Posteriormente, tuvo lugar una conferencia de prensa con la presencia del Qarashe Félix Díaz, quien afirmó que “la Presidente no puede mirarnos como opositores o como oficialistas, queremos que nos mire como indígenas”.
Mañana volverán a la Plaza, desde las 16.00 hs., para marchar reiterando el mismo pedido: ser recibidos por Cristina Fernández de Kirchner.
Les acercamos el video de la conferencia de prensa.
Hoy llegará Félix Díaz, Qarashe de la Comunidad La Primavera y también se hará presente Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y referente del SERPAJ al cierre de esta actividad a las 17.00 hs.
A pesar de las gestiones realizadas, no existen indicios acerca de la realización de la audiencia solicitada pese a esta solicitud que se suma a las que ya efectuaron desde hace tiempo.
Un niño clasemediero y caprichoso logra obtener verla en la "vida real", pero pareciera que la Presidenta no quiere ver la realidad, aquella que no contempla el relato oficial...
Foto: Julieta Sou (Barricada TV).
Desde las 10.00 hs., tendrá lugar la primera instancia de diálogo entre el Gobierno de la Ciudad y la Asamblea del Parque Centenario en Defensa del Espacio Público en la sede del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ubicado en la Avda. Roque Sáenz Peña 570 de esta Capital, tras el pedido de Audiencia Pública que fuese presentado durante la manifestación realizada el pasado viernes 1º del corriente.
Asimismo, la Asamblea convocó a una conferencia de prensa que se realizará a las 12.00 hs., en la puerta de la cartera ambiental de la Ciudad, con el objeto de informar lo planteado a los funcionarios y sus respuestas como también la realización de una nueva asamblea resolutiva que se realizará hoy, desde las 18.00 hs., en la intersección de Leopoldo Marechal y Díaz Vélez junto a la decisión asamblearia de sumarse a las diversas luchas en defensa del espacio público en la Ciudad, lo que tendrá lugar este viernes desde las 19.00 hs., con múltiples cortes de calle simultáneos.
Mediante un comunicado, los Familiares y Amigos de Luciano Arruga informaron sobre lo ocurrido en la audiencia que sostuvieron el pasado 16 de agosto con el Gobernador Daniel Scioli, afirmando que ello ocurría por primera vez tras 3 años y 7 meses de búsqueda de justicia.
Estuvieron presentes, la Ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza y el secretario de Derechos Humanos de la Provincia Guido Carlotto. Junto a Vanesa Orieta, hermana de Luciano, estuvo el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel; el abogado de la causa por la desaparición de Luciano, Juan Manuel Combi; el co-presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón, los directores Roberto Cipriano García y Sandra Raggio, y representantes del grupo de Familiares y Amigos de Luciano Arruga.
En dicha reunión, afirmaron, fueron claros al expresar la necesidad de plantear muchos temas, los cuales están atravesados por "la falta de compromiso político con esta causa" y exigieron al Gobernador "que se haga cargo" de la inmediata separación de todos los policías del ex Destacamento de Lomas del Mirador, responsables de la desaparición de Luciano, ocurrida el 31 de enero de 2009, al igual que de su secuestro y otras detenciones ilegales previas, la adulteración de los libros de entrada de dicha dependencia policial y de las torturas y otros delitos; del necesario "acompañamiento político" para acelerar el cambio de carátula de "averiguación de paradero" a "desaparición forzada de persona", como también el enjuiciamiento a Roxana Castelli, primera fiscal a cargo del expediente que derivó la investigación a la policía y de las necesarias gestiones políticas para que "los Familiares y Amigos de Luciano Arruga podamos acceder al Espacio para la Memoria LUCIANO ARRUGA (ex destacamento de Lomas del Mirador, cerrado por nosotros después de 3 años de lucha)" al que hoy el intendente de La Matanza les niega el acceso.
La respuesta de Scioli "no sentó posición sobre ninguno de los puntos", señalaron, tras lo cual solamente expresó que serían abordados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Carlotto, sin ningún plazo y tan sólo "se comprometió" a “trabajar en estos temas”.
Concluyeron, afirmando que no reconocerán "esta instancia como un logro hasta no visibilizar sus consecuencias políticas a través de acciones reales que tiendan a avanzar en la búsqueda de nuestro querido Luciano". No obstante, expresaron que "es un paso más en esta lucha y que es producto de una organización que se viene movilizando hace años y denunciando a la maldita policía que le quita la vida a un joven todos los días".
Por supuesto, siguen exigiendo la aparición con vida de Luciano Arruga, el juicio y castigo a los responsables, sacar a la policía de sus barrios y un Espacio para la Memoria, antes que una mera repartición municipal...
Mediante un comunicado, los Familiares y Amigos de Luciano Arruga informaron que el Gobernador Daniel Scioli recibirá a la familia del joven desaparecido, tras "3 años y 7 meses de organización y lucha" junto a amigos, organismos de DD. HH., y organizaciones sociales y políticas, para reiterarle el reclamo de la aparición ya ! del joven desaparecido, la cárcel efectiva para los ocho policías involucrados y la creación del Espacio por la Memoria en el ex Centro Clandestino de Detención que luego se transformó en “destacamento de Lomas del Mirador”.
Destacaron que ello lo obligará "a mirarnos a los ojos y escuchar de nuestra boca la grave situación que se vive en los barrios con la violencia institucional en todas sus formas", la cual se profundiza con las políticas de "más seguridad" llevadas a cabo por el gobierno provincial, contribuyendo a "discriminar y criminalizar a los sectores más pobres".
Por otra parte, recordaron que a los seis meses de la desaparición de Luciano, el mandatario provincial se había comprometido a recibirlos aunque, tras la movilización a La Plata, solamente fueron recibidos por el ministro Casal, quien, afirmaron, "hizo oídos sordos a nuestra firme denuncia sobre las redes delictivas organizadas por la policía en los barrios pobres", lo cual constituye la mejor prueba "de la falta de compromiso político que hubo desde el primer momento con esta causa" y que los obliga actualmente a organizarse en sus barrios.
Dicha actividad fue la que obligó, sostuvieron, a "tener que dar el brazo a torcer reconociendo públicamente estas prácticas", teniendo en cuenta que este caso "es el ejemplo de una problemática que se repite sistemáticamente con nuestros pibes en los barrios más pobres", con el agravante de la desaparición del joven a la actualidad y la libertad de los 8 policías del destacamento de Lomas del Mirador que siguen cumpliendo funciones en distintas comisarías.
Asimismo, afirmaron que "las políticas de memoria, verdad y justicia que se fomentan desde el gobierno nacional no tienen un correlato con la defensa de los derechos humanos de hoy, que se ven vulnerados de las formas más crueles" y sostuvieron que estarán presentes "en esa reunión para denunciar en la cara del gobernador que hoy nuestros pibes son violentados física y psicológicamente por diferentes fuerzas de seguridad que nadie controla ni juzga", sin olvidar la necesidad de su voluntad política "para avanzar en la investigación de la búsqueda de Luciano".
El Héroe Cubano Gerardo Hernández Nordelo, a través de su abogado Martín Garbus, presentó una petición con el objeto de obtener una audiencia oral y la entrega adicional de pruebas que permitan profundizar sobre la tarea de los "periodistas" pagados con dinero gubernamental por parte del Gobierno norteamericano, cuyo objetivo era crear “una tormenta perfecta de prejuicios y hostilidad” antes y durante el juicio en 2005.
El pasado 6 del corriente, la Fiscalía de la Florida envió su oposición a lo solicitado mediante una argumentación que evade el fondo de la cuestión, aduciendo "que los hechos presentados por la defensa no son tales y por tanto no resulta necesario procurar más información para esclarecerlos". En buen romance, otra vez aparece la tesis de la teoría conspirativa y de la especulación generalizada, a pesar que la conducta mencionada fue reconocida por la misma Jueza Lenard.
Según el sitio www.antiterroristas.cu, la Fiscalía advirtió acerca de recurrir a los conocidos “privilegios ejecutivos” y a la Ley de Protección de la Información Clasificada (CIPA) a los efectos de no acceder a lo peticionado por el Héroe Cubano, evidenciando otra vez la voluntad de ocultar y manipular pruebas.
Asimismo, según el mismo medio digital, también se opuso a la audiencia solicitada.
De acuerdo a lo informado por el CIJ (Centro de Información Judicial), se realizará hoy la audiencia de dúplicas y réplicas de las partes y se espera que este viernes podría conocerse la sentencia.
Esta instancia judicial es llevada a cabo por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 24, integrado por los jueces María Cecilia Maiza, Marcelo Roberto Alvero y Raúl Horacio Llanos, la que se realiza en el marco de una investigación por tres causas conexas al proceso seguido contra Omar Chabán y otros, donde se juzgó lo ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en “República de Cromañón”.
Según se informó, está previsto que este viernes, por la mañana, el tribunal brinde a los imputados la posiblidad de decir sus últimas palabras para, luego, en horas de la tarde, proceder a la lectura de la sentencia.
Las penas solicitadas por las partes en la etapa de alegatos fueron las siguientes:
Representantes del Ministerio Público Fiscal
- Rafael Levy: cuatro años y seis meses de prisión por el delito de incendio culposo seguido de muerte.
- Gabriel Sevald: cinco años y tres meses por delito de cohecho pasivo.
- Juan Carlos López, Enrique Carlos Carelli y Vicente Osvaldo Risso: cinco años de prisión por incendio culposo seguido de muerte.
Representantes de las querellas
Patricio Poplavsky
- Carelli y Rizzo: tres años de efectivo cumplimiento por resultar coautor de homicidio culposo agravado por muerte de 193 personas y 1432 lesiones. Subsidiariamente, dos años de efectivo cumplimiento y el doble tiempo de inhabilitación especial, por incumplimiento de deberes de funcionario público.
- López: cinco años de efectivo cumplimiento por homicidio culposo agravado por muerte de 193 personas.
- Sevald: 18 años por incendio doloso calificado por muerte, en concurso real con cohecho pasivo.
- Levy: 22 años por resultar coautor del delito de incendio doloso calificado, en concurso real con cohecho activo.
Marcelo Parrilli
- Levy: 18 años de prisión por incendio doloso agravado por muerte de personas.
José Iglesias
- Levy: 26 años de prisión por estrago doloso en concurso real con cohecho activo.
- Sevald: 11 años por cohecho pasivo en concurso real con estrago culposo.
- López, Carelli y Rizzo: cinco años por incendio culposo seguido de muerte.
Defensas de los acusados
- Levy: absolución por delito de incendio y planteó la nulidad de su imputación con absolución en subsidio con respecto al delito de cohecho.
- Sevald, López, Carelli y Rizzo: absolución.
Dos amparos se presentaron ante la Justicia porteña; uno, por la UTE - CTERA, el cual fue presentado el pasado viernes 9 de marzo y otro, por la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, el cual fuese presentado el pasado viernes 16 de marzo, contra la decisión del Gobierno de la Ciudad de cerrar 221 grados y cursos de los establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires.
El primero de ellos recayó en el Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 10, a cargo de Hugo Zuleta, cuyo número de expediente es el 43894 y el segundo, en el Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 8, cuyo titular es el Dr. Osvaldo Otheguy, bajo el número 43.954. Éste último fue remitido al primero por conexidad de causa; es decir, la similitud entre ambas.
Según la presentación realizada por la ONG, de acuerdo a lo informado por Diario Judicial, la decisión del Gobierno porteño provocaría "hacinamiento como consecuencia de la derivación de los alumnos de los cursos cerrados hacia los que permanecen abiertos" y, aclara que la medida tomada, además, no contó con "la participación previa de la comunidad educativa", como también se indicó que en la disposición gubernamental “existen vicios en la motivación y en el objeto de dicha normativa que la tornan ilícita e inconstitucional” al tiempo que al cerrar los cursos se genera un achicamiento de la oferta educativa, el cual “conspira contra el derecho consagrado en la norma Constitucional, resultando evidente que la potestad de elección de la orientación educativa resulta vulnerada con la norma que aquí se impugna, en tanto importa una reducción de cursos en los niveles primario, secundario y terciario”.
Por otra parte, el texto de la mencionada presentación afirma que “el hecho de no haber instado a un procedimiento de consulta, con carácter previo al dictado del acto impugnado, existiendo a tal fin un procedimiento administrativo legalmente consagrado, vulnera claramente el sentido que el Constituyente local pretendió darle al art. 23, segundo párrafo, de la Constitución porteña”, además de mencionar que en la disposición mencionada “se advierte que el cierre de cursos tiene como finalidad desocupar espacios que serán destinados a la educación de nivel inicial y que aprovecharán unos 1.500 niños”, lo cual constituiría una “reasignación ilícita de recursos previstos en el presupuesto con un determinado fin educativo y que, según la disposición impugnada, van a ser utilizados en la educación inicial” por cuanto la misma Constitución de la Ciudad establece que “las partidas del presupuesto destinadas a educación no pueden ser orientadas a fines distintos a los que fueron asignadas”.
El pasado 30 de marzo, el Juez Hugo Zuleta citó a la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE - CTERA, para una audiencia de partes a celebrarse el próximo 12 de abril del corriente, a las 12.00 hs., a la cual también deberá concurrir el gobierno porteño
No obstante, según informó la organización sindical, se presentarán a la audiencia aunque apelarán la medida judicial debido a que ella no responde a lo demandado por la comunidad educativa contra la Disposición Nº 15, firmada por Maximiliano Gulmanelli, por cuanto rechazaron que se consideren únicamente los parámetros establecidos por el Decreto 1990/97, el cual no contempla los aspectos pedagógicos y de inclusión educativa.
Adjuntamos la presentación judicial de la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional y el fallo del Juez Zuleta, convocando a la audiencia mencionada.
En declaraciones al Diario La Capital de Rosario, Néstor Fiuri, delegado de los empleados de la firma -que el último mes que cobraron fue diciembre- explicó que esperarán hasta hoy para ver si la firma Formato Eficiente SA (dueños de la cadena que opera en el sur de la ciudad, y parte del grupo inversor Iurelaw) honraba su palabra y depositaba lo prometido.
Por otro lado, aclaró que hoy será una jornada determinante para los trabajadores de los ocho locales que Lorena tiene en Rosario ya que las partes se reunirán en el ministerio de Trabajo en Buenos Aires, al terminar el plazo fijado del concurso preventivo.
Sostuvo que, tras la audiencia, se conocerá la situación económica real de la empresa y el monto del pasivo: "iremos a la audiencia y la empresa nos va a tener que dar una respuesta, para ver si quiebran, venden, transfieren o siguen así", afirmó el delegado de los trabajadores.
"El único compromiso que asumieron es que hoy -por ayer- depositarían 400 pesos que corresponden a enero, y prometieron pagar el resto del sueldo de ese mes hasta el día viernes", aseguró el delegado, lo cual constituye una escasa cifra que tan sólo llega al 10% del sueldo promedio de los empleados de comercio.
No obstante, a la espera de lo que pueda definirse hoy en Buenos Aires, desde la sede local de Trabajo citaron a las partes a una nueva audiencia para el próximo lunes a las 11.00 hs. con la finalidad de verificar el pago de los sueldos de enero.
Con respecto a la posibilidad de la venta de la firma, Fiuri dijo que las versiones que manejan son las que acercó a la audiencia el abogado de la empresa, quien ayer aseguró que siguen "avanzadas" las tratativas con la empresa de capitales locales Rosental, que por otra parte desmintió durante los últimos días que esto fuera cierto. A ella se le agregó Carrefour Dia, siendo todas versiones que, según Fiori, "los alivian porque les hacen mantener las esperanzas de continuar con los puestos de trabajo", lo que constituye la prioridad número uno -junto con el cobro de los sueldos atrasados- del personal.
"Estamos dos meses abajo y se nos hace muy difícil, por eso ayer volvimos a hacer hincapié en que si hay transferencia que el ministerio fiscalice que se haga en el marco de la ley respetando el artículo 225 de la ley laboral, que habla de respetar la antigüedad y las condiciones de trabajo", subrayó.
En caso de que desde la empresa no cumplan lo dicho y esquiven el pago, los empleados aprovecharán la instancia de la audiencia en Buenos Aires para rearmar estrategias y definir medidas: "estamos en asamblea permanente, por eso esperaremos hasta mañana -por hoy- para ver qué pasa en Trabajo".
Recordamos que Lorena tiene 8 locales en la ciudad, la casa central que se encuentra en Castro Barros y Regimiento 11, más los comercios ubicados en Ayacucho y Av. del Rosario, San Martín al 4900, Uriburu y España, Uriburu y Corrientes, Bv. Oroño y Uriburu, Necochea y Cochabamba y Necochea y Gaboto.
El grupo Iurelaw tomó a su cargo la cadena Eki, dueña de los supermercados Lorena, en noviembre y según algunos trascendidos se propuso achicar la cantidad de empleados y dar de baja 19 locales de los 166 que tiene en el interior de la provincia de Buenos Aires y Rosario.
Fuente: Indymedia Rosario.
A partir de las 10.00 hs., se realizará la audiencia en la Sala III de la Cámara de Casación Penal de La Plata, en la que debe confirmarse la condena a José Salmo, ex oficial de la bonaerense, que fuese impuesta en junio de 2010 por las graves lesiones ocasionadas a Carla Lacorte, a quien baleó y dejó con una discapacidad motriz en junio de 2001.
Cabe destacar que esta instancia debió realizarse el año pasado, pero ello se prorrogó por la recusación a los jueces por parte del policía imputado.
Y Carla lo explica claramente: "En el 2010 logramos que después de nueve años de lucha Salmo fuera preso. Sin embargo, a los pocos días, un fallo de la cámara quilmeña, propio de la dictadura militar, donde se llega a cuestionar mi ideología política y mi militancia en los derechos humanos, liberó al policía que estuvo a punto de matarme. Queremos un castigo efectivo porque es un asesino de gatillo fácil que sigue opinando que actuó en cumplimiento del deber, aunque casi me mata. A casi once años de los hechos que me condenaron a una silla de ruedas Salmo sigue libre, una situación que deja, como en tantos otros casos, la conclusión que esta práctica criminal no tiene castigo. La impunidad sólo genera más impunidad y represión, más casos de gatillo fácil que, como vimos en los últimos meses, se han multiplicado. Hay que decir que esta práctica criminal no es exclusiva de la policía ya que también la llevan adelante las otras fuerzas como prefectura o gendarmería, esta última hoy profundamente cuestionada por el espionaje a dirigentes obreros, estudiantiles y políticos".
Los hechos
Carla Lacorte, estudiante de veterinaria en aquel entonces, fue baleada por el ex oficial de la bonaerense José Salmo cuando bajaba en Quilmes de un colectivo que la traía de la Facultad y el policía perseguía, disparando en una calle llena de gente, a tres jóvenes que habían intentado robar en una casa de comidas rápidas.
En el 2004, Salmo fue absuelto por considerarse que había actuado en "cumplimiento del deber" en un proceso lleno de irregularidades desarrollado en el Tribunal Oral Nº 3 de Quilmes. Posteriormente, tras años de diligencias judiciales y movilizaciones, en 2008 la Cámara de Casación provincial tomó en cuenta el conjunto de pruebas y testimonios que incriminaban al ex oficial de la bonaerense, razón por la cual fue condenado y se derivó la causa a los tribunales quilmeños para que se estipulara la condena, decisión que se hizo efectiva en las audiencias que se celebraron durante 2010.
Se realizó ayer la audiencia de alegatos por la defensa, demostrando que no puede ser condenado por defender sus derechos como trabajador, la cual se extendió hasta las 16.00 hs.
Una nutrida concurrencia de diferentes organizaciones políticas, sindicales y de Derechos Humanos acompañó a Olivera para testimoniar su apoyo en los Tribunales de Lomas de Zamora.
Al cerrar el alegato, Carlos Olivera manifestó que "Queda claro quien me defiende, las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, los trabajadores, las organizaciones sociales, los estudiantes...y me condenan la patota sindical, el gobierno, los empresarios y los cómplices y funcionarios de la dictadura".
El próximo miércoles 29 del corriente, a las 08.00 hs., se conocerá el fallo en los tribunales lomenses y las organizaciones volverán a convocar para resistir a las injusticias de la justicia adicta al poder como también apoyar el pedido de absolución y de libertad del compañero militante de Convergencia Socialista y dirigente del SITRAIC.
Por gentileza de la Prensa del MST, les acercamos el video que realizaran sobre lo acontecido durante el acto realizado frente a la Cámara de Apelaciones de San Martín para solicitar el desprocesamiento de los trabajadores de Kraft y de los dirigentes Néstor Pítrola, del PO y Vilma Ripoll, del MST - Proyecto Sur.
Luego de sus declaraciones a la prensa, afirmando que la minería "no contamina" y que va a continuar con su política actual, se informó que el Gobernador Beder Herrera se entrevistará a las 12.30 hs. con la Presidenta de la Nación.
Cristina Fernández de Kirchner lo recibirá en audiencia que se realizará en la Casa Rosada y se espera que militantes ambientalistas concurran a la Plaza de Mayo para expresar su apoyo al corte en Famatina y el repudio a la megaminería contaminante.
Asimismo, se confirmó la convocatoria que se realizará en la mítica plaza desde las 19.30 hs., bajo el lema "El Famatina No Se Toca", la cual se repetirá en el día de mañana.
Por otro lado, y tal como informáramos, media hora antes en la Plaza 25 de Mayo de la capital riojana, comenzará el Festival "Arte a Cielo Abierto" en apoyo al corte en Alto Carrizal.
De acuerdo a lo informado por Convergencia Socialista, luego de varios cambios de días y de horarios, fue confirmada la audiencia por la liberación de Carlos Olivera, dirigente del SITRAIC y militante de dicha fuerza política, para este miércoles a las 11.00 hs. en los Tribunales de Lomas de Zamora, sitos en la intersección de Larroque y Camino Negro.
El militante encarcelado, mediante una causa armada, fue trasladado a la Unidad 45 de Melchor Romero, la cual tiene un régimen de detención menos duro que en las Unidades de Alvear y Sierra Chica, donde cumplió el pasado 15 de diciembre 2 años de cárcel. Recordamos que dicho traslado fue posible gracias a la lucha llevada a cabo por diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas.
En la audiencia, alegarán los Dres. Eduardo Soares y Juan Carlos Yaggi, abogados defensores de Olivera, para que el compañero afronte el resto del proceso en libertad hasta el inicio del juicio oral previsto para el 8 de febrero del año próximo
Convergencia Socialista convocó a todas las organizaciones y personalidades democráticas y combativas frente a los Tribunales de Lomas de Zamora, afirmando que "si se logra la liberación de Carlos será un paso adelante en la pelea por la libertad de los demás presos políticos y contra la persecución a los luchadores".
Tras la solicitud de audiencia a la Dra. Alicia Kirchner, Ministra de Desarrollo Social de la Nación, este miércoles se movilizarán las más de 50 organizaciones sociales a la sede ministerial, sita en la intersección de la Avda. Belgrano y Avda. 9 de Julio, a partir de las 14.00 hs, bajo el lema "El trabajo es un derecho".
Afirmaron que, ante la falta de respuesta a los reclamos por parte del Gobierno Nacional, irán a ratificar los cinco puntos expresados en la nota presentada en la Mesa de Entradas durante el pasado lunes y los manifestantes se quedarán hasta ser recibidos por la titular del Ministerio para encontrar las vías para la solución de los problemas planteados.
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El pasado lunes, una delegación con representantes de distintas organizaciones sociales y políticas, junto a personalidades del campo popular como Elia Espen, se presentaron a la audiencia que fuese acordada el 25 de agosto en la Secretaría de DD. HH. de la Nación, ocasión en la cual se presentó la propuesta para que dicho organismo aporte su equipo de abogados, como también que elabore la presentación formal con el objeto de solicitar la derogación del artículo 213 Bis del Código Penal, la ley antiterrorista y demás leyes represivas, según informó la Comisión de Derechos Humanos del Frente de Acción Revolucionaria.
Afirmaron que el organismo del Ejecutivo Nacional supone su existencia para solucionar o trabajar en dar solución a las violaciones de Derechos Humanos, tales como el fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal que fue dictado para hacer lugar a una apelación de la DAIA con la finalidad de dejar sin efecto el sobreseimiento de Damián Vekelo, del FAR y de los otros 5 compañeros imputados en esa causa, que se instala como fallo histórico, porque ninguna instancia superior aprobaba la aplicación del artículo por ser precisamente inconstitucional desde 1983.
Destacaron la presencia de La Voz de los Laburantes, PTS, Colectivo Avanzar, Poder Barrial, la TPR y los compañeros del FAR contaron con la presencia de Leonardo del Grosso, uno de los imputados en la causa mencionada anteriormente.
Tras la recepción por parte del Dr. Gabriel Rinaldi, Jefe de Gabinete de la Secretaría, éste respondió que, al igual que Alén, el organismo no tiene poder de resolución ante una cuestión legislativa y judicial como la planteada. Ello fue aclaramos del mismo modo que en la audiencia de agosto pasado y se ratificó que el pedido era, precisamente, que trabajen en la presentación judicial.
No obstante ello, la única respuesta y decisión fue la derivación a una audiencia con la Secretaría de Justicia de la Nación, a la cual asistirán funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos para acompañar la solicitud.
Una vez más, se resaltó que no era lo solicitado pues lo que realmente se pedía era la elaboración de la presentación judicial por parte de los abogados del organismo que tutela los Derechos Humanos a nivel nacional, "ante las reiteradas violaciones de los Derechos Humanos por la aplicación de artículos y leyes que inconstitucionalmente atacan el derecho al reclamo, desvirtúa posiciones ante los choques de derechos y la jerarquización de ellos denigrando el derecho a la vida, al acceso a necesidades básicas, a protestar, a la dignidad, a la expresión (incluso cuando se expresa estar en desacuerdo con un genocidio) etc.etc."
Tras esta nueva aclaración, el Dr. Rinaldi sostuvo que no tenía otras respuestas. Sin embargo, según informaron, se aceptó la audiencia mencionada con la presencia de los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aunque se enfatizó que ello no es "un acompañamiento a nuestro reclamo" porque, "de hecho, el organismo ni siquiera planteó que efectivamente se violan Derechos Humanos".
A pesar de lo acordado, todavía no se confirmó la reunión. En consecuencia, convocaron a una nueva reunión para mañana, a las 18.00 hs., en el local de Asambleas del Pueblo, sito en México y Chacabuco de esta Ciudad.
Nuevamente Ademys defenderá su calidad de querellante particular en la causa 12466/09 “JAMES, Ciro Gerardo s/ASOCIACIÓN ILÍCITA” en trámite por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 7, Secretaría 13, a cargo interinamente del Dr. Norberto Oyarbide. En fecha 5 de abril de 2011, tendrá lugar la AUDIENCIA ante la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. Allí, Ademys fundamentará la apelación que busca lograr nuevamente ser tenida por parte querellante.
Un poco de historia
Asumiendo plenamente su rol de defensa de los trabajadores docentes, y teniendo en cuenta que el Dr. JAMES, Ciro, (acusado, entre otros delitos, por el de escuchas ilegales) fue empleado del Ministerio de Educación, donde se desempeñaba, Ademys pidió, a fines de 2009, ser tenida por parte querellante y representación de la docencia porteña.
El Dr. Oyarbide dió lugar al pedido (enero de 2010), aceptando así el escrito presentado por el entonces Secretario General Manuel Gutiérrez y con patrocinio del abogado del gremio, Dr. Gagliardi. Luego, el magistrado revocó la calidad de parte querellante reconocida en primer término, lo que dio lugar a una primera apelación, que fue fundada por ante la misma Sala I en audiencia del 10 de agosto de 2010. Poco después, dicho Tribunal DIÓ LA RAZÓN A ADEMYS Y DEJÓ SIN EFECTO LA REVOCATORIA DE OYARBIDE.
Sin embargo, al poco tiempo los abogados de los acusados opusieron como defensa una EXCEPCIÓN de FALTA DE ACCIÓN, que Oyarbide aceptó, dejándonos DE NUEVO sin calidad de querellante en la causa.
