Por Silvana Melo
(APe).- Los envenenadores sistémicos se han quitado, sonrientes, las máscaras. Y gobiernan. Ya no en las sombras. Sentados en los sillones máximos. Exhibiendo a sus niños y a sus corbatas. Y firmando actas de defunción de cerros y ríos. El modelo extractivista -como se llama al sistema vampírico que deja anémica a la tierra e intoxica el agua y el aire- ya tiene sus delegados formales en el gobierno. En algunos casos, personajes fundacionales en el generoso presente con que, en 1993, el país ensalzó a las megamineras: el régimen de estabilidad fiscal. Fue Daniel Melián, hoy secretario de Minería, el padre amante de ese pequeño monstruo al que hoy, veinte años después, le concede la mayoría de edad con la supresión de las retenciones. Justo en estos días cuando se conoce la pericia de la Federal emitida en diciembre: cinco ríos envenenados después del derrame de un millón de litros de agua cianurada en setiembre de 2015.
La nación puede determinar que no se cobrarán más los derechos de exportación de las entrañas de la tierra y perder 3.300 millones de dólares al año. Pero se encoge de hombros ante los controles, porque sólo pueden ser ejercidos por los gobiernos provinciales. Que suelen ser rehenes a partir de sus desgracias financieras: cualquier canto de sirena que ofrezca consumo y puestos de trabajo temporales es alojado generosamente, sin detenerse en secuelas mínimas, como cerros volados, agujeros desérticos en la tierra, ríos envenenados, fauna y flora alterada, pueblos fantasma y graves consecuencias en la salud y en la vida.
La Nación (1) ejemplifica con la mina La Alumbrera, de la suiza Glencore, que “en 17 años aportó 4.820 millones de pesos al fisco de Catamarca y los 663 millones de pesos que aportó en 2014 solventaron los presupuestos de dos ministerios y dos secretarías de Estado”. También en 2014 la mina Veladero, de la canadiense Barrick Gold, “hizo compras a proveedores de San Juan por 1.505 millones de pesos y esas compras sostuvieron las arcas provinciales a través del impuesto de ingresos brutos”. En setiembre de 2015, Veladero admitió el derrame de un millón de litros de agua con cianuro en el río Potrerillos.
El modelo extractivista irrumpió triunfal en la Argentina de los ' 90, cuando se firmó la autorización para la transgénesis de la soja y se llamó a las inversiones megamineras con un voucher obsequio, un kit de leyes irresistible que consistía en entrar, disponer, volar, contaminar, pagar el 3% a boca de mina y vaciar. Dejando las migas del banquete en la panza vacía del suelo. Las leyes comenzaron a promulgarse en 1989 y fueron sembrándose durante diez años; varias de ellas, fueron conceptualmente paridas por el regresado Daniel Melián. Un régimen jurídico que convirtió a la megaminería en la actividad extractiva más beneficiada del país. Y que subsiste hoy, sin que ninguno de los subsiguientes representantes políticos haya rozado siquiera la tentación de alterarlo.
La ley 24.196 de Inversiones Mineras le concedió a la minería un régimen de Estabilidad Fiscal por treinta años. Ningún mortal de estos pies del mundo hubiera soñado algo así: “esto significa que los sujetos alcanzados por estos beneficios no pueden ser afectados durante ese plazo por la creación de nuevos impuestos, el aumento de alícuotas, impuestos aduaneros, la derogación de exenciones otorgadas, la eliminación de deducciones admitidas, etc., tanto a nivel nacional y provincial como municipal” (2).
El Juez Federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, elevó la la causa en la que se investiga la muerte del obispo Enrique Angelelli, ocurrida en 1976 y la tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Arturo Aído Pinto, en donde se encuentran imputados los genocidas Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Luis Fernando Estrella, Juan Carlos Romero y el recientemente fallecido Albano Eduardo Harguindeguy, a quien se le extinguió la acción penal.
Ayer, el Tribunal Oral Federal de La Rioja, integrado por los jueces José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lascano, Jaime Díaz Gavier y Karina Rosario Perilli, condenó a los genocidas Luciano Benjamín Menéndez, Luis Fernando Estrella y Domingo Benito Vera, a la pena de prisión perpetua por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y homicidio calificado cometidos en esa provincia durante la última dictadura cívico - militar.
El Tribunal Oral Federal de La Rioja, integrado por los jueces José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lascano y Jaime Díaz Gavier, dictará sentencia en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en La Rioja durante la última dictadura cívico - militar.
Mediante un comunicado de prensa, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) manifestó su repudio ante la represión contra las poblaciones que se oponen a la megaminería, tanto en Catamarca (Belén, Santa Maria y Tinogasta) y La Rioja, como en Amaicha del Valle, en Tucumán.
A casi diez años del secuestro y desaparición de Marita Verón, comenzará el juicio de uno de los primeros casos en los cuales se denunciaba a las redes de trata y prostitución en nuestro país.
Desde la noche de ayer, se encuentran caídos los servidores de las radios riojanas opositoras a la gestión de Beder Herrera. Radio y TV Riojana, El Punto FM, Urbana 1045, FM Chilecito y Comarca FM no pueden transmitir por Internet, debido a esta maniobra destinada a cercenar las voces que se oponen a la megaminería.
Luego de sus declaraciones a la prensa, afirmando que la minería "no contamina" y que va a continuar con su política actual, se informó que el Gobernador Beder Herrera se entrevistará a las 12.30 hs. con la Presidenta de la Nación.
De acuerdo a lo informado por el CIJ (Centro de Información Judicial), 11 juicios orales comenzarán durante este año.
La Unión de Asambleas Ciudadanas expresó su agradecimiento al apoyo brindado a las y los compañeros de Famatina y Chilecito, quienes resisten la instalación de la minera canadiense Osisko Mining Corporation.
