Algunas y algunos integrantes de la Asamblea El Algarrobo están acampando en Plaza Lavalle para exigir que se resuelva el amparo judicial interpuesto contra las intenciones de contaminar esa tierra y agua que tanto aman. Hasta marcharon el pasado miércoles para que el reclamo sea visible por aquello que se dice, en el interior, que solamente "se atiende en Buenos Aires".
Pero nada sorprende en esta continuidad del kirchnerismo a manos de un PRO que, ahora, acaba de ratificar su política en materia de minería con la eliminación de las retenciones a las actividades mineras. Menos aún, lo es la morosidad judicial que conocemos: justicia para los ricos y poderosos; injusticia, para los pobres y contaminados.
Sin embargo, esta estrategia política y judicial viene desde hace mucho tiempo. Desde el menemismo a la actualidad, se fue afinando cada vez más. Primero, con la reforma del Código de Minería que les otorgó innumerables ventajas a las megamineras y que ahora recibieron la yapa del presidente Macri; luego, con la táctica del desgaste iniciada por el duhaldismo y continuado hasta el presente, se busca desarmar este tipo de protesta social mediante el simple método de ignorar su existencia con la innegable colaboración de los medios hegemónicos y a veces, como ha sucedido con el acampe de los Qom, recurriendo al Astiz de turno (1) o a las Ong's que supuestamente defienden al medioambiente que, en realidad, operan para dividir a quienes realizan la protesta social.
Pero esta lucha por el agua y por la vida no pasó desapercibida para los medios alternativos. Tampoco para nosotros que, inclusive, hemos participado de la caminata al Obelisco. Y es importante que así sea, para que no se diluya en el tiempo y se pueda cumplir el objetivo: la sentencia definitiva en el amparo interpuesto por la Asamblea El Algarrobo.
Ahora bien, ¿cuál es la importancia de este fallo? y ¿cuáles son las consecuencias que se pretenden evitar? son los principales interrogantes en esta coyuntura. Ensayando una primera respuesta, podríamos decir que una sentencia a favor de la población andalgalense marcaría a fuego las intenciones de la megaminería en Catamarca y es posible que ello sea tomado como un importante antecedente en otras causas judiciales de igual índole. En caso contrario, se ratificaría la política de Estado que se viene consumando desde 1989 en desmedro del derecho al medioambiente sano establecido en nuestra Constitución Nacional. Con respecto a la segunda, recordamos lo manifestado por Brian Chayle en la entrevista (2) que le realizáramos: "no es el mismo aire", "no es la misma tierra". La contaminación del aire, del agua y la tierra es una constante en las explotaciones mineras. Basta recordar lo que afirmó el compañero andalgalense: "hay mucho cáncer" o lo que acaba de comprobarse en Jáchal, provincia de San Juan, con el niño contaminado con plomo tras el vertido de agua cianurada por la Barrick Gold. Pero no podemos olvidar que, tras una enfermedad, puede adquirirse una discapacidad que llevará tarde o temprano a la muerte. Por eso insistimos en que la megaminería y el sojalismo enferman, discapacitan y matan aunque, en general, suele omitirse la adquisición de distintos tipos de discapacidad tanto a nivel informativo como sanitario.
Ocultando las consecuencias
Las megamineras vienen trabajando sobre la difusión de los supuestos beneficios de la actividad. Y cuando alguna publicación los refuta, suelen buscar ocultarlos. Eso ha ocurrido con los manuales sobre medioambiente que habían sido impresos en el Ministerio de Educación de la Nación, los cuales no se saben donde están.
Donaciones a escuelas y otras instituciones sociales son las herramientas para cooptar la voluntad de los habitantes para obtener la consabida licencia social. Por supuesto, la conciencia ambiental de los pueblos viene impidiendo la colonización simbólica y material que se viene realizando con tal objetivo.
Pero el Estado también aporta lo suyo. Como bien aseguró Chayle (2), "no hay un médico oncólogo" en Andalgalá. ¿Casualidad? No, para nada. En todo caso es una causalidad, porque se trata de ocultar los verdaderos números de los afectados por la actividad minera y en particular, de aquellos que adquieren algún tipo de discapacidad. Y para tratarse los pacientes "deben ir a la capital" (2). Esto último tampoco es nuevo, es una estrategia del kirchnerismo que será perpetuada por el macrismo con el objeto de seguir escondiendo la realidad sanitaria en las provincias mineras.
