Por Gremial de Abogados
El (Ayer), martes 21 de mayo, en un discurso en la ciudad de La Plata, la Sra. Presidenta de la Nación se refirió a lo que entiende como verdadero miedo, "el que teníamos nosotros... el miedo a desaparecer", y forzó una comparación con el presente manifestando textualmente: "Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado; al contrario, estamos todos vivitos y coleando".
Independientemente del lacerante recuerdo de Julio López o de Luciano Arruga, como Gremial de Abogados nos vemos en la obligación de recordarle públicamente lo que el Gobierno Nacional se viene negando sistemáticamente a asumir en todo su significado y consecuencias: el Estado argentino fue declarado, por sentencia del 26 de agosto de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, y a la libertad personal establecidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1, 7.2 y 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, así como en relación con los artículos I.a), II y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de Iván Eladio Torres Millacura".
Tal vez sea necesario recordarle a la Sra. Presidenta que, según tuvo por probado la Corte Interamericana, el joven Iván Torres, fue “víctima de desaparición forzada a manos de agentes del Estado" a partir del 3 de octubre de 2003 en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut.
Y que la responsabilidad que la Corte, en el marco de su función jurisdiccional, le atribuyó al Estado argentino, es tanto por el hecho en sí como por no haber éste cumplido con sus obligaciones de esclarecer, subsanar y/o reparar el crimen en todo el tiempo transcurrido desde entonces. Es decir "la posterior falta de debida diligencia en la investigación de los hechos, así como la denegación de justicia en perjuicio de los familiares de la víctima".
También puede ser pertinente recordarle que el Estado argentino no ha cumplido hasta el día de hoy las disposiciones que integran la mencionada sentencia y que lo obligan internacionalmente.
Lo que seguramente no hace falta recordarle, ya que ambas son parte integral de nuestra Constitución Nacional, es el texto de las Convenciones que la Corte ha determinado que violó el Estado argentino o de los artículos puntuales mancillados.
Es por ello que citaremos solamente el artículo II de la Convención sobre Desaparición Forzada, sin ninguna otra intención que la meramente ilustrativa de cual ha sido el delito por el que se condenó a la Argentina: "Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes".
Trascribimos la carta de María Millacura que junto a su abogada, nuestra compañera Veronica Heredia (Secretaria Gral. de la Gremial de Abogados) remiten a la Corte Interamericana de DD. HH. (1). Ambas trajinan incansablemente para que el actual Gobierno Nacional se digne a cumplir con la resolución de la Corte Interamericana, cuyos fallos tienen rango constitucional.
Para colmo, han recrudecido las amenazas de muerte y hostigamientos por parte de la Policía de Chubut contra la compañera Verónica incluido avisos expresos de hostigamientos en las rutas solitarias de la Patagonia, lo cual se ha cumplido tal como se lo notificaran mediante amenazas.
Por si fuera poco, sale ahora el Gobernador ultra K de Chubut a apretar a Jueces y Fiscales diciéndoles públicamente que "hay que bancar a la Policía".
María, madre del desaparecido forzadamente durante éste Gobierno Iván Torres como su abogada, le notifican expresamente a la Corte IDH la inconsistencia del discurso presidencial y la arbitrariedad del avance kirchnerista en Chubut "bancando" expresamente a la Policía que hace desaparecer jóvenes como a Iván Torres y asesina alevosamente a los principales testigos de la causa -David Hayes, Juan Pablo Caba, Walter Mansilla, Dante Caamaño-, a otros jóvenes, como a Julián Antillanca y viola niños en comisarías.
La década K nos deja, frente a su discurso de derechos humanos:
- Una sentencia de condena por desaparición forzada de Iván Torres en octubre de 2003 en la Provincia del Chubut.
- Decenas de desaparecidos en todo el país, solo como ejemplos:
- Buenos Aires: Julio López, el 18 de septiembre de 2006 y Luciano Arruga el 31 de enero de 2009
- Tierra del Fuego: Ezequiel Hurimilla, el 14 de abril de 2010
- Córdoba: Facundo Rivera Alegre, el 19 de febrero de 2012
- Río Negro: Daniel Francisco Solano, el 5 de noviembre de 2011
- Cientos de niñas y mujeres víctimas de trata de personas
- Miles de jóvenes víctimas del "gatillo fácil".
- Cientos de jóvenes asesinados por la corrupción política: Cromagnon, Tragedia de Once.
NOTAS:
(1) Se transcribe en otra publicación por su extensión.




Mediante un comunicado, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia ratificó la convocatoria a la marcha a Plaza de Mayo, que partirá el próximo 24 del corriente, a las 15.30 hs., desde Plaza Congreso bajo la consigna “No la Impunidad de Ayer y de Hoy”.
Mediante la declaración titulada "En lugar de judicializar la protesta social, el Gobierno debería dedicarse a investigar y desbaratar las redes de trata", COB La Brecha denunció a Sergio Berni, Secretario de Seguridad de la Nación por sus "infundadas acusaciones hacia los movimientos sociales y las organizaciones políticas"; en particular al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), los que se manifestaron frente a la Casa de la Provincia de Tucumán en reclamo de justicia frente al fallo que absolvió a todos los procesados por el secuestro y la desaparición de Marita Verón.
Mediante un comunicado, el Movimiento Popular La Dignidad se solidarizó con las familias de las víctimas del descarrilamiento en la Estación Once y con las personas heridas, como también repudiaron los comentarios de algunos canales de televisión y de los integrantes de TBA, los que adujeron que esta masacre, cometida contra los trabajadores y trabajadoras que viajan hacinados todos los dias en ese tren, se deba a una falla humana o a un accidente.
La Asociación Civil Que No Se Repita emitió un comunicado frente al choque ocurrido esta mañana y sostuvieron que el cierre de la calle Bartolomé Mitre obstaculizó el accionar de policías, bomberos y ambulancias que trabajan en el socorro a las víctimas.
La Mesa Ejecutiva Nacional de la CONADU HISTÓRICA, que se reunió el pasado martes 7 en su Sede Nacional, acordó por unanimidad reclamar la convocatoria a reunión de la Mesa Nacional de Negociación Salarial al Gobierno Nacional y a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, sin más dilaciones, con la finalidad de comenzar a discutir los incrementos salariales para los más de 150.000 docentes universitarios y preuniversitarios durante el ciclo lectivo 2012.
La Asociación de Trabajadores de Metrovías denunció un ataque de doble filo por parte del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno Nacional con la finalidad de enfrentar "la defensa del salario y las conquistas de los trabajadores del Subte con los pasajeros", según indicaron en un comunicado de prensa.
Desde el FPDS Regional Capital, repudiamos esta decisión de los gobiernos nacional y porteño y reafirmamos que, frente a la inseguridad, la peor respuesta es la saturación de uniformados de fuerzas que nos han demostrado hasta el cansancio las consecuencias de su accionar. En nuestros barrios hay inseguridad, pero también hay falta de trabajo, de vivienda, de educación y miles de personas que han sido excluidas de la ciudad. La experiencia de uniformados saturando cada calle del barrio, tiene consecuencias negativas, especialmente considerando fuerzas represivas vinculadas al negocio del narcotráfico y trata de personas entre otras cosas.
Desde el Frente Popular Darío Santillán, repudiamos el proyecto de ley impulsado en la Legislatura porteña del candidato a Jefe de Gobierno Jorge Telerman que busca prohibir los cortes de calles en las principales Avenidad de la Ciudad (tales como Av. 9 de Julio, Av, de Mayo, Corrientes). También repudiamos las declaraciones de Daniel Filmus, quien habla de priorizar el "derecho a la libre circulación" por sobre el derecho a la manifestación de los ciudadanos, consagrado en la Constitución Nacional. De esta manera, se cercena el derecho a la protesta de quienes vivimos o transitamos en la Ciudad.
Mediante un fuerte operativo policial, con el concurso de la Infantería, tanquetas y camiones hidrantes, durante la noche de ayer se reprimió y desalojó al acampe pacífico de la delegación de docentes de la Provincia de Santa Cruz y a los integrantes de las organizaciones que se solidarizaron con ellos en su reclamo frente al Ministerio de Trabajo, con la finalidad de obtener una audiencia con el Ministro Tomada.
Tal como habíamos informado, se realizará hoy la marcha al Ministerio de Seguridad de la Nación, la cual partirá desde Plaza Once a partir de las 17.00 hs.