25 de mayo: ¡Tierra y Libertad? (AEDD).

El 25 de Mayo de 1811, mientras se encontraba en el Alto Perú, (actual Bolivia), Juan José Castelli, integrante de la Primera Junta de gobierno patrio, decidió convocar a festejar el primer aniversario de la Revolución de Mayo, en el Tiahuanaco, lugar sagrado que la cultura aymara. En un acto simbólico, rindiendo homenaje a los pueblos originarios de nuestro territorio, Castelli proclamó el derecho a la igualdad política y de propiedad de la tierra. A los “ayllus” (comunidades indígenas) los convocó a elegir por voto a sus caciques para que participaran de las instituciones de gobierno, reivindicó su derecho a tener cualquier empleo o destino, y convocó a analizar las medidas necesarias para garantizar el respeto de sus tierras.

En la “semana de Mayo” de 2013, mientras nos movilizábamos con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a Plaza de Mayo en repudio a la represión, al espionaje y a la criminalización de la protesta, en la localidad de Juan José Castelli, Provincia del Chaco, la policía del gobernador Capitanich lanzaba repetidos ataques contra la comunidad Qom.

Las organizaciones originarias reclamaban por su legítimo derecho a decidir acerca del destino de la ayuda alimentaria que el gobierno provincial destina a las comunidades de El Impenetrable, vivienda digna y trabajo para sus cooperativas. Decenas de manifestantes resultaron heridos y detenidos, mientras que, Florentín Díaz y su hijo, miembros de la comunidad Qom Curushy, murieron escapando de la represión.

Dos días después, el viernes 24 de mayo, en Santiago del Estero, la comunidad indígena Tonocoté fue sorprendida a las cinco de la madrugada con una orden de desalojo del Juez Guillermo Tarchini, pariente político del Gobernador Zamora, sobre 20 hectáreas aledañas al patio del “Indio” Froilán. Las topadoras arrasaron con todo a su paso sobre terrenos pertenecientes a la comunidad indígena, y fueron detenidos: Kamachej Walter Barraza y Fredi Lunas.

En el blog oficial de la Comunidad Tonocoté, se expresó un repudio contra la represión y se informó que los heridos por el accionar represivo fueron:

Patricia Santillán - (37 Años) embarazada, golpeada y herida con balas de gomas.

Graciela López - (42 Años) golpeada y con heridas de bala de gomas.

Axel Santillán - (3 Años) herido con balas de gomas.

José López - (11 Años) herido con balas de gomas en el rostro y en el cuerpo.

Andrés Santillán - (19 Años) herido con balas de gomas en el cuerpo.

Los ataques continuos y sistemáticos a las comunidades originarias, especialmente de Formosa, Santiago del Estero y  Chaco, pretenden frenar su justo reclamo por la tierra y el agua, beneficiando la concentración de la tierra en manos de pocos y el avance de la “frontera sojera”. Día a día se multiplican estos ataques que dejan un saldo impactante de procesados, detenidos, muertos y heridos. No nos podemos acostumbrar, la represión no puede ser naturalizada. Exigimos la inmediata investigación de todos los crímenes y el castigo de los responsables políticos y materiales y reivindicamos el derecho de nuestros hermanos originarios a sus tierras.

La criminalización y la represión de las luchas buscan inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. Cada vez es más evidente la intención de correr el eje de la injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados hasta plantear que lo que está sucediendo es un “delito”, una “amenaza para el orden legal”, una “violación a la ley”, deslegitimando la lucha, sobre todo, cuanto más lejos se está de querer resolver la situación que dió origen a la protesta.

En los últimos dos meses, Formosa, Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Misiones, Santa Cruz, Jujuy, La Rioja y Chaco, han sido escenario y evidencia del uso de la fuerza y la violencia estatal como mecanismos privilegiados de control social. Las  luchas por tierra y vivienda, por trabajo, por salarios dignos, contra la  tercerización, por los derechos de los  pueblos  originarios, contra la devastación de nuestros recursos naturales, contra la megaminería, en defensa de los derechos a la salud y la educación, contra esta política a favor de los arriba, encuentra cada vez más, una respuesta  represiva.

A diez años de la asunción de Néstor Kirchner y ya atravesando el segundo mandato de Cristina Fernández, afirmamos que la represión y la persecución a los luchadores siguen siendo políticas de Estado, para sostener un “capitalismo serio” que garantiza las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares.

Hoy, 25 de Mayo de 2013, más que nunca, damos nuestro presente a los 30.000 compañeros detenidos -desaparecidos durante la larga noche genocida y, también, a las decenas de hombres, mujeres y niños desaparecidos y asesinados en estos treinta años de democracia.

Por todo ello seguimos exigiendo:

¡ Basta  de asesinatos, represión y persecución !

¡ Basta de criminalización de la protesta y la pobreza !

¡ Basta de espionaje e infiltración al movimiento popular !

Formosa: Ramón Lista - Comunidades wichíes hace 40 días que cortan lasrutas y no reciben respuestas.

Las comunidades wichíes del Departamento de Ramón Lista, en la provincia de Formosa, desde hace 40 días vienen cortando las rutas en el acceso al yacimiento petrolífero de Palmar Largo, Divisadero, Laguna Yerma y Fraga en lucha por sus derechos al agua, electricidad, salud, justicia y tierras.

Según informaron, cientos de personas fallecieron en los últimos días debido a la falta de atención sanitaria y por otro lado, afirmaron que nunca tuvieron acceso a la luz como tampoco a ninguno de los servicios del Estado, quien permite, sostuvieron, la extracción de las riquezas de sus territorios para dar paso a la miseria y enfermedades para ellas y ellos.

Por otra parte, afirmaron que intentaron dar aviso a la Defensoría del Pueblo provincial pero sus funcionarios no se han hecho presentes en el lugar e inclusive, trataron de hacer lo mismo con los medios de comunicación social aunque, como es conocido, los medios formoseños solamente publicaron noticias sobre estas comunidades en plena sintonía con las amenazas de judicialización llevadas a cabo por el Gobierno provincial y con aristas difamatorias y discriminatorias, sin tener en cuenta las muertes de niños por desnutrición y las de ancianos por tuberculosis y Mal de Chagas debido a la ausencia de atención sanitaria.

Por otra parte, son amenazados por reclamar al Estado por la violación de sus Derechos Humanos e Indígenas, lo cual constituye una muestra más del genocidio que se viene cometiendo de la mano de Gildo Insfrán.

Las 25 comunidades wichíes exigieron la presencia de las autoridades de los Institutos Indígenas, a nivel nacional y provincial, en su territorio con la finalidad de buscar soluciones a las problemáticas que los aquejan desde hace tiempo, las cuales no han tenido una adecuada respuesta estatal. No obstante, señalaron que algunas de las autoridades wichíes cuentan con celular aunque suelen dejarlos sin señal para evitar que se comuniquen con las autoridades estatales y aislarlos en sus reclamos.

Sostuvieron que, mientras crecen la injusticia y los alambrados, el Gobierno y los terratenientes hacen su negocio con la muerte de los integrantes de las comunidades, arrasando con el monte, los recursos y la vida ligados a ellas.

Asimismo, solicitaron que los organismos de Derechos Humanos se comuniquen con Avelino Tejada, al teléfono 3873 - 650345 e Isaías López, al  3711 - 614314, aclarando que, si no hay señal para comunicarse, se debe a los cortes sistemáticos que se vienen realizando y ello debiera ser motivo de alarma por cuanto puede ocurrir cualquier cosa, no teniendo otro medio para dar aviso, o bien porque se han quedado sin crédito y por ende, solicitaron que les sean cargados ambos números correspondientes a Personal antes de comunicarse con ellos.

Pueblo Qom: Nada se soluciona y la situación se agrava.

Parece que nada importa tras 5 meses de acampe y la constitución de una Mesa de Diálogo, porque las problemáticas siguen sin resolverse.

Para darnos una idea de lo que acontece con los pueblos originarios en la Provincia de Formosa, les acercamos este pequeño panorama...

1. La situación socio - sanitaria

Félix Díaz siempre nos recuerda la precaria situación en la cual se encuentran. Una de sus facetas es la sanitaria, donde las estadísticas nos suelen marcar un indicio acerca de la realidad. Por supuesto, más allá de la cifra negra que encierran pues, como bien sabemos, las autoridades sanitarias ordenan el cambio de las causas de muerte para disminuir la tasa de mortalidad.

Según el Anuario 2010 elaborado por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación (1), la tasa de mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires es de 7,0; en Formosa, es del 17,8 y en nuestro país, el promedio es de 11,09; mientras que la tasa de mortalidad materna es de 0,9; 16,2 y 4,4 respectivamente.

Como se podrá advertir, es elevadísima la tasa de mortalidad infantil y materna en la provincia gobernada por Gildo Insfrán. Pero hay más. La última viene creciendo sustancialmente: en el 2008 fue de 11,5; en el 2009, de 15,0 y llegó al 16,2 en el 2010, como habíamos mencionado anteriormente.

Estos indicadores están muy relacionados con la situación de pobreza y de indigencia, pero también a una política sanitaria que desdeña la prevención y que no tiene en cuenta la particular cultura de los pueblos originarios. Por eso, desde la Comunidad La Primavera, afirman que "dentro de este cuadro dramático somos los indígenas quienes sufrimos la peor situación sanitaria".

Y ellas y ellos mismos lo cuentan: "muchas mujeres indígenas temen ir a parir a los hospitales no sólo por el mal trato, sino porque muchas veces nos dicen que nuestros hijos fallecieron y volvemos a nuestras casas sin nada. Ni acta de defunción nos quieren hacer".

Resulta reveladora la causa por la cual no quieren ir a los hospitales. Sin dudas, existe una política sistemática de exterminio y ello puede ser fácilmente advertido cuando cuentan que las comunidades, en su gran mayoría, no cuentan con Salas de Primeros Auxilios; que los médicos vienen una vez por semana, con mucha suerte; que no hay medicamentos para ellas y ellos, y ni siquiera respetan la normativa vigente, acerca de los agentes sanitarios indígenas, una de las modalidades para acercar la medicina tradicional a los pueblos originarios.

De allí que lo informado por el gobierno, constituyen meras apariencias. En general, cuando un indígena es nombrado, con seguridad es un puntero político de Insfrán.  

Es conocida la gran extensión del Mal de Chagas en la región, incluída la provincia, pero no fumigan las casas contra la vinchuca. Por acción u omisión, el Gobierno provincial instrumenta el exterminio.

Con respecto a los hospitales, ellos mismos cuentan como son discriminados por su propia condición. Si esto no es otra Campaña al Desierto, en realidad, poco le falta...

El Gobierno provincial aparenta las maravillas de la provincia, cada vez que las y los periodistas mediáticos llegan allí. Simplemente les muestra el circuito que tienen armado y les agendan entrevistas a sus punteros políticos indígenas, como también a los médicos y directores de escuela que son adictos al insfranismo.

No obstante ello, la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) viene denunciando esta situación con respecto a las tasas que hemos mencionado sino también acerca del estado del sistema sanitario provincial en general.

Mientras tanto, el Gobierno "de los Derechos Humanos" mira para otro lado. Prefiere sentarse sobre los votos de Insfrán, antes que solucionar los problemas de quienes también forman parte de nuestra Argentina. Lo peor de todo es el incumplimiento de velar por las comunidades indígenas, tal como lo establece la Constitución Nacional en el inciso 17 del Art. 75.

2. Tierra y política: Una relación compleja.

Cuando el poder político es aliado de los terratenientes, como en el caso de Insfrán y todos los Celias habidos y por haber, puede ocurrir que la trama política se vuelque a favor del poder económico.

De allí, la pregunta de la Comunidad La Primavera: ¿Por qué las tierras de la comunidad siguen en manos de Cristino Sanabria?

Ellos mismos recuerdan las circunstancias políticas por las cuales atravesaron para la elección de sus representantes. En el 2008, cumpliendo todos los requisitos y con la presencia de veedores nacionales, eligieron a Félix Díaz pero, posteriormente, la Dirección de Personería Jurídica provincial anuló la elección y los apercibió, como también rechazó un pedido de reconsideración que presentaran. Nada nuevo bajo el sol, cuando se trata de buscar imponer a Cristino Sanabria, puntero de Insfrán.

Tras la conformación de la Mesa de Diálogo, durante el año pasado, el Ministerio del Interior de la Nación organizó una elección en la Comunidad, con pleno acuerdo de la Provincia y con la veeduría de representantes de los organismos de Derechos Humanos, tales como SERPAJ, CELS, APDH y Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora y del Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo de la Nación

La estrategia del Gobierno provincial fue comprar las voluntades, aprovechando el estado de necesidad en la cual se encuentran muchas y muchos integrantes de la Comunidad. Sin embargo, Félix Díaz fué reelecto por amplia mayoría, lo cual hemos informado por este medio en su oportunidad.

Tras la derrota de su candidato, el Ministro González "dejó de participar de la Mesa de Diálogo y su enviado en la segunda reunión se levantó y se retiró de la misma", según afirmaron desde la Comunidad.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) recibió la documentación y reconoció la personería, reglamento y autoridades, tras una nueva elección como autoridad principal del Qarashe Félix Díaz.

Sin embargo, el título comunitario de la tierra sigue en poder del puntero Cristino Sanabria, según lo viene denunciando Díaz.

Evidentemente, es una forma de desconocer la elección de la autoridad en el seno mismo de la Comunidad. Peor aún, se incumple el principio de autodeterminación establecido en la normativa vigente sobre los pueblos originariios.

Con una enorme perversidad, la Provincia reconoce la autoridad de Cristino y la Nación, la de Félix. Una forma de promover un conflicto en el interior de la Comunidad.

3. Las promesas incumplidas

Jamás se cumplió con lo prometido en la Mesa de Diálogo, acerca de la cuestión de la documentación personal (DNI), los planes de agua corriente, la facilitación del diálogo entre las partes y las garantías de seguridad a los integrantes de la Comunidad. Todo ello fue dado por cumplido por el Ministro Randazzo (2) y ello está lejos de la realidad que viven.

Y ellos mismos nos cuentan que "seguimos contando con gente indocumentada, jamás el INADI concretó el acuerdo con Médicos del Mundo y la situación sanitaria sigue siendo crítica, nunca hubo un plan de agua corriente y en estos momentos padecemos temperaturas altísimas y debemos mendigar agua por todos lados y a los que nos niegan debemos tomar de los esteros, el diálogo con la provincia no existe pues se retiró de la Mesa cuando quisimos hablar sobre el territorio una vez que cumplimos con la elección, con las agresiones sufridas por parte de la familia Diaz y las casas quemadas de hermanos es más que evidente que no tenemos garantías de seguridad"

Resulta claro que no existe voluntad política para "diseñar y gestionar programas concretos junto a las autoridades de la comunidad", como ellos afirman.

Las cuestiones derivadas del "conflicto territorial y las superposiciones de mensuras con el Parque Nacional, con la Provincia, con la familia Celia así como la presencia de criollos dentro de nuestra comunidad nunca se resolvieron".

Sin embargo, las agresiones continuaron y buscan el desgaste para lograr el abandono de las tierras por parte de los integrantes de la Comunidad.

NOTAS:

(1) http://www.deis.gov.ar/Publicaciones/Archivos/Serie5Nro54.pdf

(2) http://www.mininterior.gov.ar/qom/mesaDeDialogo.html

Los asesinos de Cristian Ferreyra (APE).

Los asesinos de Cristian Ferreyra (APE)

 

 

 

Por Silvana Melo   

 

(APe).- Un modelo de apoderación y vaciamiento de la tierra, que desaloja y mata vorazmente. Ese fue el asesino de Cristian Ferrerya. Y tiene nombres y apellidos. La expansión de la soja transgénica, la megaminería, la caña de azúcar y los negocios cuantiosos avalados por el estado son los asesinos de Cristian Ferreyra. Y tienen nombres y apellidos.

Tenía apenas 25 años y salió a la puerta cuando golpearon, en la casa de su amigo. Sabía que lo buscaban a él. Eran sicarios de empresarios que querían quitarle la tierra. La parcela donde vivió toda su vida. Donde tiró semillas y les dio de comer a sus animales. Estaba con Beatriz Juárez, su compañera. Y su niño pequeñito. Juárez es ella, como el verdugo. El verdugo es su tío carnal, lo dijo al único medio de todo el país con el que habló: la Agencia de Noticias Pelota de Trapo (APE). Testimonio que usó dolorosamente Página 12 sin citar la fuente y con un título sugestivo: “La política y la familia”. Y transcribió, textual, una frase de Beatriz a APE: “Javier Francisco Juárez, detenido por ese crimen, es tío de la viuda. ´Siempre me ha tenido odio y rencor, desde niña quiso abusar de mí´”. Mientras Télam vende el asesinato de Cristian como “una discusión entre vecinos”, con el parte policial como única fuente, Página 12 –en una nota extrañamente firmada con iniciales en la edición impresa y con nombre y apellido en la web- parece intentar el camino de la interna familiar.

Cristian se desangró después de que un balazo lo tendió sobre la tierra que intentan robarle desde hace siglos. Y que le sorbió, despacito, a puro trago triste, la sangre que se le fue mientras Beatriz miraba huir a su tío. Que si no hubiera sido parapolicial de Ciccioli sería empleado del Estado o campesino despojado. No hay muchas más alternativas en Santiago del Estero.

A sangre y fuego, a topadora y bala, los van cercando en un espacio cada vez más pequeño. Arrinconados en un terrón yermo, van quedando los que sobreviven. Cristian Ferreyra, en su tierrita ancestral a 60 kilómetros de Monte Quemado, era dirigente del MOCASE. Vio cómo los terratenientes en expansión mandaban a sus alcahuetes a cerrarles los caminos, a amenazarles a los niños y a matarles los animales. El miércoles, en la fogosa hora de siestas, se lo cargaron de un escopetazo.

En Santiago se desmontaron 515 mil hectáreas entre 2003 y 2007. La soja es un pac man que devora y devora. Tierra y sangre.

El geógrafo Marcelo Giraud, citado por Darío Aranda, graficó el avance: en 1996 había 95 mil hectáreas de soja en toda la provincia. Ahora llegó a 1,1 millón. Las tierras de los originarios, la de los campesinos que la cultivaron por generaciones, se ahogaron bajo el monstruo implacable.

En dos años fueron siete los crímenes en el saqueo aluvional de la tierra: los tres muertos de Jujuy, en los arrabales del ingenio Ledesma; Javier Chocobar en Tucumán; Roberto López, de la comunidad qom La Primavera de Formosa. Y en marzo, como un oscuro antecedente del asesinato de Cristian, Sandra Juárez murió de un infarto cuando se ponía delante de las topadoras en su tierra santiagueña. Tenía 33 años. Luchaba protegiendo su pacha de los transgénicos, las fumigaciones que envenenaban a sus niños, las policías y las parapolicías.

Los gobernadores de Tucumán, Jujuy, Formosa y Santiago del Estero son aliados estratégicos del Gobierno Nacional. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los originarios, de los campesinos, de los chicos muertos por hambre, de los vulnerados muertos por las balas de sus policías, son escondidos bajo la alfombra persa del país que florece.

Nadie recuerda –o a nadie le importa- el derecho veinteañal que es el título de propiedad escrito en la tierra de quienes la trabajaron, justamente, más de veinte años. El poder político de Santiago del Estero avala por acciones y/o omisiones el avance de los leviatanes del agronegocio, de sus aliados económicos. El gobernador es el mismo. El mismo Gerardo Zamora que gobernaba en noviembre de 2007 cuando 33 presos de la cárcel pública de Santiago murieron incendiados por el fuego, intoxicados por el humo, atravesados por las balas.

Pero los responsables políticos nunca son responsables. Y mucho menos de la muerte de los pobres. Del asesinato de los desterrados. A los muertos del confín los olvidan en los escritorios, en los discursos y en las prensas oficiales.

Darío Aranda define al Gobernador en un párrafo escalofriante, quitado –censurado- de su nota del 18 de noviembre en Página 12: “El gobernador Gerardo Zamora, que no respondió los llamados de este diario, va por su segundo mandato y denominó a la provincia como la 'capital nacional del kirchnerismo' luego de obtener en las últimas elecciones el 82 por ciento de los votos. Se autodefine ' radical k '. El Mocase lo señala --en cuanto a la represión al campesinado-- como la continuidad del juarismo”. Aranda ya no firma notas sobre el campesinado santiagueño expoliado. Y Télam insiste en titular “La muerte de un campesino en Santiago del Estero fue por una disputa entre vecinos”.

Beatriz Juárez, 26 años, compañera de Cristian, testigo directo del asesinato, habló ese 18 de noviembre con Claudia Rafael, para la Agencia de Noticias Pelota de Trapo. Y luego ya no volvió a hablar.

Dijo: “Mi marido me dice vamos a pasear a la casa de Darío (Godoy). Estábamos conversando y llega Javier Juárez. Lo sale a atender el dueño de casa, Darío, y le dice yo quiero hablar con Cristian. Mi marido sale y estaban discutiendo porque él es empleado de Jorge Ciccioli el empresario que nos quería sacar de nuestras casas, vos no sos el dueño, le dijo, vos no sos de aquí, nosotros vivimos aquí y ahí no más (Juárez) le metió un tiro en la pierna izquierda a mi marido.

“(…) Yo me meto corriendo con mi hijo adentro porque él siempre lo amenzaba a mi hijo, que lo iba a matar, dos añitos tiene mi hijo. El asesino es mi tío es hermano de mi padre, siempre me ha tenido odio, rencor porque desde niña quería abusar de mí.

“(…) Cristian estaba muy mal, se desangraba, se desangraba y antes de llegar a Monte Quemado falleció.

“Hace casi un año que venimos con la lucha; desde que empezaron a venir topadoras, a tirarnos las plantas encima, nosotros hemos entrado en el Mocase. (…) Javier Juárez y Carlos Abregú son los matones de Ciccioli.

“Hacía tres años que estábamos juntos, nos habíamos hecho nuestra casa, vivíamos felices. Después empezó a venir esta gente y empezaron los problemas. Querían corrernos de ahí y quitarnos todo para utilizar esas tierras para sembrar algo, meter animales, no sé. Aquí se vive trabajando, se hacen postes, carbón, se crían animales, pero vienen ricos de otro lado y nos quieren sacar”.

Beatriz tiene la voz pequeña, con la resignación de la tierra, con la languidez del confín, de la siesta terrible.

Ahora está sola para frenar las topadoras. Sola con su niño solo. Sola en toda la tierra. Para que la vean los empresarios, los sojeros, los que gobiernan, los que brindan, los/las que presiden, los/las que escriben en los medios dominantes (privados y oficiales).

Para que la vean y ya no se atrevan a celebrar otra victoria sobre toda esta sangre.

La caminata del Frente Nacional Campesino llegó a Rosario.

 

 

El Frente Nacional Campesino (FNC) informó acerca de la caminata campesina que comenzó el pasado 4 de abril, desde el paraje Fortín Belgrano, provincia de Salta. A principios de este mes, llegaron a la provincia de Santa Fé y ayer llegaron a la ciudad de Rosario, donde realizarán diversas actividades durante los días 11 y 12 del corriente.

Afirmaron que llegarán el próximo viernes 1º de julio a Buenos Aires, donde se acercarán a Plaza de Mayo, en esta recorrida de 1.700 km por los caminos de nuestro país.

Con respecto a la finalidad de esta importante movilización, enfatizaron que es el medio "para difundir la situación real sobre el uso y tenencia de tierra en la Argentina", teniendo en cuenta la ejecución de desalojos en las jurisdicciones provinciales, para que la ciudadanía se informe y se preocupe por "la cuestión de la distribución de la tierra en nuestro país" y solicitaron la solidaridad de las y los argentinos como también "la intervención de las autoridades para transformar la realidad de injusticias que padecen miles de familias campesinas en todo el territorio nacional".

Con respecto a lo último, afirmaron que están dispuestos al diálogo con el Gobierno Nacional con el objeto de solicitarles el fortalecimiento de la presencia estatal "en la producción y comercialización de los productos campesinos", pues consideraron que ésta resulta necesaria e imprescindible mediante "una mayor estructura y presupuesto a la Subsecretaria de Agricultura Familiar; para agilizar los diagnósticos, la elaboración de proyectos y la ejecución de emprendimientos sustentables", según indicaron. Del mismo modo, sostuvieron la necesidad de conversar con los diferentes bloques en ambas Cámaras del Congreso Nacional sobre el sufrimiento de las familias campesinas y de pueblos originarios, enmarcado en los desalojos que llevan a la concentración de la tierra "en manos de empresas nacionales y extranjeras".


Por otra parte, sostuvieron que es necesaria la organización de cooperativas de pequeños productores y de consumidores para que se modifique la realidad campesina, por la cual el productor recibe precios irrisorios por su producción y el consumidor abona precios elevados por los alimentos.

Hicieron hincapié en la representación del campo por parte de la Mesa de Enlace, cuyos miembros forman parte del "viejo modelo agropecuario" que pretende perpetuar el modelo agroexportador y de concentración de la tierra, en una nueva fase de la acción de la oligarquía terrateniente que se resiste a dejar sus privilegios de clase y sostuvieron que "es tiempo de poner freno a ese modelo y construir otro modelo de campo que beneficie a todos los productores y a todos los argentinos".

Asimismo, insistieron en la necesidad de una verdadera democracia del modelo agropecuario con la finalidad de involucrar a todos los sectores en una estratégica política de tierras al servicio de los argentinos y de la humanidad.

Rescataron el carácter simbólico de esta movilización como "un pequeño aporte de lo mucho que hace falta para la democratización del acceso a los recursos naturales" porque, según afirmaron, "somos los desconocidos del campo, casi invisibles, muchas veces tapados, muchas veces ignorados, muchas veces ninguneados". Enfatizaron al respecto que abrazan la causa de tantas y tantos "que lucharon por la justicia, de los que luchan hoy, de los que lucharan mañana… a nosotros nos toca sembrar estas semillitas, muchos argentinos lo sabrán cultivar mejor que nosotros…"

A su llegada a Buenos Aires, los dirigentes del FNC gestionarán reuniones con autoridades del Poder Legislativo y del Gobierno Nacional para entregar el petitorio que vienen difundiendo a través de las diversas actividades que se realizan en cada parada de esta importante marcha.