradicional línea de colectivos porteña, frente a su vivienda.
Ambos hechos fueron calificados como "aviso", teniendo en cuenta que mañana comienza el juicio contra Vega, el patotero armado al servicio de la empresa DOTA, por amenazas con armas de fuego hacia los trabajadores.
En declaraciones al Diario La Capital de Rosario, Néstor Fiuri, delegado de los empleados de la firma -que el último mes que cobraron fue diciembre- explicó que esperarán hasta hoy para ver si la firma Formato Eficiente SA (dueños de la cadena que opera en el sur de la ciudad, y parte del grupo inversor Iurelaw) honraba su palabra y depositaba lo prometido.
Por otro lado, aclaró que hoy será una jornada determinante para los trabajadores de los ocho locales que Lorena tiene en Rosario ya que las partes se reunirán en el ministerio de Trabajo en Buenos Aires, al terminar el plazo fijado del concurso preventivo.
Sostuvo que, tras la audiencia, se conocerá la situación económica real de la empresa y el monto del pasivo: "iremos a la audiencia y la empresa nos va a tener que dar una respuesta, para ver si quiebran, venden, transfieren o siguen así", afirmó el delegado de los trabajadores.
"El único compromiso que asumieron es que hoy -por ayer- depositarían 400 pesos que corresponden a enero, y prometieron pagar el resto del sueldo de ese mes hasta el día viernes", aseguró el delegado, lo cual constituye una escasa cifra que tan sólo llega al 10% del sueldo promedio de los empleados de comercio.
No obstante, a la espera de lo que pueda definirse hoy en Buenos Aires, desde la sede local de Trabajo citaron a las partes a una nueva audiencia para el próximo lunes a las 11.00 hs. con la finalidad de verificar el pago de los sueldos de enero.
Con respecto a la posibilidad de la venta de la firma, Fiuri dijo que las versiones que manejan son las que acercó a la audiencia el abogado de la empresa, quien ayer aseguró que siguen "avanzadas" las tratativas con la empresa de capitales locales Rosental, que por otra parte desmintió durante los últimos días que esto fuera cierto. A ella se le agregó Carrefour Dia, siendo todas versiones que, según Fiori, "los alivian porque les hacen mantener las esperanzas de continuar con los puestos de trabajo", lo que constituye la prioridad número uno -junto con el cobro de los sueldos atrasados- del personal.
"Estamos dos meses abajo y se nos hace muy difícil, por eso ayer volvimos a hacer hincapié en que si hay transferencia que el ministerio fiscalice que se haga en el marco de la ley respetando el artículo 225 de la ley laboral, que habla de respetar la antigüedad y las condiciones de trabajo", subrayó.
En caso de que desde la empresa no cumplan lo dicho y esquiven el pago, los empleados aprovecharán la instancia de la audiencia en Buenos Aires para rearmar estrategias y definir medidas: "estamos en asamblea permanente, por eso esperaremos hasta mañana -por hoy- para ver qué pasa en Trabajo".
Recordamos que Lorena tiene 8 locales en la ciudad, la casa central que se encuentra en Castro Barros y Regimiento 11, más los comercios ubicados en Ayacucho y Av. del Rosario, San Martín al 4900, Uriburu y España, Uriburu y Corrientes, Bv. Oroño y Uriburu, Necochea y Cochabamba y Necochea y Gaboto.
El grupo Iurelaw tomó a su cargo la cadena Eki, dueña de los supermercados Lorena, en noviembre y según algunos trascendidos se propuso achicar la cantidad de empleados y dar de baja 19 locales de los 166 que tiene en el interior de la provincia de Buenos Aires y Rosario.
Fuente: Indymedia Rosario.
Les acercamos el informe del Noticiero Popular (Barricada TV), con las declaraciones de Edgardo Reynoso, delegado de la Lista Bordó, de la Unión Ferroviaria.
Desde hace más de siete años, el Prof. Luis Calarota ha sufrido una sistemática persecución gremial y política en la Universidad Nacional de Rosario que terminó con su despido de la Facultad de Humanidades y Artes, a pesar de su condición de delegado de COAD lo que fue denunciado por la AGD - UBA.
Dicha acción patronal fue impugnada ante la justicia, apelando al derecho de tutela sindical que, por el momento, fue rechazada por la Cámara Federal de Rosario, en un fallo que no solo ratifica el despido sino que, según afirmaron, sienta un gravísimo precedente que deja expuestos a los delegados gremiales de las Universidades y de los trabajadores en general a la impunidad de las patronales.
La AGD - UBA estuvo presente en Rosario en solidaridad con el docente cesanteado, con la presencia de Néstor Correa, su Secretario de Derechos Humanos, durante el acto realizado frente a los Tribunales rosarinos donde se hicieron presentes representantes de AMSAFE Rosario, Ctera Santa Fe y Aceiteros para, luego, plantear la necesidad de encarar una campaña nacional al respecto.
La Comisión Directiva de AGD - UBA Psicología informó sobre la denuncia contra el Prof. Mario Carlos Casalla, a cargo de dos cátedras en la Facultad, que fuese realizada ante el Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Salta, a cargo del juez Julio Leonardo Bavio, para que dicho docente sea indagado como presunto autor mediato de la privación ilegal de la libertad del profesor Miguel Ángel Arra, secuestrado el 24 de junio de 1975, fecha desde la cual permanece desaparecido, la que fue presentada por el Dr. Martín Ávila, delegado en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Dada la gravedad y seriedad de la denuncia presentada, AGD - UBA Psicología presentó un proyecto para reclamar la suspensión del docente en todas sus funciones en el Consejo Directivo de la Facultad, lo que fue finalmente aprobado tras un largo debate y el pedido de Juicio Académico al Consejo Superior, siendo ello trasladado a comisión.
Asimismo, la AGD - UBA, a través de su Secretaría General y de DDHH, hará también una presentación en el Consejo Superior de la UBA.
Sigue la represión contra los trabajadores: Detuvieron a un delegado y dos trabajadores del Ferrocarril Belgrano Norte en Boulogne.
Mediante un comunicado de prensa, la Agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra denunció que, en la madrugada de hoy, la Policía Federal detuvo a un delegado y a dos trabajadores ferroviarios del Ferrocarril Belgrano Norte en la Estación Boulogne, las cuales se produjeron en el marco de una medida de fuerza resuelta por una asamblea de las y los trabajadores de dicha línea ferroviaria, en reclamo por la mala liquidación de adicionales salariales desde el año 2008.
Según afirmaron, "una vez más, la Policía Federal de Nilda Garré reprime una acción obrera y detiene trabajadores" y consideraron que "el infundado encarcelamiento del delegado Rubén Sobrero del Sarmiento y ahora estas nuevas detenciones son parte de una política de represión al movimiento popular que ya sufren más de 5000 procesados por luchar"
Concluyeron, convocando a solidarizarse para exigir la liberación de los compañeros detenidos.
Adhesiones a: causaferroviaria@gmail.com
CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 627
Sumario:
1. Triunfo contra la criminalización de la lucha.
2. La estrategia de reformar las medidas represivas continúa.
3. Atentado incendiario contra delegado de la Línea 60.
4. Más gatillo fácil.
5. La impune criminalidad policial.
25 de noviembre, en Plaza de Mayo, PRESENTACIÓN del ARCHIVO DE CASOS DE PERSONAS ASESINADAS POR EL APARATO REPRESIVO ESTATAL 2011.
Triunfo contra la criminalización de la lucha.
El 19 de septiembre, el juez federal de Quilmes, tuvo que sobreseer a nueve compañeros ferroviarios acusados de “atentado ferroviario”, por reclamar sobre las vías de Avellaneda, el 25 de enero de este año, el demorado ingreso de los tercerizados a UGOFE. Desde CORREPI, y junto con el Ceprodh, habíamos asumido las defensas de los compañeros.
La denuncia contra los trabajadores la hicieron la empresa UGOFE y el subsecretario de Transporte, Antonio Luna. Una vez más, el frente único de la burguesía, para perseguir a trabajadores, mostró su aceitado funcionamiento.
Cabe recordar que este frente, compuesto por la empresa, la burocracia sindical y el estado, es el que organizó y ejecutó el asesinato de Mariano Ferreyra. La burocracia reclutó a la patota, UGOFE licenció a los 120 matones para que pudieran faltar a sus trabajos, y el estado, a través de su policía, participó del plan criminal; primero, permitiendo el ataque de la patota y, luego, cubriéndole las espaldas para que pudieran fugarse.
También es necesario saber que los policías que dirigieron aquel operativo policial, destinado a asegurar la impunidad del asesinato de Mariano, son “testigos” consuetudinarios en las causas que el gobierno y UGOFE arman a los trabajadores que salen a la luchar. Así, los comisarios Mansilla y Ferreyra, por ejemplo, son citados siempre por la empresa como testigos.
Es lo que ocurrió en esta causa, y lo que ocurre en las causas que, por extorsión, se siguen en el mismo juzgado contra los compañeros de Causa Ferroviaria por los hechos del 23 de diciembre de 2010 en Constitución, y contra los vendedores ambulantes del Roca y dos militantes dela TPR, por otro corte de vías a principios de marzo de 2011.
Paralelamente, también fuimos notificados de la absolución del compañero Juan Oribe, estudiante y militante del PTS, que debía ir a juicio por un corte de calle, de mediados de 2010, en solidaridad con Kraft, y que CORREPI defendía junto con el Ceprodh.
El 10 de agosto, él, y sus compañeros Jésica Calcagno y Patricio del Corro, habían sido absueltos por la justicia contravencional porteña, que había intentado condenarlos por haber participado, en 2009, de varios cortes en apoyo a la lucha de los trabajadores de Kraft-Terrabusi.
Los fiscales Aníbal Brunet y Martín Lapadú habían pedido 40 días de arresto, presentando como pruebas videos y fotos obtenidas por policías de civil, infiltrados en las manifestaciones, y luego comparadas con imágenes bajadas de las páginas web de las organizaciones. Así, de los miles de participantes en 15 movilizaciones, fueron seleccionados estos tres compañeros, porque fueron los que pudieron identificar.
Quedaba pendiente un solo hecho, por el que estaba acusado Juan Oribe únicamente. El Fiscal tuvo que desistir de la acusación por falta de pruebas. Esto demuestra, además, la falsedad de una causa que fue armada para amedrentar a militantes, como todas las restantes causas que amenazan a 6.000 luchadores del campo popular.
La única forma de enfrentar esta política de criminalización de la protesta es con más organización y más lucha. Si nos tocan a un compañero, nos tocan a todos.
La estrategia de reformar las medidas represivas continúa.
Dos nuevos proyectos vienen a sumarse a los ya puestos en práctica para continuar acentuando el carácter represivo, siempre bien maquillado, de este gobierno.
Por una parte, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, anunció la primera Escuela de Policía descentralizada de la provincia, que comenzará a funcionar en la ciudad de Mar del Plata partir de 2012. Allí, más hombres y mujeres podrán formarse en materia represiva, como todos los uniformados con traje y chapa que están al servicio del estado, sólo que serán “locales” que viven y conocen la zona en donde desempeñarán sus tareas, lo que les permitirá un mayor control sobre los barrios.
Para fines de 2012 saldrá la primera camada de egresados, que serán unos 300 efectivos. Para ir entrando en calor, en los próximos días estarán sumándose al patrullaje actual del sur de la ciudad, a la altura del camino viejo que comunica a la ciudad con Miramar, 30 vehículos listos para accionar cuando lo crean necesario.
La Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires también sumó: lanzó a la calle a 103 nuevos agentes, que se agregan a los 2.500 que ya están.
Por otro lado, la Comisión por la Memoria, uno de esos organismos pensados para mostrar la cara “buena” del estado represor, se acordó que, desde hace décadas, está pendiente la creación de la “policía judicial”, para asistir a los fiscales en la investigación de las causas, dependiendo, como ellos, de la Procuración de la Corte.
Dijo Garré al respecto: “Es el desafío del estado nacional y de los estados locales ir dando respuestas satisfactorias a través de policías más profesionales, más transparentes, con un control político realmente muy firme del manejo de la policía”. Como si no tuvieran, todos los gobiernos, el más firme manejo de su aparato represivo.
Se sigue haciendo propaganda con la mentira. Los fiscales y los jueces de instrucción, es decir, los que “investigan los delitos”, a pesar de las reiteradas reformas anunciadas con bombos y platillos a cada rato para “agilizar la instrucción”, se dedican a mandar, desde sus despachos con aire acondicionado, causas e instrucciones a la policía, que es quien, como toda la vida, construye los expedientes. Con la creación de la “policía judicial” nada cambiará, salvo el cartelito en la puerta de la dependencia policial, como cuando, en 1998, las “Unidades Regionales” pasaron a ser “DDI (Dirección de Investigación)”, con el mismo argumento de la “separación de la policía operativa de la judicial”.
Dependan del Ministerio Público Fiscal, o del Ministerio de Seguridad, en la nación o en las provincias, los policías seguirán siendo lo que son: el ejecutor de la política represiva estatal.
Atentado incendiario contra delegado de la Línea 60.
El largo conflicto que vienen protagonizando los trabajadores de la Línea 60 por sus condiciones laborales, fue noticia en los medios esta semana, pero no por lo prolongado y duro de la lucha, ni por los ataques que todo el tiempo deben enfrentar del gobierno, de la patronal y de su eterna aliada, la burocracia sindical, sino porque estuvieron de paro cinco días, y, además de la huelga, hubo movilizaciones y cortes de la Panamericana y del Puente Pueyrredón.
Las medidas se decretaron como respuesta inmediata y efectiva de los compañeros frente a un nuevo ataque por parte de la patota burocrática, la misma que, tantas veces, emboscó y golpeó trabajadores. El lunes pasado, a la madrugada, el ataque fue contra el compañero Néstor Marcolin, cuyo auto fue incendiado en la puerta de su casa, frente a toda su familia.
El atentado se produjo, no por casualidad, horas antes de las asambleas que se iban a hacer en las cabeceras, para avanzar en el plan de lucha en el marco del conflicto laboral con la empresa. Así, poco después de que el accionista principal de la empresa amenazara al cuerpo de delegados, la patota sindical concretó el atentado contra uno de los referentes de los trabajadores.
Más temprano que tarde, todo reclamo, todo conflicto, cada lucha, choca con la ineludible represión, respuesta inmediata que articulan, de conjunto, los enemigos históricos de la clase obrera. Enfrentar organizadamente la represión, venga del aparato represivo oficial, con uniformes, o del oficioso, con las patotas de la burocracia sindical, es una tarea imprescindible en el camino de la defensa de los intereses de los trabajadores.
Más gatillo fácil.
Una vez más, las noticias de la semana nos muestran que el gatillo fácil es una realidad tan extendida como recurrente. En los últimos días, cinco personas murieron bajo fuego estatal.
Daniel Bazán, un colectivero de la línea 503, de Merlo, fue asesinado por un ex suboficial del ejército, de 81 años de edad. El ex militar, al presenciar el accidente de tránsito en el que un colectivo atropellara a su esposa, extrajo un revólver Dobermann calibre 32 que llevaba en la cintura, y le disparó al chofer en el pecho sin mediar palabra, lo que provocó su muerte horas después. Debido a su edad, el ex suboficial goza de una detención domiciliaria.
Por otra parte, en esta misma semana, tres jóvenes (un pibe de 17 años en Liniers, otro de 20, Roberto Román Montoya, en La Matanza, y otro más en Villa Tesei) murieron en hechos de represión policial, presentados por los medios de comunicación como enfrentamientos entre policías y ladrones.
Por último, en la ciudad bonaerense de Navarro, el teniente primero Luis Oscar Alem baleó a su ex mujer, mientras mantenían una discusión, con el arma reglamentaria. Luego se suicidó de un disparo en la cabeza.
A puro gatillo fácil, el estado sigue asesinando.
La impune criminalidad policial.
Detrás de cada crimen, hay al menos, un policía implicado. Tres ejemplos más que nos demuestran que “inseguridad”, es la policía en la calle.
1) En septiembre del año pasado, cinco delincuentes armados y encapuchados, actuando como grupo comando, asaltó una sucursal del Banco Nación en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Con un cilindro de metal de unos 80 centímetros de largo y pintado de negro, muy similar al “revientapuertas” que utiliza la policía en los allanamientos, destrozaron el blindex de la entrada y accedieron al salón principal del banco; extrajeron armas de fuego y amenazaron a los empleados hasta que llegaron al tesoro, de donde se llevaron más de dos millones de pesos en efectivo.
En la fuga, los asaltantes se tirotearon con un agente de la Policía de Tránsito que pasaba por el lugar, quien recibió un balazo en una pierna.
El hecho fue utilizado por los grandes medios para hablar de la “inseguridad”, y exigir, como siempre, más presencia policial en las calles. Pero a medida que avanzó la investigación, y como sucede tarde o temprano ante cada hecho delictivo, terminó saltando el botón.
A tal punto, que la Cámara Federal acaba de confirmar el procesamiento con prisión preventiva de dos federales, Javier Chejolán y Adrián Romero, con antecedentes ambos en este tipo de delitos pero que estaban en actividad, y un ex policía, Ángel Martínez, que era el custodio de la sucursal del Banco, y pidió que se investigue si hubo “connivencia de estamentos superiores de la fuerza” dado que todas las pistas señalan ese camino…
2) El 20 de septiembre, la cámara criminal porteña confirmó el procesamiento del policía federal Flavio Núñez, por haberle cobrado diez mil pesos a un integrante de la barra brava de Boca para no meterlo preso. En la misma causa están también procesados el ex titular de la Comisaría 24, el ahora ex comisario Eduardo Enrique Meta, y el inspector Esteban Alberto Pérez Méndez.
Todos le pidieron una coima al barra brava de Boca Richard William Laluz Fernández, alias "El Uruguayo Richard", para hacer la vista gorda y no hacer efectivo un pedido de captura que pesaba sobre él desde 2006.
3) En el caso de mayor repercusión mediática, el crimen sufrido por la pequeña Candela Rodríguez, está también por saltar el inevitable botón. Las sospechas sobre la connivencia de policías con integrantes de la banda llevaron a la fiscalía de Morón a requerirle a la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) que intervenga cinco teléfonos cuyos titulares son policías de la provincia de Buenos Aires. Concretamente, se sospecha el aporte de logística para el crimen, y la destrucción de evidencia importante.
Así las cosas, mientras ellos delinquen, el gobierno no sólo los protege, sino que, además, los premia. Basta observar en cuantos millones de pesos aumentó el presupuesto policial desde la famosa “ola de inseguridad”, que ellos mismos han provocado. Ellos son la “inseguridad”, aunque, para ellos, seamos nosotros.
Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista Herman Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
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CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires - Argentina
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Pablo Viñas intentará nuevamente reincorporarse en AGR - Clarín
El único representante gremial aún excluido del taller por Tomada y Clarín
El único representante gremial aún excluido del taller por Tomada y Clarín
El Jueves 31/03 a las 22:30hs Pablo Viñas intentará –una vez más- reincorporarse en el taller de AGR donde se imprimen, entre otras, la revista Viva, ubicado en la intersección de Perito Moreno y Del Barco Centenera, en el barrio de Pompeya, a donde lo acompañarán delegados gráficos y representantes del movimiento obrero.
Viñas es congresal por la Lista Naranja Gráfica y militante del Partido Obrero, y ha sido excluido del acuerdo forzado por Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo para que Clarín reincorpore al resto de los representantes gremiales de AGR (ligados al moyanismo) a pesar de contar con una medida cautelar en la justicia laboral que ordena la ratificación de todos y que ya ha sido ratificada en segunda instancia.
El último bloqueo al diario Clarín -realizado por los delegados de AGR e impulsado “por lo bajo” por Moyano a modo de advertencia, procurando un salvoconducto del poder en defensa de su grave situación judicial- se realizó en nombre de la lucha contra la persecución gremial, sin embargo se evitó mencionar esta triple exclusión armada por el ministerio, el moyanismo y la patronal, que constituye claramente el hecho más grave de persecución gremial que aun persiste en el taller. Precisamente, la Lista Naranja a la que pertenece Viñas fue la ganadora de las últimas elecciones generales gráficas (2008) en esa fábrica.
Luego de las últimas reincorporaciones, producidas el 9 de marzo, Viñas reclamó ante el Ministerio de Trabajo y, mediante carta documento, volvió a intimar a la empresa a cumplir lo ordenado por la justicia. La empresa respondió con una nueva negativa; en caso de persistir en esta actitud discriminatoria, el equipo de abogados de la Lista Naranja, encabezado por la Dra. María Alicia Calvinho (quien también representa a los delegados excluidos por Canal Trece) presentará una denuncia penal por desobediencia contra el directorio del grupo Clarín.
Lista Naranja Gráfica
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