La Federación Internacional de los Derechos del Hombre (FIDH) preocupada por la Ley Antiterrorista en nuestro país.

Mediante una carta abierta a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y a los Estados Miembros del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), la Federación Internacional de los Derechos del Hombre manifestó su preocupación por la sanción de la Ley Antiterrorista en nuestro país.

En el texto de la misiva, señaló que reconoce la importancia de las políticas de lucha contra el terrorismo pero ello, recordó, no puede ser implementado de modo tal que vulnere los Derechos Humanos y las libertades fundamentales del hombre, tales como el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de manifestación.

En este mismo sentido, afirmó que la norma sancionada vulnera los Derechos Humanos al tipificar como terrorista a la protesta social, mediante una definición "abierta e imprecisa", según señaló, que favorece "la persecución penal y la condena a penas excesivas de los actores de la protesta social".

Asimismo, señaló que la modificación al inciso 5 del artículo 41 del Código Penal, que permite duplicar las penas máximas y mínimas, también permite el dictado de prisión preventiva en forma prolongada por delitos leves, lo cual consideró "infundado y desproporcionado".

Por otra parte, solicitó a los representantes en la Reunión Plenaria del GAFI que impulsen la derogación de la norma sancionada en nuestro país, por cuanto no se puede asemejar al terrorismo aquelllas acciones destinadas a exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales de la población al Estado.

Finalizaron, instando a la derogación de la Ley Antiterrorista a la Presidenta de la Nación, pues ella constituye un grave retroceso en materia de Derechos Humanos en nuestro país.

Adjuntamos el texto completo de la carta.

Todos serán -seremos- terroristas (APE).

Todos serán -seremos- terroristas (APE)

 

 

 

 

Por Silvana Melo   

 

(APe).- Cristian Ferreyra ni siquiera sospechaba la existencia de la GAFI y mucho menos que esa sigla de sonido casi amable podía tener incidencia en su pequeña vida. Tan pequeña su vida que sólo buscaba doblar su tierra en cuatro cada noche y esconderla bajo siete llaves para que no se la llevaran en la oscuridad del sueño. Cuando las balas de la represión tercerizada dejaron a su tierra sola y desnuda, Cristian Ferreyra murió sin saber que en pocos días hubiera podido ser, técnicamente, un terrorista.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) amenazó con excluir a la Argentina del G20, esa rara mixtura de países industrializados y emergentes que ofrecen inversiones a cambio de seguridad. Ni más ni menos, a cambio de que exista un marco legal que proteja a los inversores de la amenaza extorsiva, chantajista, saboteadora. De los protestadores y de los reclamantes.

Tantas siglas y ecuaciones lejanísimas para la gente de a pie que se asa en los pavimentos para que sus voces trepen algún escritorio y trasciendan el bufido paradisíaco de los aires acondicionados.

La presión extrafronteras sobre la docilidad oficial impuso la caza de terroristas con el Código Penal en la mano como condición determinante para ser un destino seguro de inversiones externas directas.

Si el Senado confirma la media sanción de apenas una semana, las penas serán muy duras para cualquier delito “cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión”. La escasez de precisiones y la generosa amplitud del proyecto habrían convertido en terroristas -si las balas bravas de las policías bravas no hubieran agilizado el trabajo- al López qom de La Primavera formoseña, a los cuatro muertos por parcelitas de tierra en Jujuy, a Mariano Ferreyra, a Maxi Kosteki y Darío Santillán, al desobediente Luciano Arruga, a los 38 muertos por los Estados nacional y provinciales exactamente diez años atrás, entre otros sediciosos. Si la ley tuviera carácter retroactivo, se estaría a tiempo de procesar a los centenares de miles de clasemedistas que desafiaron el estado de sitio de De la Rúa y a los centenares de miles de hambrientos que han cortado rutas, callejones, escudos y montadas y paciencias oficiales desde Domingo Cavallo en adelante.

Ya en Chile letras legales semejantes son herramientas ad hoc para convertir en terroristas a los mapuches que resisten el saqueo de sus territorios y el quiebre de sus culturas. Wichis, tobas y qoms, que acostrumbran a morirse por desnutrición, pertinaces en hábitos culturales (sic gobernador de Salta y ex del Chaco) que cierran las puertas a la solidaridad del Estado, campesinos santiagueños que se plantan, flaquitos, con raíz en sus tierras veinteañales, mujeres que mueren de un síncope ante las topadoras del desmonte, todos elementos que, al menos, intentan “obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión”. Terroristas, que alteran el sueño a la Barrick, a los Blaquier y a los gobernadores subsidiarios de los oros, los azúcares y el monocultivo.

Será tan simple -si la voluntad política es ésa, de control social y disciplinamiento del desborde contestatario- encuadrar en la figura terrorismo el robo de una caja de leche en el contexto de una marcha, que no faltarán jueces funcionales -heredados de la dictadura, del menemismo o adquiridos en los tiempos que corren- que encuentren en la nueva paginita del Código Penal una catarsis contra la terquedad del pobrerío. Los feudalismos provinciales se frotan las manos mientras miran de reojo a campesinos y originarios de piel gastada y costillas visibles. Porque no hay peor amenaza que un concepto jurídico difuso que abra las puertas a la interpretación caprichosa según quién, cómo y con qué fastidie o aterre. Y los que caigan bajo el dedo suspicaz deberán demostrar que lo que hicieron lo hicieron en el marco del ejercicio de un derecho constitucional. Demostrar que son inocentes, en síntesis, con la carga de la prueba patas arriba. Mientras tanto, habrá detención inmediata y el monto de las penas llenará las celdas de desocupados, militantes, wichis, piqueteros y campesinos.

Si es así, si la voluntad política decide la interpretación literal y conveniente de la futura letra legal -ya resistida por intelectuales del palo-, si es realmente más que una lentejuela para gilada financiera internacional, vendrán tristes tiempos. Donde todos podrán - podemos ser terroristas. Oscuros tiempos serán para quienes insistan en la utopía porfiada de la justicia.

Repudio de la CTA de Pablo Micheli a la Ley Antiterrorista.

Con una declaración titulada "¿Todo luchador será un terrorista?", la CTA encabezada por Pablo Micheli expresó su repudio a la intencionalidad del proyecto de reforma del Código Penal presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y que será tratado en las actuales sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación.

Señalaron que en el actual contexto social, "donde hay miles de luchadores procesados", se suceden los reclamos salariales, trabajo precario y libertad salarial, vivienda y tierra que llevan a las ocupaciones y cortes de rutas; en el marco político, donde la Presidenta de la Nación demoniza a los sindicatos "y pretende ubicar los reclamos en un ' protestódromo ' en Plaza de Mayo" y en una crisis financiera global que ya llega a nuestro país, "de la mano de los techos salariales, los tarifazos encubiertos y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de los sectores populares", el Gobierno Nacional presenta en forma sigilosa el proyecto de ley antiterrorista para cumplir las exigencias del G1 y del GAFI, con el objeto de recibir el certificado de "país confiable" para recibir inversiones extranjeras.

Destacaron que "juntar fondos para los mapuches presos acusado de terroristas en Chile, intentar cambiar el veto presidencial al 82 % móvil, tomar un terreno ante la falta de vivienda o bloquear una calle por cortes de luz sería causal de terrorismo como hoy lo es de procesamiento para miles de compañeros, aunque nos ampare un derecho constitucional y se trate de una protesta legítima".

Finalmente, repudiaron el proyecto y convocaron a la resistencia democrática por parte del movimiento obrero, las organizaciones sociales y el pueblo "aunque nos acusen de terroristas", según señalaron.