Mostrando las entradas con la etiqueta militantes. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta militantes. Mostrar todas las entradas

Buscamos a Concepción Díaz Martínez y su compañero Manuel Ramis, militante del PRT detenido - desaparecido...

Busqueda Manuel Ramis


Una nueva búsqueda de compañeras y compañeros detenidos - desaparecidos nos ocupa. Se trata de Manuel Ramis, quien militó en el FAS (Frente Antiimperialista por el Socialismo), perteneciente al PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) y de su compañera Concepción Noemí Díaz Martínez.


En particular, se necesita información sobre la compañera Díaz Martínez, boliviana, musicóloga o profesora de música, quien trabajó mucho tiempo con los aborígenes de Tamanduá en la localidad de 25 de mayo, provincia de Misiones y luego estudiara antropología, refugiándose en San Pablo, Brasil y después, emigrar a Francia.


Con motivo de su labor con los aborígenes, solía viajar a distintos puntos del país como Buenos Aires, Rosario, Santa Fé y otras localidades.


Asimismo, si alguien tiene datos de Manuel Ramis, o lo recuerda, será agradecida la información, la cual deberá ser enviada a su sobrina, Marisa Itatí Ramis, cuyo correo electrónico es marisaramis@gmail.com

Buscan información sobre Rocío Martínez Borbolla y Pedro Martucci, militantes desaparecidos del PRT.

Busqueda Rocio Martinez Borbolla


Otra búsqueda y van... No podemos ni debemos dejar de acercarles estas cuestiones que, a 36 años del golpe, aún siguen sin esclarecerse.


Rocío Ángela Martínez Borbolla, de 33 años, conocida como “Ana” o “Sargento Ana” y Pedro Oscar Martucci, de 24 años, conocido como “Tato”, militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y se dedicaban a tareas de redacción de “El Combatiente”.


Vivían en un departamento de los monoblocks del Barrio Envión 3 de Haedo, junto a dos hijos de Rocío de su anterior matrimonio (Camilo y Bárbara, de 4 y 8 años), hasta que ambos fueron secuestrados el 14 de junio de 1976 frente a los dos hijos de la compañera, por integrantes de un Grupo de Tareas que dijo ser del Ejército. Los niños fueron dejados en casa de un vecino, mientras que la casa fue saqueada y se robaron muebles, electrodomésticos y libros.


Su hija Bárbara recuerda como compañeros de su madre y de Pedro Martucci, que compartieron esa casa, a el “Chango”, quien era muy alto, grandote y era rengo, a quien tiempo después creyó reconocer, en principio, entre fotos de desaparecidos, como Pedro Miguel Sobko, secuestrado casi un año después en Paraná, como también recuerda la presencia de “Enrique” y “Dolores,” a ésta última le decían "Lola" pero cree que su nombre legal era "Liliana", un matrimonio con 2 hijos pequeños, un varón y una nena de 4 y 6 años aproximadamente.




Ambas desapariciones están siendo investigadas en una causa que se abrió recientemente y se busca a compañeros o testigos que puedan aportar datos de lo sucedido, de la militancia de Rocío y de Pedro, de los compañeros o personas que frecuentaban antes de su desaparición.


Si conociste a alguno de ellos, a sus compañeros de militancia o allegados, o podés aportar datos sobre el matrimonio de “Enrique” y “Dolores” o “Lola” con quienes habrían convivido, o tenés algo para contarnos sobre la vida de Rocío, porque todo dato o recuerdo es importante para sus hijos y compañeros, no dudes en escribir a dianacruces@gmail.com y/o conocisteajorgeemilioarancibia@gmail.com

Concentran frente a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín en defensa de Javier "Poke" Hermosilla y Oscar Coria, de Kraft.

poke hermosillaAnte la ratificación de la apelación que realizó el fiscal Paulo Starc solicitando la prisión preventiva de uno de los principales referentes de la Comisión Interna de Kraft, Javier "Poke" Hermosilla, y de Oscar Coria, trabajador despedido por esa multinacional durante el conflicto de 2009, ambos militantes del PTS, por parte de la Fiscalía de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, la Comisión Interna de Kraft junto a decenas de organismos de derechos humanos, partidos políticos, organizaciones de trabajadores y estudiantes están realizando una concentración y acto frente a la sede del Tribunal, en la calle Güemes 3053 de la localidad de San Martín, desde las 08.30 hs.


Cabe destacar que ambos militantes fueron acusados de haber incurrido en una "reiteración delictual", "continuar ejerciendo una conducta criminal" y por su "manifiesta peligrosidad" por el hecho de haber participado de una manifestación de los trabajadores de Kraft el 14 de junio pasado en el kilómetro 35 de la Panamericana en el marco de un plan de lucha durante las últimas negociaciones salariales paritarias del gremio de la Alimentación.


Dicha solicitud de prisión fue fundamentada por los fiscales, en el sencillo hecho de la participación de "Poke" en once manifestaciones y de Coria, en 3, sobre la Panamericana; razón por la cual, sostienen, deben ser encerrados para que "no produzcan nuevas interrupciones en el tránsito".




Según recordó el PTS, mediante un comunicado, su identificación por la Justicia se llevó a cabo mediante la actividad de Gendarmería Nacional que fuese denunciada en la causa del "Proyecto X" y sostuvieron que este nuevo ataque a las libertades democráticas "se inscribe en el marco de las causas penales iniciadas por el secretario de Seguridad Sergio Berni contra los trabajadores de la Línea 60 sólo por el hecho de ejercer sus derechos a reclamar seguridad contra las patotas de la burocracia sindical y de la patronal, y contra los trabajadores desocupados que fueron violentamente reprimidos por la Gendarmería Nacional y encerrados en Campo de Mayo el 30 de agosto pasado", afirmaron.


Por otra parte, repudiaron el intento de encarcelamiento a Hermosilla y Coria como también exigieron el cese de las causas penales contra los luchadores populares.

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 660.

correpi 4



CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 660



correpi 3


Sumario:  
 


1. Amenaza de cárcel para los militantes antimineros.


2. Cristian Ibazeta, preso asesinado en una cárcel de Neuquén.


3. Continúa la lucha antirrepresiva en Olavarría.


4. Organizando la represión.


5. Control social a la tucumana.


6. Próximas actividades



1. Amenaza de cárcel para los militantes antimineros.


"Hay que hacerle entender a esa gente de alguna forma, en eso estamos", fue la respuesta que Amelia Sesto de Leiva, Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Catamarca, le dio a los periodistas cuando le preguntaban si los militantes antimineros que protestan sobre la Ruta 60, podían ser encarcelados.


La titular del poder Judicial, daba respuesta también a la kirchnerista titular del poder Ejecutivo provincial Lucía Corpacci, quien cursó una nota a la magistrada promoviendo la detención y procesamiento de los luchadores. Respuesta que se extiende  al intendente Ávila de Tinogasta (un vil portero de los empresarios) y hasta al embajador en Chile, el "progresista" Gines García, preocupado por el comercio fronterizo (la ruta en cuestión habilita el paso San Francisco).




Todos contestes en la necesidad de acallar cuanto antes la protesta social. Es inocultable que la lucha antiminera pone en riesgo los intereses de los empresarios para quienes trabajan los gobernadores, los embajadores, los intendentes y los jueces. Más, este episodio que levanta una voz de alerta y solidaridad incondicional con los luchadores catamarqueños, es un rotundo ejemplo de cómo funciona el sistema, de cómo se alinean sus gerentes, qué intereses no pueden ser afectados, y también es un emblema de la respuesta única que el estado formula: represión y criminalización.


En simultáneo, en la zona norte del Conurbano bonaerense, la comisión interna del Frigorífico Rioplatense ha sido llamada a prestar declaración indagatoria por participar de un conflicto gremial, mientras el único no citado, Carlos Zerrizuela, sigue con la amenaza de un burdo juzgamiento por disposición de la justicia Federal de San Martín.


A su turno, tres delegados de FATE han sido notificados de la formación de otra causa en la fiscalía de San Fernando, esta vez, por defenderse de matones y carneros mientras ejercían el paro ante los incumplimientos empresariales (causa ésta donde CORREPI asume la defensa técnica junto al CeProDH).


La amenaza de encarcelar al que protesta, al que ejerce el derecho más allá de las formulaciones retóricas, los pone en evidencia: delito no es sólo una conducta antijurídica y culpable en los términos formales del Código Penal, lo es también (y fundamentalmente) toda conducta social o individual que jaquee los intereses de la clase dominante. Delito es todo lo que ellos dicen que es delito.


Una jueza a instancias de una gobernadora, con el aplauso de un intendente y la connivencia de un embajador, dicen que la protesta es un delito.


En las estribaciones cordilleranas o en el superpoblado conurbano bonaerense, el denominador común es el interés empresario.  


Las empresas los necesitan y ellos cumplen con el eufemismo fetichista, la excusa elegante, la grandilocuente pretensión de hacernos creer que sólo están haciendo cumplir la ley.  


Eso  fue, es y será siempre criminalizar la protesta, ese modo sutil de marcar la cancha y esconder la brocha que se repite y se extiende por toda la geografía nacional, desmintiendo la canallesca afirmación del gobierno de los derechos humanos, experto en negar lo que ha sido una constante de su gestión.


En todo el país, se cuentan por miles los trabajadores y luchadores sociales perseguidos. Nacional y popular... es la criminalización.    


2. Cristian Ibazeta, preso asesinado en una cárcel de Neuquén.


El 21 de mayo pasado, Cristian Ibazeta, interno de la Unidad Nº 11 de la provincia de Neuquén, fue atacado y recibió 24 puñaladas en su cuerpo que, luego de varios días de agonía, le produjeron la muerte. Faltaba poco tiempo para que empezara con las salidas transitorias.


Cristian habí­a denunciado, desde 2004 hasta la fecha, en siete ocasiones, a los miembros del servicio penitenciario del penal por diferentes hechos de tortura.


En 2009, denunció las condiciones de detención, y la Cámara en lo Criminal Nº 1, a cargo de los jueces Luis María Fernández (ex asesor legal del Ejército durante la dictadura), Mario Rodrí­guez Gómez y Alejandro Cabral, lo rechazó sin tener en cuenta las torturas que sufría cotidianamente de parte del servicio.


En 2010, declaró en un juicio oral contra 27 integrantes del servicio, por las torturas que habían recibido 45 presos en 2004. Mientras 6 de los policías recibieron algún tipo de condena, 21 fueron absueltos, y volvieron a custodiar a los presos que los habían denunciado. Luis María Fernández fue uno de los jueces que absolvieron a los servicios. El otro fue Juan José Gago. Carlos Brondo, el entonces jefe de seguridad, hoy dirige todos los penales de la provincia de Neuquén.


El servicio penitenciario nunca pudo cooptar a Ibazeta para que forme parte de los buchones y entregadores que hay dentro de la prisión. Tampoco pudo amedrentarlo con la tortura cotidiana. Durante todos estos años mantuvo la lucha que implicaba denunciar y declarar contra sus torturadores, pese que debía seguir en el mismo lugar, “custodiado” por aquéllos a quien denunciaba.


En el Boletí­n Informativo Nº 659, afirmábamos que la lógica del sistema, que reprime con el gatillo fácil en las calles, se reproduce, con otras formas, en los centros de detención de todo el país, sean provinciales o federales, a través de las torturas, los incendios, los supuestos suicidios, y los enfrentamientos provocados por los mismos servicios carcelarios.


Pero, como decíamos en otra nota del mismo boletín, la finalidad es la misma: afectar la subjetividad de las masas, para que agachen la cabeza ante la autoridad y no se planteen la necesidad de enfrentar al aparato represivo. La represión “preventiva” busca que los pobres se disciplinen en el respeto al orden y la autoridad.


3. Continúa la lucha antirrepresiva en Olavarría.


En el Boletín Informativo Nº 658 relatábamos cómo, el 12 de mayo, Diego González fue torturado por policías de la comisaría 1ª de Olavarría, quemado con agua hirviendo mientras le exigían una coima. Desde entonces, la movilización popular no ha cesado, y con ella, se consiguió que tres de los policías imputados (Néstor Rodríguez, Nicolás Manuel y Edgardo Constancio) fueran detenidos y trasladados a la unidad penal de General Alvear. Claro que jueces y fiscales están esperando su chance para decir “no son torturas, son apremios”, cosa que pronto puedan ser liberados.


En tanto, el secretario de DDHH de la provincia, Guido Carlotto (parece que se transmite en la familia el cargo, como las escribanías), apareció, como otros oportunistas, a lavar la cara de la represión. “Vamos a instrumentar todas las instancias necesarias para ayudar a esclarecer este inadmisible y horrendo caso de tortura” declaró. Y así, con un gran discurso bueno para generar consenso, anunció el traslado de varios oficiales a otras dependencias, que ahora torturarán en otros lados. Como si el problema fueran unos policías aislados y no toda la institución.


Militantes antirrepresivos de la localidad (compañeros organizados en el ENA, Encuentro Nacional Antirrepresivo), se encuentran luchando y denunciando que no es un caso aislado. El de Diego, es una demostración más de que este accionar es sistemático e inherente a las fuerzas represivas. Y que tanto los organismos oficiales como los oficiosos son los encargados de lavarle la cara a la represión, cuando estos casos, cuando trascienden, para pegarse en sus internas.


4. Organizando la represión.


Esta semana, Nilda Garre, la ministra de Seguridad, inauguró el Centro Unificado Federal de Respuesta Rápida, que consiste en poner la tecnología al servicio de la represión. Allí se centralizan las comunicaciones entre las distintas fuerzas represivas del estado (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria) con el objetivo de articular una respuesta “rápida y entre todos” frente a cualquier situación de “inseguridad”, además de implementar nuevos dispositivos de informática y comunicaciones de última generación (¿socializará Gendarmería el software del Proyecto X?).


Si la seguridad de los ricos es la represión de los pobres, entonces no hay otra alternativa que decir que lo único que han hecho es mejorar sus herramientas para reprimirnos mejor.


Por otro lado, el ministerio de Seguridad y el titular de la Oficina Anticorrupción del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Julio Vitobello, acordaron un convenio para implementar “estrategias de transparencia y mejorar el control sobre la administración pública de todas las fuerzas del estado”, en el intento de eliminar la corrupción de las fuerzas.


Vano intento, cuando la corrupción -como la represión- es parte inherente de la naturaleza del estado capitalista. Tampoco, en materia de corrupción, “es sólo un policía...”. Ya lo señalaba Rodolfo Walsh en El Enigma de la Matanza: “La secta del gatillo fácil, es también la logia de los dedos en la lata”. Corrupción y represión van de la mano, y juntas actúan a través del aparato estatal.


Y por si no nos quedó claro que Nilda Garré esta por demás dispuesta a seguir organizando y profundizando la represión, desde esta semana sumó a 540 gendarmes a las calles de José León Suárez, en el marco del Operativo Centinela. Así, con la excusa de la “inseguridad”, militarizan los barrios, cuando todos los días vemos que la inseguridad es la policía en la calle: son ellos quienes matan a nuestros pibes, meten la droga en los barrios y roban.


5. Control social a la tucumana.


Los códigos de faltas y contravenciones, y la facultad del arresto para “identificar” o “averiguar antecedentes”, permiten a las policías y otras fuerzas de seguridad detener en cualquier momento y lugar, a personas que no han cometido ningún delito. Mientras un juez o un fiscal deben justificar, aunque sea en forma aparente, por qué ordenan una captura, un policía sólo tiene que afirmar que observó una “actitud sospechosa” (por ejemplo, que “el sujeto desvió la mirada” o que “aceleró el paso” al advertir el móvil policial), o invocar su “olfato” para privar a alguien de su libertad.


Desde los viejos códigos rurales dirigidos a disciplinar a los “vagos y malentretenidos”, y la Ley de Residencia, que apuntaba a los revoltosos urbanos, estas normas han ido evolucionando a través de los códigos de policía, los edictos policiales y, en tiempos más modernos, las faltas o contravenciones.


Desde el fin de la última dictadura, casi todas las provincias, y la propia ciudad de Buenos Aires, han actualizado el sistema, dotándolo de legitimidad de origen, al ser dictado por legisladores y no directamente por la policía, y actualizando su contenido para orientarlo hacia quienes deben ser eficientemente disciplinados en cada momento y lugar.


Tucumán es una provincia atrasada en la materia, pues todavía rige un sistema similar al de los viejos edictos policiales, por lo que, en estos días, todas las bancadas legislativas discuten un nuevo Código de Contravenciones. Son varios los proyectos en danza, pero, más allá de sus diferencias, todos parten de la misma premisa: el código penal no alcanza para ejercer el control social.


Por eso, más allá del debate puntual que se propone sobre alguna figura en particular (merodeo, vagancia, etc.), todos coinciden en la necesidad de dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas eficaces para el control social.


Esa necesidad de disciplinamiento, incrementada en tiempos de crisis, explica por qué la sentencia en la causa Bulacio que ordenó al estado argentino eliminar el sistema de detenciones arbitrarias, no puede –no podrá- ser cumplida por ningún gobierno que administre una sociedad dividida en clases.


6. Próximas actividades.


Martes 26 de junio, 8:30, movilización a los tribunales de Morón, Colón y Brown, durante el segundo juicio por el asesinato de Rodrigo Corzo, contra el sargento Núñez.



- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.


- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.


Visitá nuestra web: http://correpi.lahaine.org


¡ Buscanos en  www.facebook.com/correpi !


Comunicate con nosotros para colaborar con CORREPI.


Escribinos a correpi@fibertel.com.ar o por Facebook si querés organizar alguna charla antirrepresiva en tu colegio o en el barrio.


Visitá nuestro local en Carlos Calvo 2499 y Alberti, Monserrat.


CORREPI


Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional


Ciudad de Buenos Aires - Argentina


correpi@fibertel.com.ar

Repudio a las amenazas contra los familiares de la Masacre de Rosario por parte de la Asociación de Ex - Detenidos - Desaparecidos (AEDD).

masacre-rosario-no estan solos 2A través de un comunicado, la Asociación de Ex - Detenidos - Desaparecidos (AEDD) manifestó su repudio a los ataques sufridos por la madre y la hermana de Claudio "Mono" Suárez, quien fuera asesinado junto a Jeremías Trasante y Adrián Rodríguez, militantes del Frente Popular Darío Santillán, el pasado 1º de enero del corriente, por parte de uno de los hermanos de Ezequiel "El Negro" Villalba, último prófugo vinculado al triple crimen de Barrio Moreno.


Afirmaron que la respuesta policial al ataque, materializado en el disparo de tiros al aire, con balas de plomo y la detención de Keko y Jonathan Suárez, constituye una clara evidencia de la connivencia con la banda de Villalba mientras el Ministerio de Seguridad y el Gobierno provincial se negaron a intervenir ante este claro caso de coacción contra la familia Suárez.




Por otro lado, sostuvieron que estas prácticas policiales son frecuentes en los barrios más pobres de Rosario, donde "el poder político, la policía y las bandas criminales cortan con la misma tijera, siempre pegando a los que menos tienen, a los de abajo", aseguraron.


Asimismo, destacaron que el Triple Crimen, el amedrentamiento a los familiares de Suárez y la detención de dos de los hermanos del "Mono" no constituyen hechos aislados sino que forman parte de una "clara política de represión, para frenar la organización de los de abajo y para evitar que luchen por sus derechos".


Finalizaron, repudiando la agresión y exigiendo la inmediata libertad de Keko y Jonathan.

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 649.

correpi 4


 


CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 649  


 


 


correpi 3


Sumario:  


1. Asesinados para el control social


2. Más muertes en penales y comisarías


3. Los tres poderes: siempre contra el pueblo


4. La excusa del terrorismo


5. Nuevamente amenazas y agresiones a militantes en Jujuy


6. Próximas actividades.



24 de marzo: Invitamos a todas las organizaciones y compañeros a compartir un breve acto contra la represión actual, a las 14:00, en Plaza Lorea (Av. de Mayo y L. Sáenz Peña), antes de encolumnarnos para marchar a Plaza de Mayo en un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura militar.


CUERPO


“Canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreyra”


CD CUERPO - MARIANO FERREYRA - FM LA TRIBUJunto a FM La Tribu y Aitor (primo de Mariano), estamos trabajando en la producción y difusión del disco que recuerda a Mariano y a todos los compañeros asesinados por luchar contra la injusticia. Del disco participan solidariamente artistas como Vicentico, 4 Pesos de Propina, Pablo Lescano, Manu Chao, Palo Pandolfo, entre otros. Este proyecto no persigue ningún tipo de ganancia y se financia con la militancia de los compañeros. Durante la venta anticipada, “Cuerpo” tendrá un valor de $ 20 y luego su precio ascenderá a $ 40. La preventa se realiza para poder financiar los costos de producción, grabación y edición del disco. Una vez que se haya alcanzado este objetivo, lo recaudado se destinará en su totalidad  a CORREPI.


Para adquirirlo anticipadamente, contactate con nosotros a correpi@fibertel.com.ar, buscanos en Facebook o acercate a nuestro local, Carlos Calvo y Alberti, lunes de 17 a 19; jueves de 19 a 21; sábados de 11 a 15.



1. Asesinados para el control social


Cuatro historias que se suman a la larga lista de asesinados en el cotidiano ejercicio del control social:


Hernán Alborcen (25) fue asesinado en Monte Grande el 11 de febrero de este año, de un disparo en la cabeza. Era de madrugada; estaba sentado en el cordón de la esquina de su casa, esperando a que su novia volviera del boliche. Dos policías bonaerenses de la comisaría de Esteban Echeverría lo fusilaron en ese mismo lugar.


Desde entonces, sus padres encontraron todas las trabas que pone el sistema para garantizar la impunidad de los verdugos de pobres. El fiscal que lleva la causa (como en general sucede cada vez que estos funcionarios tienen que responder por los perros guardianes del poder y la riqueza), evade a los familiares, los confunde, no les da respuestas, tendiendo a que las víctimas se cansen y dejen de pelear.


Julio Luna (62) era un comerciante de la localidad bonaerense de Quilmes que tenía un mini-supermercado. En la mañana del 5 de marzo, un joven entró al comercio e intentó asaltar a Julio. Un policía federal vestido de civil que estaba entre los clientes, fiel a sus reflejos policíacos, sacó su arma para detener al ladrón, sin importarle el riesgo para la vida de las personas. La bala policial terminó hiriendo al Luna, que murió mientras era trasladado al hospital.


El 8 de marzo, en Merlo, provincia de Buenos Aires, un policía bonaerense mató a dos jóvenes de 23 y 25 años. El policía estaba vestido de civil. Salía de un comercio y dice que dos ladrones intentaron sacarle el dinero que llevaba encima. Claro está que, para todo agente del sistema que se precie, el valor del dinero es siempre superior al valor de la vida. Y como los policías no se desprenden de su arma ni para ir a hacer los mandados, éste no dudó en matarlos, seguro de tener de su lado a sus colegas para encubrirlo, a jueces y fiscales para protegerlo, y a las cadenas de medios para reproducir la versión policial del confuso episodio. Al fin y al cabo, los muertos no hablan, y menos si son pobres.


2. Más muertes en penales y comisarías


Son tres, en apenas unos días, las noticias de personas fallecidas a manos de los verdugos que custodian las rejas de cárceles y comisarías argentinas.


En San Martín, provincia de Buenos Aires, en el penal de José León Suárez, Patricio Barros Cisneros (26) falleció el 28 de enero producto de las torturas. Las personas que presenciaron el ataque sostienen que participaron alrededor de once penitenciarios que lo esposaron y, una vez en el suelo, lo reventaron a golpes de puño y pies. Incluso uno de los verdugos saltó sobre su pecho en reiteradas oportunidades.


Hay cuatro penitenciarios con orden de captura, acusados de homicidio agravado por alevosía. Como siempre, no hay juez en Argentina que se atreva a decir “tortura” en democracia). Lógicamente, también, Rodrigo Chaparro, Héctor Aníbal Mario, Gerardo Rodolfo Luna y César Raúl Benítez ya se profugaron. Si usted, estimado lector, sabe algo de ellos, ¡no avise a la policía!.


En Córdoba, Sandra López (41) portera de una escuela y madre de tres hijos, murió luego de haber sido golpeada durante su arresto, después de doce horas sin asistencia médica. Todo comenzó el 3 de marzo, cuando fue detenida, junto a su esposo y tres personas más, porque había filmado un operativo en su barrio, en el que los vecinos denuncian que la policía entró a los tiros. Sandra, que sufría de gastritis nerviosa, se descompuso tras los golpes policiales y vomitó sangre. Pese a los reclamos de los otros detenidos, recién fue vista por un médico doce horas después. Ya era tarde, y, aunque liberada, murió el lunes 5.


En Catamarca, Diego Iván Pachado (20) fue detenido junto a su amigo, Mario González, por averiguación de antecedentes. Minutos antes Diego y Mario habían sido asaltados. Diego tenía un profundo corte en la cabeza, producto de la golpiza que le propinara la policía. Tampoco recibió asistencia médica. Cayó en coma y murió dos días después de su detención en la sala de terapia intensiva del hospital San Juan Bautista, el martes 13.


La lista de muertos en cárceles y comisarías sigue engordando, así como la de muertos por el gatillo fácil, las dos modalidades de represión preventiva que el Estado descarga sobre el pueblo para disciplinarlo. No hay purga, no hay “programa de DDHH” que pueda modificar estas prácticas que son parte de la función encargada por los poderosos a las fuerzas de seguridad.


3. Los tres poderes: siempre contra el pueblo


Esta semana, los legisladores de la UCR realizaron una denuncia penal contra el Ministro de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios, Julio De Vido, por la masacre ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas y hubo 700 heridos.   


De Vido respondió argumentando que el radicalismo debe explicaciones por los muertos de diciembre de 2001, refiriéndose al asesinato a manos de las fuerzas represivas de 39 personas en todo el país durante la rebelión popular que forzó la partida anticipada del gobierno de la Alianza UCR - Frepaso, y recordó, también, históricas represiones radicales, como “La Semana Trágica”, “La Patagonia Rebelde” o los comandos civiles de 1955. No mencionó, en cambio, la masacre del Puente de Corrientes, en 1999.




“Todo el mundo tiene derecho a presentar las denuncias que crea necesarias, pero debe haber coherencia entre quien las hace y su historia. A mí como militante me gustaría que las nuevas autoridades del radicalismo aprovechen su nueva gestión para hacer una sincera autocrítica política por estos asesinatos y todos los que perpetraron los gobiernos radicales a lo largo de la historia” fueron sus palabras textuales.


¿Y por casa cómo andamos? Ni siquiera hay que recurrir demasiado a la historia, de la que, de todos modos, el peronismo no sale mucho mejor parado que el radicalismo, para cuestionar lo que De Vido, peronista y del riñón del kirchnerismo de la primera hora, llama su “coherencia militante”.


De Vido es funcionario, desde 2003, del gobierno que más muertos tiene por el gatillo fácil desde 1983; que mató 17 luchadores en la protesta social y, sin dudas, el gobierno que mejor pulió los mecanismos de criminalización de la pobreza y la protesta. Es funcionario estrella del gobierno que llenó de policías, gendarmes y prefectos las calles en nombre de una “seguridad” que nos cuesta un pibe muerto por día con el gatillo fácil y la tortura, y que sostiene más de 5.000 procesos contra luchadores populares.


Esta semana, también el presidente de la Corte Suprema dijo que “el Estado no debe perseguir al que piensa diferente”… ¿Se estaba refiriendo al Proyecto X? ¿A los perseguidos por cortar calles y rutas, que esperan juicios en los que se va a definir si pasan varios años presos por defender los derechos de trabajadores? No, se estaba refiriendo a la libertad de expresión y al equilibrio de poderes: “los jueces deben evitar los abusos de toda clase de poder”, dijo. Lorenzetti podrá hacerse el desentendido, pero nosotros sabemos cuál es el papel de los jueces: aplicar las herramientas que el poder legislativo pone al servicio del poder para mantener al pueblo estrangulado por la explotación y la opresión.


Se tiran la pelota entre ellos, se acusan de corruptos, represores, apelan al “archivo histórico”, cuando realmente ninguno de ellos, ni los partidos a los que pertenecen, resiste la historia. Como decimos siempre: gobierne quien gobierne, la represión es necesaria para administrar una sociedad dividida en clases.


4. La excusa del terrorismo


El imperialismo hace y deshace librando batallas contra el supuesto terrorismo…


“Seguiremos atacando a quién pretenda agredir a la ciudadanía israelí”, advirtió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien afirma, sin referirse a los ataques que está sufriendo la Franja de Gaza desde el pasado viernes 9 de marzo, que han podido desactivar una acción terrorista que estaba siendo planificada. La cuestión es que ya son 18 los muertos palestinos, de los cuales solo dos fueron víctimas del bombardeo “selectivo” que desató todo el conflicto el día 9: el secretario general de los Comités Populares de Resistencia (CPR) y su escolta. Los demás, fueron víctimas de los bombardeos que sufrieron los barrios populares en represalia a la respuesta que los CPR y la Yihad Islámica han dado a Israel desde ese mismo viernes.


Ante la situación de emergencia histórica de Gaza, agravada por los constantes ataques aéreos israelíes, la muerte de los civiles y la persecución política que sufren los palestinos que en ese territorio habitan, la ONU sólo se pronunció denunciando los bombardeos palestinos a Israel.


Un poco más al este, en sintonía con la hipocresía, la represión sigue siendo la forma de lastimar al pueblo sirio, en un embate que se dibuja desde afuera. El respaldo en fondos, armas y formación a las filas rebeldes sirias esta dado principalmente por Inglaterra, Francia, EEUU, con colaboración de Turquía, Libia y el Líbano. El régimen al que quieren voltear, presidido por Bashar Al Assad, responde al partido del Baas, que hace más de 50 años que ejerce el poder.


En este escenario complejo se desata la brutal represión sufrida por el pueblo traducida en asesinatos y huidas masivas de refugiados que no sólo son el resultado de la violencia estatal (cosa a la que estamos acostumbrados), sino que también responden a las milicias respaldadas por el imperialismo occidental o por el islamismo ortodoxo. Según la ONU, son 7.500 las muertes en este casi año de conflicto sirio.


Mientras tanto, en Rusia, al mismo tiempo que el gobierno apoya al gobierno sirio de Al Assad y festeja la presencia de la ONU en Siria, manda a la policía a reprimir las protestas desatadas en Moscú y en San Petesburgo en contra de los resultados de las elecciones que arrojaron un 63,60% a favor de Putin. Fueron unos 550 los detenidos luego de la represión contra las manifestaciones que exigían el fin de la persecución política y los fraudes masivos.


El imperialismo va marcando el ritmo de las políticas represivas, vestidas de ataques aéreos, de banderas de defensa del terrorismo, de oposición democrática, o de policía reprimiendo y apresando en una represión, que no hacen más que imponer el verdadero terror a través de los estados, a fuerza de formar policías, financiar milicias desestabilizadoras, sostener las prácticas más abusivas o hambrear al pueblo trabajador. Terroristas no son los que se organizan para, junto con otros, cambiar la materialidad de su existencia, los que siembran terror son los que atacan la organización del pueblo.


5. Nuevamente amenazas y agresiones a militantes en Jujuy


En un reciente comunicado, la Corriente del Pueblo de Jujuy, organización integrada al Encuentro Nacional Antirrepresivo, denunció esta semana “La incesante campaña de amenazas, aprietes y acciones violentas contra nuestras organizaciones [que] intenta poner freno al trabajo que diariamente realizamos en barrios y comunidades de nuestro país, en un escenario que tiene por objetivo último, imponer una política de entrega y saqueo del territorio nacional”.


Señalan los compañeros que “No es ninguna casualidad que esta campaña surja con virulencia cuando planteamos una pelea frontal contra el modelo minero” y describen el accionar represivo: “por un lado las fuerzas tradicionales de seguridad reprimiendo abiertamente o infiltrándose en movilizaciones y acciones cotidianas identificando y golpeando selectivamente a referentes de asambleas ciudadanas, organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales, comunidades indígenas, tratando de aislar cada una de las iniciativas del campo popular y sosteniendo el desmembramiento del mismo con diversas metodologías. Por otro lado, la aprobación por orden de Washington de la “Ley antiterrorista”, norma para reprimir al pueblo y sus luchas, nuevo y gravísimo intento de avance represivo que ha tomado cuerpo con la remisión al Congreso por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.


Puntualmente, denuncian los recientes pedidos de captura de los referentes sindicales de la Comisión Directiva del ingenio “La Esperanza”, como parte de la campaña de amedrentamiento que enfrentan desde la conformación de la Corriente en 2006, jalonada por distintos episodios de represión directa a sus militantes en los barrios en los que se organizan, así como la promoción de causas penales en represalia a movilizaciones y manifestaciones, hasta el ataque directo a golpes sufrido por las compañeras Cecilia Quiroz y Mariana Argañaraz a pocas cuadras de Recursos Hídricos luego de que realizaran gestiones en esa dependencia.


Concluyen su denuncia diciendo: “No estamos dispuestos a ver pasivamente como continúan saqueando nuestra tierra. Estamos contra la entrega de nuestros territorios, transformándolos en cotos de caza encerrando lagos, montañas y cerros cuyos minerales son nuestras mayores reservas; estamos contra la extranjerización de nuestros principales recursos estratégicos; sostenemos la defensa de los derechos de la naturaleza y de nuestro pueblo”.


6. Próximas Actividades



- Jueves 22 de marzo, a las 9:00, movilizamos a los Tribunales de Lomas de Zamora, Camino Negro y Larroque, junto a ATE Sur, en repudio de la citación judicial de sus militantes, denunciados por decir la verdad sobre el represor Magallanes.


- Viernes 23 de marzo, CORREPI estará presente en mesas de debate y charlas en los colegios Nacional Buenos Aires y Fader, y, a las 19:00, en la Facultad de Filosofía y Letras.


- Sábado 24 de marzo, a las 14:00, acto antirrepresivo en Plaza Lorea, Av. de Mayo y Luis Sáenz Peña, para marchar a las 15:00 a Plaza de Mayo en repudio al nuevo aniversario del inicio de la última dictadura militar.



- El programa Leña al Fuego, del periodista Herman Schiller, por Radio Porteña, con la columna de opinión de María del Carmen Verdú, volverá al aire cuando lo decida el gobierno de la Ciudad, en horario a confirmar, por AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371 - 4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.


- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.


- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.


Visitá nuestra web: http://correpi.lahaine.org


¡ Buscanos en www.facebook.com/correpi !


Comunicate con nosotros para colaborar con CORREPI.


Visitá nuestro local en Carlos Calvo 2499 y Alberti, Monserrat.


 


CORREPI


Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional


Ciudad de Buenos Aires - Argentina


correpi@fibertel.com.ar

Pergamino: Amenazaron a dos militantes del Colectivo Militante por los Derechos Humanos.

Carlos QuirozMediante un comunicado, el Colectivo Militante por los Derechos Humanos denunció las amenazas telefónicas sufridas el pasado 28 de diciembre por dos integrantes de la organización de Derechos Humanos pergaminense.


Afirmaron que constituye "una forma de amedrentamiento" con la finalidad de hacerles "saber que nos están persiguiendo, vigilando, y que cuentan con diversos medios para hacerlo", tras las acciones llevadas a cabo por el esclarecimiento del asesinato de Carlos Quiroz.


Cabe destacar que uno de los policías fue condenado a cadena perpetua, mientras que otro lo fué con una pena de dos años de prisión.


Por otra parte, destacaron que, finalizado el juicio oral, se produjeron diversos hechos "que dan cuenta de una persecución ilegal contra quienes acompañaron a la familia Quiroz en su reclamo de justicia".


Finalizaron, manifestando que esta situación fué puesta en conocimiento de la justicia a través del Comité Contra la Tortura,  dependiente de la Comisión Provincial por la Memoria y solicitaron el apoyo para reclamar por la investigación de las amenazas sufridas.


Artículos relacionados:


Caso Carlos Quiroz: Hoy se conocerá el fallo.


Pergamino: Juicio al gatillo fácil - Comenzó el juicio por el caso Quiroz.