Todos serán -seremos- terroristas (APE)
Por Silvana Melo
(APe).- Cristian Ferreyra ni siquiera sospechaba la existencia de la GAFI y mucho menos que esa sigla de sonido casi amable podía tener incidencia en su pequeña vida. Tan pequeña su vida que sólo buscaba doblar su tierra en cuatro cada noche y esconderla bajo siete llaves para que no se la llevaran en la oscuridad del sueño. Cuando las balas de la represión tercerizada dejaron a su tierra sola y desnuda, Cristian Ferreyra murió sin saber que en pocos días hubiera podido ser, técnicamente, un terrorista.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) amenazó con excluir a la Argentina del G20, esa rara mixtura de países industrializados y emergentes que ofrecen inversiones a cambio de seguridad. Ni más ni menos, a cambio de que exista un marco legal que proteja a los inversores de la amenaza extorsiva, chantajista, saboteadora. De los protestadores y de los reclamantes.
Tantas siglas y ecuaciones lejanísimas para la gente de a pie que se asa en los pavimentos para que sus voces trepen algún escritorio y trasciendan el bufido paradisíaco de los aires acondicionados.
La presión extrafronteras sobre la docilidad oficial impuso la caza de terroristas con el Código Penal en la mano como condición determinante para ser un destino seguro de inversiones externas directas.
Si el Senado confirma la media sanción de apenas una semana, las penas serán muy duras para cualquier delito “cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión”. La escasez de precisiones y la generosa amplitud del proyecto habrían convertido en terroristas -si las balas bravas de las policías bravas no hubieran agilizado el trabajo- al López qom de La Primavera formoseña, a los cuatro muertos por parcelitas de tierra en Jujuy, a Mariano Ferreyra, a Maxi Kosteki y Darío Santillán, al desobediente Luciano Arruga, a los 38 muertos por los Estados nacional y provinciales exactamente diez años atrás, entre otros sediciosos. Si la ley tuviera carácter retroactivo, se estaría a tiempo de procesar a los centenares de miles de clasemedistas que desafiaron el estado de sitio de De la Rúa y a los centenares de miles de hambrientos que han cortado rutas, callejones, escudos y montadas y paciencias oficiales desde Domingo Cavallo en adelante.
Ya en Chile letras legales semejantes son herramientas ad hoc para convertir en terroristas a los mapuches que resisten el saqueo de sus territorios y el quiebre de sus culturas. Wichis, tobas y qoms, que acostrumbran a morirse por desnutrición, pertinaces en hábitos culturales (sic gobernador de Salta y ex del Chaco) que cierran las puertas a la solidaridad del Estado, campesinos santiagueños que se plantan, flaquitos, con raíz en sus tierras veinteañales, mujeres que mueren de un síncope ante las topadoras del desmonte, todos elementos que, al menos, intentan “obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión”. Terroristas, que alteran el sueño a la Barrick, a los Blaquier y a los gobernadores subsidiarios de los oros, los azúcares y el monocultivo.
Será tan simple -si la voluntad política es ésa, de control social y disciplinamiento del desborde contestatario- encuadrar en la figura terrorismo el robo de una caja de leche en el contexto de una marcha, que no faltarán jueces funcionales -heredados de la dictadura, del menemismo o adquiridos en los tiempos que corren- que encuentren en la nueva paginita del Código Penal una catarsis contra la terquedad del pobrerío. Los feudalismos provinciales se frotan las manos mientras miran de reojo a campesinos y originarios de piel gastada y costillas visibles. Porque no hay peor amenaza que un concepto jurídico difuso que abra las puertas a la interpretación caprichosa según quién, cómo y con qué fastidie o aterre. Y los que caigan bajo el dedo suspicaz deberán demostrar que lo que hicieron lo hicieron en el marco del ejercicio de un derecho constitucional. Demostrar que son inocentes, en síntesis, con la carga de la prueba patas arriba. Mientras tanto, habrá detención inmediata y el monto de las penas llenará las celdas de desocupados, militantes, wichis, piqueteros y campesinos.
Si es así, si la voluntad política decide la interpretación literal y conveniente de la futura letra legal -ya resistida por intelectuales del palo-, si es realmente más que una lentejuela para gilada financiera internacional, vendrán tristes tiempos. Donde todos podrán - podemos ser terroristas. Oscuros tiempos serán para quienes insistan en la utopía porfiada de la justicia.
La Asociación de Ex - Detenidos - Desaparecidos (AEDD) expresó su "repudio a la represión que están sufriendo los compañeros, exigimos el cese inmediato de los desalojos, y el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales del hecho", solidarizándose con su familia y con sus compañeros, y esperando la recuperación de los compañeros heridos. Asimismo, afirmaron que "la necesidad de Tierra y Vivienda" expresa "una de las problemáticas centrales en derechos humanos en la actualidad", lo que es respondido "con represión, asesinatos y criminalización", al igual que en el Parque Indoamericano; en Ledesma, Jujuy y en Corcovado, Chubut. Con respecto a este último caso, recordaron que, el pasado 14 de noviembre, el Tribunal Penal del Noroeste del Chubut absolvió de todos los cargos al Comisario Miguel Gómez, responsable del grupo GEOP y único imputado en la causa por los hechos de la toma del pueblo en marzo de 2009, quien cometiera todo tipo de atropellos, al igual que durante la dictadura; entre ellos, la desaparición de Luciano González.
La CTA, liderada por Pablo Micheli, repudió lo ocurrido en Santiago del Estero y exigió el cese de la represión, "los asesinatos a los luchadores populares" y "el castigo a los responsables políticos y materiales", afirmando que "este asesinato se suma a la negra lista de militantes populares caídos por luchar por tierra, vivienda y trabajo digno a lo largo y ancho del país en los últimos meses en Bariloche, en Formosa, en el Parque Indoamericano, en el Chaco, en Jujuy, en el Parque Indoamericano y en Barracas con Mariano Ferreyra".
Por su parte, el Frente Popular Darío Santillán se solidarizó "con los compañeros y compañeras organizados en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina y denunciamos la impunidad con la que asesinaron al compañero", afirmando que "este es un hecho mas de reacción de los sectores de poder ante la organización popular y la lucha por la defensa de los derechos del pueblo, el territorio y la vida campesina".
El Movimiento Patriótico Quebracho (MPRQ), mediante un comunicado de prensa, afirmó que "este asesinato se da en el marco de amenazas, agresiones, ataques sistemáticos, que vienen sufriendo distintas comunidades de la región, en Copo, Pellegrini y Alberdi desde hace 4 meses" y sostuvo que "es un nuevo ejemplo de lo que también pasa en nuestra Argentina. Un ejemplo de lo que viene ocurriendo desde hace años, no solo en esta provincia donde los amigos y socios de los Juárez todavía gobiernan y siguen con sus negociados" y enfatizaron que es "algo que nadie desde los gobiernos trata de cambiar" pues "cambiarlo significa tocar grandes intereses económicos". Por otra parte, afirmaron que "Santiago del Estero es presa de los empresarios de rapiña de que vienen a asaltar y tomar las tierras que ocupan los campesinos para instalar sus agronegocios" y que ello es posible "porque los sicarios y sus patrones empresarios saben que tienen impunidad, que tienen carta blanca para amenazar, tratar de expulsar a los campesinos y quedarse con sus tierras" gracias a la complicidad con los gobiernos locales, la justicia, la policía y el gobierno de Zamora.