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Respuesta del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a la carta abierta de los organismos históricos de Derechos Humanos.

30000 - 2El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, a través de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), respondió a la carta abierta que dieron a conocer los organismos históricos de Derechos Humanos.


En el texto de su respuesta, señalaron que la coincidencia sobre la responsabilidad del poder económico en el genocidio y acerca de la responsabilidad del Poder Judicial en el atraso de las causas contra los genocidas.


No obstante, afirmaron que siempre han denunciado la continuidad del modelo impuesto por la dictadura a manos de gobiernos constitucionales desde 1983 y enfatizaron su disidencia con respecto a la sanción de la Ley Antiterrorista, señalando la responsabilidad del Gobierno Nacional junto a las y los legisladores del Congreso Nacional por ello.


Sostuvieron que el poder real radica hoy en la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso Nacional y el Poder Judicial, quienes coinciden en los objetivos y fines del poder económico.


Asimismo, destacaron que el pueblo espera una actitud de los organismos de Derechos Humanos que sea acorde con su historia y sus circunstancias.


A continuación, el texto completo de la respuesta:


En respuesta a la carta abierta


Hemos recibido la Carta Abierta enviada desde el conjunto de Organismos de Derechos Humanos que ustedes integran, hermanos de lucha contra la impunidad de muchos años, y encontramos necesario contestarla en los siguientes términos.


Coincidimos con ustedes “sobre la responsabilidad del Poder Económico en el Terrorismo de Estado que perpetró un Genocidio. Un Poder Económico que tuvo nombre y apellido: la Ford, la Mercedes Benz, Acindar, Ledesma, etc. El Poder Económico fue mucho más que la pata civil de la dictadura,”


El rol de los grupos económicos durante la dictadura lo venimos denunciando, con muchos de ustedes y con otros organismos de DDHH desde siempre, en cada juicio. Desde el juicio a las Juntas y contra Etchecolatz, pasando por el de Von Wernich, Jefes de Área, Campo de Mayo y toda zona norte, ESMA, ABO, Vesubio, etc., tanto en el testimonio como sobrevivientes como en los alegatos de Justicia Ya !.


También venimos denunciando desde hace más de seis años “la responsabilidad de un sector importante del Poder Judicial en el atraso de los juicios contra los Terroristas de Estado, la fragmentación de las causas, el maltrato a los sobrevivientes y la falta de investigaciones que no solo dan cuenta del destino de nuestros compañeros y del nombre de sus victimarios, sino también de quienes fueron los impulsores y beneficiarios de la tragedia que sufrimos”. Quizás, la primera vez fue hace casi 8 años, en marzo del 2004, cuando en la carta que le entregamos al entonces presidente Néstor Kirchner, ya denunciábamos parte de estas situaciones. Y nunca dió respuestas concretas.


Todo esto, el accionar de los Grupos Económicos y el de la Justicia, lo denunciamos cada 24 de marzo en la Plaza de Mayo con todos aquellos que no aceptan la impunidad de ayer ni la de hoy.


Siempre denunciamos la continuidad del modelo económico impuesto en la dictadura militar durante los gobiernos constitucionales posteriores, hasta el actual.


Justamente por esa continuidad, no acordamos con ustedes de que casi el único problema sean solo los grupos económicos. Así planteado se lava la cara a los gobiernos, que son los que deciden que políticas económicas implementan. Poner la responsabilidad en otros, y si éstos son lejanos y muy poderosos pareciera que fuera mejor, solo posibilita que los gobiernos no sean asumidos como responsables por los pueblos, ya que lo son los otros, y se continúen aplicando, con consenso, las mismas políticas.


Por eso no coincidimos con que en el párrafo referente a la sanción de la Ley Antiterrorista sólo se denuncie la responsabilidad del GAFI y los grupos económicos, sin mencionar la que tienen la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus ministros en enviar y propiciar el proyecto de Ley y todos los Diputados y Senadores que la votaron. Acaso, ¿fue el GAFI el que reprimió durante estas últimas semanas a los pueblos que se levantan contra la minería contaminante? ¿O fueron los gobiernos provinciales, fiscales, jueces, policías y las patotas de las empresas, verdaderos grupos paraestatales, que aquellos mismos permiten? Todo con la aquiescencia de la Presidenta de la Nación.




Acaso, ¿no vamos a admitir la responsabilidad en el pago de la fraudulenta deuda externa por parte del gobierno nacional, porque los grupos económicos llevan adelante su política de aprietes y condicionamientos?


Este próximo 24 de marzo debería encontrarnos a TODOS los organismos de Derechos Humanos denunciando las políticas represivas que está implementando el actual Gobierno Nacional, en total acuerdo con el “Poder Real” que estuvo detrás del Terrorismo de Estado.


Hoy, ese “Poder Real”, coincide con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso Nacional y el Poder Judicial en su claro mensaje amedrentador y disciplinador contra nuestro pueblo.


La Dictadura Genocida fue posible de derrotar, entre otras resistencias, en virtud de la firme actitud de los Organismos de Derechos Humanos que supieron poner freno a la peor represión jamás sufrida por nuestro pueblo y que nos costó 30.000 desaparecidos.
Debería ser, entonces, tarea sencilla poner fin a la escalada de represión con palos y balas de goma de la protesta, las tareas de Inteligencia Interna desarrolladas por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el encarcelamiento de opositores, la matanza de militantes populares, la legislación "antiterrorista", el procesamiento de 5.000 luchadores, la miseria para miles de argentinos y la enajenación y envenenamiento de nuestros recursos naturales.


Hoy, como ayer, espera este pueblo una actitud de parte de los Organismos de Derechos Humanos a la altura de su historia y las circunstancias.


Por eso los convocamos a sumarse a las reuniones preparatorias del acto unitario que, como todos los años realizamos en el marco del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, repudiando el golpe de estado de 1976, a todos sus participes, reivindicando a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, exigiendo cárcel a todos los genocidas y denunciando la represión en el presente.


Habremos de  recordar este 24 de Marzo que la búsqueda de justicia en estos 36 años abarcó a los autores materiales de los crímenes, a sus cómplices, ideólogos y beneficiarios.


Sabrá cada uno en qué lugar de la vereda encontrará la historia a los protagonistas de estos días.



Asociación de ex detenidos desaparecidos (AEDD)


Nota: El EMVJ se reúne todos los miércoles a las 18:30 hs en la Federación de Asociaciones Gallegas (Chacabuco 955 CABA), para organizar unitariamente un acto, independiente del gobierno, en repudio al golpe genocida del 24 de marzo de 1976.

Córdoba: Villa María - Lito Stadella con hambre de justicia, por Adriana Revol (Agencia Walsh)

Lito Stadella con hambre de justicia



Por Adriana Revol (Agencia Walsh)



Desde el pasado 28 de diciembre Lito Stadella está en huelga de hambre, por defender sus derechos.Acusado de robo calificado, detenido desde el 29 de noviembre del 2010, la justicia le ofrece tres años, si va a un juicio abreviado, y si insiste en su inocencia, y van a juicio, la condena puede ser mayor a cinco años.


Villa Mara 31-01-12 vale


Detenidos en la vergüenza de Villa María, la Unidad Penal 5.


A su abogada defensora, la doctora Muñoz, Lito la ha visto una sola vez.


Él es padre de una nena de cinco años, un nene de seis, y un varón de quince años. Desde que él ha está detenido, su familia ha quedado desamparada.


En este caso, la causa recae en el despacho del fiscal Márquez y el juez Gandarilla, los mismos que condenaron (sin pruebas suficientes) a Pedro Lucio Heredia, a la pena de ocho años de prisión, por sostener su inocencia, y no querer un juicio abreviado, condenado por tener antecedentes, condenas que ya había pagado.


La justicia de Villa María, tiene tanto poder, que hace lo que quiere, castiga a su antojo, y olvida completamente los derechos de las personas. Parece que las leyes y las reglas las dictaran ellos.




Es el mismo poder judicial que no ve lo que sucede en la cárcel, o no quiere ver que esas condiciones inhumanas, generan inseguridad, como también genera inseguridad, la desigualdad ante la ley.


En la cárcel de Villa María, se cometen más delitos de los que se previenen.


La cárcel es el símbolo de la vergüenza de Villa María, una ciudad tan próspera económicamente (para algunos).


Me pregunto si las autoridades piensan que las personas privadas de la libertad, son ex personas, que han dejado de ser sujetos de derecho.


Condenan generosamente a las personas, como si las mandaran al lugar que dicen las leyes que deben ser, como si desconocieran que esta cárcel, en estas condiciones, es incapaz de producir efectos positivos, y en realidad es un espacio de reproducción de desigualdades, violencia, y exclusión.


En el juicio a Stadella, ¿pesarán más sus antecedentes, que las pruebas reales que tienen en su contra?. Sabemos que la justicia tiene que resolver casos, si o si, y entonces condena al primer "perejil" que tiene al alcance de la mano (con antecedentes), y el caso de pedro Heredia, no sería el único. Ha habido condenados injustamente antes de él, y parece que la lista va a seguir.


EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DICE: Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.