A 8 años de su muerte fue enterrado Christian Domínguez.

El pasado martes, a las 10.30 hs., tuvo lugar el entierro de Christian Agustín Domínguez en el cementerio de Berisso, tras arduas gestiones de su familia ante la Justicia.

De esta forma, se cierra una etapa de espera y dolor marcada por los 7 años de lucha y reclamo de justicia para juzgar a los policías imputados por el crimen del joven en la Comisaría Primera de esa ciudad.

Por otro lado, sus padres aún esperan que el Tribunal de Casación responda el pedido de revisión de la sentencia que fuese presentado por los abogados de la Asociación Civil Miguel Bru (AMB), patrocinante de la familia, en el juicio que comenzó en julio del año pasado y donde fueron juzgados los ex policías Luciano Príncipi y Germán Cernuschi, por los delitos de privación ilegitima de la libertad y tortura seguida de muerte; Víctor Gómez, por torturas seguida de muerte; y Leandro Antonelli por falsedad documental y encubrimiento.

Recordamos que, después de casi tres meses de audiencias, el tribunal integrado por los Dres. Ernesto Domenech, Florencia Butiérrez y Liliana Torrisi condenó a Gómez por el delito de homicidio simple; a Príncipi y Cernuschi por privación ilegal de la libertad agravada; mientras que absolvió a Leandro Antonelli.

Según destacó la Asociación Miguel Bru, mediante un comunicado, la sentencia confirma lo que la Fiscal Rosalía Sánchez y los abogados de la organización de Derechos Humanos, Dres. Ernesto Martín, Pablo Oleaga y Marcelo Ponce Núñez, sostenían con respecto a la hipótesis de homicidio, contra la versión policial de un mero suicidio. No obstante, señalaron que "no respondieron por mayoría al pedido de condena perpetua solicitado" como tampoco la consideración "como agravantes de la pena la condición de funcionarios públicos de los imputados y la simulación de suicidio".

Asimismo, destacaron que, en el voto de la Dra.Torrisi, ésta interpretó que correspondía la calificación del delito de tortura seguido de muerte y en el caso de Gómez, la pena de prisión perpetua. Sin embargo, la sentencia concluyó en que “se tiene por probado que Cristian Domínguez no se suicidó en la Comisaría Primera de Berisso. Murió a consecuencia de una presa cervical que le provocó un síndrome asfistico”, lo cual implica la consideración, por parte del Tribunal, que el joven no fue golpeado de manera “grave o intensa” y que “no murió a consecuencia de esos golpes”.

Según informaron, los abogados de la Asociación Miguel Bru solicitaron que se eleven actuaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y a la Procuración de la Corte con la finalidad de promover el juicio político al ex Fiscal Leandro Heredia por haber delegado la investigación en los mismos sospechosos, la primer autopsia en los peritos policiales y por no haberse presentado en el lugar.

Asimismo, al no responder el fallo a sus expectativas, tanto la familia como la organización de Derechos Humanos afirmaron que "no se hizo nada para encontrar a los culpables de la siniestra cadena de encubrimiento, ni desde el Poder Ejecutivo, ni desde el Poder Judicial, quien tuvo un clara connivencia en el caso" y "solicitaron ante el Tribunal de Casación que revea la sentencia y califique el crimen como tortura seguida de muerte, aplicable a los tres involucrados".

Caso Domínguez: Condenaron a los ex-policías.

Según informó la Asociación Miguel Bru, el Tribunal Oral integrado por los Dres. Ernesto Domenech, Florencia Butiérrez y Liliana Torrisi condenó a los ex policías imputados por el crimen de Christian Domínguez, asesinado en febrero de 2005 en la Comisaría Primera de Berisso.

En el fallo dado a conocer ayer, se impuso la pena de 14 años de prisión para Víctor Gómez, por homicidio simple, mientras que Luciano Príncipi  y Germán Cernuschi fueron condenados a 4 y 3 años de prisión por privación ilegal de la libertad agravada por sus funciones. En tanto, Leandro Antonelli fue absuelto.

Mediante un comunicado de prensa, destacaron que la jueza Torrisi fue quien coincidió con el pedido de la fiscal Rosalía Sánchez y los abogados de la Asociación Miguel Bru -Ernesto Martín, Pablo Oleaga y Marcelo Ponce Núñez- quienes representaron a la familia, al considerar que Gómez cometió “tortura seguida de muerte” y le correspondería la condena perpetua. Por otro lado, en su fallo, consideró que si se lo condenara por homicidio simple debería cumplir con 22 años de prisión y no catorce, como también expresó que Cernuschi cometió omisión de evitar torturas y Príncipi, negligencia funcional, ya que en los hechos posibilitó que existan esas torturas.  

Recordamos que los abogados de la Asociación Miguel Bru  y la fiscal habían pedido en sus alegatos que se condene a prisión perpetua a Príncipe, Cernuschi y Gómez, considerando como agravantes de la pena su condición de funcionarios públicos y la simulación de suicidio, entre otros, mientras que solicitaron cinco años de cárcel para Antonelli.

“Tortura es igual a impunidad”

Mientras los padres de Christian se quebraron de dolor y angustia, expresando su disconformidad con la sentencia, Rosa Bru afirmó que “tortura es igual a impunidad”. “Lamentablemente con este fallo queda demostrada la carta abierta para la tortura y la impunidad. La lectura que nos deja este fallo es que la muerte de Christian fue una especie de descuido, que tenían que controlarlo pero se les fue la mano, y que si no hubiera estado alcoholizado y con un tratamiento con pastillas no hubiera muerto, hasta parecieron que la culpa hubiera sido de él. No reconocen las torturas ni el contexto dentro de la comisaría que posibilitó que un joven sea detenido ilegalmente, golpeado y aparezca muerto en una dependencia del estado, ni nada acerca de los golpes ni el encubrimiento posterior para simular un suicidio. Esto genera más impunidad, algo totalmente agravado tratándose de funcionarios del estado. Y no hay que olvidar que esta es una causa de una gravedad institucional que llegó a que los mismos sospechados tengan a cargo la investigación en la primera etapa”, agregó la presidenta de la Asociación Miguel Bru.

"Seguimos exigiendo la aparición del cuerpo de Miguel" (Indymedia La Plata)

El pasado miércoles 15 se realizó un acto en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP para conmemorar los 10 años de la Asociación Miguel Bru, la que se formó en la lucha por reconstruir la verdad sobre lo que pasó con Miguel, el joven estudiante de periodismo desaparecido en agosto de 1993 y que hoy trabaja acompañando a familiares de víctimas de crímenes de Estado. Por otro lado, el viernes pasado se realizó la 19° vigilia en la comisaría novena, lugar donde Miguel fue visto por última vez, para continuar exigiendo la aparición de su cuerpo.

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El caso de Miguel, así como el de Walter Bulacio, y el de Andrés Nuñez -el otro desaparecido en la incipiente democracia de principios de los ´90, cuyo cuerpo fue encontrado en 1995-, son “casos testigo”. El periodista Cristian Alarcón, cofundador de la AMBRU, afirmó que los mismos muestran “cómo funcionan las estructuras mafiosas e impunes en las instituciones policiales”.

En el acto del miércoles, Rosa Bru, mamá de Miguel, agradeció a sus compañeras y compañeros de la Asociación que trabajan “con tanta seriedad y ad honorem”. Además, recordó el juicio de 1999, cuando si bien se condenó a perpetua a los ex policías Walter Abrigo y Justo López, por su muerte y desaparición, y por encubrimiento al ex comisario Domingo Ojeda y al ex oficial Ramón Ceressetto, “en ningún momento en el fallo los jueces contemplaron la desaparición (…) Para mí no había bastado porque la expectativa mía era que alguien dijera dónde estaba Miguel”.

10 años “transformando cultura”

Estuvo presente el juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni, quien felicitó a la Asociación Miguel Bru por construir, día a día, el Estado de derecho. “El Estado de derecho no es, si no que se construye cotidianamente como resultado de una pugna, de contención y de pulsiones, porque todo estado de derecho tiene en sí mismo encerrado un enano, que es el estado de policía. El estado de derecho no es otra cosa que una coraza de contención que trata de encapsular a ese enano que se queda adentro, y que en la medida en que se debilita ese enano va perforando la contención y si puede la revienta”.

“Ese juego de pulsión y contrapulsión, hace que el estado de derecho sea dinámico y que haya que construirlo todos los días. La labor de contrarrestar ese debilitamiento es una labor que cuesta años, esfuerzo, porque cuesta modificar conductas y cultura”, explicó. Y agregó: “Eso que es tan difícil se va revirtiendo con comportamientos como el de ustedes, de las personas que han emprendido una tarea a partir de un crimen de Estado, y eso me emociona”.

Esa lucha por revertir la pulsión del “enano” tuvo distintas estapas. Primero fue la Comisión de Compañeros, Amigos y Familiares de Miguel Bru, que en 1993 tuvo que organizarse para reconstruir el relato de lo que había pasado con Miguel, pero también con el desafío de decirle a la ciudad de La Plata que esa policía, que entonces era “la mejor policía del mundo”, había desaparecido a un joven. En 2002, el trabajo que venían llevando adelante, acompañando a familiares de víctimas de crímenes de Estado, adquirió estructura en la Asociación Miguel Bru.

Cristián Alarcón relató la génesis de esa lucha: “En agosto todavía queríamos creer que Miguel se había colgado en algún lugar, que iba a tocar la puerta, que iba a aparecer en la Facultad o en alguna fiesta. Fue en septiembre cuando esa duda se transformó en una certeza de que algo había pasado con Miguel. Entonces sin querer nuestras casas se transformaron en los cuarteles generales, y empezamos a averiguar”. Era 1993, si bien ya existía el caso Nuñez “el concepto de maldita policía como concepto no existía, la policía era buena, era la mejor policía del mundo”.

“Y luego descubrimos que Miguel había presentado una denuncia en Fiscalía porque habían allanado ilegalmente su casa, lo que significó una causa penal. Esa denuncia significó que el caso adquiera verosimilitud, que tenga un motivo. Y fue terrible contárselo a Rosa”, describió el por entonces compañero de Miguel, de la Escuela Superior de Periodismo.

A partir de entonces, “teníamos que asumir que Miguel podía estar desaparecido. Esa semana nos marcó a fuego a todos, no volvimos a ser los mismos, no somos los mismos desde que se llevaron a Miguel. Nunca más el vacío nos va a habitar después de la desaparición de Miguel, porque ese vacío que quisieron dejar lo llenamos entre todos y entre todas”.

Lo que apasionaba Miguel era la música y tocar en su banda Chempes 69. “Ese ruido que produjo en esa casa lo convirtió en un blanco móvil”, sostuvo Alarcón. Y recordó cómo se trató de estigmatizar a Miguel para justificar su desaparición: “Para que sepan de qué se tratan los discursos del miedo, se acuerdan del reportaje de la revista Esto, donde se pintó a un Miguel Tanguito, “Tanguito Feroz”, y hablaba de las orgías que se hacían en la terraza de la casa, inspirados en Sir Vicius. El relato policial llego a un delirio tal, donde la estigmatización de Miguel trataba justificar su desaparición”.

Alarcón contó que lo que los salvó de “la confusión” que genera una desaparición fue la organización. Además, “cuando en una de las asambleas multitudinarias que se hacían en el Aula Magna de la Escuela de Periodismo en calle 44 encontramos la pregunta: '¿Dónde está Miguel?', el camino de la estrategia se allanó”.

Caso Domínguez: Comenzó el juicio.

Tal como informáramos, el pasado lunes dió comienzo el juicio oral contra los ex policías Luciano Príncipi, Germán Cernuschi y Víctor Gómez, quienes están acusados de “torturas seguidas de muerte” y el ex ayudante de guardia Leandro Antonelli, imputado por el delito de encubrimiento y de falsedad documental.

Prestaron declaración Pedro y Norma Domínguez -padres de la víctima- y Gabriela Calderaro, su pareja, quienes coincidieron en que el joven nunca había pisado una comisaría ni había tenido un intento de suicidio, y que dentro de la comisaría pidió que lo comunicaran con su familia y explicó que estaba bajo un tratamiento por un problema con el alcohol.

Ayer se realizó la segunda audiencia, donde diversos testigos prestaron testimonio ante el Tribunal Oral Nº 3. Entre los principales, estuvo el de la telefonista del Hospital de Berisso, quien afirmó que cuando la llamaron de la Comisaría fue “por un hombre que estaba descompuesto” y en ningún momento mencionaron una emergencia.

Posteriormente, el policía Alberto Rayer, quien estaba de guardia la noche del crimen, dió un extenso testimonio en el que al principio no recordaba siquiera quien era el chofer del patrullero en el que prestó servicios esa noche. Relató que encontraron al joven “colgado” de su cinturón y no pudo precisar quienes descolgaron el cuerpo. Explicó que un mes después todos fueron trasladados “para que no se entorpezca la investigación”.

Cuando la fiscal pidió que le exhibieran las fotos, Rayer se contradijo con su declaración original en fiscalía, donde había asegurado que Christian tenía una marca en el mentón. Dió otra versión de los hechos, al afirmar que la marca la tenía en el cuello, por lo que la fiscalía va  a solicitar el procesamiento por falso testimonio. Por otro lado, los jueces insistieron con vehemencia en que aclarara porque el cinto fue cortado en cuatro partes y desatado de la reja por los mismos policías.

El policía Garcuris reconoció que cuando “encontraron” a Christian junto a Rayer, tenía la hebilla en el mentón.

Al testimoniar, el enfermero Vázquez aseguró que cuando recibieron en la guardia a Christian estaba esposado y no lo revisaron y ni le dieron atención médica, lo cual se contradice con los testimonios de los médicos de guardia, Fernandez y Peleriti, quienes en la audiencia de ayer habían afirmado haber atendido al joven. Por este motivo, los abogados de la familia pidieron que se realice un careo entre los tres.

A partir del reconocimiento de las pertenencias de Christian, quedó claro que al joven le sacaron los cordones de las zapatillas y que el cinto fue cortado en cuatro pedazos. Según la familia y los abogados de la Asociación Miguel Bru, esta es una  de las pruebas de que la víctima fue colgada luego de ser asesinada.
 
El juicio continuaba hoy desde las 9.45 hs.

Caso Domínguez: Comienza el juicio.

El próximo lunes comenzará el juicio por el crimen de Christian Domínguez, quien fuera asesinado el 5 de febrero de 2005 en la Comisaría Primera de Berisso, en donde serán juzgados los ex policías Luciano Príncipi, Germán Cernuschi y Víctor Gómez, acusados de “torturas seguidas de muerte”, los cuales se encuentran actualmente detenidos, junto al ex ayudante de guardia Leandro Antonelli, por el delito de encubrimiento y de falsedad documental, quien también será juzgado por una causa caratulada como "robo calificado".

Según informó la Asociación Miguel Bru, dará comienzo el debate con el testimonio de Pedro y Norma Domínguez, los padres de la víctima y de Gabriela Calderaro, su pareja.

El juicio oral tendrá lugar en el Tribunal Oral Nº 3 de La Plata, sitos en la calle 8, entre 56 y 57, el cual está integrado por los jueces Ernesto Domenech, Florencia Butierrez y Liliana Torrisi, y prestarán declaración cerca de 100 testigos; entre ellos, todos los policías de la Comisaría Primero de Berisso a la fecha del asesinato como también el ex jefe de policía Juan Carlos Paggi.

En declaraciones a la prensa, Pedro Domínguez, padre de Christian, afirmó que “después de tanta espera, angustia y dolor finalmente llega el juicio, que se viene suspendiendo desde diciembre"  y que, si bien "vamos a pasar por la tortura de revivir todo lo ocurrido" "tenemos la esperanza de que los jueces actúen con firmeza y sabiduría ante toda la verdad demostrada por las pericias realizadas, para que podamos hacer el duelo como corresponde" para poder "darle a nuestro hijo lo que durante estos 7 años de lucha tanto anhelamos, el descanso eterno y en paz”. En el mismo sentido, Norma Domínguez sostuvo que “queremos que esta pesadilla de una vez por todas tenga su fin. Y que este hecho aberrante y muy doloroso no vuelva a repetirse”

La familia es patrocinada por la Asociación Civil Miguel Bru, a través de los abogados Ernesto Martín, Pablo Oleada y Marcelo Ponce Nuñez, cuya presidenta Rosa Bru manifestó que “luchamos siete años para llegar a esta instancia, para que por fin se cumpla con el derecho a la verdad y la justicia que se supone que tenemos todos. Las pruebas y las pericias indican lo que sostuvimos desde el primer momento: Christian fue estrangulado y se armó la escena del crimen para simular un suicidio”.

La defensa de Gómez, Cernuschi y Antonelli estará a cargo de los abogados Eduardo Caniggia y Víctor Hugo Nanni, mientras que Julio Beley representará al ex policía Luciano Príncipi.

Recordamos que la causa fue elevada a juicio en el 2009, la cual estuvo plagada de irregularidades desde su inicio, habiendo sido removidos tres fiscales, en estos siete años de lucha, por no investigar ni cumplir con sus deberes de funcionario público.

Asimismo, informaron que las pericias solicitadas en reiteradas oportunidades por los abogados de la familia serán realizadas durante el transcurso del debate, tras haber sido presentado un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

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Caso Domínguez: Designaron nuevo Tribunal.

Caso Bru: Otorgaron salidas transitorias al único condenado en la causa.

El pasado miércoles 11 de julio, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata falló a favor de la concesión del beneficio de salidas transitorias al ex suboficial de la “maldita” bonaerense Justo José López, quien fuese condenado a prisión perpetua en el año 1999 por “torturas seguida de muerte” y la posterior desaparición de Miguel, ocurrida el 17 de agosto de 1993.

Mediante un comunicado, la familia Bru y la Asociación Miguel Bru manifestó su repudio a esta decisión judicial y señalaron que ello no los sorprendió porque ya había sido solicitado por Norma González, abogada defensora del liberado, en mayo del corriente año, aunque fue rechazado por la jueza de Ejecución Penal María Silvia Oyhamburu.

Ello fue apelado y ahora se conoció la sentencia acerca de este pedido, afirmaron, pero sostuvieron que los jueces pasaron por alto dos graves antecedentes; uno, que López es policía y como tal, su deber era cuidar la integridad y seguridad de todas y todos, y otro, tras no declarar en el juicio, jamás brindó un dato que permitiese hallar a Miguel. Es decir, jamás reparó el daño causado...

Asimismo, enfatizaron acerca de la sensación de impunidad ante esta decisión judicial, a lo cual se suma el temor de la familia Bru, los integrantes de la Asociación Miguel Bru y los testigos, ya amenazados y hostigados, por lo que pueda suceder en el futuro.

El sentir de Rosa y Néstor, sus padres, al igual que de Guillermo, Diana, Poli y Pini, sus hermanos, está enmarcado en el dolor e incertidumbre debido a no poder encontrar el cuerpo y darle su debido descanso en paz.

Finalizaron, afirmando que "no vamos a bajar los brazos, y a 19 años del crimen y tras 40 rastrillajes buscándolo nos seguimos preguntando ¿Dónde está Miguel?"

Caso Domínguez: Designaron nuevo Tribunal.

La presidencia de la Cámara de Apelaciones de La Plata designó al Tribunal Oral y Criminal Nº 3, tras haber hecho lugar a la recusación presentada por la familia de Christian Domínguez -asesinado el 5 de febrero de 2005 en la Comisaría Primera de Berisso- y la Asociación Miguel Bru.

En la resolución donde separó al Tribunal Nº 1, la Cámara de Apelaciones hizo lugar al pedido de la familia y los abogados que la representan por la A. M. Bru -Ernesto Martín, Pablo Oleaga y Marcelo Ponce Nuñez-  considerando que “el principal argumento del particular damnificado es la morosidad con la que el Tribunal Oral ha venido tramitando el expediente”, además señala la gravedad de la situación al recordar que “en intervenciones anteriores esta Cámara ha recomendado –al tribunal- celeridad en los trámites, lo que no ha sido atendido”. Incluso aclara que aún “está pendiente la remisión del expediente de la Asesoría Pericial de la causa desde la fecha que fue ordenado, el 25/11/11”.

“Es razonable que el particular damnificado se sienta frustrado en su derecho y turbado en su acceso a la justicia”, asegura en su escrito la Cámara, y agrega que  “El trámite de esta causa comenzó con un error gravísimo como fue dejar la instrucción en manos de los funcionarios que tenían responsabilidad en lo ocurrido y como parte que somos del poder encargado de administrar justicia debemos esmerarnos en que no se sumen más daños al ya causado”

La familia del joven y la Asociación Miguel Bru esperan ahora que fue designado el Tribunal Nº 3, -integrado por Ernesto Domenech y Florencia Butierrez- se defina una pronta fecha de juicio. “Esperemos cuanto antes saber la verdad de que ocurrió con mi hijo, que ingresó a una comisaría y me lo devolvieron muerto, asesinado por los funcionarios que además eran los responsables de su vida en ese momento”, dijo Pedro Domínguez, padre de la víctima.

Rosa Bru, presidenta de la Asociación Miguel Bru, afirmó que “la causa, plagada de demoras e irregularidades de los fiscales que estuvieron a cargo y del tribunal que fue recusado, fue elevada a juicio en el 2009. En una lucha que lleva 7 años, es inadmisible que esto se siga demorando, el pedido de justicia tiene que tener una respuesta.”

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Caso Domínguez: recusaron al Tribunal.

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La Cámara de Apelaciones de La Plata hizo lugar a la recusación presentada por la familia de Christian Domínguez -asesinado el 5 de febrero de 2005 en la Comisaría Primera de Berisso- y la Asociación Miguel Bru al Tribunal Oral y Criminal Nº 1.

La familia del joven manifestó su conformidad ante la decisión de la Cámara de haber recusado a los magistrados. “Esperamos que en estos días la Presidencia de la Cámara de Apelaciones designe un nuevo tribunal para poder comenzar de una vez por todas el juicio a los policías imputados por el crimen de mi hijo”, expresó Pedro Domínguez.

La semana pasada, la familia Domínguez expuso ante la Cámara de Apelaciones junto a los abogados Ernesto Martín, Pablo Oleaga y Marcelo Ponce Nuñez, quienes los patrocinan por parte de la Asoc. Miguel Bru, las causas por las cuales presentaron la recusación al Tribunal, y que fuera rechazada por los jueces.

En su denuncia, la familia y los letrados detallaron la morosidad en la instrucción suplementaria de pruebas -que al día de hoy no se ha realizado-, y las trabas para concretar el juicio, al igual que la falta de previsión para la iniciación del juicio ante la falta de un integrante del Tribunal, llevando todo esto a un desbaratamiento y una desestabilización del proceso jurídico.

Rosa Bru, Presidenta de la Asociación Miguel Bru, afirmó en su momento que “se rompieron todos los plazos razonables para explicarle a la familia y la sociedad que fue lo que pasó dentro de una dependencia policial y de parte de funcionarios del Estado. No se está cumpliendo con el derecho de la familia a saber la verdad en un juicio por el cual reclaman hace 7 años. La actitud del tribunal y las dilaciones son una falta de respeto y un maltrato a la familia, en una causa que fue elevada a juicio en el 2009, y que desde el principio estuvo plagada de irregularidades.”

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05/02 - 19.00 hs. / Acto a 7 años del crimen de Christian Domínguez - Convocan sus familiares y la Asociación Civil Miguel Bru.

Al cumplirse 7 años del asesinato de Christian Domínguez por parte de efectivos de la Comisaría 1ª de Berisso, sita en la intersección de las calles 168 y 8, se realizará un acto al lado de la placa que colocaron hace dos años en dicha seccional donde, a su finalización, se proyectará el video realizado por El Perro Producciones, acerca de la vida de Christian y la historia del caso.

Según afirmaron Pedro y Norma Domínguez, sus padres, “realizamos este homenaje en memoria de nuestro hijo a 30 días de que comience este juicio tan esperado, y después de tantos años de lucha. Lo único que deseamos es que de una vez por todas tengamos respuestas, y se haga justicia”.

Recordamos que el juicio oral a los policías Luciano Principi, Germán Cernuschi y Víctor Gómez, imputados de “torturas seguidas de muerte” y que actualmente se encuentran detenidos, junto al ex ayudante de guardia Leandro Antonelli, por el delito de encubrimiento y de falsedad documental, comenzará el próximo 5 de marzo después de siete años de dilaciones y del continuo reclamo de justicia por parte de los familiares del joven asesinado y de la Asociación Miguel Bru.
 
La familia es patrocinada por la AMB, a través de los abogados Ernesto Martín, Pablo Oleaga y Marcelo Ponce Nuñez, mientras que la fiscal del juicio es Rosalía Sánchez, y el Tribunal estará integrado por los jueces Samuel Saraví Paz, Guillermo Labombarda y Patricia de la Serna.
 
Un caso plagado de irregularidades
 
Christian Domínguez fue detenido ilegalmente el 5 de febrero de 2005 por personal de la Comisaría 1ª de Berisso, y según la policía se ahorcó con su cinturón en la celda de contraventores. Se encontraba de turno, en aquel momento, la Fiscalía a cargo del Dr. Leandro Heredia, quien no se hizo presente en el lugar de los hechos y delegó la investigación en los mismos sospechosos. Esto posibilitó que armaran la escena del crimen, para instalar la versión de que el joven se había suicidado. De esta forma, hicieron desaparecer los cordones de la víctima, cortaron el cinto en cuatro partes, y desataron el nudo que lo unía a la reja de la celda de contraventores.
 

Las gravísimas irregularidades continuaron luego en la primera autopsia, a cargo de la perito médico policial Lotito, quien realizó maniobras para evitar que se determine que Christian habia sido estrangulado y su cuerpo suspendido. Por este motivo, la Dra. Lotito estuvo imputada y detenida en la causa pero luego fue sobreseída.
 
Sin embargo, la segunda autopsia, realizada por peritos judiciales y el Dr. Miguel Ángel Maldonado -perito de parte de la Asociación Miguel Bru- y el abogado Ernesto Martín logró determinar que Christian fue estrangulado, al fallecer “a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros”.

Aunque el total de las pruebas demostraba que se trató de un homicidio, tres fiscales tuvieron que ser removidos de la investigación -Leandro Heredia, Ana Medina y Tomás Morán- ya que se probó que obraban sin la menor voluntad de descubrir a los culpables, como tampoco de encontrar a los responsables del encubrimiento. Además, en el caso de Heredia, con una más que llamativa complacencia.
   
El testimonio de varios testigos permitió acreditar las torturas, el hostigamiento y el sufrimiento psicológico que sufrió el joven, quien rogaba que lo dejaran realizar un llamado y lo liberaran, ya que no había hecho nada que justificara su detención. Cabe destacar que Christian no contaba con ningún antecedente penal, ni contravencional y jamás habia pisado una comisaría.

En la investigación quedó demostrado que la policía habría simulado un ahorcamiento con el cinturón que llevaba puesto, luego de torturarlo y matarlo. La marca del encubrimiento quedó dibujada en su mentón. Con el fin de seguir ocultando el homicidio, entre otras cosas, hicieron desaparecer los paquetes vasculonerviosos borrando así una prueba fundamental para la investigación.

Colocarán mañana una placa por Andrés Nuñez.

 

A 21 años del crimen de Andrés Núñez, su familia, sus amigos y la Asociación Miguel Bru (AMB) convocaron al acto de colocación de una placa en su memoria en la sede de la ex - Brigada de Investigaciones de La Plata -calle 61 N° 875, entre 12 y 13-, que se realizará mañana a las 16.00 hs.  

Recordamos que Andrés fue secuestrado, permaneciendo desaparecido durante 5 años en democracia, torturado, mutilado e incinerado por la “maldita policía”, la misma que actuó en la dictadura militar, responsable del asesinato, represión y desaparición de tantas víctimas como Andrés: Julio López, Miguel Bru, Maximiliano Albanese, Walter Zacarías, Colo Pérez, Walter Bulacio, Luciano Arruga, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, y cientos de casos más.  

En 1995, sus restos fueron hallados en el campo de un familiar de uno de los policías.  

En noviembre de 2010, luego de 20 años de búsqueda de justicia, se logró el juzgamiento del ex - sargento Jorge Gonzáles y el ex - cabo Víctor Dos Santo, siendo ambos fueron condenados a cadena perpetua. Por otro lado, el ex - oficial Pablo Gerez y el ex - Comisario Luis Ponce, responsables del asesinato de Andrés, aún continúan prófugos de la justicia.  

Según informaron, la familia de Núñez y la Asociación Miguel Bru, quien los acompaña en esta lucha, solicitaron el inicio del juicio penal al ex - Juez Amílcar Vara, quien fuese destituído por un jury en 1997, luego de comprobarse irregularidades en más de 26 causas donde estaba imputado personal policial; entre ellas, las de Miguel Bru y Nuñez. Durante el juicio realizado el año pasado, testigos ratificaron que Vara estaba presente en la Brigada de Investigaciones, mientras Andrés era torturado hasta su muerte.

Apartaron al juez de la causa de Daniel Migone y se presentó un amicus curiae.

 

Daniel Migone fue asesinado el 10 de noviembre de 2005 en la Comisaría 9ª de La Plata, la misma donde fue torturado, asesinado y desaparecido Miguel Bru el 17/8/93.

La causa fue iniciada por la Unidad Fiscal 5 de Leila Aguilar y tuvo 6 años de dilación que parecieran llegar a su fin. Tras tres años desde su inicio, en el medio de retardos y reclamos desoídos, la familia de Daniel y la Asociación Miguel Bru, la recusaron por considerarse que, con su accionar, favoreció la impunidad policial. Luego, el expediente pasó a los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri, elevándose a juicio con 5 funcionarios involucrados por las torturas seguidas de muerte, sin avanzar un solo paso en la investigación. A pedido de los familiares de Daniel y de la Asociación Miguel Bru, el expediente no llegó al juicio oral tras la decisión de la Sala III del Tribunal de Casación de la Provincia que hizo lugar a dicho pedido, con la finalidad de investigar a todo el personal policial involucrado en el hecho.

Pese a lo ordenado por la justicia, la investigación volvió a manos de los fiscales Martini y Berlingieri; quienes, en lugar de excusarse y sin disponer una sola medida de prueba, volvieron a solicitar la elevación a juicio al juez De Aspro, en forma idéntica a la que presentaran hace dos años ante el mismo magistrado y que fuese impugnada por la familia de Migone, lo cual fue aceptado por el Tribunal de Casación provincial.  

Contrariamente a lo que prescribe el Código de Procedimientos, los fiscales Martini y Berlingieri, como el juez De Aspro, no se excusaron de continuar en la causa. Fue la familia de la víctima quien los tuvo que recusar y solicitar su apartamiento de la causa, con el objeto de garantizar la debida imparcialidad por parte del magistrado y una clara objetividad por parte de los fiscales.  

Hace pocos días, la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías Departamental, apartó al juez De Aspro y, en su lugar, designó a la Jueza Marcela Garmendia, titular del Juzgado de Garantías N° 5, perteneciente al Departamento Judicial La Plata, quien ahora debe resolver la recusación presentada contra los fiscales Martini y Berlingieri.

Asimismo, diversas organizaciones de Derechos Humanos y otras entidades se presentaron como "amicus curiae" ante el tribunal interviniente mediante un documento elaborado y suscripto por distintas organizaciones como la APDH La Plata, la Asociación Miguel Bru, el Centro de Estudios en Victimología e Incidentes Críticos, el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el Colectivo De Eso No se Habla, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y la Unidad de Intervención en Victimología del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre otras.

Esta presentación es un instituto jurídico por el cual se permite a personas y/o entidades que no son parte en un determinado proceso, aunque con una reconocida trayectoria, para que participen y expresen su opinión ante los magistrados que intervienen en él con el objetivo de acceder a la justicia que amerita el caso.

En el escrito presentado, afirmaron que  “es menester que –como amicus curiae- propongamos un método de actuación judicial que permita el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado ha suscripto” y enfatizaron que "si no se indagan “los sucesos que culminaran en la muerte de Oscar Daniel Migone”,  ello tendría como consecuencia “la legitimación de la falta de respeto por derechos y libertades fundamentales” y “la negación de la obligación de garantizarlos, si se consagra la impunidad” de prácticas como las examinadas en esta causa", según informaron.

Por otra parte, sostuvieron "que es evidente que la conducta de la policía con respecto a Migone no fue casual ni un accidente, sino que es una consecuencia directa de “ciertas rutinas de la institución que se reiteran sin el debido control. Por esto, estiman -como amicus curiae- la urgencia e importancia de desentrañar el modus operandi que se desplegó en el presente caso, con el objetivo de conocer y poder efectivamente prevenir otros hechos semejantes”.  Asimismo, expresaron que "tanto la práctica policial como la actitud de omisión de investigar de parte del Ministerio Público Fiscal ' se confabulan ' para sostener una sistemática arraigada de tratos crueles, inhumanos y degradantes seguidos de muerte, tal como lo han denunciado -en reiteradas ocasiones- organismos no gubernamentales que trabajan la temática ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Destacaron que la causa recorrió durante casi 6 años diversas instancias, a través de todas las cuales la familia de la víctima ha exigido conocer toda la verdad de lo que le ocurrió a Daniel durante aquella fatídica noche. En este sentido, las organizaciones y entes públicos firmantes sostuvieron que, con respecto al cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado ha suscripto, debe “propender a la profundización de la pesquisa planteada, con la intervención de los miembros especializados que el Ministerio Público Fiscal tiene, y que por competencia material, se desempeñan en la Unidad Funcional de Instrucción que se encarga de las Investigaciones Complejas”.

En dicho escrito, también señalaron que, "en los seis años que lleva la investigación, los fiscales a cargo no han indagado en profundidad el hecho que privó de la vida a Migone, limitándose a investigar solo ciertas rutinas que se agotan en la detención de algunas personas, como si eso por si solo explicase lo que ocurrió".

Por este crimen, se encuentran imputados los ex - policías Daniel Guillermo Espósito; el imaginaria de calabozos, Carlos Ariel Toloza; el jefe de turno, Capitán Marcelo Fabián Falcón; el teniente Luis Díaz Zapata y la oficial de servicio, María Valeria Maciel; quien se encuentra beneficiada con arresto domiciliario.

La familia de la víctima afirmó que “no están todos los policías que participaron y encubrieron el asesinato”, según declaró Marita Migone, hermana de Daniel, a los medios de comunicación y agregó: “Dijeron que había robado unos pasacassetes y que se suicidó, y sin embargo no tenia motivo ni para una cosa ni para la otra, mi hermano era un trabajador, vivía con sus padres y sus dos hijos menores, … “.

Por su parte, Rosa Bru, presidenta de la Asociación Miguel Bru insistió con que “es fundamental que se agote la investigación porque hay muchas pruebas que indican que Daniel fue secuestrado, hay cantidad de elementos que indican que fueron falsos los motivos para justificar su presencia en la comisaría y que se armó una escena para encubrir su asesinato. Su familia merece saber la verdad”.

Caso Mesa: Condenaron a 13 años de prisión al ex-policía Tartaglione.

 

 

Asociación Civil Miguel Bru

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El Tribunal Oral en lo Penal Nº 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, condenó a 13 años de prisión al ex capitán de la policía bonaerense Héctor Aníbal Tartaglione, acusado de fusilar a Jonathan Ezequiel Mesa de 16 años, el 26 de diciembre de 2004 en la localidad de Wilde.  

La causa fue patrocinada desde 2006 por la Asociación Civil Miguel Bru (AMB) a través de los abogados Fabio Villarruel y,  Belén Beyrne, representantes de la AMB y la familia Mesa. El fallo unánime fue suscripto por los jueces Guillermo Federico Piume, Pedro Raul Pianta y Maria del Carmen Mora.

Asimismo, el tribunal dispuso la inmediata detención de Tartaglione, revocándole la excarcelación de la que venía gozando, y  determinaron su inmediato traslado a una unidad dependiente del servicio penitenciario bonaerense.

“A mi me queda la sensación de que todavía hay jueces justos, estoy muy agradecido, solos no hubiéramos podido llegar hasta acá, el apoyo de la Asociación Miguel Bru y sus abogados fue muy importante” afirmó Ricardo, papá de Jonathan, al tiempo que agregó “tengo mucha emoción, nosotros vamos a hacer lo que podamos para que muchos tipos de estos no salgan a matar por matar.”  


Por su parte, María Inés, mamá del adolescente asesinado, dijo “al principio teníamos muchas dudas, no sabíamos que iba a pasar, pero al fin se hizo justicia, estamos conformes con el resultados y muy agradecidos.”

Por su parte, Rosa Bru, fundadora de la AMB, expresó que “en el debate también tuve  mis dudas, como cualquier familiar que espera ansioso saber que pasará después de años de luchar pidiendo justicia por Jonathan. Pero luego de escuchar los peritos, los testigos, y hoy el veredicto, quedó claro cuál había sido la intención de de este sujeto, él fue a matar…era absurdo pensar en una legitima defensa cuando Jonathan recibió al menos tres disparos encontrándose desarmado, en el piso, boca abajo. Tartaglione salió a matar y quedo claro con todos los testimonios.”  

“Después de más de seis años la familia no esperaba llegar a un juicio y menos con este resultado, estoy muy conmovida, para  mi sinceramente fue de alguna manera un resarcimiento a tanto vaivén y dolor por lo que pasaron, lo viví muy emocionada como si se tratara de mi propio hijo”, afirmó Rosa, madre de Miguel Bru, secuestrado, asesinado y desaparecido en la Comisaría Novena de La Plata el 17/8/93.

Se conocerá hoy la sentencia al ex-policía Tartaglione por el asesinato de Jonathan Mesa.

 

 

Asociación Civil Miguel Bru

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Hoy se conocerá la sentencia en el juicio contra el ex policía Héctor Aníbal Tartaglione, acusado de fusilar a Jonathan Ezequiel Mesa, de 16 años, el 26 de diciembre de 2004 en la localidad de Wilde. La causa es patrocinada desde 2006 por la Asociación Civil Miguel Bru (AMB).

El Fiscal Bernardo Schell pidió 13 años de pena por homicidio simple, al igual que los abogados Fabio Villarruel y Belén Beyrne, representantes de la AMB y la familia Mesa. El veredicto lo dará el Tribunal Oral y Criminal Número 5, a cargo del Dr. Guillermo Federico Piume, Dr. Pedro Raul Pianta y La Dra Maria del Carmen Mora, este jueves 7 de abril a las 9:30 hs en el departamento judicial de Lomas de Zamora.  

El caso y los alegatos

En pleno mediodía Tartaglione fusiló a Jonathan Mesa, alegando luego que fue en defensa propia y para evitar que el adolescente se fugara, según sostuvo incluso su defensa en los alegatos. El lugar estaba lleno de gente en la calle, lo que muestra que podría haber generado una masacre.  

Los abogados de la AMB alegaron, en base a todas las pruebas y los testimonios que se tuvieron en cuenta en el juicio, que luego de recibir los primeros disparos Jonathan soltó el arma Calibre 32 que tenía. Además esta quedó tirada a más 15 metros de donde murió el chico, y sin que se pudiera determinar que efectivamente hubiera sido usada por Jonathan. Lo evidente, afirmaron los abogados, es que el adolescente intentó apartarse de su agresor, como pudo, herido, cojeando, cayendo, y levantándose, arrastrándose, sangrando y dejando un reguero de sangre que demuestra que se desplazó por más de diez metros para alejarse de su agresor y finalmente morir tras unos canteros.

Además sostuvieron que esa huida en modo alguno puede interpretarse como una simple fuga, porque claramente el chico no podía hacerlo. Destacaron que según el informe de autopsia Jonathan recibió en su cuerpo siete disparos, dos de estos en el torso, provocando suficiente daño como  para producir su muerte.

“Era imposible darse a la fuga en las condiciones en que se encontraba, con un el pulmón perforado dos veces, serias dificultades para respirar, para caminar, e imposibilitado de correr. Solo se movía por el impulso de aferrarse como podía a la vida,  y era el instinto de supervivencia quien todavía la daba fuerza y le indicaba que lo único que lo podía salvar era alejarse de Tartaglione”, afirmaron en sus alegatos los letrados de la AMB. Asimismo destacaron que, según testigos, entre ellos la Sra. Marcela Maceiras -madre de una niña que resultó herida cuando se encontraba jugando en la vereda-“el chico dejó el arma levantando las manos y diciendo “basta´”, pero Tartaglione siguió disparando, mientras Jonathan pedía por su mamá mientras caía, se levantaba, volvía a caer y se arrastraba.

“Por eso trataba de huir como podía, arrastrándose, para esconderse y guarecerse de las balas que atravesaban y surcaban su cuerpo y su prendas, huir y esconderse de quién ya había dictado su sentencia de muerte y la estaba ejecutando”, argumentó la abogada Belén Beyrne en su alegato.

Los letrados afirmaron también que Jonathan estaba indefenso tirado en el suelo cuando fue ejecutado por Tartaglione. Según las pericias recibió siete disparos en el cuerpo: uno en el pecho debajo del esternón, uno en la zona escapular– con orificio de salida a la altura de la clavícula, provocándole fractura expuesta de ésta, lo que indica que estaba en el suelo necesariamente- disparos en ambos glúteos, uno en cada pierna en la zona de la pantorrilla, uno de los cuales le fracturó la tibia.

Además las pericias sobre la ropa indican que recibió otros 5 disparos, que no lesionaron su cuerpo. Según los letrados apoderados esto demuestra que Tartaglione disparó al menos 12 veces. Se encontraron 3 proyectiles intactos dentro del cargador, lo que indica que contó con 15 balas, y que necesariamente habría usado otro cargador, lo que se condice con la declaración de la testigo Maceiras y de su hijo Jonathan Chiofalo, que se expresaron en este sentido. Ya que la capacidad del cargador era de 13, e incluso el propio imputado admite que ese era el número de balas que contaba en su pistola.

En este sentido, los abogados de la AMB explicaron que también hay que tener en cuenta que no se consideraron en el conteo de balas usadas, la esquirla que pegó en Sabrina -la nena herida-, el proyectil 9 mm que entró en el auto de Tartaglione, y otro de igual calibre que pegó en un FIAT 128 estacionado,  ni los dos impactos en el frente de una casa, ya que bien podría tratarse de los balazos que impactaron en Jonathan o atravesaron sus prendas.

Recordaron además que, en su testimonio, Tartaglione mismo había dicho que no había escuchado ningún disparo de parte de Jonathan, y afirmó que luego de herir de dos tiros al chico ingresó al domicilio de los amigos que estaba visitando, y supuestamente convocó a una ambulancia -que nadie nunca vió- y también al comando de patrulla, y volvió a salir a la calle, donde siguió disparando al chico.  

En su alegato, la abogada de la familia y la AMB resaltó que no se entiende para que salió, si ya lo había herido y llamado al comando de patrulla;  y que si si pidió una ambulancia era supuestamente porque creía haber herido a Jonathan y, de ser así, el “peligro inminente” que Tartaglione dijo que corría ya no existía. “Nos preguntamos para qué salió nuevamente y disparó.  Evidentemente su intención era matarlo y no defenderse” afirmó la letrada.  

Por su parte los abogados de Tartaglione sostuvieron que el policía actuó en “legítima defensa”. Basaron su alegato en lo “peligroso” de la situación supuestamente para la vida de Tartaglione, que lo llevó a defenderse. Además, como en la mayoría de los casos de gatillo fácil, apelaron al “enfrentamiento armado”.

 

Comenzó el juicio al ex policía Héctor Tartaglione por fusilar a Jonathan Mesa.

 

 

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Jonathan Mesa, fusilado por el ex - policía Tartaglione

 

Comenzó hoy el juicio contra el ex policía Héctor Tartaglione, acusado de fusilar a un joven de 16 años en el año 2004 a plena luz del día en la localidad de Lomas de Zamora. Los padres de Jonathan Mesa, María Inés Leguizamón y Ricardo Mesa , reclamaron que “tras siete años de dolor e incertidumbre esperamos que se haga justicia” . La audiencia tendrá lugar en el Tribunal Oral y Criminal Número 5 de Lomas de Zamora. La familia es patrocinada por la Asociación Miguel Bru (AMB) a través de los abogados Fabio Villarruel y Belén Beyrne.

Jonathan Mesa murió el 26 de diciembre de 2004, de seis disparos, varios de ellos por la espalda y encontrándose en el  suelo. El ex jefe  del Comando de Patrullas de Berazategui , Héctor Tartaglione, lo mató argumentando que le había querido robar. Según aseguró Tartaglione, el joven le disparó previamente con su arma, por lo cual tuvo que defenderse. En ese contexto resultó herida una niña que se encontraba jugando en la vereda.


La AMB y sus abogados se presentaron como patrocinantes de la causa en 2006. Previamente la causa había sido archivada por la fiscalía, sin siquiera agregar a la causa diligencias que constituyen el protocolo ante este tipo de caso, tales como la pericia balística, y no obstante ello argumentando que no  podía establecerse el autor del homicidio. No sin poco esfuerzo, se logró acopiar una a una las pericias, así como ubicar a los testigos que relataron como Jonathan recibió el primer disparo y se entregó alzando los brazos, tirando el arma y pidiendo piedad,  antes de ser fusilado por Tartaglione, por la espalda y en el piso.

A partir del crimen de su hijo la familia tuvo que esperar más de treinta meses para que a Héctor Tartaglione se le asigne el rol de imputado, en lugar de “testigo”, ya que la causa había sido caratulada en principio como “Tentativa de robo con arma”, y como en tantas otras, el imputado era presentado como la víctima.

Siete años después del crimen de su hijo, la familia de Jonathan finalmente podrá acceder al  juicio oral y público, que le dará la posibilidad de aproximarse  a la verdad sobre la muerte de su hijo.

Para más información:

Marcha atrás para la impunidad

Causa Mesa: un hecho inédito

El Capitán de la Policía Héctor Tartaglione: preso por fusilar a Jonathan

Gatillo Fácil: el caso de Jonathan Mesa.

¿ Dónde está Miguel ?: Nuevo rastrillaje en Berisso.

 

 

 

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La familia de Miguel y la Asociación Miguel Bru plantearon al fiscal Fernando Cartasegna la necesidad de que un grupo de científicos encabecen el rastrillaje que se realiza desde el mes de diciembre en Berisso en búsqueda del estudiante de periodismo desaparecido desde 1993.

Una vez más, se ha emprendido la ardua tarea de encarar un rastrillaje en busca de los restos de Miguel. El testimonio de un testigo de identidad reservada en la causa que lleva adelante el fiscal Cartasegna sobre la desaparición de Miguel Bru - secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido por policías de la Comisaría Novena de La Plata el 17/8/93- posibilito que a fines de 2010, se iniciara un nuevo operativo de búsqueda en Berisso, en un cañaveral ubicado en las calles 13 C y 170.  Esta búsqueda, se suma a los mas de 40 rastrillajes realizados durante estos casi 18 años para encontrar a Miguel.

Según aseguró el fiscal Cartasegna a la familia de Miguel y a la Asociación Miguel Bru en diciembre, la búsqueda estaría a cargo de un grupo de paleontólogos, arqueólogos y antropólogos del Conicet y el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en cumplimiento de la Resolución 1390 - aprobada por la Procuración de la Corte de la Provincia de Buenos Aires- que establece que las investigaciones donde se encuentre imputada la policía no debe estar a cargo de las fuerzas seguridad, sino de personal civil. Lamentablemente, luego de dos meses,  el apoyo del grupo de científicos no ha llegado. Como desde el principio, el rastrillaje sigue a cargo de Bomberos voluntarios de Ensenada y Berisso  y Defensa Civil de esta ciudad, encabezados por el fiscal y sus instructores.  

"No puedo dejar de pensar que debajo de cada montículo de tierra, pueda haber algo que ayude a encontrar a mi hijo” afirmó Rosa Bru, mamá de Miguel, al tiempo que manifestó una vez más  la necesidad y la urgencia de contar con un equipo especializado que realice el movimiento de suelo.


A mediados de diciembre, luego de enterarse de este nuevo rastrillaje, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, se comunicó con Rosa para manifestarle su apoyo. Rosa trasladó este ofrecimiento de colaboración al fiscal Fernando Cartasegna y le ratificó la necesidad de contar con la presencia de un grupo de científicos. “En todos estos años de búsqueda y con tantos rastrillajes realizados, hemos contado con la presencia del Equipo de Argentino de Antropología Forense, eso ha significado un aporte fundamental que aprecio mucho” señaló Rosa desde su experiencia haciendo hincapié en la necesidad de contar con un equipo idóneo en el trabajo de remover suelo buscando restos y elementos óseos.

Por otro lado y en referencia al testimonio con identidad reservada, Rosa añadió “Valoro mucho la decisión de decir si se sabe algo,  después de 17 años están indicando un posible lugar donde puede estar Miguel Bru, creo que entendieron nuestro mensaje,  la necesidad de la familia de saber donde está Miguel, para que tenga un lugar como cualquier persona”   y  agregó “ cuando veo la recompensa de otras búsquedas, como la de de Julio López, que es de 1.5 millón de pesos, pienso en Miguel y eso a veces me desalienta un poco, pero intento que las expectativas no decaigan” con respecto a la recompensa ofrecida  en 2005 por el gobernador Felipe Solá, con un monto de 200 mil pesos para quien aporte información para encontrar a Miguel.

Hasta el momento en el rastrillaje se han encontrado objetos y restos de huesos que, luego de estudios, se comprobó que no son humanos. “No perdemos las esperanzas. Como cada día desde hace más de 17 años, seguiremos preguntando ¿Dónde está Miguel?”, afirmó Rosa.

Enrique Loretto: Fue condenado a 7 años y medio de prisión.

 

 

 

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El Tribunal Oral Nº 5 de La Plata sentenció a 7 años y medio de prisión a Enrique Esteban Loretto, ex jefe de calle de la comisaría IV de Berisso, quien fuera también custodio del ex presidente Eduardo Duhalde -según afirmó en su declaración- y miembro del grupo Halcón, por los delitos de abuso y tenencia de armas de fuego, lesiones graves, vejaciones y violencia, por hechos ocurridos en el año 2003. La Asociación Miguel Bru y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) se manifestaron conformes con el resultado, tras casi 8 años de haber presentado junto a Carlos Areválo la denuncia por abuso y apremios ilegales, y acompañarlo y representarlo jurídicamente.

Cuando el oficial Loretto llegó al cargo de jefe de calle de la Comisaría IV de Berisso, se le escuchaba decir entre los vecinos: “Yo soy el oficial Loretto y vengo a limpiar el barrio”. La comisaría funciona en el barrio de Villa Argüello de esta localidad. Loretto tenía carácter y compromiso con su labor; incluso realizaba los operativos a bordo de su propia camioneta Ford celeste, doble cabina, de civil, con chaleco antibalas y acompañado siempre de su escopeta recortada. Era duro y a esto se sumó el contexto de pedido de “seguridad”, sostenido por el discurso de los medios masivos de comunicación y en ese momento con apoyo de los vecinos autoconvocados en los Foros de seguridad del barrio.

Loretto fue acusado por Carlos Arévalo, plomero y vecino de Villa Argüello, por haber sido golpeado y detenido la mañana del 6 de mayo de 2003, cuando iba camino a su trabajo. Sin mediar palabras, el oficial y sus compañeros detuvieron el auto en el que viajaba junto a dos personas más. Ante la protesta del plomero por el trato que estaban recibiendo, Loretto lo golpeó, le fracturó el tabique y con la nariz sangrando, le ató las manos con su propio cinturón y lo llevó detenido a la Cuarta de Berisso, junto a sus acompañantes. Allí otro oficial le recomendó al propio Arévalo que hiciera la denuncia. Lo hizo y Loretto le inició allí mismo una causa por “resistencia a la autoridad”.

El 9 octubre de ese mismo año, Loretto fue detenido por haber baleado a otro vecino, Diego Gabriel García, cuando éste iba camino a su casa. Los testigos dicen que mientras García caminaba por calle 69 entre 121 y 122, un hombre le disparó con una escopeta desde un Fiat Uno rojo, lo hirió y se fugó junto a otro acompañante. Loretto fue encontrado unas cuadras más lejos, en el mismo auto que los vecinos reconocieron por la patente y con una escopeta de iguales características, con el cartucho servido. García relató en el juicio que no conocía a Loretto, pero que luego del episodio éste vivía en la casa que le habían usurpado y que sabía por vecinos que allí funcionaba una casa de citas. La víctima sobrevivió a las heridas pero quedó inhabilitado para seguir trabajando.

Todo esto fue debatido en los cinco días de audiencias que duró este juicio. Los doctores Horacio Nardo, María Isabel Martiarena de Bogliano y Carmen Palacio Arias vieron desfilar a las víctimas, testigos y peritos que corroboraron las versiones presentadas en cada una de las causas que llegaron juntas a debate, después de 8 años de ocurridos los hechos.

En los fundamentos del veredicto condenatorio para el ex policía, los jueces destacaron como agravantes la condición de policía en la comisión del delito, el daño causado, el autoritarismo, el uso de armas sin registrar y el abuso del sistema judicial al iniciar causas por resistencia a la autoridad para justificar un comportamiento indebido.


“Esperamos que esté adentro un largo tiempo y que esto sirva para que respeten más a los civiles. Loretto y los policías que lo acompañaban eran el terror del barrio”, dijo Carlos Arévalo después de escuchar la condena del Tribunal. Rosa Bru, presidenta de la Asociación Miguel Bru y quien recibió la denuncia de Arévalo, acompañó a su vecino durante todo el juicio y sostuvo al final: “Creemos que este puede ser un caso testigo. Estamos conformes. Esto va a dar confianza a la gente, coraje para denunciar”, “más miedo le demostrás, más crece” remarcó Rosa Bru en referencia al accionar policial en situaciones como ésta.

Por último, las abogadas Analía Carrillo y Sofía Caravelos, del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) destacaron el rol fundamental de las organizaciones de derechos humanos en este juicio. “Esta causa llega a destino por el compromiso de las organizaciones. Existe otra denuncia de iguales características a la de nuestro representado, ocurrida en la misma fecha y por los mismos delitos que no ha llegado a juicio oral. Eso es porque las víctimas no han sido acompañadas” resaltó la Dra. Caravelos. Las abogadas agregaron además que este caso muestra que la propuesta de Mano Dura lo único que genera es la represión, y que proveer a la policía de estas herramientas no lleva a buen destino. Finalmente, Caravelos agregó en referencia a la lentitud con que el Poder Judicial llega a esta condena y al repudio en el fallo de los jueces a la práctica de Loretto de iniciar causas a sus detenidos por resistencia a la autoridad: “Nosotros hicimos una crítica. Es contradictorio repudiar una acción como ésta y tardar ocho años en ejercer el castigo. Si los policías hacen esas denuncias es porque no hay control por parte de la justicia. No hay maldita policía, sin maldito poder judicial” concluyó.

Loretto y sus abogados defensores quedaron haciendo cuentas. Es que no saben cuántos años más permanecerá en prisión. A los siete años y medio e inhabilitación por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos, debe sumar que aún le queda afrontar una causa por trata de personas que se tramita en un Juzgado Federal. Sus años de gloria como custodio del ex presidente Duhalde -cargo que remarcó el día que prestó declaración- e integrante de grupos de elite de las fuerzas de seguridad han pasado.