El presidente Nicolás Maduro Moros convocó a la firma de un petitorio dirigido al presidente Barack Obama para que derogue el decreto por el cual Venezuela fue declarada como una "amenaza a la Seguridad Nacional".
Para firmar on line, invitamos a nuestros lectores y suscriptores a hacerlo en el siguiente sitio web: http://www.obamaderogaeldecretoya.org.ve/registroLey/
Mediante el Dictamen Nº 2/12, impugnaron las Disposiciones Nº 15 y 47 de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, las que determinaron el cierre de 49 grados en 19 escuelas del nivel primario y la derogación del Decreto Nº 1990/97, que establece "un simple módulo aritmético" acerca de la relación docente - alumnos.
En su texto, afirmaron la inexistencia de fundamento alguno para el "pleno y enriquecedor ejercicio del derecho a la educación que se produciría con grados de alumnos integrados; es decir, más alumnos en menos aulas" por cuanto se realizaron los estudios y consultas con los actores del sistema educativo sobre ello. En el mismo sentido, destacaron que la mayoría de los Supervisores del sistema educativo porteño lo rechazaron, con el apoyo de Directores de escuelas, a través de diversos documentos que son de conocimiento público.
Por otra parte, señalaron que nunca se dió intervención a las Juntas de Clasificación Docentes, de acuerdo a lo establecido por el Art Nº 12 del Estatuto del Docente Municipal, al respecto, como tampoco se verifican las causales establecidas en el Art. Nº 22.
En consecuencia, dichas normas suponen un ajuste a través de la redistribución de recursos humanos y económicos, lo cual se evidencia en el rápido cierre de cursos mientras que no se aprecia una similar rapidez para el desdoblamiento de cursos superpoblados, apelando al Decreto Nº 1990/97 y sus modificatorias para solucionar problemáticas graves en materia socioeducativa partiendo de una simple relación aritmética.
Con respecto a esta última norma, sostuvieron su unilateralidad por cuanto ello debe consensuarse de acuerdo a lo prescripto por el Art. Nº 7, inc. B del Estatuto del Docente Municipal, teniendo en cuenta que afecta los alcances de la prestación laboral de los docentes.
Recordaron que mantuvieron entrevistas con la Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, la Directora del Area Primaria y asesores del Sr. Maximiliano Gulmanelli para manifestar la preocupación existente acerca de las decisiones tomadas, las cuales tienen graves perjuicios para el sistema educativo como también el rechazo a las mismas.
Dicho dictamen fue suscripto por los vocales electos de UTE, ADEMYS y SEDEBA, mientras que los vocales por el Ministerio de Educación afirmaron que ajustarán su proceder de acuerdo a la normativa emanada de éste.
El pasado jueves, miles de personas marcharon hacia Plaza de Mayo, encabezados por la UAC, junto a integrantes de asambleas ambientales, medios alternativos y organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de Derechos Humanos.
El documento fue leído por compañeros de las asambleas de Catamarca, La Rioja y Tucumán, donde se recordó la lucha durante estos dos meses en Famatina, Belén, Andalgalá, Amaicha, Tinogasta y Cafayate, destacando que ella comenzó hace muchos años mediante una construcción colectiva que ha llevado a un debate serio en las comunidades y que, sin embargo, no ha sido escuchado por las autoridades a nivel provincial y municipal, como tampoco por los medios masivos de comunicación. Por otro lado, señalaron que la única respuesta oficial fue la represión, la criminalización de la protesta y la permanente amenaza de la aplicación de la ley antiterrorista.
Exigieron que el punto de partida para el debate "serio" que propuso la Presidenta de la Nación sea la suspensión de las actividades de las megamineras y rechazaron ser fundamentalistas, por cuanto tienen fundamentos para rechazar este modelo extractivo que empobrece, contamina y mata, como también repudiaron las amenazas de las empresas mineras con la complicidad de los gobiernos de turno.
Fuente y Fotos: Red Eco / Anred.
Mediante un comunicado, la organización sindical docente porteña invitó a todos los docentes de la Ciudad a impulsar la firma de un petitorio en reclamo de la derogación del Código de Minería y de la legislación vigente que permite el genocidio provocado por la megaminería contaminante en nuestras escuelas y en los barrios.
Adjuntamos a esta nota, la planilla respectiva que, una vez completada, deberá enviarse a la sede sindical, sita en la calle Santiago del Estero Nº 443 de esta Capital o acordar la entrega al mail ademys@rcc.com.ar
Con la presencia de todas las organizaciones sindicales, sociales, políticas y de Derechos Humanos que marcharon junto a la CTA el 29 de diciembre pasado para exigir la anulación de la Ley, ayer se volvieron a reunir en la sede de la Central para convocar a una nueva movilización que tendrá lugar este miércoles, a las 17.00 hs., concentrando en Avenida de Mayo y Nueve de Julio para luego marchar al Congreso Nacional.
Ricardo Peidró, Secretario Adjunto de la Central, afirmó que “El planteo es el mismo que el del 29 de diciembre: pedimos la derogación de esa ley que no es más que la profundización de la criminalización de la protesta social justo cuando se habla de soberanía (por el tema de las Islas Malvinas)" y destacó que "vamos a estar en la calle las veces que sea necesario para que la ley sea derogada”. Por otro lado, remarcó que “en un año 18 compañeros fueron asesinados en todo el país" y que "hoy la ley está siendo aplicada con la represión en Tinogasta; hay una creciente privatización de la represión”.
Por su parte, la Diputada Nacional Victoria Donda, de Libres del Sur en el Frente Amplio Progresista (FAP), sostuvo que “vamos a presentar el proyecto de derogación de la ley, una ley que fue sancionada para perseguir a los luchadores sociales" y en el mismo sentido que indicara Peidró, afirmó que "ya fue aplicada a los compañeros que luchan por sus vidas y las nuestras en Catamarca". Asimismo, con respecto a la postura presidencial, enfatizó que "queremos defender la soberanía de las Malvinas pero también la de la Cordillera pero no queremos tener militarizadas nuestras provincias”.
“Es una vergüenza que en este momento la Presidenta esté avalando que Andalgalá esté cercada. Tendríamos que organizar una delegación de personalidades de la cultura, la política y los Derechos Humanos para romper el bloqueo”, afirmó Vilma Ripoll, del MST en Proyecto Sur durante su intervención, mientra que Amancay Ardura, integrante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) agregó que la jornada será nacional pues “en todo el país, se movilizarán a los juzgados provinciales para exigir que no se aplique la ley”.
Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero, indicó que el llamado es a todos los ciudadanos porque “salimos a defender el derecho a luchar”, y posteriormente, Liliana Kordon, de LiberPueblo, sostuvo que “la Ley Antiterrorista pretende legitimar la escalada represiva" y denunció "a la megaminería y a la zona liberada que permite el Gobierno", exigiendo el fin de la represión.
Por otro lado, antes de finalizar la convocatoria, Jorge Cardelli, Secretario de Formación de la CTA y Diputado Nacional por Proyecto Sur, afirmó que “venimos denunciando hace años a la megaminería" y que, por dicha razón, "adherimos fehacientemente a esta convocatoria”.
Liliana Parada, Diputada Nacional por Unión Popular en el FAP, compartió que también está trabajando en su derogación pero agregó que la mejor forma de exigir su anulación es “como lo están haciendo ustedes: en la calle”.
El cierre estuvo a cargo de Hugo Blasco, Secretario de Derechos Humanos de la Central, quien afirmó que “aquí hay una manifestación unánime para derogar la Ley" y que "a pesar de los matices, estamos convencidos de que depende de nuestra fuerza poder revertir esta situación represiva" para luego convocar "a los trabajadores, a los militantes, a los delegados, a todo el pueblo a marchar el miércoles porque nos va la suerte a todos", recordando que "cuando el poder golpea no mira a quién”.
También estuvieron presentes, entre otros, Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario Adjunto de ATE Nacional; José Matassa, Secretario General de ATE Capital Federal; Daniel Jorajuría, Secretario Gremial de la CTA; Julio Ortellado, Director de Organización de la Central; Jorge Yabkowski, presidente de la FESPROSA e integrante de la Mesa Nacional de la CTA; Guillermo Pacagnini, de la CICOP y miembro de la Mesa Nacional de la Central; Julio Macera, Secretario Adjunto de CTA Capital; Ana Laura Lastra, del PTS; Enrique Fukman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos e Ignacio Kostzer, Presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires.
La Mesa Ejecutiva Nacional de la CONADU HISTÓRICA, que se reunió el pasado martes 7 en su Sede Nacional, acordó por unanimidad reclamar la convocatoria a reunión de la Mesa Nacional de Negociación Salarial al Gobierno Nacional y a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, sin más dilaciones, con la finalidad de comenzar a discutir los incrementos salariales para los más de 150.000 docentes universitarios y preuniversitarios durante el ciclo lectivo 2012.
Asimismo, se reafirmó el rechazo de "cualquier pretensión de descargar la crisis económica sobre los trabajadores", según afirmaron en un comunicado de prensa, que se resolviera en el último Plenario de Secretarios / as Generales de la Federación. Por otra parte, informaron que "la conducción nacional resolvió exigir la convocatoria a paritarias libres, sin imposición de topes salariales ni pagos en cuotas o distorsiones por sumas en negro" y denunciaron las políticas de ajuste, "por la vía laboral y salarial", que viene realizándose en las Universidades Nacionales.
Con respecto a lo primero, sostuvieron que "la ausencia de un Convenio Colectivo de Trabajo se traduce entre otras cosas en la continuidad de la precarización de las condiciones laborales" e indicaron que "más del 70% de la planta docente trabaja como interinos, contratados, ad-honorem, etc., sin concursos y sin las mínimas garantías de estabilidad laboral ni posibilidad de ascender en una carrera docente". Ante esta realidad, ratificaron la demanda al CIN acerca de la discusión sobre un Convenio Colectivo de Trabajo único y de aplicación obligatoria en las Universidades Nacionales destinado a incorporar la Carrera Docente para todos los niveles.
Sobre lo salarial, manifestaron que los bajos ingresos en las categorías iniciales contribuyen a desalentar "el ingreso a la labor docente de cualquier profesional" y destacaron que actualmente "el sueldo básico para el cargo testigo inicial es de $ 2000", el cual está "muy lejos de la media canasta familiar"; como también, con respecto a las categorías y dedicaciones más elevadas y/o las de mayor antigüedad están tributando sumas desproporcionadas como Impuesto a las Ganancias; en particular, a quienes perciben sus haberes de zona desfavorable. Sostuvieron que ello, "sumado a los avances inflacionarios e incrementos de precios y tarifas", junto a "los cronogramas de aumentos en cuotas", licúa "cualquier incremento salarial que se pueda conquistar en las paritarias".
La CONADU HISTÓRICA sostuvo que los aumentos salariales para el corriente año "deberán guardar estrecha relación con los índices de inflación REALES y con la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos acumulada en los últimos años, en camino a la recuperación de la media canasta familiar para el cargo testigo", según indicaron. Afirmaron "que el salario mínimo a discutir como piso para el cargo testigo (Auxiliar de 1ª con dedicación semiexclusiva) debería superar los $ 3100 o incrementos no inferiores al 35%, además de la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios y la unificación y eliminación de los topes en las asignaciones familiares".
El próximo Plenario de Secretarios Generales se realizará el próximo miércoles 29 de febrero para analizar el estado de las negociaciones para, luego, convocar a Asambleas de base en todo el país para debatirlas junto al resto de las demandas, tales como la derogación de la ley de Educación Superior, las cuales serán planteadas oportunamente al Ministro de Educación de la Nación, Prof. Alberto Sileoni.
El pasado sábado 17 del corriente, con la presencia de más de 100 docentes, se realizó el plenario en el cual se analizó la lucha por la derogación de las Juntas de Clasificación y de Disciplina.
Partiendo del balance inicial elaborado desde el sindicato y el realizado por diferentes agrupaciones docentes, se concluyó en la valorización de la tarea desarrollada por Ademys, la cual permitió articular el movimiento orientado hacia el rechazo de la norma presentada por el Ejecutivo mediante una práctica asamblearia y la firme voluntad de continuar el plan de lucha, junto a un discurso que vinculó la defensa de las Juntas con la defensa de la Escuela Pública y la construcción social igualitaria, según informaron a través de un comunicado de prensa.
No obstante ello, dicha práctica, afirmaron, permitió erosionar la ofensiva del macrismo, tras su victoria electoral, que tuvo que modificar su proyecto para, luego, vencer en la Legislatura por apenas 3 votos. Asimismo, enfatizaron que la norma sancionada está vinculada con el claro proyecto de la evaluación atada al salario, con la finalidad de disciplinar a las y los docentes de la Ciudad mediante el monopolio en la designación de cargos y la introducción de la competencia entre docentes, con la finalidad de impedir toda acción gremial colectiva.
Sostuvieron que el objetivo estratégico del Gobierno de la Ciudad es profundizar la privatización del sistema educativo y ante ello, según indicaron, se debe dar el debate acerca de los mecanismos de representación para una real y efectiva participación del movimiento docente, como también sobre la necesidad de articular la lucha a nivel nacional y con otros trabajadores de la Ciudad.
En este mismo sentido, concluyeron en la necesidad de encuadrar el conflicto docente a nivel local, teniendo en cuenta su profunda interrelación con las políticas nacionales e internacionales en materia educativa.
¿Por qué no se ganó?
Fue el interrogante que dominó buena parte de las deliberaciones, cuando se analizó la correlación de fuerzas durante el conflicto y donde se concluyó en la confluencia de diversos factores, tales como la victoria abrumadora del macrismo en la segunda vuelta de las elecciones a Jefe de Gobierno; el vencimiento de mandatos de legisladores en la Legislatura porteña, lo cual permitió el ofrecimiento de cargos como en el caso del mismo Abrevaya y el relativo aval del Gobierno Nacional, materializado en las declaraciones contra los paros que realizara el Ministro Sileoni y la mención de la evaluación docente y los días de clase, por parte de la Presidenta de la Nación.
Sin embargo, ante estos factores adversos, se debatió sobre la necesidad de la unidad para la acción, por cuanto una de las causas por las cuales no se obtuvo la victoria fue la dispersión de las y los docentes en la lucha. En este sentido, destacaron que el resto de los sindicatos, en mayor o menor grado, no se jugaron teniendo en cuenta lo que estaba en juego, según afirmaron.
Recordaron que algunos, como UDA, CAMYP y AMET, si bien se opusieron al proyecto macrista, pensaron en una salvación a través de la permanencia de alguna Junta en la nueva ley, el cambio de titularización en Media por Clasificación Docente o el nombramiento de algún funcionario propio o cercano. Cabe destacar que los gremios mencionados tienen vínculos históricos con el PRO, tal como hemos señalado en notas anteriores publicadas en este medio.
Por otro lado, la lucha emprendida por UTE estuvo enmarcada en su alineamiento con el Gobierno Nacional, el cual estaba en plena tarea de buscar acuerdos de gobernabilidad con respecto al Presupuesto, tanto Nacional como de la Ciudad y en la búsqueda de evitar conflictos prolongados en un distrito con una amplia repercusión nacional, como la Ciudad de Buenos Aires, junto a las coincidencias parciales de política educativa entre ambos gobiernos.
Según afirmaron, los vínculos con el Estado permiten dictar cursos, otorgar puntaje por antecedentes culturales u obtener comisiones de servicio pero ello quita autonomía a la actividad sindical y la condiciona en forma sustantiva, cuya mejor muestra es la actividad desarrollada por el gremio conducido por Eduardo López.
Lo que viene
Tras el análisis de las causas de la derrota y teniendo en cuenta la lucha que se avecina, se concluyó en la necesidad de fortalecer la capacidad de organización y de respuesta por parte de las y los docentes ante las agresiones del gobierno macrista.
Sostuvieron que dicho fortalecimiento está vinculado con la independencia de la actividad sindical con respecto al Estado, los gobiernos de turno y los partidos políticos.
Finalizaron, invitando al resto de los sindicatos docentes de la Ciudad a un debate público para la construcción de mejores condiciones para la lucha.
Les acercamos el video de los últimos instantes de la reunión conjunta de las Comisiones de Educación y Legislación Laboral de la Legislatura porteña, tras la votación, donde la Diputada Morales Gorleri impuso la firma de los despachos de mayoría y minoría, sobre los proyectos de derogación de las Juntas de Clasificación Docente y de Disciplina, para su inmediato tratamiento en el recinto.
Ante el conflicto existente por el proyecto de ley presentado por el Diputado Enzo Pagani, el cual es promovido por el Ministro Bullrich, para la derogación de las Juntas de Clasificación Docente y de Disciplina les acercamos la nómina completa de los integrantes de la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad.
Conocerlos significa saber quienes son y a que bloque pertenecen, pero también para reclamarles que se vote en contra del proyecto cuestionado.
Por dicha razón, se los presentamos...
Presidente: Victoria Morales Gorleri (PRO) - desp.morales.gorleri@legislatura.gov.ar
Vicepresidente 1º: Claudio Damián Presman (UCR) - claudio.presman@legislatura.gov.ar
Vicepresidente 2º: Francisco "Tito" Nenna (Encuentro Popular para la Victoria) - desp.nenna@legislatura.gov.ar
Vocales:
Sergio Fernando Abrevaya (Coalición Cívica) - sergio.abrevaya@legislatura.gov.ar
Delia Beatriz Bisutti (SI) - delia.bisutti@legislatura.gov.ar
Fernando De Andreis (PRO) - desp.de.andreis@legislatura.gov.ar
Laura Susana García Tuñón - (Proyecto Sur) - desp.garcia.tunon@legislatura.gov.ar
Diego Gabriel Kravetz (Encuentro Porteño) - despkravetz@legislatura.gov.ar
Diana Martínez Barrios (PRO) - diana.martinez.barrios@legislatura.gov.ar
María Elena Naddeo (Frente Progresista y Popular) - maria.elena.naddeo@legislatura.gov.ar
Enzo Luis Pagani (PRO) - desp.pagani@legislatura.gov.ar
María Karina Spalla (PRO) - karina.spalla@legislatura.gov.ar
Oscar Zago (PRO) - oscar.zago@legislatura.gov.ar
Al menos, si no hay justicia, que haya escrache... Más aún, cuando las y los docentes de la Ciudad sepan como votaron cada uno de ellas y ellos.
El pasado lunes, una delegación con representantes de distintas organizaciones sociales y políticas, junto a personalidades del campo popular como Elia Espen, se presentaron a la audiencia que fuese acordada el 25 de agosto en la Secretaría de DD. HH. de la Nación, ocasión en la cual se presentó la propuesta para que dicho organismo aporte su equipo de abogados, como también que elabore la presentación formal con el objeto de solicitar la derogación del artículo 213 Bis del Código Penal, la ley antiterrorista y demás leyes represivas, según informó la Comisión de Derechos Humanos del Frente de Acción Revolucionaria.
Afirmaron que el organismo del Ejecutivo Nacional supone su existencia para solucionar o trabajar en dar solución a las violaciones de Derechos Humanos, tales como el fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal que fue dictado para hacer lugar a una apelación de la DAIA con la finalidad de dejar sin efecto el sobreseimiento de Damián Vekelo, del FAR y de los otros 5 compañeros imputados en esa causa, que se instala como fallo histórico, porque ninguna instancia superior aprobaba la aplicación del artículo por ser precisamente inconstitucional desde 1983.
Destacaron la presencia de La Voz de los Laburantes, PTS, Colectivo Avanzar, Poder Barrial, la TPR y los compañeros del FAR contaron con la presencia de Leonardo del Grosso, uno de los imputados en la causa mencionada anteriormente.
Tras la recepción por parte del Dr. Gabriel Rinaldi, Jefe de Gabinete de la Secretaría, éste respondió que, al igual que Alén, el organismo no tiene poder de resolución ante una cuestión legislativa y judicial como la planteada. Ello fue aclaramos del mismo modo que en la audiencia de agosto pasado y se ratificó que el pedido era, precisamente, que trabajen en la presentación judicial.
No obstante ello, la única respuesta y decisión fue la derivación a una audiencia con la Secretaría de Justicia de la Nación, a la cual asistirán funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos para acompañar la solicitud.
Una vez más, se resaltó que no era lo solicitado pues lo que realmente se pedía era la elaboración de la presentación judicial por parte de los abogados del organismo que tutela los Derechos Humanos a nivel nacional, "ante las reiteradas violaciones de los Derechos Humanos por la aplicación de artículos y leyes que inconstitucionalmente atacan el derecho al reclamo, desvirtúa posiciones ante los choques de derechos y la jerarquización de ellos denigrando el derecho a la vida, al acceso a necesidades básicas, a protestar, a la dignidad, a la expresión (incluso cuando se expresa estar en desacuerdo con un genocidio) etc.etc."
Tras esta nueva aclaración, el Dr. Rinaldi sostuvo que no tenía otras respuestas. Sin embargo, según informaron, se aceptó la audiencia mencionada con la presencia de los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aunque se enfatizó que ello no es "un acompañamiento a nuestro reclamo" porque, "de hecho, el organismo ni siquiera planteó que efectivamente se violan Derechos Humanos".
A pesar de lo acordado, todavía no se confirmó la reunión. En consecuencia, convocaron a una nueva reunión para mañana, a las 18.00 hs., en el local de Asambleas del Pueblo, sito en México y Chacabuco de esta Ciudad.
El pasado jueves 25 del corriente se realizó una marcha desde Corrientes y 25 de Mayo a la Secretaría de DD. HH. de la Nación por parte de numerosas organizaciones políticas, sociales y de DD. HH. para reclamar por la derogación del Art. 213 Bis del Código Penal, la ley antiterrorista y otras leyes represivas.
La Cra. Elia Espen acompañó el reclamo y fueron recibidos 9 representantes de diferentes organizaciones por el Dr. Luis Alén, Sub-secretario de Protección de Derechos Humanos, con el objeto de exigir que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se aboque a la realización de las presentaciones pertinentes con el objeto de obtener las mencionadas derogaciones, como también se entregó el escrito consensuado, tras plantear la posición común de las organizaciones presentes.
Dicho funcionario sugirió la concurrencia a los otros poderes del Estado, debido a que ellos pertenecen al Ejecutivo y por ende, no tienen poder de resolución sobre las derogaciones solicitadas. Ante dicha respuesta, se aclaró que esta es una campaña que pasará por todos los estamentos que sean necesarios aunque, ante estas violaciones de los DD. HH., se decidió comenzar por dicho organismo y afirmaron la necesidad de hablar acerca de la competencia de la Secretaría en este particular. Asimismo, se señaló el conocimiento acerca de su incompetencia para derogar leyes y se solicitó que promovieran las presentaciones legales y no, solamente, acompañar el reclamo.
Las argumentaciones de las y los compañeros de distintas organizaciones intentaron buscar una respuesta del funcionario, quien respondió que el organismo no puede dar una respuesta antes de estudiar el escrito y el reclamo en cuestión, acordándose una nueva reunión para el lunes 5 de setiembre de 2011, a las 11 hs., con el objeto de responder a lo solicitado, ya sea si se acompaña la campaña mediante las presentaciones legales o no, como también los motivos de su decisión.
De esta forma, comenzó la campaña por la derogación del Artículo 213 Bis del Código Penal, la ley antiterrorista y demás leyes represivas, teniendo en cuanta que tendrá alcances muy significativos y por ende, será interesante escuchar la respuesta de la Secretaría frente al marco de las violaciones reiteradas de los DD. HH. que se vienen ejerciendo constantemente.
Tal como habíamos informado, se realizará hoy la marcha al Ministerio de Seguridad de la Nación, la cual partirá desde Plaza Once a partir de las 17.00 hs.
Convocada por la Comisión contra la Trata de Psico (UBA), se exigirá el desmantelamiento de las redes de trata y la derogación de la Ley de Trata impulsada por el Gobierno Nacional y que es apoyada por la oposición patronal, según afirmaron.
Recordamos que esta convocatoria fue extendida a todas las facultades de la UBA y a quienes quieran sumarse a la lucha contra el flagelo de la trata de personas.
