Por Claudia Rafael
(APe).- En agosto, María Belén votaría por primera vez. El 27 de octubre, hubiera entrado al cuarto oscuro. Le hubieran puesto su sello en una de las últimas páginas de su DNI. Porque María Belén tendría 17 en este 2013. Y hubiera estrenado las formalidades vanas de su ciudadanía. Y hubiera tenido que decidir entre dos ex radicales K de Santiago del Estero. Hubiera, sí. Pero no. María Belén Sosa murió hace exactamente diez años. En el inicio de la década ganada. Pesaba apenas 5 kilos. Y a los siete años murió por desnutrición.
La geografía cobija historias niñas de hambre temprana. En el barro. Lejos de los sillones decisorios de destinos.
La niñez en su Formosa no ha tenido destino de paraíso. No lo tuvo el niño Burgos de la comunidad Nam Qom que, a los 12, hurgaba en los desechos del vaciadero municipal y corría tenaz detrás de los infiernos que otros descartaban. Hasta que en febrero, como a Diego Duarte en el basural del Ceamse, en José León Suárez, lo aplastó la muerte parapetada en un camión.
No lo tuvo, tampoco, el racimo de niños que mueren y mueren de puro crimen sistémico, de hambre y sus hermanas, por hambre y sus parientes, mientras en los certificados simplemente se lee “paro cardiorrespiratorio”. No lo tuvieron las decenas de niños de las colonias Pilagá y Toba, en Ibarreta, que crecen como pueden cuerpéandole a la desnutrición.
No suele haber red carpet (como diría la misma presidenta) para los olvidados de la Historia. No la hay. No existe para ellos. No ganaron en la entera década en el Chaco profundo.
No en 2009, en que el mismo Jorge Milton Capitanich tuvo que reconocer que su provincia tiene "los peores indicadores" sociales del país. Producto -dijo entonces con la extrañeza de quien no ostenta responsabilidades- de una “combinación de pobreza estructural con pobreza por ingresos". No en 2007, en que morían los niños aborígenes de puro frío y postergación. Ni siquiera en 2013 en que el mismo gobernador habló en su discurso de apertura de las sesiones legislativas de un 25,6 % de pobres mientras que el Centro Nelson Mandela aseguró que ronda el 42 por ciento. Es decir, 250.000 para Capitanich. 430.000, para la ONG.
No había tampoco red carpet en los días del gobierno chaqueño del radical Roy Nikisch, aquel que gobernó los primeros cuatro años de la década y que aceptaba el hambre y la desnutrición pero los atribuía a “hábitos culturales” de los aborígenes.
A los festejos por la primera década del modelo hay 4.800.000 chicos que no fueron invitados. 800.000 ostentan el título feroz de indigentes. Candidatos predilectos en la carrera a la desnutrición.
Las imágenes televisivas del 25 enfocaban los rostros de la fiesta. El bello salteño Juan Manuel Urtubey, el que ostenta el gabinete más joven de la ancha patria. Ahí donde el pastorcito de Isonza murió de muerte tonta a los siete años. Un golpe en la cabeza puede ser letal si ocurre en esos pueblos de olvido, sin médicos ni tomógrafos.
El joven Urtubey arguyó en 2011 razones parecidas a las del ministro de Nikisch cuando en Salta, la Linda, murieron 14 niños wichis. “Problemas culturales”, dijo entonces ante historias como de Melba Antolina Bisón, de apenas dos años, que se murió hace unos meses por desnutrición en el pueblo de Coronel Juan Solá, en Rivadavia Banda Norte.
El entero país se atraviesa por la infancia que duele. Que salpica desazones. Que hunde como desencantos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la mortalidad infantil aumentó en un 26 % en 2011. Y en provincias como Entre Ríos y Corrientes, los médicos ministros sentencian su sabiduría de perversidades: si menstrua, es que está lista para parir. Y los curas bendicen la vida que arriba aunque pronta y desmedida. Aunque arranque de un sablazo la infancia, a los 10 u 11 años. Aunque no se sepa ni se entienda qué hay en ese cuerpecito de niña y se destroce la historia y se muela a palos la esperanza.
Hay niñez que quema entre los dedos aunque el fuego no se vea. Porque está lejos, en ese sur de patagonias castigadoras donde Braian Hernández con sus 14 se hermana en el mismo balazo policial con un maestro como Fuentealba. Los dos igual. Los dos con la vida ensangrentada de un escopetazo que entró por la luneta del auto. Como Sofía Herrera, que tenía tres años y ocho meses cuando desapareció en Tierra del Fuego con la marca eterna de un país que parió la palabra desaparecidos y la multiplicó treinta mil uno, dos, tres, diez…
Los calvarios de Candela, en Hurlingham; de Fernanda Aguirre, en Entre Ríos; de Sofía Viale, en Pico; de Marela Martínez, en Avellaneda. Atravesados por crueldades pergeñadas en la historia, paridas lentamente en el tiempo hasta estallar y devorarse entera esa infancia golpeada hasta los huesos. Tanto como aquella otra, usada y malgastada por las redes entramadas del paco y la violencia. Que se los carga puestos como soldaditos de sus ejércitos hasta que ya no sirven y los arroja al vacío y los destroza.
Esta década tiene otros rostros que tuvieron final que no fue sonrisa ni fiesta del 25. Esta década concibió el símbolo de Luciano Arruga, desaparecido por gritar no. Simplemente no a los monstruos del poder de uniforme que se lo llevó puesto en una esquina oscura de La Matanza.
En esta década también -aunque se oculte en el medio de la alegría y el fervor por los festejos- hay un pacto social destinado a asesinar los brotes de la primavera.
El mismo pacto que hace que la histórica variable de ajuste sea para Scioli el no pago de las becas para los que conciben como los sobrantes de la sociedad. Con una mirada parecida a la que suele dejar brutalmente expuesta Beatriz Rojkés de Alperovich ante muertes como la de la pequeña Mercedes, de seis años, en Villa Muñecas o la del muchacho que murió de puro paco en el cuerpo (“Al menos ahora vas a dormir tranquila, porque tu hijo no está más en la calle”, le dijo a la madre).
Estas son las historias de la década que no entran en el recuento de los festejos. Lejos del largo listado de reivindicaciones. Son las que van por otro camino paralelo que se oculta. Que se hunden en la desmemoria. Que no se quieren ver. Que dejan al desnudo un modelo cruento -que va mucho más allá de la década- que no construye desde la ternura y el abrazo. Que exponen obscenamente el capitalismo devorador de arcoiris y de utopías. Y que llenan de ausencia.
Niños y mujeres resultaron heridos con balas de goma, cuando en medio de la oscuridad reinó el caos ante el avance de cientos de efectivos sobre las familias y gente de la Pastoral, asistentes sociales y jóvenes que se encontraban realizando una vigilia cuidando el lugar, el monte de ellos, de todos nosotros, el patrimonio de nuestra cultura.
Les acercamos el video en donde se revela la crudeza de la situación por la cual atraviesa este pueblo originario.
Mediante una declaración, el Consejo de Participación Indígena hizo público su repudio a la orden de desalojo contra la comunidad Ayllu Tulum Tulum del Pueblo Diaguita Cacano, que fuese emitida por el Juzgado Civil y Comercial de 3ª Nominación de Santiago del Estero, a cargo de la Dra. María Cecilia Paskevicius, la cual desconoce la Ley Nacional Nº 26.160 y la prórroga establecida por la Ley Nacional Nº 26.554, por la cual se prohíben los desalojos en territorios de Comunidades Indígenas y obliga a la suspensión de sentencias y órdenes administrativas y judiciales como la que intenta llevar a cabo la citada magistrada.
Según afirmaron, la comunidad indígena es titular de derecho a la posesión y propiedad de las tierras que ocupan tradicionalmente, de acuerdo a lo señalado anteriormente y recordando que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realizó el relevamiento técnico jurídico y catastral durante los días 16 y 17 de junio del corriente, lo que fuese comunicado al Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 3ª Nominación en los autos "Chazarreta, Nélida Graciela y otro c/Orellana, Adolfo y/u otros s/Reivindicación", bajo el Expediente Nº 406.947.
Asimismo, dicha comunidad posee la personería jurídica en trámite, mediante el Expediente Nº 50.050 - 2012 del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI).
Sostuvieron que el INAI viene apoyando sistemáticamente a la comunidad con el objetivo de resguardarla y garantizar sus derechos colectivos y de autodeterminación, mientras la Jueza Paskevicius no ha articulado las vías del debido proceso a los efectos de solicitar la información correspondiente, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional Nº 26.160, reemplazando ello por una simple consulta aleatoria a personas ajenas a la comunidad para, luego, decidir su inexistencia.
Por otra parte, hicieron responsable por los efectos de esta resolución judicial al Gobierno provincial y al citado tribunal, de acuerdo a lo establecido por el Art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional; el Convenio Nº 169 de la OIT, ratificado por la Ley Nacional Nº 24.071, la Ley Nacional Nº 23.302, de Política Indígena y la Ley Nacional Nº 25.552, de Comunicación Audiovisual.
Artículo relacionado: Santiago del Estero: Jueza ordena el desalojo de una familia indígena.
La jueza María Cecilia Paskevicius, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de 3ª Nominación de Santiago del Estero, ordenó el desalojo de una familia del territorio de la comunidad indígena Ayllu de Tulúm Tulúm del Pueblo Diaguita Cacano, argumentando que ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI), nunca habrían informado que se haya relevado la comunidad en el marco de la ley 26160; que no existiría tal comunidad y; que no serían 17 familias indígenas en el territorio sino solamente una.
Sin embargo, en octubre de 2011, el juez Federico Argibay Berdaguer, a cargo del Juzgado, había ordenado el desalojo de la familia Orellana aunque ello fue suspendido tras el informe del INAI acerca de la existencia de la comunidad indígena a la cual pertenece dicho grupo familiar, al igual que lo informado por el Comité de Emergencia, perteneciente a la Dirección de Relaciones Institucionales dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, tras una inspección ocular solicitada por el mismo magistrado.
Posteriormente, en respeto a la vigencia de la Ley 26160, el magistrado ordenó la suspensión del desalojo, solicitando el relevamiento del territorio de la comunidad al INAI y ello fue realizado durante los días 15 y 16 de junio del corriente año, constatando la existencia de la misma y de la familia Orellana como parte del Ayllu, lo que fue notificado al juzgado desde el Programa de Relevamiento Territorial del organismo nacional que se ocupa de los asuntos indígenas.
Este año, tras un recambio de jueces, asume en el citado juzgado Paskevicius, quien procede a realizar personalmente una nueva inspección ocular, acompañada de la parte que solicita el desalojo y fue recibida en el domicilio de los Orellana no sólo por miembros de la familia, sino también por el resto de la comunidad, a los cuales la jueza se dirigía cuando les hablaba como “supuesta comunidad indígena”, tras lo cual visitó al comisionado municipal de Medellín, Julio Abdala, a quien le consultó si tenía conocimiento de la existencia de alguna comunidad indígena en el territorio, a lo cual Abdala respondió que “… cara de indios tienen, pero no son… son un grupo de vagos que no saben sembrar ni una planta de perejil en una maceta y no dejan trabajar a los que vienen a traer trabajo a la zona…”.
Cabe destacar que este funcionario, a quien la jueza tomó como informante clave, es el mismo a quien el 1º de junio del año pasado el Fisco de la provincia le remató, por incumplimiento fiscal, 400,00 hectáreas también pertenecientes al Ayllu de Tulum Tulúm que él se hallaba usurpando y es el mismo que, en el 2007, salió como testigo a favor del empresario de origen cordobés Sbiglio en su intento por usurpar el territorio del Ayllu Puncu Atun, declarando que en el lugar no había familias viviendo como también es quien hoy niega el agua a las familias indígenas y campesinas que no aceptan dejar su tierra y trasladarse al pueblo de Medellín.
Según indicaron desde la Unión Solidaria de Comunidades del Pueblo Diaguita Cacano, el citado funcionario desconoce que el propio pueblo de Medellín se encuentra dentro del territorio de la comunidad Ayllu Taa Ayllus Kuska y que la mitad de las familias que están radicadas en el pueblo pertenecen a la comunidad.
Otro informante al que recurrió la magistrada durante su visita fue la Directora de la Escuela Nº 749 de Puesto del Rosario, Marcela Gómez, quien consultada al igual que el comisionado habría respondido que “algo escuchó … pero es gente que se reúne en secreto …”. A pesar de dicha respuesta, no puede ocultar que, obligada por la vigencia de la Ley, tuvo que aceptar en el 2010 la presencia de censistas indígenas en el Censo Nacional de Población y Vivienda y las gestiones que realizó en más de una oportunidad para acercar documentación de la comunidad necesaria para las becas indígenas.
Cabe destacar que el relevamiento del territorio del Ayllu de Tulúm Tulúm fue conocido públicamente a raiz de la detención del comunero Víctor Anchaval por parte de personal policial de la Seccional 20 de Villa Atamisqui producida el 14 de junio, un día antes de la realización del relevamiento ordenado por el juez Argibay Berdaguer en cumplimiento de la ley 26.160. Al momento de la detención, el comunero fue interrogado por la policía sobre quienes serían los que vendrían al día siguiente a la comunidad y con qué propósito.
No obstante lo sucedido, el Pueblo Diaguita Cacano respetará la Ley 26.160 y en respeto a ella, no permitirá el desalojo de la familia Orellana del territorio del Ayllu, ni de ninguna otra familia, afirmaron y sostuvieron que es responsabilidad de la jueza Paskevicius lo que pueda ocurrir ante el intento de desalojo.
Desde la Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano informaron que esta situación ha sido puesta en conocimiento del INAI porque no sólo incumple con la Ley sino que además pone en grave riesgo los derechos y la integridad física de los miembros de la comunidad pues el desalojo sólo esta alentado por los intereses económicos de quienes pretenden deforestar El Alto, bosque sagrado del Pueblo Diaguita Cacano y, único cordón de bosque nativo, categorizado como I, Rojo, por la Ley de Bosques.
El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, integrado por los jueces Graciela Nair Fernández Vecino, Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asís, dió a conocer la sentencia en la causa "Aliendro" condenando a los genocidas Musa Azar, Miguel Tomás Garbi, Juan Bustamante, Francisco Laitán y Ramiro López Veloso a la pena de prisión perpetua, como también a los represores Jorge Alberto D'Amico (20 años de prisión), Carlos Héctor Capella (8 años), Eduardo Bautista Baudano (6 años) y Jorge Gregorio Brao (6 años) y Rodolfo Doroteo Salvatierra (5 años) y ordenó su traslado a cárceles del Servicio Penitenciario Federal.
Durante el proceso, se investigaron los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, violación y abuso deshonesto durante la última dictadura cívico - militar contra 44 personas; entre ellas, 18 desapariciones entre 1974 y 1979, habiendo testimoniado cerca de 300 personas desde el inicio del juicio acontecido el pasado 8 de mayo.
Según informaron, la lectura de los fundamentos se realizará el próximo 5 de marzo.
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El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, integrado por los jueces Graciela Nair Fernández Vecino, Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asís, dará a conocer la sentencia en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad en dicha provincia contra 44 víctimas, luego de las últimas palabras de los acusados.
En dicha causa, están imputados José Musa Azar, Miguel Garbi, Ramiro López Veloso, Juan Bustamante y Francisco Laitán,.para quienes la Fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua; Jorge Alberto D'Amico, Eduardo Bautista Baudano y Carlos Hector Capella, para quienes se solicitó la pena de 25 años de prisión, y José Gregorio Brao y Rodolfo Doroteo Salvatierra, a los que se solicitó 15 años de prisión.
Durante las audiencias, prestaron testimonio cerca de 300 personas.
El Mocase - VC denunció nuevamente el accionar de bandas armadas en Ahiveremos,del Dpto. Pellegrini; El Hoyo, del Dpto. Moreno - Figueroa y en la Comunidad Indígena de Tres Leones de la Provincia de Santiago del Estero, las cuales amenazan de muerte y a mano armada a sus pobladores.
Según informaron mediante un comunicado de prensa, en Ahiveremos, están desde noviembre, donde existen tres campamentos y una casa que están dentro del territorio sobre los cuales un vecino tendría el dominio pero fue desalojado por una orden judicial emitida por el Juzgado de Tercera Nominación en lo Civil, a cargo del Juez Argibay Berdaguer. Afirmaron que dicho lote "fue vendido por un señor de apellido Falco, que sería padre de la jueza penal de Quinta Nominación" y destacaron que la situación jurídica no es clara. No obstante, permanecen las bandas armadas que fueron contratadas por la Empresa Algarrobal Viejo, con la cual se mantiene el conflicto.
Afirmaron que el pasado martes estuvo a punto de producirse un enfrentamiento, el cual motivó mucha tensión y tuvo que intervenir el Comité de Emergencia, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Provincia, a la que la banda no le permitió el acceso para recibirlos con palos y machetes.
Con motivo de la frustrada intervención, se presentó la documentación ante el Juzgado de Tercera Nominación en lo Penal, a cargo del Juez Darío Alarcón, para dar testimonio del alto grado de violencia imperante. Sin embargo, no se resolvió sobre la medida cautelar presentada y destacaron que la banda está a cargo de Líctor Padilla, un ex - policía del Mojón, Pellegrini.
Respecto a la situación imperante en El Hoyo, que se encuentra entre los Departamentos de Moreno y Figueroa, afirmaron que la banda armada comenzó sus actividades en mayo del año pasado, hiriendo de bala a un campesino. Solamente, a partir de diciembre de 2011, pudo detenerse a cuatro de sus integrantes tras la intervención del mencionado Comité y con una orden de detención del mismo magistrado que interviene en la causa de los incidentes en Ahiveremos.
Se secuestraron armas, pero luego de unos días se ordenó la libertad de los detenidos sin haberse investigado a esta banda que responde a Palavecino, sicario del empresario cordobés López Villagra y quien contrata a los matones.
El pasado viernes 13 volvieron a instalarse, según afirmaron y volvió la intranquilidad, habida cuenta que hasta los niños eran encañonados por el sicario, según afirmaron.
En la Comunidad Indígena Tres Leones, del Dpto. Moreno, existe un viejo conflicto con varios supuestos dueños, quienes intentan desalojar a las familias con bandas armadas. No obstante, se ha realizado una resistencia pacífica, sin permitir que se instalen dentro del territorio, según indicaron.
Sin embargo, volvieron para afincarse en dos lugares diferentes dentro del territorio; por un lado, la Empresa Vassen S. A. y por otro, un pseudo “empresario” de apellido Porta, quien supuestamente proviene de Córdoba).
Cabe destacar que esta comunidad ha sufrido el atropello descomunal de la policía local. En varias oportunidades, resaltaron, con órdenes truchas de desalojos, como también por parte de Gendarmería Nacional, "donde los compañeros han sufrido hasta golpizas", según afirmaron.
Al igual que hace muchos años atrás, Gugui del Castillo, un matón a sueldo, continúa merodeando la zona e intenta "vulnerar a la comunidad", afirmaron, aunque hasta hoy y al igual que en otros intentos, no lo lograron.
Denunciaron que "el ataque constante de estos sicarios, a las comunidades campesinas - indígenas, ya es vergonzoso", al igual que "la falta de decisión de los jueces para resolver estas situaciones". Asimismo, destacaron que "cuando se dialoga con ellos, da la sensación de que ' ya ' van a resolver la cuestión, pero terminan haciendo todo lo contrario". Según afirmaron, solamente se preocupan por seguir dilatando estas situaciones en el tiempo "y pareciera que ellos ' no ' son los que tienen que definir". Ello provoca que nadie reconozca errores, cuando se producen las muertes de campesinas y campesinos.
Enfatizaron que están "hartos de denunciar, de anticipar, de presentar pruebas, de seguir creyendo en este nefasto sistema que solo colaboran para la inestabilidad y exclusión del sector campesino". Sin embargo, sostuvieron que no renunciarán a la lucha y están dispuestos a defender sus derechos frente al modelo del agronegocio, con plena conciencia de la existencia de otras formas que contemplen su cultura, su identidad y su tierra, como fuente de vida.
Finalizaron, responsabilizando al Poder Judicial de la Provincia en caso de otra muerte, al igual que al resto de los poderes por no implementar políticas públicas concretas y exigieron al Gobierno provincial que investigue y desarticule a las bandas armadas.
Los asesinos de Cristian Ferreyra (APE)
Por Silvana Melo
(APe).- Un modelo de apoderación y vaciamiento de la tierra, que desaloja y mata vorazmente. Ese fue el asesino de Cristian Ferrerya. Y tiene nombres y apellidos. La expansión de la soja transgénica, la megaminería, la caña de azúcar y los negocios cuantiosos avalados por el estado son los asesinos de Cristian Ferreyra. Y tienen nombres y apellidos.
Tenía apenas 25 años y salió a la puerta cuando golpearon, en la casa de su amigo. Sabía que lo buscaban a él. Eran sicarios de empresarios que querían quitarle la tierra. La parcela donde vivió toda su vida. Donde tiró semillas y les dio de comer a sus animales. Estaba con Beatriz Juárez, su compañera. Y su niño pequeñito. Juárez es ella, como el verdugo. El verdugo es su tío carnal, lo dijo al único medio de todo el país con el que habló: la Agencia de Noticias Pelota de Trapo (APE). Testimonio que usó dolorosamente Página 12 sin citar la fuente y con un título sugestivo: “La política y la familia”. Y transcribió, textual, una frase de Beatriz a APE: “Javier Francisco Juárez, detenido por ese crimen, es tío de la viuda. ´Siempre me ha tenido odio y rencor, desde niña quiso abusar de mí´”. Mientras Télam vende el asesinato de Cristian como “una discusión entre vecinos”, con el parte policial como única fuente, Página 12 –en una nota extrañamente firmada con iniciales en la edición impresa y con nombre y apellido en la web- parece intentar el camino de la interna familiar.
Cristian se desangró después de que un balazo lo tendió sobre la tierra que intentan robarle desde hace siglos. Y que le sorbió, despacito, a puro trago triste, la sangre que se le fue mientras Beatriz miraba huir a su tío. Que si no hubiera sido parapolicial de Ciccioli sería empleado del Estado o campesino despojado. No hay muchas más alternativas en Santiago del Estero.
A sangre y fuego, a topadora y bala, los van cercando en un espacio cada vez más pequeño. Arrinconados en un terrón yermo, van quedando los que sobreviven. Cristian Ferreyra, en su tierrita ancestral a 60 kilómetros de Monte Quemado, era dirigente del MOCASE. Vio cómo los terratenientes en expansión mandaban a sus alcahuetes a cerrarles los caminos, a amenazarles a los niños y a matarles los animales. El miércoles, en la fogosa hora de siestas, se lo cargaron de un escopetazo.
En Santiago se desmontaron 515 mil hectáreas entre 2003 y 2007. La soja es un pac man que devora y devora. Tierra y sangre.
El geógrafo Marcelo Giraud, citado por Darío Aranda, graficó el avance: en 1996 había 95 mil hectáreas de soja en toda la provincia. Ahora llegó a 1,1 millón. Las tierras de los originarios, la de los campesinos que la cultivaron por generaciones, se ahogaron bajo el monstruo implacable.
En dos años fueron siete los crímenes en el saqueo aluvional de la tierra: los tres muertos de Jujuy, en los arrabales del ingenio Ledesma; Javier Chocobar en Tucumán; Roberto López, de la comunidad qom La Primavera de Formosa. Y en marzo, como un oscuro antecedente del asesinato de Cristian, Sandra Juárez murió de un infarto cuando se ponía delante de las topadoras en su tierra santiagueña. Tenía 33 años. Luchaba protegiendo su pacha de los transgénicos, las fumigaciones que envenenaban a sus niños, las policías y las parapolicías.
Los gobernadores de Tucumán, Jujuy, Formosa y Santiago del Estero son aliados estratégicos del Gobierno Nacional. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los originarios, de los campesinos, de los chicos muertos por hambre, de los vulnerados muertos por las balas de sus policías, son escondidos bajo la alfombra persa del país que florece.
Nadie recuerda –o a nadie le importa- el derecho veinteañal que es el título de propiedad escrito en la tierra de quienes la trabajaron, justamente, más de veinte años. El poder político de Santiago del Estero avala por acciones y/o omisiones el avance de los leviatanes del agronegocio, de sus aliados económicos. El gobernador es el mismo. El mismo Gerardo Zamora que gobernaba en noviembre de 2007 cuando 33 presos de la cárcel pública de Santiago murieron incendiados por el fuego, intoxicados por el humo, atravesados por las balas.
Pero los responsables políticos nunca son responsables. Y mucho menos de la muerte de los pobres. Del asesinato de los desterrados. A los muertos del confín los olvidan en los escritorios, en los discursos y en las prensas oficiales.
Darío Aranda define al Gobernador en un párrafo escalofriante, quitado –censurado- de su nota del 18 de noviembre en Página 12: “El gobernador Gerardo Zamora, que no respondió los llamados de este diario, va por su segundo mandato y denominó a la provincia como la 'capital nacional del kirchnerismo' luego de obtener en las últimas elecciones el 82 por ciento de los votos. Se autodefine ' radical k '. El Mocase lo señala --en cuanto a la represión al campesinado-- como la continuidad del juarismo”. Aranda ya no firma notas sobre el campesinado santiagueño expoliado. Y Télam insiste en titular “La muerte de un campesino en Santiago del Estero fue por una disputa entre vecinos”.
Beatriz Juárez, 26 años, compañera de Cristian, testigo directo del asesinato, habló ese 18 de noviembre con Claudia Rafael, para la Agencia de Noticias Pelota de Trapo. Y luego ya no volvió a hablar.
Dijo: “Mi marido me dice vamos a pasear a la casa de Darío (Godoy). Estábamos conversando y llega Javier Juárez. Lo sale a atender el dueño de casa, Darío, y le dice yo quiero hablar con Cristian. Mi marido sale y estaban discutiendo porque él es empleado de Jorge Ciccioli el empresario que nos quería sacar de nuestras casas, vos no sos el dueño, le dijo, vos no sos de aquí, nosotros vivimos aquí y ahí no más (Juárez) le metió un tiro en la pierna izquierda a mi marido.
“(…) Yo me meto corriendo con mi hijo adentro porque él siempre lo amenzaba a mi hijo, que lo iba a matar, dos añitos tiene mi hijo. El asesino es mi tío es hermano de mi padre, siempre me ha tenido odio, rencor porque desde niña quería abusar de mí.
“(…) Cristian estaba muy mal, se desangraba, se desangraba y antes de llegar a Monte Quemado falleció.
“Hace casi un año que venimos con la lucha; desde que empezaron a venir topadoras, a tirarnos las plantas encima, nosotros hemos entrado en el Mocase. (…) Javier Juárez y Carlos Abregú son los matones de Ciccioli.
“Hacía tres años que estábamos juntos, nos habíamos hecho nuestra casa, vivíamos felices. Después empezó a venir esta gente y empezaron los problemas. Querían corrernos de ahí y quitarnos todo para utilizar esas tierras para sembrar algo, meter animales, no sé. Aquí se vive trabajando, se hacen postes, carbón, se crían animales, pero vienen ricos de otro lado y nos quieren sacar”.
Beatriz tiene la voz pequeña, con la resignación de la tierra, con la languidez del confín, de la siesta terrible.
Ahora está sola para frenar las topadoras. Sola con su niño solo. Sola en toda la tierra. Para que la vean los empresarios, los sojeros, los que gobiernan, los que brindan, los/las que presiden, los/las que escriben en los medios dominantes (privados y oficiales).
Para que la vean y ya no se atrevan a celebrar otra victoria sobre toda esta sangre.
El mismo MOCASE - VC lo cuenta en un comunicado emitido ayer. Tenía 23 años, 2 hijos y una vida activa, con una auténtica militancia por la vida campesina dentro de la organización campesina integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).
Vivía en la Comunidad de San Antonio, la que está organizada en la COPAL, central campesina en Monte Quemado, en Santiago del Estero, una región donde las comunidades campesinas son hostigadas desde hace tiempo por los agronegocios, los que cuentan con el amplio apoyo de sectores judiciales y políticos a nivel provincial.
Según señaló la organización campesina, el mismo juez que mantuvo preso a Ricardo Cuellar, durante más de una semana, es el mismo que hoy está a cargo de la causa judicial por el asesinato del militante campesino y recordaron que la detención mencionada, ilegal por cierto, finalizó cuando el MNCI se movilizó hasta la comisaría mientras el magistrado interviniente se fugara del juzgado para, luego, ordenar la liberación.
Si algo no está ausente, sin dudas, es la impunidad. Es la misma que permite la imposición de la violencia por parte del agronegocio que se cobró una nueva vida, mientras el campesinado pone los muertos, los heridos y los desalojados.
Una vez más, quedó demostrado que el capitalismo mata. Y vaya si lo hace...
El asesinato de Cristian Ferreyra, integrante del MOCASE - VC, provocó una catarata de repudios desde varias organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos con el correr de las horas.
La Asociación de Ex - Detenidos - Desaparecidos (AEDD) expresó su "repudio a la represión que están sufriendo los compañeros, exigimos el cese inmediato de los desalojos, y el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales del hecho", solidarizándose con su familia y con sus compañeros, y esperando la recuperación de los compañeros heridos. Asimismo, afirmaron que "la necesidad de Tierra y Vivienda" expresa "una de las problemáticas centrales en derechos humanos en la actualidad", lo que es respondido "con represión, asesinatos y criminalización", al igual que en el Parque Indoamericano; en Ledesma, Jujuy y en Corcovado, Chubut. Con respecto a este último caso, recordaron que, el pasado 14 de noviembre, el Tribunal Penal del Noroeste del Chubut absolvió de todos los cargos al Comisario Miguel Gómez, responsable del grupo GEOP y único imputado en la causa por los hechos de la toma del pueblo en marzo de 2009, quien cometiera todo tipo de atropellos, al igual que durante la dictadura; entre ellos, la desaparición de Luciano González.
La CTA, liderada por Pablo Micheli, repudió lo ocurrido en Santiago del Estero y exigió el cese de la represión, "los asesinatos a los luchadores populares" y "el castigo a los responsables políticos y materiales", afirmando que "este asesinato se suma a la negra lista de militantes populares caídos por luchar por tierra, vivienda y trabajo digno a lo largo y ancho del país en los últimos meses en Bariloche, en Formosa, en el Parque Indoamericano, en el Chaco, en Jujuy, en el Parque Indoamericano y en Barracas con Mariano Ferreyra".
Por su parte, el Frente Popular Darío Santillán se solidarizó "con los compañeros y compañeras organizados en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina y denunciamos la impunidad con la que asesinaron al compañero", afirmando que "este es un hecho mas de reacción de los sectores de poder ante la organización popular y la lucha por la defensa de los derechos del pueblo, el territorio y la vida campesina".
La Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) condenó el asesinato de Ferreyra y afirmaron que "tal como se expresara en el reciente Juicio Ético a las Transnacionales: ' Este Tribunal Ético Popular ha constatado que los crímenes realizados por las transnacionales en América Latina, invisibilizados por el discurso del poder y por los grandes medios de comunicación, tienen los alcances de un auténtico ecocidio y genocidio, y pueden ser considerados –dadas las dimensiones de destrucción, afectación masiva de la salud y muerte que promueven- como delitos de lesa humanidad y de lesa naturaleza ' ." Asimismo, expresaron que constataron la continuación de "los crímenes de lesa humanidad en Argentina, en Santiago del Estero y en cada lugar donde la gente se organiza para defender el monte, la salud, la alimentación, el trabajo digno, el agua para la vida, los bienes comunes" y enviaron sus "condolencias a la familia MOCASE - Vía Campesina", haciendo suyo "el dolor y la digna rabia".
El Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS) repudió el asesinato de Ferreyra y exigió "el castigo para los responsables materiales e ideológicos de este y cada uno de los asesinatos cometidos contra los trabajadores de nuestro pais; el cese inmediato de la persecución y desalojo, de las comunidades campesinas, a manos de empresarios terratenientes y denunciamos la responsabilidad y complicidad del gobierno provincial que garantiza la impunidad para las patotas para que hacen el trabajo sucio intentando frenar la organización y la lucha de las comunidades indígenas y campesinas" al Gobierno Nacional y Provincial.
El Movimiento Patriótico Quebracho (MPRQ), mediante un comunicado de prensa, afirmó que "este asesinato se da en el marco de amenazas, agresiones, ataques sistemáticos, que vienen sufriendo distintas comunidades de la región, en Copo, Pellegrini y Alberdi desde hace 4 meses" y sostuvo que "es un nuevo ejemplo de lo que también pasa en nuestra Argentina. Un ejemplo de lo que viene ocurriendo desde hace años, no solo en esta provincia donde los amigos y socios de los Juárez todavía gobiernan y siguen con sus negociados" y enfatizaron que es "algo que nadie desde los gobiernos trata de cambiar" pues "cambiarlo significa tocar grandes intereses económicos". Por otra parte, afirmaron que "Santiago del Estero es presa de los empresarios de rapiña de que vienen a asaltar y tomar las tierras que ocupan los campesinos para instalar sus agronegocios" y que ello es posible "porque los sicarios y sus patrones empresarios saben que tienen impunidad, que tienen carta blanca para amenazar, tratar de expulsar a los campesinos y quedarse con sus tierras" gracias a la complicidad con los gobiernos locales, la justicia, la policía y el gobierno de Zamora.
Signos del Topo, se solidarizó con los compañeros de Santiago del Estero y señaló que "una vez más la impunidad de los que se proclaman ' Propietarios ' ", quienes pretenden "alambrar la vida y la lucha", es la causa de "la muerte de un joven del pueblo".
La Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR), refiriendo declaraciones de su dirigente Juan Marino, afirmó que "Cristina dice que con ella es fácil ser revolucionario pero bajo su gobierno han sido asesinados 20 compañeros por defender sus justos reclamos" y agregó "si los sicarios pudieron asesinar con impunidad a Cristian Ferreyra, fue porque los empresarios sojeros que atacan y desalojan por la fuerza a los campesinos actúan bajo el amparo del kirchnerismo. Durante meses, los compañeros campesinos vienen denunciando públicamente y frente a la justicia las constantes intimidaciones y ataques por parte de los sojeros, frente a lo cual el gobierno radical K de Gerardo Zamora no ha movido un dedo", sosteniendo que "la impunidad para los sojeros se corresponde con la política de conjunto del gobierno de los Kirchner a nivel nacional, quienes promovieron la sojización del campo argentino y generaron un enorme negociado para los exportadores a través de la devaluación", lo cual, según aseguró, "es para aprovechar ese enorme negociado que los capitalistas sojeros desalojan a los campesinos y pueblos originarios, siempre con la complicidad de los gobernadores kirchneristas" y señaló que "el asesinato de los compañeros Qom en Formosa es un claro precedente de esto"
En "EL SIMBOLAR" a 4 km de Pozo Limpio camino a El Negrito, Departamento Alberdi en la Provincia de Santiago del Estero, se instaló una banda armada con personas provenientes de Salta para realizar trabajos de desmonte y alambrado bajo las ordenes de un empresario cordobés de nombre Matias Bufaz.
En el dia de hoy (ayer), vecinos de las comunidades antes nombradas poseedores del territorio usurpado se acercaron hasta el lugar donde esta instalada la carpa del empresario con el fin de solicitarle se retiren de sus tierras y HAN SIDO VIOLENTAMENTE ATACADOS, LOS HIRIERON CON ARMAS DE FUEGO ...
NO SE TIENE HASTA EL MOMENTO MAYOR INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE NUESTROS COMPAÑEROS HERIDOS, SOLO SE SABE QUE ESTAN SIENDO TRASLADADOS DESDE EL LUGAR DEL CONFLICTO EN EL MONTE HASTA EL HOSPITAL MÁS CERCANO.
Seguiremos DEFENDIENDO Nuestras TIERRAS QUE POR DERECHO ANCESTRAL NOS CORRESPONDEN.
Para resolver estos conflictos y evitar situaciones de violencia como la sucedida el dia de hoy, en las que solamente se ven perjudicadas nuestras comunidades, es que el MOCASE se encuentra a la vera de la RUTA Nacional 34 hace 45 dias, exigiendo que las AUTORIDADES Provinciales y Nacionales asuman la resposabilidad de resolver los Problemas del Campesinado Santiagueño.
POR LO TANTO EL MOVIMIENTO CAMPESINO DE SANTIAGO DEL ESTERO HACE RESPONSABLE AL PODER JUDICIAL Y POR CONSIGUIENTE AL PODER EJECUTIVO (MINISTRO DE JUSTICIA, JEFE DE GABINETE Y GOBERNADOR) POR LOS HECHOS DE VIOLENCIA Y DAÑOS TANTO FÍSICOS COMO MATERIALES QUE SUFRIERON NUESTROS COMPAÑEROS
NO HAY DERECHO.
"Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público”. Chocobar, Juárez y López, sólo tres de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos" (Dario Aranda)
Guido Corvalan
Presidente del MOCASE
