Las organizaciones sociales y de masas de la Revolución Cubana que acompañamos los esfuerzos articuladores y de lucha por la justicia social y unidad entre nuestros pueblos, que recorremos el camino de la dignidad y la esperanza, quienes compartimos la batalla contra el imperialismo y la opresión al lado de nuestros hermanos y hermanas de las organizaciones y movimientos populares en América Latina y el Caribe, manifestamos nuestra más profunda indignación y firme condena por el asesinato de la líder de la comunidad lenca, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y defensora de los derechos humanos, nuestra hermana Berta Cáceres.
Amanecimos con la triste noticia de otro muy doloroso suceso en Honduras, duro como aquel que nos arrebató a ese país centroamericano de su incipiente proceso de cambios. Hoy se trata de una querida luchadora social, que no ha fallecido por causas de naturaleza humana, sino por la inhumana voracidad de silenciar a quienes son capaces de levantar a los pueblos oprimidos. Sicarios que sienten miedo porque no tenemos miedo.
Este suceso atroz demuestra una vez más que las amenazas de muerte contra defensores y defensoras de los derechos sociales y medioambientales se mantienen latentes, no han cesado, crecen en ese país centroamericano. Este crimen político constituye una afrenta no solo para Honduras, sino para todos los pueblos del continente y del mundo.
Según el Informe "¿Cuántos más?" de Global Witness, entre 2002 y 2014 se produjeron 111 asesinatos de activistas ambientales en territorio hondureño. Más de 80 tuvieron lugar sólo en los últimos tres años en el Bajo Aguán, región donde Berta Cáceres puso en peligro su vida y no fue ajena a actos de hostigamiento y amenazas. Las comunidades indígenas lencas, quienes habitan el occidente hondureño, luchan en defensa de su territorio ancestral que se ve amenazado por proyectos hidroeléctricos y concesiones mineras aprobados sin previa consulta popular.
Exigimos que los autores intelectuales y materiales sean castigados con todo el peso de la ley. Que este lamentable asesinato político no quede impune. Que cese en Honduras la criminalización de la protesta social.
Bertica, como la llamaremos siempre, supo ganarse el cariño y respeto de quienes tuvimos el privilegio de conocerla. Supo defender los derechos de las mujeres, de los indígenas, de los campesinos, arraigó el sentido de la justicia, y por ellos entregó prematuramente su muy fértil vida. Ni hostigamientos, ni persecución, ni amenazas pudieron detener su firme determinación. Su única arma era la voz, nunca anduvo armada, la amenazaron y asesinaron por su capacidad para resistir, convocar y vencer.



Les acercamos el video presentado en la conferencia de prensa realizada el pasado miércoles en el Hotel Bauen, la cual fuera convocada por la Red Nacional de Medios Alternativos, en donde se advierten los disparos de armas de fuego por parte de efectivos de la Policía Metropolitana; algunos de los cuales hirieron a Esteban Ruffa, de ANRED y a Carlos "El Polaco" de los Santos, de DTL.
Ayer se conoció el fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Mercedes por el cual se condenó a Ailén y Marina Jara como coautoras responsables del delito de lesiones graves a la pena de dos años, un mes y veintiún días de prisión efectiva, aunque se decidió su inmediata libertad por haberla cumplido con el encarcelamiento sufrido durante el proceso.
Durante el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo a su cargo casos resonantes para nuestro país; entre ellos, el concerniente a Sebastián Furlan, quien sufrió un accidente a los 14 años tras colgarse de un travesaño que se encontraba en una pista de infantería abandonada, perteneciente al Ejército Argentino, cuya caída le ocasionó daños cerebrales irreversibles.
Esta tarde, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de esta Capital, integrado por los jueces Ángel Gabriel Nardiello (integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 22 de la Capital), José Martínez Sobrino (Tribunal Oral Federal Nº 6 de la Capital) y Néstor Guillermo Costabel (Tribunal Oral Federal Nº 4 de la Capital), dará a conocer la sentencia en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, donde se investigan los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos en perjuicio de cuatro víctimas.
Según informó la Asociación Miguel Bru, el Tribunal Oral integrado por los Dres. Ernesto Domenech, Florencia Butiérrez y Liliana Torrisi condenó a los ex policías imputados por el crimen de Christian Domínguez, asesinado en febrero de 2005 en la Comisaría Primera de Berisso.
Romina Tejerina cumplió ayer la condena de nueve años y cuatro meses, siendo liberada en el día de su cumpleaños. No obstante, hoy sólo piensa en continuar los estudios que está cursando mientras espera que su reinserción no sea una condena social.
Mediante una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, la República de Cuba condenó el golpe de Estado que destituyó al Presidente Lugo y afirmó que "se suma a la larga lista de atentados contra la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, siempre realizados por las oligarquías con la autoría, la complicidad o la tolerancia del Gobierno de los Estados Unidos".
El ex agente del Comando Radioeléctrico José Martínez Dorr fue condenado a diez años y medio de prisión, de acuerdo al fallo emitido ayer por el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fé, tras haber sido imputado por los delitos de la privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de Froilán Aguirre.
A partir de las 10.00 hs., se realizará la audiencia en la Sala III de la Cámara de Casación Penal de La Plata, en la que debe confirmarse la condena a José Salmo, ex oficial de la bonaerense, que fuese impuesta en junio de 2010 por las graves lesiones ocasionadas a Carla Lacorte, a quien baleó y dejó con una discapacidad motriz en junio de 2001.

El Tribunal Oral Federal Nº 2 de esta Capital dictó sentencia en el caso conocido como “El Chalet del Hospital Posadas”, donde fueron privadas de su libertad 22 personas y torturaron a 5 de ellas, por haber ocurrido en el Hospital Posadas, donde se encontraba este CCDyT.