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CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 664.
Sumario:
1. El “vertiginoso” ya no se ríe.
2. 125 muertes en 7 meses.
3. Cerro Dragón, la histeria reveladora.
4. Narcos y chorros, ¡ todos de uniforme !
5. Motín policial en Bolivia.
6. Próximas actividades.
1. El “vertiginoso” ya no se ríe.
El viernes pasado, el juzgado correccional Nº 2 de Morón condenó al sargento Ariel Horacio Núñez a tres años y medio de prisión por haber encubierto el asesinato de Rodrigo Corzo, y quedó inmediatamente detenido, pues se ordenó su cumplimiento efectivo aun cuando su defensa –previsiblemente- apele la condena.
La rápida lectura de la sentencia fue seguida por Narciso, Eli y Micaela Corzo, junto a otros militantes de CORREPI, la mayoría familiares de víctimas. A pesar de la leve pena, la condena, y, sobre todo, la detención, fue vivida como un gran triunfo de la organización y la lucha. Costó 9 largos años llevar a juicio al policía que conducía el patrullero desde el que el ya condenado oficial Cristian Alfredo Solana disparó contra el auto que manejaba Rodrigo, y le colocó una bala en la espalda.
Por 9 años, cada vez que el sargento Ariel Horacio Núñez tuvo que enfrentar a la familia Corzo y a los demás militantes de CORREPI, sonreía irónicamente. ¿Cómo no iba a sonreír, si estaba muy tranquilo en el lugar de “testigo” que le dieron jueces y fiscales? Una y otra vez, Núñez declaró como simple espectador del homicidio del que fue partícipe, acomodando sus palabras a medida que lo requería la defensa de su camarada y jefe.
Primero habló del “vértigo” que le dio la leve inclinación del Puente Santa Rosa en el Acceso Oeste, y dijo que “cerró los ojos y aceleró”, por lo que no había visto si Solanas disparó. Luego, forzado por las pruebas contundentes contra su oficial superior, aclaró que “en realidad lo que hice fue fijar la vista adelante, no mirar al costado, y vi dos fogonazos desde el auto del caco”. En uno y otro caso, se probó que mentía, ya que no hubo otros disparos esa madrugada del 23 de junio de 2003 que los del policía a su lado.
En estos años, logramos impulsar la causa por encubrimiento. En 2008, tuvimos que pedir que se dictara su rebeldía y comparendo compulsivo, porque cada citación de la fiscalía era devuelta por la policía con la nota “desconocido en el domicilio”. Distribuimos su foto, en afiches y volantes que contaban la historia del “vertiginoso”, y advertían: “Si lo ve, NO avise a la policía”.
El 8 de marzo del año pasado, los vecinos de Moreno lo vieron en la plaza, durante el festejo del Día de la Mujer. No avisaron a la policía, sino a los militantes de CORREPI de Moreno. Las familias Torres y Casal, junto a otros compañeros, corrieron a la plaza. Lo identificaron, lo siguieron y lo fotografiaron. Gracias a esa constancia en la lucha, llegamos a este juicio, a esta condena, y a esta prisión, que, aunque breve, le borró la sonrisa al “vertiginoso”.
2. 125 muertes en 7 meses.
A siete meses de la presentación de la actualización del Archivo de Casos de CORREPI, 125 nuevas muertes en manos de las fuerzas represivas estatales se suman a las 3.390 víctimas contabilizadas desde el advenimiento de la democracia en 1983 hasta noviembre de 2011 (ver Archivo 2011 en http://correpi.lahaine.org/?p=1098 ).
125 nuevas muertes que suma el gobierno kirchnerista a las 1.836 denunciadas el año pasado (54,11% del total), producto de la aplicación de sus políticas represivas de control social en los barrios y de la mayor militarización, a la par del crecimiento de la conflictividad social que genera la crisis económica de los últimos años.
Gran parte de estos asesinatos a manos del aparato represivo estatal, especialmente las que corresponden a los pibes de familias pobres, son encubiertos por la versión policial prefabricada del enfrentamiento armado, en la que, variando pequeños detalles, inverosímil pero milagrosamente, el policía resulta siempre ileso y el ladrón muere de un tiro por la espalda o la nuca. Por su parte, el periodismo cómplice obedece, no investiga: copia y pega en sus páginas los partes policiales sin nunca chequear la veracidad de los hechos relatados.
Es también, en gran parte de los 125 nuevos casos, la familia de estos pibes que, aún con el dolor de la pérdida de un familiar a cuestas, sale a enfrentarse contra este aceitado mecanismo de encubrimiento y a luchar contra la burocracia judicial, preparados ambos para garantizar la impunidad de los verdugos de pobres, asesinos a sueldo del estado.
El viernes 15 de junio, un policía de la comisaría 16ª de Mar del Plata, mató por la espalda a Maximiliano Villarroel, de 21 años, ante la mirada de sus vecinos, que echaron a piedrazos a los asesinos, impidiendo, de esa forma, que pudieran plantarle un arma y fraguar, como ya nos tienen acostumbrados, la consabida escena del enfrentamiento armado que nunca existió. Luego, fueron a protestar a la comisaría, donde la policía asesina los reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos, a la vez que el barrio fue cercado por la infantería hasta la medianoche.
En Junín, el domingo 25 de junio, Ramón Maidana Centurión fue acuchillado por otros presos en la Unidad 13 del Servicio Penitenciario Bonaerense, sumando una nueva muerte a las 13 que llevamos contabilizadas este último año y de las que el SPB no da ninguna clase de respuesta, demostrando cumplir al pie de la letra con su rol de exterminio, preestablecido por el estado en su conjunto en el marco de su política represiva aplicada a los sectores excluidos de la sociedad capitalista.
Por último, el asesinato de Samuel Villegas en Escobar el 22 de mayo se hizo de conocimiento público gracias a la multitudinaria marcha encabezada por familiares y amigos de este joven de 22 años. En este caso, nuevamente, la versión oficial de comisaría 1ª de Escobar, reproducida sin escrúpulos por los medios locales, dice que Samuel atacó a los policías con una escopeta desde el asiento trasero un auto en marcha y que se bajó para darse a la fuga a pie, donde fue alcanzado por las balas policiales. En cambio, su familia denuncia que Samuel se estaba peleando con un "transa" (vendedor de drogas) en la puerta de la casa de éste y que la policía de la comisaría 1ª, que protege al narcotraficante, llegó para amedrentar al joven y comenzó a dispararle. Uno de los disparos le dio en la cintura y los policías se tomaron su tiempo para brindarle atención médica, por lo que el joven murió en el hospital a causa de haber perdido demasiada sangre.
3. Cerro Dragón, la histeria reveladora.
La Panamerican, agazapada y monitoreando. El ministerio de Trabajo y el de Seguridad, amenazando con la Gendarmería. La UOCRA del servicio Gerardo Martínez, legitimando el despojo a los trabajadores. Y un discurso presidencial revelador sobre la naturaleza de su gestión.
El funcionamiento de la triple alianza antiobrera, una vez más, al descubierto en la lucha que los obreros de la construcción vienen dando en el yacimiento de Cerro Dragón en Chubut.
Poco interesa que el reclamo sea de una mayoría de obreros de la construcción, cansados de las traiciones de los burócratas. Menos interesa que ese reclamo date del mes de enero, y que desde siempre fuera desoído por la empresa y el gobierno nacional. Nada interesa que el reclamo pida a gritos el cumplimiento de un principio básico: a igual tarea igual remuneración.
Poco, menos y nada, interesa la razón de los trabajadores a quienes ejercen la presión sobre ellos. Incluida la "gran prensa", que, ninguneando y distorsionando, facilita a la pata judicial de la criminalización de la protesta, el consenso suficiente para imputar delito allí dónde hay un derecho.
Repetimos siempre: en cada conflicto donde aflora la lucha de clases, donde la tensión pone en jaque los intereses del capital, el estado tiene una sola respuesta REPRESION Y CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA.
En su discurso referido al tema, la Presidenta Cristina de Kirchner lo reconoció de modo elíptico: "No mandaremos más gendarmes ni fuerzas federales a las provincias para acallar conflictos". No le creemos claro, aunque sirve como confesión de anteriores negaciones. Y lo dijo en ocasión de referirse al accidente en la ruta donde murieron los gendarmes que salían de Cerro Dragón hacia Mendoza. "Querían un muerto, ahí tienen varios". Las mismas palabras que mencionó pocas horas después del crimen de Mariano Ferreyra, atribuyendo inauditas responsabilidades.
Su lógica es clara: en todos los casos hay que demoler, perseguir, desacreditar la protesta. Siguiendo esa lógica, la protesta genera muertos, la protesta provoca muertos, y en todos los casos los responsables son los mismos, los que protestan. Terminemos con la protesta, pues, nos está diciendo la gobernanta mientras la Panamerican aplaude y la gendarmería y los burócratas siguen al pie del cañón.
La protesta en Cerro Dragón es un capítulo de la historia de lucha obrera que ha promovido una histérica respuesta presidencial: a quiénes responde, con quiénes responde y cómo responde todo gobierno que tiene en la conciliación de clases su objetivo administrador.
Pero hay histerias que no debemos relativizar. En materia de criminalización de la protesta y represión selectiva, el gobierno de los DDHH no tiene empacho en cambiar una letra y fabricar con el resto, la historia del oportunismo.
4. Narcos y chorros, ¡ todos de uniforme !
La policía, esa que está “al servicio de la comunidad”, y nos mata un pibe por día con el gatillo fácil y las torturas y nos reprime cuando nos organizamos para reclamar lo que nos corresponde, es la misma que, además, está metida en los peores negociados, que no podrían sostenerse sin la complicidad policial, y de las demás fuerzas represivas.
Casi semanalmente damos ejemplos de esto, y hoy no es la excepción.
Tres policías bonaerenses de distintas comisarías de La Plata, fueron detenidos esta semana por facilitar la fuga de una persona detenida, para robar. Esta vez los descubrieron, dado que pudieron identificar a la persona que robó a un matrimonio y que estaba supuestamente “detenida” en una comisaría de La Plata.
Claro que en esto de hacer negocios, la policía (federal, bonaerense, y las policías provinciales) no tiene la exclusividad.
Un cabo de Gendarmería Nacional, fue detenido con 110 kilos de cocaína escondidos en bolsos debajo de los asientos, en los espaldares y en el baúl del auto que conducía. Según informaron los medios, la Gendarmería ya contaba con información previo al momento de la detención. Lo que, para nosotros, significa que lo detuvieron por alguna disputa interna.
Y en Corrientes, un agente penitenciario de Entre Ríos fue detenido con 350 kilos de marihuana, cantidad que equivale a la suma de 2 millones de pesos. El penitenciario viajaba en un auto tipo ambulancia para el transporte de féretros, perteneciente a una cochería de Entre Ríos. La marihuana estaba escondida en bolsas de arpillera dentro de un ataúd de madera.
Gracias a la impunidad que detentan las fuerzas represivas, garantizada por jueces y fiscales, es que estas fuerzas controlan y regentean el narcotráfico, la trata de personas, obligan a los pibes a robar para ellos, controlan y distribuyen el paco en los barrios. Es que aquellos que le ponen el cuerpo al control social, que cumplen la función encomendada por el estado de mantener el pueblo a raya, tienen su recompensa.
5. Motín policial en Bolivia.
El 21 de junio, todas las unidades policiales de Bolivia se amotinaron en reclamo de cuatro puntos, entre los que se encontraban aumentos de salarios y mejor equipamiento. En los primeros días del motín, el intento de acordar fracasó y la policía aumentó sus demandas, desconociendo un preacuerdo ya firmado. En ese preacuerdo, se establecía un aumento del bono de seguridad ciudadana y la incorporación de un aumento salarial que permitiría ganar un salario de 2045 Bs. A estas concesiones se le sumaron la duplicación de la ración seca y de alimentos, el compromiso para mejorar la ley de régimen disciplinario policial, el establecimiento de un organismo para la defensa de policías, y el compromiso para mejorar el equipamiento.
En un principio, los policías de más bajo rango rechazaron ese preacuerdo y se movilizaron hasta la casa de gobierno, donde hicieron demostración de fuerza armada, confrontaron con partidarios de Evo Morales, y hasta ejercieron su función represora impidiendo que la marcha indígena del TIPNIS arribara a la plaza.
Luego de varios días de amotinamiento, los policías recibieron casi todo lo que pedían: El policía de más bajo rango percibirá la suma de 295 dólares, más un extra mensual de 57 dólares, lo que equivale a casi 2.500 pesos bolivianos; se les reconoce el derecho a una jubilación equivalente al 100% de los ingresos de la última boleta de pago; se garantizó la impunidad de los policías por todos los delitos que pudieran haber cometido durante el motín; se dispuso la creación de la Defensoría de la Policía (“para la defensa de los derechos del policía”, dice el convenio); y se estableció la revisión de la ley que establece el régimen disciplinario policial.
Se trata de concesiones que permitirán un mejor ejercicio de la represión por parte de la policía. Lejos de confrontar contra el golpismo policial, el gobierno boliviano cedió en casi todas las reivindicaciones, fortaleciéndolo.
Los policías no son trabajadores, el levantamiento no fue una huelga sino un motín, la obtención de semejante triunfo no los acercará al pueblo sino que los envalentonará, aún más, para ejercer la función para la que existen: reprimirlo.
El hecho de que los policías provengan en gran medida del pueblo no significa nada. Es la existencia la que determina la conciencia. Y la existencia no se encuentra determinada por la percepción de un salario sino por la función social que se ejerce. Aquél que, perteneciendo por origen a la clase trabajadora, se vuelve policía, es un policía de la burguesía y no un trabajador. Todo policía está entrenado para, a lo largo de su existencia, reprimir al pueblo cuando éste se moviliza por sus justas reivindicaciones; y sabe que los gobiernos cambian, pero la policía persiste.
Es por ello que los policías no pertenecen a la clase trabajadora y ésta nada gana apoyando sus motines, sino todo lo contrario, sale perdiendo y fortaleciendo a sus verdugos.
6. Próximas actividades.
- Viernes 13, en Carlos Calvo 2499, esquina Alberti, venite a la Peña Antiyeta y Antiyuta. Clases de folclore, música, barra baratita con empanadas caseras y guiso de lentejas.
- Sabado 14 de julio, desde las 13:00, Radio Abierta Antirrepresiva en la plaza de la Escuela 10, Barrio Los Naranjos, Malvinas Argentinas.
- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.
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Escribinos a correpi@fibertel.com.ar o por Facebook si querés organizar alguna charla antirrepresiva en tu colegio o en el barrio.
Visitá nuestro local en Carlos Calvo 2499 y Alberti, Monserrat.
CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires - Argentina
CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 649
Sumario:
1. Asesinados para el control social
2. Más muertes en penales y comisarías
3. Los tres poderes: siempre contra el pueblo
4. La excusa del terrorismo
5. Nuevamente amenazas y agresiones a militantes en Jujuy
6. Próximas actividades.
24 de marzo: Invitamos a todas las organizaciones y compañeros a compartir un breve acto contra la represión actual, a las 14:00, en Plaza Lorea (Av. de Mayo y L. Sáenz Peña), antes de encolumnarnos para marchar a Plaza de Mayo en un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura militar.
CUERPO
“Canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreyra”
Junto a FM La Tribu y Aitor (primo de Mariano), estamos trabajando en la producción y difusión del disco que recuerda a Mariano y a todos los compañeros asesinados por luchar contra la injusticia. Del disco participan solidariamente artistas como Vicentico, 4 Pesos de Propina, Pablo Lescano, Manu Chao, Palo Pandolfo, entre otros. Este proyecto no persigue ningún tipo de ganancia y se financia con la militancia de los compañeros. Durante la venta anticipada, “Cuerpo” tendrá un valor de $ 20 y luego su precio ascenderá a $ 40. La preventa se realiza para poder financiar los costos de producción, grabación y edición del disco. Una vez que se haya alcanzado este objetivo, lo recaudado se destinará en su totalidad a CORREPI.
Para adquirirlo anticipadamente, contactate con nosotros a correpi@fibertel.com.ar, buscanos en Facebook o acercate a nuestro local, Carlos Calvo y Alberti, lunes de 17 a 19; jueves de 19 a 21; sábados de 11 a 15.
1. Asesinados para el control social
Cuatro historias que se suman a la larga lista de asesinados en el cotidiano ejercicio del control social:
Hernán Alborcen (25) fue asesinado en Monte Grande el 11 de febrero de este año, de un disparo en la cabeza. Era de madrugada; estaba sentado en el cordón de la esquina de su casa, esperando a que su novia volviera del boliche. Dos policías bonaerenses de la comisaría de Esteban Echeverría lo fusilaron en ese mismo lugar.
Desde entonces, sus padres encontraron todas las trabas que pone el sistema para garantizar la impunidad de los verdugos de pobres. El fiscal que lleva la causa (como en general sucede cada vez que estos funcionarios tienen que responder por los perros guardianes del poder y la riqueza), evade a los familiares, los confunde, no les da respuestas, tendiendo a que las víctimas se cansen y dejen de pelear.
Julio Luna (62) era un comerciante de la localidad bonaerense de Quilmes que tenía un mini-supermercado. En la mañana del 5 de marzo, un joven entró al comercio e intentó asaltar a Julio. Un policía federal vestido de civil que estaba entre los clientes, fiel a sus reflejos policíacos, sacó su arma para detener al ladrón, sin importarle el riesgo para la vida de las personas. La bala policial terminó hiriendo al Luna, que murió mientras era trasladado al hospital.
El 8 de marzo, en Merlo, provincia de Buenos Aires, un policía bonaerense mató a dos jóvenes de 23 y 25 años. El policía estaba vestido de civil. Salía de un comercio y dice que dos ladrones intentaron sacarle el dinero que llevaba encima. Claro está que, para todo agente del sistema que se precie, el valor del dinero es siempre superior al valor de la vida. Y como los policías no se desprenden de su arma ni para ir a hacer los mandados, éste no dudó en matarlos, seguro de tener de su lado a sus colegas para encubrirlo, a jueces y fiscales para protegerlo, y a las cadenas de medios para reproducir la versión policial del confuso episodio. Al fin y al cabo, los muertos no hablan, y menos si son pobres.
2. Más muertes en penales y comisarías
Son tres, en apenas unos días, las noticias de personas fallecidas a manos de los verdugos que custodian las rejas de cárceles y comisarías argentinas.
En San Martín, provincia de Buenos Aires, en el penal de José León Suárez, Patricio Barros Cisneros (26) falleció el 28 de enero producto de las torturas. Las personas que presenciaron el ataque sostienen que participaron alrededor de once penitenciarios que lo esposaron y, una vez en el suelo, lo reventaron a golpes de puño y pies. Incluso uno de los verdugos saltó sobre su pecho en reiteradas oportunidades.
Hay cuatro penitenciarios con orden de captura, acusados de homicidio agravado por alevosía. Como siempre, no hay juez en Argentina que se atreva a decir “tortura” en democracia). Lógicamente, también, Rodrigo Chaparro, Héctor Aníbal Mario, Gerardo Rodolfo Luna y César Raúl Benítez ya se profugaron. Si usted, estimado lector, sabe algo de ellos, ¡no avise a la policía!.
En Córdoba, Sandra López (41) portera de una escuela y madre de tres hijos, murió luego de haber sido golpeada durante su arresto, después de doce horas sin asistencia médica. Todo comenzó el 3 de marzo, cuando fue detenida, junto a su esposo y tres personas más, porque había filmado un operativo en su barrio, en el que los vecinos denuncian que la policía entró a los tiros. Sandra, que sufría de gastritis nerviosa, se descompuso tras los golpes policiales y vomitó sangre. Pese a los reclamos de los otros detenidos, recién fue vista por un médico doce horas después. Ya era tarde, y, aunque liberada, murió el lunes 5.
En Catamarca, Diego Iván Pachado (20) fue detenido junto a su amigo, Mario González, por averiguación de antecedentes. Minutos antes Diego y Mario habían sido asaltados. Diego tenía un profundo corte en la cabeza, producto de la golpiza que le propinara la policía. Tampoco recibió asistencia médica. Cayó en coma y murió dos días después de su detención en la sala de terapia intensiva del hospital San Juan Bautista, el martes 13.
La lista de muertos en cárceles y comisarías sigue engordando, así como la de muertos por el gatillo fácil, las dos modalidades de represión preventiva que el Estado descarga sobre el pueblo para disciplinarlo. No hay purga, no hay “programa de DDHH” que pueda modificar estas prácticas que son parte de la función encargada por los poderosos a las fuerzas de seguridad.
3. Los tres poderes: siempre contra el pueblo
Esta semana, los legisladores de la UCR realizaron una denuncia penal contra el Ministro de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios, Julio De Vido, por la masacre ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas y hubo 700 heridos.
De Vido respondió argumentando que el radicalismo debe explicaciones por los muertos de diciembre de 2001, refiriéndose al asesinato a manos de las fuerzas represivas de 39 personas en todo el país durante la rebelión popular que forzó la partida anticipada del gobierno de la Alianza UCR - Frepaso, y recordó, también, históricas represiones radicales, como “La Semana Trágica”, “La Patagonia Rebelde” o los comandos civiles de 1955. No mencionó, en cambio, la masacre del Puente de Corrientes, en 1999.
“Todo el mundo tiene derecho a presentar las denuncias que crea necesarias, pero debe haber coherencia entre quien las hace y su historia. A mí como militante me gustaría que las nuevas autoridades del radicalismo aprovechen su nueva gestión para hacer una sincera autocrítica política por estos asesinatos y todos los que perpetraron los gobiernos radicales a lo largo de la historia” fueron sus palabras textuales.
¿Y por casa cómo andamos? Ni siquiera hay que recurrir demasiado a la historia, de la que, de todos modos, el peronismo no sale mucho mejor parado que el radicalismo, para cuestionar lo que De Vido, peronista y del riñón del kirchnerismo de la primera hora, llama su “coherencia militante”.
De Vido es funcionario, desde 2003, del gobierno que más muertos tiene por el gatillo fácil desde 1983; que mató 17 luchadores en la protesta social y, sin dudas, el gobierno que mejor pulió los mecanismos de criminalización de la pobreza y la protesta. Es funcionario estrella del gobierno que llenó de policías, gendarmes y prefectos las calles en nombre de una “seguridad” que nos cuesta un pibe muerto por día con el gatillo fácil y la tortura, y que sostiene más de 5.000 procesos contra luchadores populares.
Esta semana, también el presidente de la Corte Suprema dijo que “el Estado no debe perseguir al que piensa diferente”… ¿Se estaba refiriendo al Proyecto X? ¿A los perseguidos por cortar calles y rutas, que esperan juicios en los que se va a definir si pasan varios años presos por defender los derechos de trabajadores? No, se estaba refiriendo a la libertad de expresión y al equilibrio de poderes: “los jueces deben evitar los abusos de toda clase de poder”, dijo. Lorenzetti podrá hacerse el desentendido, pero nosotros sabemos cuál es el papel de los jueces: aplicar las herramientas que el poder legislativo pone al servicio del poder para mantener al pueblo estrangulado por la explotación y la opresión.
Se tiran la pelota entre ellos, se acusan de corruptos, represores, apelan al “archivo histórico”, cuando realmente ninguno de ellos, ni los partidos a los que pertenecen, resiste la historia. Como decimos siempre: gobierne quien gobierne, la represión es necesaria para administrar una sociedad dividida en clases.
4. La excusa del terrorismo
El imperialismo hace y deshace librando batallas contra el supuesto terrorismo…
“Seguiremos atacando a quién pretenda agredir a la ciudadanía israelí”, advirtió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien afirma, sin referirse a los ataques que está sufriendo la Franja de Gaza desde el pasado viernes 9 de marzo, que han podido desactivar una acción terrorista que estaba siendo planificada. La cuestión es que ya son 18 los muertos palestinos, de los cuales solo dos fueron víctimas del bombardeo “selectivo” que desató todo el conflicto el día 9: el secretario general de los Comités Populares de Resistencia (CPR) y su escolta. Los demás, fueron víctimas de los bombardeos que sufrieron los barrios populares en represalia a la respuesta que los CPR y la Yihad Islámica han dado a Israel desde ese mismo viernes.
Ante la situación de emergencia histórica de Gaza, agravada por los constantes ataques aéreos israelíes, la muerte de los civiles y la persecución política que sufren los palestinos que en ese territorio habitan, la ONU sólo se pronunció denunciando los bombardeos palestinos a Israel.
Un poco más al este, en sintonía con la hipocresía, la represión sigue siendo la forma de lastimar al pueblo sirio, en un embate que se dibuja desde afuera. El respaldo en fondos, armas y formación a las filas rebeldes sirias esta dado principalmente por Inglaterra, Francia, EEUU, con colaboración de Turquía, Libia y el Líbano. El régimen al que quieren voltear, presidido por Bashar Al Assad, responde al partido del Baas, que hace más de 50 años que ejerce el poder.
En este escenario complejo se desata la brutal represión sufrida por el pueblo traducida en asesinatos y huidas masivas de refugiados que no sólo son el resultado de la violencia estatal (cosa a la que estamos acostumbrados), sino que también responden a las milicias respaldadas por el imperialismo occidental o por el islamismo ortodoxo. Según la ONU, son 7.500 las muertes en este casi año de conflicto sirio.
Mientras tanto, en Rusia, al mismo tiempo que el gobierno apoya al gobierno sirio de Al Assad y festeja la presencia de la ONU en Siria, manda a la policía a reprimir las protestas desatadas en Moscú y en San Petesburgo en contra de los resultados de las elecciones que arrojaron un 63,60% a favor de Putin. Fueron unos 550 los detenidos luego de la represión contra las manifestaciones que exigían el fin de la persecución política y los fraudes masivos.
El imperialismo va marcando el ritmo de las políticas represivas, vestidas de ataques aéreos, de banderas de defensa del terrorismo, de oposición democrática, o de policía reprimiendo y apresando en una represión, que no hacen más que imponer el verdadero terror a través de los estados, a fuerza de formar policías, financiar milicias desestabilizadoras, sostener las prácticas más abusivas o hambrear al pueblo trabajador. Terroristas no son los que se organizan para, junto con otros, cambiar la materialidad de su existencia, los que siembran terror son los que atacan la organización del pueblo.
5. Nuevamente amenazas y agresiones a militantes en Jujuy
En un reciente comunicado, la Corriente del Pueblo de Jujuy, organización integrada al Encuentro Nacional Antirrepresivo, denunció esta semana “La incesante campaña de amenazas, aprietes y acciones violentas contra nuestras organizaciones [que] intenta poner freno al trabajo que diariamente realizamos en barrios y comunidades de nuestro país, en un escenario que tiene por objetivo último, imponer una política de entrega y saqueo del territorio nacional”.
Señalan los compañeros que “No es ninguna casualidad que esta campaña surja con virulencia cuando planteamos una pelea frontal contra el modelo minero” y describen el accionar represivo: “por un lado las fuerzas tradicionales de seguridad reprimiendo abiertamente o infiltrándose en movilizaciones y acciones cotidianas identificando y golpeando selectivamente a referentes de asambleas ciudadanas, organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales, comunidades indígenas, tratando de aislar cada una de las iniciativas del campo popular y sosteniendo el desmembramiento del mismo con diversas metodologías. Por otro lado, la aprobación por orden de Washington de la “Ley antiterrorista”, norma para reprimir al pueblo y sus luchas, nuevo y gravísimo intento de avance represivo que ha tomado cuerpo con la remisión al Congreso por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.
Puntualmente, denuncian los recientes pedidos de captura de los referentes sindicales de la Comisión Directiva del ingenio “La Esperanza”, como parte de la campaña de amedrentamiento que enfrentan desde la conformación de la Corriente en 2006, jalonada por distintos episodios de represión directa a sus militantes en los barrios en los que se organizan, así como la promoción de causas penales en represalia a movilizaciones y manifestaciones, hasta el ataque directo a golpes sufrido por las compañeras Cecilia Quiroz y Mariana Argañaraz a pocas cuadras de Recursos Hídricos luego de que realizaran gestiones en esa dependencia.
Concluyen su denuncia diciendo: “No estamos dispuestos a ver pasivamente como continúan saqueando nuestra tierra. Estamos contra la entrega de nuestros territorios, transformándolos en cotos de caza encerrando lagos, montañas y cerros cuyos minerales son nuestras mayores reservas; estamos contra la extranjerización de nuestros principales recursos estratégicos; sostenemos la defensa de los derechos de la naturaleza y de nuestro pueblo”.
6. Próximas Actividades
- Jueves 22 de marzo, a las 9:00, movilizamos a los Tribunales de Lomas de Zamora, Camino Negro y Larroque, junto a ATE Sur, en repudio de la citación judicial de sus militantes, denunciados por decir la verdad sobre el represor Magallanes.
- Viernes 23 de marzo, CORREPI estará presente en mesas de debate y charlas en los colegios Nacional Buenos Aires y Fader, y, a las 19:00, en la Facultad de Filosofía y Letras.
- Sábado 24 de marzo, a las 14:00, acto antirrepresivo en Plaza Lorea, Av. de Mayo y Luis Sáenz Peña, para marchar a las 15:00 a Plaza de Mayo en repudio al nuevo aniversario del inicio de la última dictadura militar.
- El programa Leña al Fuego, del periodista Herman Schiller, por Radio Porteña, con la columna de opinión de María del Carmen Verdú, volverá al aire cuando lo decida el gobierno de la Ciudad, en horario a confirmar, por AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371 - 4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.
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CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Todos somos parte del “modelo”
Por Miguel Abelans
A nuestros hijos, los ciudadanos más vulnerables de cualquier sociedad, les debemos una vida sin violencia ni temor. Para garantizarla hemos de ser incansables en nuestros esfuerzos por lograr la paz y la justicia.
Nelson Mandela
Modelo político que día a día va consolidando impunidad, donde rigen las mafias, quienes, parece, decidirán nuestros destinos de vida o de muerte. Mafias que no están solas, “asesinan” con el amparo beneficioso de la corrupción gubernamental y en un marco de desgobierno de los Derechos Humanos. Este modelo se consuma con nosotros, una ciudadanía abatida, resignada, complaciente, temerosa y/o mezquina con insuficiencia de participación y solidaridad.
Se habla de “profundizar el modelo”. Podría implicar más Candelas, más violaciones de los Derechos Humanos, más injusticias, más aislamiento ciudadano, más impunidad, sinónimo de más muertes inocentes. Y por otro lado, propone menos proyectos dignos, menos vida familiar, menos esperanzas, menos solidaridad, menos Derechos Humanos y menos coraje para cambiar la realidad.
Existe una elección y queda abierta. Obediencia automática al autoritarismo, sometimiento a la impunidad y sobrevivencia alienada. O trabajar organizada y sostenidamente en pos del propio deseo por una vida diferente, más justa, más humana, pasando al plano colectivo para su efectiva concreción. La elección es de cada uno. Tenemos que motivarnos considerando que algo podemos y debemos hacer. Y juntos “los que aún estamos vivos” podamos torcer nuestros destinos.
Están en juego nuestra Vida, la Vida de nuestros seres queridos, nuestros Derechos Humanos, nuestro desarrollo humano, nuestros compañeros y nuestro Estado de Derecho.
Considero ineludible que, entre todos, invoquemos que no es tiempo de permanecer quietos mirando pasar las cosas que nos ocurren. Debemos contribuir activamente a cambiar este estado de situación. Y que existe una salida del profundo dolor psíquico y de la marca canalla del “modelo”, esa salida es la ética, la solidaridad, la capacidad de juntarnos para mantener nuestras convicciones, con constancia y poder de lucha.
El objetivo es revertir la “decisión política” que, de antemano y sin lugar a defensa, nos condena a la resignación y a la naturalización de todo, incluido el asesinato de una niña de 11 años.
Lo que estamos tratando de evitar no desaparecerá hasta que no decidamos enfrentarlo.
CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 616
Próximas actividades: Viernes 15 de julio, desde las 8:30, concentración en Mendoza 2417, esq. Almafuerte, San Justo, La Matanza, durante la lectura de la sentencia contra el policía federal Luciano Gaete Ossandón, asesino de “Kunky” Méndez.
Sumario:
1. Gerardo Martínez botón: Otro ladrillo para el paredón
2. Gran Hermano en la ciudad
3. La rutina de la tortura
4. Proyecto Sur y la Metropolitana
5. El hábito de la mentira
6. Más muertes en cárceles
GERARDO MARTÍNEZ BOTÓN: OTRO LADRILLO PARA EL PAREDÓN
El secretario general del gremio de la UOCRA, el ultra kirchnerista Gerardo Alberto Martínez, cuyas patotas apalean petroleros y docentes en Santa Cruz, pobres en el Indoamericano, y obreros y activistas en todo el país; el mismo que fue encubridor del negreador Schoklender, trabajó durante toda la dictadura para el Batallón 601 del Ejército como personal civil de inteligencia. Al mismo tiempo, ya revistaba en la UOCRA. Según el listado de la Conadep, hay por lo menos 105 trabajadores de la construcción desaparecidos en el mismo lapso en que este burócrata cumplía su doble tarea.
Hoy, a tres meses de la tremenda golpiza que la patota de la UOCRA propinó a docentes y estatales santacruceños, hecho por el que no hay un solo detenido -mientras sí siguen encausados los cuatro docentes detenidos en la represión posterior en la ciudad de Buenos Aires- un conjunto de organizaciones, encabezadas por el SITRAIC (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción) y patrocinadas por CORREPI, junto al CeProDH y Cadep, denunciaron ante la justicia federal que quien hoy revista como secretario general del poderoso gremio de la UOCRA, es presidente de su Fundación y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, trabajó, desde 1976, y, por lo menos, hasta 1983, en el temible Batallón 601 de Inteligencia, centro operativo del terrorismo de estado durante la dictadura. De él dependían varios Centros Clandestinos de Detención en todo el país, el principal Campo de Mayo, donde desaparecieron más de 3.000 personas, y se planificaban y realizaban tareas inteligencia sobre todos aquellos grupos y personas consideradas “subversivas”, utilizando tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final mediante el asesinato de los cautivos y ocultamiento o destrucción de sus cuerpos.
En una palabra, el burócrata sindical al que la presidenta Cristina Fernández promueve como recambio de Hugo Moyano al frente de la CGT, fue compañero de trabajo de personajes célebres como Leandro Sánchez Reisse y Raúl Guglielminetti, alias mayor Guastavino, y, con ellos, co-responsable de miles de secuestros, torturas y desapariciones.
La presentación se basa en un documento oficial. En el sitio web del Archivo Nacional de la Memoria, dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, figura el listado del personal civil de inteligencia del Batallón 601 de Inteligencia enviado el 5 de febrero de 2010, por el general Milani, Director General de Inteligencia, a la entonces ministra de Defensa Nilda Garré. En la foja 52, con número de orden 2.798 (la lista contiene más de 4.300 nombres, y hay otra con 900) figura Gerardo Alberto Martínez, DNI 11.934.882. Los firmantes del escrito verificaron en bases de datos oficiales, como el Anses, que se trata de la misma persona, que ya en 1977 era afiliado de la UOCRA y que, en 1985, accedería a la secretaría de organización, y en 1990 a la secretaría general.
Claro que Gerardo Martínez no es el único de su clase que, siendo servicio de la dictadura, se infiltró en un sindicato. Horacio Barcos, burócrata santafesino de su mismo gremio, fue designado en 1996 interventor de la Seccional Tres Arroyos de la UOCRA. Fue reconocido por la esposa de José Tur, dirigente de CTERA desaparecido, como quien los secuestró, torturó y asesinó a su esposo durante la dictadura, hecho por el que fue condenado a 15 años de prisión. Este amigo de Martínez trabajó en el Batallón de Inteligencia Militar 122 (versión santafesina del 601) desde enero de 1976 hasta mayo de 1997. Del mismo modo, Eduardo Daffunchio, abogado de la UOCRA Santa Fe, revistó en el mismo Batallón 122, hasta 2009 (figura en la foja 24, nº de orden 1.271 de la Nómina del Personal Civil del Batallón de Inteligencia 122).
La utilización de grupos de choque o patotas por parte del estado y las patronales, es tradición vieja, desde los cajetillas que usaban a fines del siglo XIX para asolar los barrios pobres y a los trabajadores, pasando por la Liga Patriótica Argentina durante la Semana Trágica, la Legión Cívica trás el golpe del general Uriburu en 1930, hasta, más cerca en el tiempo, la Triple A. Bajo el gobierno kirchnerista, lo novedoso es que ya no actúan como meros complementos del aparato represivo oficial, sino que, en muchas oportunidades, directamente lo reemplazan, como lo vimos el 20 de octubre de 2010 con el asesinato de Mariano Ferreyra, y, en el caso concreto de la UOCRA, en tantísimos ataques de su patota contra los trabajadores del SITRAIC, los vecinos de la Asamblea de Esquel No a la Mina, los trabajadores del sindicato de Comercio de Santa Cruz, contra el delegado de Dezacor en Atucha, Zárate, etc.
Los denunciantes reclamaron a la justicia federal que se investigue hasta cuándo trabajó Martínez para Inteligencia del Ejército; cuál fue su participación en la desaparición de 105 trabajadores de la construcción hasta 1983, y en los hechos represivos posteriores, y que se determine quiénes facilitaron su encubrimiento hasta el presente.
Gerardo Martínez es un botón de muestra de las diferentes formas en que el estado capitalista intenta disciplinar a los trabajadores: con el terrorismo de estado, cuando lo necesita, o, en períodos "democráticos", tercerizando la represión con patotas paraestatales.
Agente de inteligencia del estado y burócrata sindical, Martínez siempre tuvo doble trabajo. Será un ladrillo más del paredón que merece.
GRAN HERMANO EN LA CIUDAD
Como decíamos en el Boletín Nº 613, comentando la instalación por parte del gobierno de Scioli de cámaras en los barrios más humildes, y el intento de Macri de entregar las filmaciones de la ciudad a los medios de comunicación, cuando se trata de controlar al pueblo, a pesar de los pleitos entre ellos, están todos del mismo lado.
Nacional, provincial o municipal, todos los gobiernos se suman a este boom de control que llena semana a semana los diarios de novedades, generando polémicas en cuanto a si se viola la intimidad, pero sin cuestionar el uso que se dan a las cámaras en el disciplinamiento de la protesta y como elemento para criminalizar luchadores.
Esta última semana, fue Macri el que, mediante un gasto de medio millón de dólares, ganó la atención de la prensa estrenando 330 cámaras.
Entre estos 330 “objetivos” hay 32 hospitales, 24 centros de salud, 90 edificios escolares (incluidos 17 jardines y escuelas secundarias), el Teatro Colón, los cementerios de Chacarita y Recoleta, el Parque Indoamericano y tres ex centros clandestinos de detención que hoy funcionan como “espacios para la memoria”.
Las cámaras en las escuelas generaron particular polémica, dado que, claramente, no fueron pedidas por docentes y estudiantes, los cuales se asombraron y preocuparon cuando vieron que estaban siendo instaladas. Fácil es imaginar quién pidió su instalación, teniendo en cuenta el odio que generó al ministro de educación Esteban Bullrich la toma de varias escuelas las semanas previas a las elecciones. Este odio también se manifestó en el pedido hacia los directivos de los establecimientos de que denuncien, en las distintas comisarías, a los que participaban de la medida, tarea que se facilitará, ahora, con las filmaciones de las asambleas, por ejemplo.
Además de las cámaras, se designará personal de seguridad privada que prestará servicios en los objetivos asignados “durante las 24 horas, todos los días, incluyendo sábados, domingos y feriados”, sumándose a la saturación de efectivos en las calles que, en barrios como Parque Patricios o Bajo Flores, cuentan ya con presencia de gendarmería, prefectura, federal, metropolitana y el servicio logístico de las FF. AA.
Las cámaras de seguridad tuvieron un comienzo tibio en 2005, cuando el entonces jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, instaló 73. En seis años, no sólo se multiplicaron catorce veces las cámaras en la ciudad, sino que fueron incorporadas definitivamente al paisaje urbano de todo el país.
En el país hay unos 9 mil instaladores. El año pasado, la facturación alcanzó los 276 millones de dólares –según estadísticas oficiales- y representó un 33,5% más respecto al año anterior. Ciudades como Rosario y Mendoza y localidades más pequeñas como Lobos o Campana también cuentan con esta persecución. En Tigre, por ejemplo, las grabaciones se guardan durante 30 días y es la propia intendencia la que decide difundirlas en los medios. Llevan hasta ahora unas 120 filmaciones en el aire.
Sobre el punto, simplifica el diario Clarín: “Las videocámaras no reconocen ideologías. Sus defensores van desde el intendente K de San Martín, Ricardo Ivoskus hasta Mauricio Macri”. Esas videocámaras sí responden a una ideología, la misma a la que responden desde el partido socialista en Santa Fe o el ARI en Tierra del Fuego, hasta el kirchnerismo, el macrismo y el diario Clarín mismo. A la ideología de los que más tienen, que hacen todo lo que pueden para mantener bien controlado al pueblo.
LA RUTINA DE LA TORTURA
Esta semana, tres casos que tuvieron algo de difusión nos muestran que la tortura es cuestión de rutina para la policía y que la justicia recorre siempre el mismo camino para garantizar la impunidad de los torturadores.
Una Denuncia: En la madrugada del 25 de junio pasado, en La Plata, Felipe Ayala Gamboa se retiraba de una fiesta junto a un amigo. Iban en busca de sus bicicletas, atadas en la esquina, cuando se les acercó un patrullero. Bajaron dos oficiales al grito de "arriba las manos". Los jóvenes entregaron sus DNI, pero uno de los policías puso de espaldas a Felipe para palparlo. Felipe se resistió, pues ya le había mostrado los documentos. El policía comenzó a pegarle patadas vociferando "no digas nada más porque te mato". En su desesperación, Felipe gritó que era hermano de Sandra Ayala Gamboa (joven violada y asesinada que se convirtió en un símbolo de lucha contra el femicidio, y un caso más en el que la policía entorpeció la investigación). Lejos de detenerse, lo golpeó aún más fuerte. Subieron raudos al móvil policial y se fueron. Tras la golpiza, y luego de ser atendido en el hospital, Felipe hizo la denuncia en la UFI N° 1.
Un Juicio: El 20 de julio de 2010, un cabo de la comisaría 23ª del barrio porteño de Palermo detuvo a tres menores de 16 y 17 años porque se le antojó que habían roto el vidrio de una camioneta estacionada. Y ese vidrio valió más que la integridad y la dignidad de los chicos. El policía de la Federal pidió refuerzos por radio y llegaron otro policía que estaba cerca, tres patrulleros, con la subinspectora jefa de servicio externo, Natalia Verón (33) (quien estuvo prófuga por este caso, ver Boletín N° 609 Democracia, dictadura, la tortura continúa) el sargento Sergio Coronel (37), el sargento primero Juan Villegas (45), el agente Ricardo Coria (33), el cabo Mariano Cerrillo (31) y el agente Guillermo Villán (27) ¡ ocho policías y tres móviles para tres pibes !
Los chicos fueron golpeados en la cara y el estómago para que confesaran quién había roto el vidrio. Los subieron a cada uno a un patrullero y ahí empezaron a picanearlos. Una vez en la seccional 23ª, siguieron golpeándolos en boca y estómago y aplicándoles picana hasta que los chicos se desvanecieron. Los tres jóvenes reconocieron también al sargento primero Juan Morales (50) quien vio todo y no hizo nada por detener las torturas.
La fiscal Estela Andrade pidió someter a juicio oral a Verón, Cerrillo y Villegas por "torturas reiteradas"; a Coria, Coronel y Villán por "apremios ilegales agravados"; a Morales, al jefe de servicio a cargo de la seccional, Cristian Bejarano (33), y al guardia que lo secundaba, Leandro Bruschi (23), por "omisión de denunciar la comisión de torturas".
Una Absolución: El 12 de julio de 2005, el subinspector Diego Alfredo Fernández, y dos sargentos, Víctor Huanca y Claudio Mingorance, llegaron al departamento de Mauricio N. Godoy con una orden de allanamiento dispuesta en una causa en su contra por amenazas. Mauricio se negó a abrir la puerta, por lo tanto, los policías la forzaron. Luego, se abalanzaron sobre él, aún teniendo a una niña en brazos, y comenzaron a golpearlo hasta reducirlo y esposarlo en presencia de su familia. Mauricio sufrió hematomas en ambos ojos, antebrazos, rodillas y tobillos, escoriaciones y golpes en la cabeza.
Los policías fueron sometidos a juicio y condenados a un año de prisión en suspenso por "vejámenes" y "lesiones", pero la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, a cargo de Gustavo Mitchell, Liliana Catucci y Ángela Lesdesma, revocó el fallo y absolvió a los policías por dos votos (los de Mitchell y Catucci) contra uno.
La policía cuenta con las herramientas, el poder y la impunidad que les da el estado. Herramientas para torturarnos y matarnos; poder para someternos; e impunidad para que descarguen todo su desprecio por nuestra vida.
PROYECTO SUR Y LA METROPOLITANA
Si faltaba algo para que Proyecto Sur (y todos los que le sirven de furgón de cola) terminaran de mostrar la hilacha de lo que realmente son, un frente electoral representante de los intereses de la clase dominante, es la promesa de campaña que hizo su candidato a vicejefe de gobierno, Jorge Selser, cuando manifestó en un programa del canal Metro que, de ganar las elecciones, crearían la Central de Inteligencia de la Policía Metropolitana.
"Nosotros vamos a crear la Central de Inteligencia porque en seguridad hay que tener política", dijo el candidato.
En pleno debate por la campaña electoral, todos salieron a opinar sobre el manejo de la metropolitana y sus funciones. Gabriela Cerruti, que encabezaba la lista de Nuevo Encuentro, el partido de Sabbatella, hoy dentro del kirchnerismo, bramaba horrorizada que “La metropolitana fue creada en la consultora de Fino Palacios”. Hoy su espacio político no duda en defender a la otrora cuestionada fuerza que debutara con el escándalo de las escuchas de Ciro James.
No cuestionan la existencia de la metropolitana, que ya es un hecho consumado. Ahora el debate gira en torno de cómo utilizar, cada uno a su conveniencia, tamaña herramienta represiva más efectivamente, siempre buscando el mayor consenso posible a través del discurso. Proyecto sur, queriendo cooptar el voto de quienes, acosados por el manejo de la información en los medios se en “en riesgo”, propone crear un aparato de inteligencia, que no sería otra cosa que una nueva herramienta para perseguir al pueblo cuando se organiza y busca luchar contra este sistema que oprime a las mayorías.
Como podemos ver, se pelean entre ellos y nos quieren engañar, tratando de mostrarnos una realidad que ellos construyen a imagen y semejanza de sus intereses, pero en lo concreto, cuando se trata de lo que atañe a la verdadera naturaleza de las cosas y del sistema, en el fondo son realmente lo mismo. Proyecto Sur no es una excepción, y no porque no sepan cuál es la verdadera función de la policía, esa función de disciplinamiento y control social que garantiza mediante la represión la continuidad de este sistema de explotación. Lo saben, justamente porque saben que la policía defiende los intereses de la burguesía… o sea, sus intereses.
EL HÁBITO DE LA MENTIRA
Ya sabemos que, en campaña, o para defender una gestión de gobierno, todo vale. Pero a veces, el tenor de las mentiras que se dicen indigna un poco más. Hace unos días, en Mar del Plata, se hizo un acto con la excusa formal de conmemorar la Noche de la Corbatas, el célebre episodio represivo, durante la dictadura, en que fueron desaparecidos siete abogados y las esposas de dos de ellos. Lo que se suponía un homenaje, fue en realidad un acto de campaña del kirchnerismo, y, además, mintiendo.
Hernán Ordiales, representante del PEN en el Consejo de la Magistratura, y evidente sostenedor del gobierno nacional, aprovechó la ocasión para repiquetear con la autodenominada “política de DD. HH.” del kirchnerismo. Y dijo: “el gobierno nacional dio protección y plena vigencia a los derechos humanos, en causas de lesa humanidad, y ha colaborado con los juzgados”. Y usó, como ejemplo de esto último, ni más ni menos que el caso Bulacio.
Todos los gobiernos que se han sucedido en los 20 años transcurridos desde que Walter Bulacio fuera detenido ilegalmente, torturado y muerto por la federal, han contribuido, cada uno a su manera, a la impunidad, necesaria no sólo para salvar al comisario Espósito y el resto de los responsables, sino, fundamentalmente, para preservar una de las más efectivas armas estatales para el control social: las facultades policiales para realizar detenciones arbitrarias.
En el caso de las dos gestiones peronistas de los Kirchner, les tocó en su agenda ser los encargados de incumplir la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH, que desde el 18 de septiembre de 2003 ordena al estado argentino eliminar esas facultades policiales, terminando con la averiguación de antecedentes, los códigos contravencionales, las razzias y todo el sistema de normas y prácticas que nos hacen vivir en “libertad vigilada” si no somos lindos, ricos y rubios.
Como sus antecesores Menem, De la Rúa y Duhalde, los Kirchner pusieron todo el aparato estatal al servicio de la defensa de sus facultades represivas. Lo vemos hoy, cuando nuevamente se ha suspendido el trámite en la causa interna, y ya no tendremos juicio oral en la causa Bulacio en agosto. Así que, Dr. Ordiales, para hacer campaña para sus candidatos, trate de encontrar otro ejemplo en el que se note menos la mentira.
MÁS MUERTES EN CÁRCELES
El 28 de junio, algunos diarios informaron, en apenas unas breves líneas, que dos presos murieron en el penal de Florencio Varela. Con la habitual escasez de datos, sólo mencionan que Oscar Jiménez Barreiro, de 28 años, y Víctor Hugo Andrade, de 25, “murieron durante una pelea”.
En 1992, cuando Fito Ríos, preso en la cárcel de Caseros, fue torturado hasta morir, apaleado a garrotazo limpio por el cuerpo de requisa, que lo golpeó con tal fiereza que los azulejos verdosos quedaron salpicados con partes de su materia cerebral, también los diarios informaron “murió un preso en una pelea”. Y fueron necesarios diez años de pelea de su madre, nuestra compañera Delia Garcilazo, para que los jueces, tardíamente y cuando ya no se podía castigar a nadie, reconocieran que no fue una pelea entre presos, sino un asesinato cometido por los de uniforme.
La cantidad real de muertes intramuros es uno de los datos que más cuesta desentrañar, cuando intentamos contabilizar los casos que incluimos en el Archivo de Casos que publicamos cada fin de año. Así como el fusilamiento en un barrio de un pibe pobre por un policía es siempre “un acto de servicio”, como dijeron los defensores del policía federal Luciano Cruz (policías ellos también, de la Dirección de Asuntos Judiciales de la PFA – Ministerio de Seguridad de la Nación) en sus alegatos, la muerte de un preso apenas si cuenta como uno menos en el recuento diario de la población penitenciaria.
Las cámaras en las escuelas generaron particular polémica, dado que, claramente, no fueron pedidas por docentes y estudiantes, los cuales se asombraron y preocuparon cuando vieron que estaban siendo instaladas. Fácil es imaginar quién pidió su instalación, teniendo en cuenta el odio que generó al ministro de educación Esteban Bullrich la toma de varias escuelas las semanas previas a las elecciones. Este odio también se manifestó en el pedido hacia los directivos de los establecimientos de que denuncien, en las distintas comisarías, a los que participaban de la medida, tarea que se facilitará, ahora, con las filmaciones de las asambleas, por ejemplo.
Además de las cámaras, se designará personal de seguridad privada que prestará servicios en los objetivos asignados “durante las 24 horas, todos los días, incluyendo sábados, domingos y feriados”, sumándose a la saturación de efectivos en las calles que, en barrios como Parque Patricios o Bajo Flores, cuentan ya con presencia de gendarmería, prefectura, federal, metropolitana y el servicio logístico de las FF. AA.
Las cámaras de seguridad tuvieron un comienzo tibio en 2005, cuando el entonces jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, instaló 73. En seis años, no sólo se multiplicaron catorce veces las cámaras en la ciudad, sino que fueron incorporadas definitivamente al paisaje urbano de todo el país.
En el país hay unos 9 mil instaladores. El año pasado, la facturación alcanzó los 276 millones de dólares –según estadísticas oficiales- y representó un 33,5% más respecto al año anterior. Ciudades como Rosario y Mendoza y localidades más pequeñas como Lobos o Campana también cuentan con esta persecución. En Tigre, por ejemplo, las grabaciones se guardan durante 30 días y es la propia intendencia la que decide difundirlas en los medios. Llevan hasta ahora unas 120 filmaciones en el aire.
Sobre el punto, simplifica el diario Clarín: “Las videocámaras no reconocen ideologías. Sus defensores van desde el intendente K de San Martín, Ricardo Ivoskus hasta Mauricio Macri”. Esas videocámaras sí responden a una ideología, la misma a la que responden desde el partido socialista en Santa Fe o el ARI en Tierra del Fuego, hasta el kirchnerismo, el macrismo y el diario Clarín mismo. A la ideología de los que más tienen, que hacen todo lo que pueden para mantener bien controlado al pueblo.
LA RUTINA DE LA TORTURA
Esta semana, tres casos que tuvieron algo de difusión nos muestran que la tortura es cuestión de rutina para la policía y que la justicia recorre siempre el mismo camino para garantizar la impunidad de los torturadores.
Una Denuncia: En la madrugada del 25 de junio pasado, en La Plata, Felipe Ayala Gamboa se retiraba de una fiesta junto a un amigo. Iban en busca de sus bicicletas, atadas en la esquina, cuando se les acercó un patrullero. Bajaron dos oficiales al grito de "arriba las manos". Los jóvenes entregaron sus DNI, pero uno de los policías puso de espaldas a Felipe para palparlo. Felipe se resistió, pues ya le había mostrado los documentos. El policía comenzó a pegarle patadas vociferando "no digas nada más porque te mato". En su desesperación, Felipe gritó que era hermano de Sandra Ayala Gamboa (joven violada y asesinada que se convirtió en un símbolo de lucha contra el femicidio, y un caso más en el que la policía entorpeció la investigación). Lejos de detenerse, lo golpeó aún más fuerte. Subieron raudos al móvil policial y se fueron. Tras la golpiza, y luego de ser atendido en el hospital, Felipe hizo la denuncia en la UFI N° 1.
Un Juicio: El 20 de julio de 2010, un cabo de la comisaría 23ª del barrio porteño de Palermo detuvo a tres menores de 16 y 17 años porque se le antojó que habían roto el vidrio de una camioneta estacionada. Y ese vidrio valió más que la integridad y la dignidad de los chicos. El policía de la Federal pidió refuerzos por radio y llegaron otro policía que estaba cerca, tres patrulleros, con la subinspectora jefa de servicio externo, Natalia Verón (33) (quien estuvo prófuga por este caso, ver Boletín N° 609 Democracia, dictadura, la tortura continúa) el sargento Sergio Coronel (37), el sargento primero Juan Villegas (45), el agente Ricardo Coria (33), el cabo Mariano Cerrillo (31) y el agente Guillermo Villán (27) ¡ ocho policías y tres móviles para tres pibes !
Los chicos fueron golpeados en la cara y el estómago para que confesaran quién había roto el vidrio. Los subieron a cada uno a un patrullero y ahí empezaron a picanearlos. Una vez en la seccional 23ª, siguieron golpeándolos en boca y estómago y aplicándoles picana hasta que los chicos se desvanecieron. Los tres jóvenes reconocieron también al sargento primero Juan Morales (50) quien vio todo y no hizo nada por detener las torturas.
La fiscal Estela Andrade pidió someter a juicio oral a Verón, Cerrillo y Villegas por "torturas reiteradas"; a Coria, Coronel y Villán por "apremios ilegales agravados"; a Morales, al jefe de servicio a cargo de la seccional, Cristian Bejarano (33), y al guardia que lo secundaba, Leandro Bruschi (23), por "omisión de denunciar la comisión de torturas".
Una Absolución: El 12 de julio de 2005, el subinspector Diego Alfredo Fernández, y dos sargentos, Víctor Huanca y Claudio Mingorance, llegaron al departamento de Mauricio N. Godoy con una orden de allanamiento dispuesta en una causa en su contra por amenazas. Mauricio se negó a abrir la puerta, por lo tanto, los policías la forzaron. Luego, se abalanzaron sobre él, aún teniendo a una niña en brazos, y comenzaron a golpearlo hasta reducirlo y esposarlo en presencia de su familia. Mauricio sufrió hematomas en ambos ojos, antebrazos, rodillas y tobillos, escoriaciones y golpes en la cabeza.
Los policías fueron sometidos a juicio y condenados a un año de prisión en suspenso por "vejámenes" y "lesiones", pero la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, a cargo de Gustavo Mitchell, Liliana Catucci y Ángela Lesdesma, revocó el fallo y absolvió a los policías por dos votos (los de Mitchell y Catucci) contra uno.
La policía cuenta con las herramientas, el poder y la impunidad que les da el estado. Herramientas para torturarnos y matarnos; poder para someternos; e impunidad para que descarguen todo su desprecio por nuestra vida.
PROYECTO SUR Y LA METROPOLITANA
Si faltaba algo para que Proyecto Sur (y todos los que le sirven de furgón de cola) terminaran de mostrar la hilacha de lo que realmente son, un frente electoral representante de los intereses de la clase dominante, es la promesa de campaña que hizo su candidato a vicejefe de gobierno, Jorge Selser, cuando manifestó en un programa del canal Metro que, de ganar las elecciones, crearían la Central de Inteligencia de la Policía Metropolitana.
"Nosotros vamos a crear la Central de Inteligencia porque en seguridad hay que tener política", dijo el candidato.
En pleno debate por la campaña electoral, todos salieron a opinar sobre el manejo de la metropolitana y sus funciones. Gabriela Cerruti, que encabezaba la lista de Nuevo Encuentro, el partido de Sabbatella, hoy dentro del kirchnerismo, bramaba horrorizada que “La metropolitana fue creada en la consultora de Fino Palacios”. Hoy su espacio político no duda en defender a la otrora cuestionada fuerza que debutara con el escándalo de las escuchas de Ciro James.
No cuestionan la existencia de la metropolitana, que ya es un hecho consumado. Ahora el debate gira en torno de cómo utilizar, cada uno a su conveniencia, tamaña herramienta represiva más efectivamente, siempre buscando el mayor consenso posible a través del discurso. Proyecto sur, queriendo cooptar el voto de quienes, acosados por el manejo de la información en los medios se en “en riesgo”, propone crear un aparato de inteligencia, que no sería otra cosa que una nueva herramienta para perseguir al pueblo cuando se organiza y busca luchar contra este sistema que oprime a las mayorías.
Como podemos ver, se pelean entre ellos y nos quieren engañar, tratando de mostrarnos una realidad que ellos construyen a imagen y semejanza de sus intereses, pero en lo concreto, cuando se trata de lo que atañe a la verdadera naturaleza de las cosas y del sistema, en el fondo son realmente lo mismo. Proyecto Sur no es una excepción, y no porque no sepan cuál es la verdadera función de la policía, esa función de disciplinamiento y control social que garantiza mediante la represión la continuidad de este sistema de explotación. Lo saben, justamente porque saben que la policía defiende los intereses de la burguesía… o sea, sus intereses.
EL HÁBITO DE LA MENTIRA
Ya sabemos que, en campaña, o para defender una gestión de gobierno, todo vale. Pero a veces, el tenor de las mentiras que se dicen indigna un poco más. Hace unos días, en Mar del Plata, se hizo un acto con la excusa formal de conmemorar la Noche de la Corbatas, el célebre episodio represivo, durante la dictadura, en que fueron desaparecidos siete abogados y las esposas de dos de ellos. Lo que se suponía un homenaje, fue en realidad un acto de campaña del kirchnerismo, y, además, mintiendo.
Hernán Ordiales, representante del PEN en el Consejo de la Magistratura, y evidente sostenedor del gobierno nacional, aprovechó la ocasión para repiquetear con la autodenominada “política de DD. HH.” del kirchnerismo. Y dijo: “el gobierno nacional dio protección y plena vigencia a los derechos humanos, en causas de lesa humanidad, y ha colaborado con los juzgados”. Y usó, como ejemplo de esto último, ni más ni menos que el caso Bulacio.
Todos los gobiernos que se han sucedido en los 20 años transcurridos desde que Walter Bulacio fuera detenido ilegalmente, torturado y muerto por la federal, han contribuido, cada uno a su manera, a la impunidad, necesaria no sólo para salvar al comisario Espósito y el resto de los responsables, sino, fundamentalmente, para preservar una de las más efectivas armas estatales para el control social: las facultades policiales para realizar detenciones arbitrarias.
En el caso de las dos gestiones peronistas de los Kirchner, les tocó en su agenda ser los encargados de incumplir la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH, que desde el 18 de septiembre de 2003 ordena al estado argentino eliminar esas facultades policiales, terminando con la averiguación de antecedentes, los códigos contravencionales, las razzias y todo el sistema de normas y prácticas que nos hacen vivir en “libertad vigilada” si no somos lindos, ricos y rubios.
Como sus antecesores Menem, De la Rúa y Duhalde, los Kirchner pusieron todo el aparato estatal al servicio de la defensa de sus facultades represivas. Lo vemos hoy, cuando nuevamente se ha suspendido el trámite en la causa interna, y ya no tendremos juicio oral en la causa Bulacio en agosto. Así que, Dr. Ordiales, para hacer campaña para sus candidatos, trate de encontrar otro ejemplo en el que se note menos la mentira.
MÁS MUERTES EN CÁRCELES
El 28 de junio, algunos diarios informaron, en apenas unas breves líneas, que dos presos murieron en el penal de Florencio Varela. Con la habitual escasez de datos, sólo mencionan que Oscar Jiménez Barreiro, de 28 años, y Víctor Hugo Andrade, de 25, “murieron durante una pelea”.
En 1992, cuando Fito Ríos, preso en la cárcel de Caseros, fue torturado hasta morir, apaleado a garrotazo limpio por el cuerpo de requisa, que lo golpeó con tal fiereza que los azulejos verdosos quedaron salpicados con partes de su materia cerebral, también los diarios informaron “murió un preso en una pelea”. Y fueron necesarios diez años de pelea de su madre, nuestra compañera Delia Garcilazo, para que los jueces, tardíamente y cuando ya no se podía castigar a nadie, reconocieran que no fue una pelea entre presos, sino un asesinato cometido por los de uniforme.
La cantidad real de muertes intramuros es uno de los datos que más cuesta desentrañar, cuando intentamos contabilizar los casos que incluimos en el Archivo de Casos que publicamos cada fin de año. Así como el fusilamiento en un barrio de un pibe pobre por un policía es siempre “un acto de servicio”, como dijeron los defensores del policía federal Luciano Cruz (policías ellos también, de la Dirección de Asuntos Judiciales de la PFA – Ministerio de Seguridad de la Nación) en sus alegatos, la muerte de un preso apenas si cuenta como uno menos en el recuento diario de la población penitenciaria.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
El segundo sábado de cada mes, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.
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CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires - Argentina
CORREPI – BOLETÍN INFORMATIVO Nº 600
SUMARIO:
0 - ¡ 600 !
1. 24 de marzo, acto en Plaza Lorea y marcha a Plaza de Mayo
2. Más poder de fuego y más presupuesto para reprimir
3. Tocan a uno, tocan a todos
4. Ataque imperialista a Libia y situación represiva internacional
5. Patovicas de la facultad de filosofía y letras siguen reprimiendo a estudiantes
6. Más muertes a cargo del estado
7. Próximas actividades
¡ 600 !
El 7 de noviembre de 1998, CORREPI decidió estrenar una nueva forma de difundir ideas y actividades, con una corta reseña de noticias antirrepresivas que mandamos por correo electrónico a una docena de amigos.
En ese primer Boletín escribimos, por ejemplo, sobre el gatillo fácil del que fue víctima Matías Córdoba en Rafael Castillo; sobre la represión a los trabajadores del Hospital Israelita y sobre el triple crimen de Cipolletti, y anunciábamos, entre otras actividades, un seminario sobre “Seguridad Ciudadana o (IN)Seguridad del Régimen” enla Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, y la tercera presentación del Archivo de Casos en Plaza de Mayo, que entonces reunía casi 500 casos.
Más de 13 años y medio después, llegamos a este Boletín Nº 600, en el que seguimos denunciando los fusilamientos de gatillo fácil y las muertes en la tortura (que ya superan las 3.150), la persecución judicial a trabajadores y las campañas de “ley y orden” que sirven de excusa para endurecer aún más la represión. Ese puñado de amigos lectores hoy supera los 6.000, muchos de los cuales colaboran con el reenvío de los materiales. A todos, gracias por recibir, leer, discutir y difundirlo.
24 DE MARZO, ACTO EN PLAZA LOREA Y MARCHA A PLAZA DE MAYO
El golpe militar del 24 de marzo de 1976 vino a terminar de poner freno a la importante lucha que estaban llevando adelante muchos sectores de trabajadores y el pueblo organizado por mejorar sus condiciones de vida y, muchos de ellos, por una transformación social. Así vino el golpe, con más de 30.000 desaparecidos, hijos de detenidos secuestrados, tortura y asesinatos, no sólo para los militantes, sino contra el conjunto del pueblo trabajador, cuyas condiciones de vida eran caldo de cultivo para la organización y la lucha, derrotada por el poder represivo del estado que, a través del terror, logró sostener a la clase dominante en el poder.
Luego vino la "democracia". El "se van, se van y nunca volverán" fue solo una ilusión. Además de que salieron por una puerta y entraron por la ventana, de la mano de la Obediencia Debida y el Punto Final de los radicales y el Indulto de los peronistas, todos los gobiernos posteriores a 1983, sin excepción, aplicaron toda la represión necesaria para garantizar la profundización de la explotación, claro que, como hacen las "democracias", buscando, a la vez, todo el consenso posible.
Los cuadros policiales de hoy, a los que hace décadas ya no dirigen Camps ni Etchecolatz, son gatilleros, ladrones, coimeros, torturadores. Y esto es así porque, en dictadura o en democracia, las fuerzas de seguridad siguen cumpliendo con la misma función: el control social mediante la represión. Tampoco se diferencian en esto, más que en matices de discurso o en eficacia del maquillaje, gobiernos peronistas, radicales, "progresistas"; provinciales, nacionales o municipales.
Desde 1983, más de 3.150 personas fueron asesinadas por la policía, el servicio penitenciario, la gendarmería, la prefectura y otras fuerzas. Más de la mitad, son responsabilidad del gobierno peronista de los Kirchner, en el período 2003/2010. La tortura y el gatillo fácil nos matan casi un pibe por día, al amparo de la justicia, la gran legitimadora de la represión, que, al mismo tiempo que garantiza la impunidad, persigue y encarcela luchadores, con más de 4.000 luchadores encausados y presos políticos, como Olivera, Martino y La Gallega. Desde 1995, son 63 los caídos por luchar, en marchas y movilizaciones populares, 12 de ellos durante el gobierno de los Kirchner.
Nos quieren distraer con el circo electoral; crecen la miseria y la entrega, y, para aplastar la resistencia, también crece la represión, mientras nos tratan de pudrir la cabeza diciéndonos que los "peligrosos" son los pibes, o los pobres, para que, además de tolerar la opresión, aplaudamos la militarización de los barrios y agachemos el lomo, conformes de vivir siendo "sospechosos".
CORREPI estará el 24 en la calle, a las 13:30 con un acto en Plaza Lorea, y luego en la marcha a Plaza de Mayo, para repudiar la represión de ayer y reivindicar a todos aquellos compañeros que cayeron luchando contra esa represión. Pero también para levantar esas banderas y luchar, organizados, contra la represión de hoy, la de esta “democracia” que, para defender los intereses de unos pocos, reprime y explota a la gran mayoría del pueblo.
Porque la única forma forma de reivindicar la lucha y homenajear a esos compañeros es seguir peleando por una sociedad de iguales, organizados y en la calle. Nuestra consigna histórica sigue vigente: “Contra la represión, organización y lucha”.
MÁS PODER DE FUEGO Y MÁS PRESUPUESTO PARA REPRIMIR
El gobierno soltará a las calles argentinas 2.000 policías federales, antes abocados a otras tareas, que recibirán, además, un aumento de $1.000, junto a otros 7.000 hombres que harán horas adicionales. Scioli, el gobernador peronista, aumentó un 32% el presupuesto en seguridad. Cristina les dio a los federales 110 patrulleros de última tecnología, equipados por los israelíes, expertos en esto de la represión.
Esto sucede mientras, según datos oficiales, se reciben 15 denuncias diarias por “irregularidades” de la policía federal. En la ciudad de Buenos Aires, hay 90 oficiales federales investigados y 12 comisarías allanadas por protección de prostíbulos. Se pasó a disponibilidad al comisario Lompizano, jefe de las comisarías porteñas, porque en el video que entregó a la justicia del asesinato de Mariano Ferreyra faltan nueve minutos de filmación, entre 13.30 y 13.39, justo cuando se retiraron los patrulleros y sonaron los disparos.
En la causa paralela contra la policía, el fiscal pidió la indagatoria a cinco oficiales superiores, Mansilla, Ferreyra, Conti, Garay y Villalba, por haber dirigido el ocultamiento y “extravío” de pruebas en el lugar del hecho.
En Calafate, dos custodios de Cristina Kirchner y un policía local salieron a buscar a quienes les robaron tres pistolas 9 mm de su puesto de vigilancia en el chalet de la Presidenta. Detuvieron a dos personas, los subieron a una camioneta, los golpearon y les pusieron una bolsa de nylon en la cabeza mientras les preguntaban por las armas.
Ya hace un año que el fiscal general adjunto de Pergamino procesó a seis uniformados porque se quedaron con el dinero de los vales de combustible destinados a la búsqueda de la familia Pomar. Ahora, están prófugos.
En Baradero, otros cuatro policías, entre los que figura un ex jefe departamental, son buscados por integrar una banda mixta de piratas del asfalto que robaba camiones con fertilizantes y vendía la carga en comercios que recibían protección policial a cambio de dinero.
En cuanto a la policía Metropolitana, en la causa por la represión y los asesinatos en el Parque Indoamericano, a pesar de no poder usar balas y postas de plomo y ser esto así declarado por Montenegro, la justicia le encontró en los depósitos de armas y municiones, en Chacarita, 98 cartuchos con proyectiles calibre 12/70 y la documentación de una compra por un total de 300 iguales, que data del 14 de octubre. Esas balas son compatibles con las escopetas que utilizaron los uniformados en la represión en Villa Soldati casi dos meses después.
La mitad de los asesinados por el estado desde 1983 lo fueron por su gatillo fácil. Los fusilados en La Cárcova , en Baradero, en el Parque Indoamericano, sólo son una muestra más, no la excepción. La Policía y la Gendarmería militarizan nuestros barrios queriendo meternos miedo, subiendo a los trenes, a los colectivos, manoseando a nuestros jóvenes cuando los revisan, fraguando actas donde mienten impunemente y nos arman causas.
Hay 55.000 policías en la provincia de Buenos Aires y Scioli piensa incorporar este año un 20% más. Cerca de 60.000 policías Federales, entre 6.000 y 9.000 Gendarmes en el Gran Buenos Aires, cerca de 3.500 en la Policía Metropolitana de Macri.
Todas planean a futuro, incorporando cada vez más vehículos particulares a sus fuerzas. La Metropolitana incorporará en el trienio 2010/ 2012 un 42% de unidades sin visualización alguna como de la policía.
Cuanto mayor es la relación de la policía con la persecución y la muerte de nuestros jóvenes, con los delincuentes, cuanto mayor es la relación con los negocios clandestinos como prostitución, trata de mujeres, de menores, tráfico de drogas, robos, desarmaderos, etc, mayor es el número de policías que agrega el estado. Es que los negocios por izquierda que realizan y que los hace millonarios (a pesar, por ejemplo, que un comisario de la Bonaerense , sólo de sueldo básico recibe $14.330 ) los mantiene contentos y prestos a reprimir cuando el estado lo solicita. Policías y gobierno de turno se lavan las manos mutuamente, el jabón lo suministra la justicia y la toalla la arriman los punteros políticos.
A esta policía los gobiernos la premian con aumentos, equipos, protegiéndola de la gente cuando hace falta mandándola a otros destinos, permitiéndole que siga manejando sus negocios porque la necesita para reprimir y asesinar a los que se organizan para enfrentarlos.
TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS
El martes de la semana pasada fueron detenidos 15 militantes del nuevo sindicato de la construcción (SITRAIC- Lomas de Zamora). Los trabajadores se encontraban recorriendo obras del municipio, denunciando condiciones laborales precarias y promoviendo la organización independiente de los trabajadores por fuera de la burocracia sindical, cuando fueron reprimidos y detenidos con un operativo encabezado por la policía de Scioli en total colaboración con el intendente de dicho distrito.
Lejos de cumplir su objetivo, este suceso convocó a numerosas organizaciones, que se solidarizaron y movilizaron rápidamente, logrando la liberación de los 15 militantes.
Ese mismo día, comenzó el juicio contra el delegado gremial Néstor Segovia, integrante de la AGTSYP (Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro), una organización que también se desarrolla por fuera de la burocracia sindical.
El delegado fue denunciado ante la “justicia” por Metrovias, acusado de daño agravado, lesiones y amenazas coactivas.
Aquí tampoco se hizo esperar la solidaridad tanto de sus compañeros como de organizaciones políticas. Durante la jornada hubo una manifestación en las puertas de la sede judicial, apoyando al militante y exigiendo su absolución, la que se logró al día siguiente.
Le represión a los que luchan y se organizan de forma independiente tiene como objetivo apaciguar las intenciones de cambiar el orden establecido, intimidar a aquellos que se atreven a pensar que otra realidad es posible, generar miedo, paralizar.
Luego la “justicia”, esa que administra las leyes a favor de los intereses de los que más tienen, se encarga de convertir esa lucha, esa conciencia, en un crimen, y le aplica definiciones que son utilizadas para crímenes comunes.
Pero hay algo que no tienen en cuenta, y es que, cuando la conciencia dentro de la clase trabajadora empieza a transitar su camino, los que sufren día a día la represión, la persecución gremial y el aprovechamiento por parte de los empresarios, sólo conocen una sola salida, la solidaridad, la organización y la lucha.
ATAQUE IMPERIALISTA A LIBIA Y SITUACIÓN REPRESIVA INTERNACIONAL
Decíamos en el Boletín nº 599 que el Consejo de Seguridad no permitiría una intervención armada en Libia con mandato de la ONU , mientras China y Rusia, con poder de veto, se opusieran. Tres días después de publicado el Boletín, luego de que el G-8 no llegara a un acuerdo sobre cómo actuar en Libia y que la Liga Árabe prestara su conformidad para el establecimiento de una zona de exclusión aérea, China y Rusia modificaron su postura opositora y se abstuvieron. Esto posibilitó que el resto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (EEEUU, Francia y Gran Bretaña) lograran la aprobación para atacar Libia.
La diplomacia rusa indicó que “en el texto de la resolución se incluyeron cláusulas que allanan el camino a una intervención militar de grandes proporciones”. Fue la misma opinión de Fabio Mini, antiguo Comandante de la Fuerza Internacional de Paz en Kosovo, para quien “no hay ni un solo experimento de zona de exclusión aérea que haya terminado sin recurrir a la intervención de tropas terrestres”.
Como decíamos en el Boletín anterior, al imperialismo no le preocupan ni la democracia, ni los civiles, ni los derechos humanos. Sólo le interesa asegurar sus intereses en la región. En las primeras horas de bombardeos, EEUU y Gran Bretaña lanzaron más de 110 misiles, causando 50 muertes y destruyendo dos hospitales y una clínica.
No cabía esperar otra cosa. Lo mismo ocurre desde hace años en todos aquellos lugares donde el imperialismo lleva su política guerrerista. Esta semana un avión no tripulado yanqui bombardeó una casa y asesinó a veintidós supuestos insurgentes talibanes en Pakistán.
Que no le interesan ni la democracia ni los derechos de los civiles lo demuestra el hecho de que EEUU permitió el ingreso de tropas sauditas en Bahrein, sede de la V Flota de la marina, para reprimir las protestas chiítas en ese país.
Por otro lado, en los últimos cinco años el comercio mundial de armas aumentó un 24%, beneficiando a las potencias imperialistas que son las principales exportadoras de armamento. Su negocio no es la democracia ni los derechos humanos, su negocio es la guerra.
Sin embargo, mucho trabajo tendrá el imperialismo si desea contener la ola de revueltas que se está sucediendo en todo el mundo árabe y en algunas otras naciones de África. Como por ejemplo, en Burkina Faso, donde el asesinato de un estudiante en una comisaría, luego de una segunda golpiza, provocó el estallido del movimiento estudiantil de ese país. El gobierno, amparando a su policía, sostuvo en un principio que el estudiante golpeado había muerto por una meningitis fulminante.
Nada muy diferente a lo que ocurre en nuestro país y en el resto de Latinoamérica.
Colombia ha condenado en la ONU las violaciones de derechos humanos del régimen libio. El cinismo no podía ser mayor. Mientras permite a EEUU la instalación de bases militares y la inversión de más de u$s100 millones para "adecuaciones de alojamientos y construcciones menores", en enero de 2011 la Fiscalía General de ese país publicó un informe en el que dice tener documentados 173.183 asesinatos, 1.597 masacres, 34.467 desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados, entre junio de 2005 y fines de 2010. Las desapariciones forzadas, en los últimos veinte años, ascienden a 250.000 personas. Colombia tiene el triste récord de mayor cantidad de desplazados de todo el mundo: 5.500.000 de personas. El terrorismo de estado en Colombia ha superado con creces a la dictadura argentina.
A fines de febrero, en Belo Horizonte, Brasil, un enfermero y su sobrino fueron fusilados por tres policías militares mientras estaban tendidos en el suelo. Los policías fueron apresados y uno de ellos fue “suicidado” en su celda. Para la misma semana, Sebastián Becerra Da Silva, militante de DDHH, fue encontrado estrangulado y torturado en una hacienda del municipio de Dueré. Había denunciado a policías militares por prácticas de tortura y asesinato. Las fuerzas de seguridad en Brasil han llegado al extremo de formar milicias, similares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que controlan y administran el delito en las favelas de Brasil. Control social y caja, dos pájaros de ¿un? tiro. La película Tropa de Elite 2 que retrata esta situación es récord de taquilla en ese país.
En Chile, se sigue reprimiendo a los mapuches mediante la utilización de la ley antiterrorista de la dictadura de Pinochet. La represión no sólo cae sobre los adultos sino también sobre los niños. En la región de la Araucanía se registran cerca de cien casos documentados de violencia institucional. Representantes de comunidades mapuches han denunciado "la aplicación discrecional de la ley penal adolescente y a la violencia hacia los niños en los allanamientos". Un buen recordatorio para quienes piensan que una ley de responsabilidad penal juvenil puede ser beneficiosa para nuestros adolescentes pobres.
El ataque a poblaciones indígenas se produce en toda Latinoamérica. Así como con los Qom en Formosa, y los mapuches en Chile, los aborígenes guatemaltecos de Alta Verapaz han debido sufrir un violento desalojo efectuado por la Policía Nacional Civil y aparatos clandestinos de represión, pese a que se encontraban en negociaciones con el gobierno a través de la Secretaría de Asuntos Agrarios.
Cuánta razón tenía Mariátegui cuando afirmaba que el problema del indio es el problema de la tierra. Sabemos que no son estos gobiernos quienes lo solucionarán.
La represión estatal y sus diferentes niveles de implementación (represión preventiva, represión selectiva), pueden diferir en sus formas dependiendo del país que se trate, pero el contenido de clase es exactamente el mismo en todos los casos.
PATOVICAS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS SIGUEN REPRIMIENDO A ESTUDIANTES
El martes 15 de marzo, un estudiante de Derecho decidió ir a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras para preparar un final. Cuando salió de la biblioteca al patio, para descansar unos minutos, dos de los patovicas que custodian el edificio lo arrinconaron en un pasillo y, alegando que un “morocho mal vestido” no puede entrar a la universidad, le pidieron la libreta universitaria para que acreditara su calidad de alumno.
A las cinco de la tarde, y ante un patio repleto, los patovicas se sintieron lo suficientemente impunes como para cumplir su función: vigilar y reprimir a los estudiantes. Un grupo de compañeros que observaron la situación auxiliaron al agredido y se dirigieron al decanato a pedir explicaciones. Allí los enfrentó el decano K, Hugo Trinchero, quien argumentó que los estudiantes no debían “afligirse por ser negritos” y calificó a quienes le exigían una respuesta como “salames”. Esa fue toda la respuesta. Además, la secretaria de extensión, Silvana Campanini, sostuvo que todo “había sido un error” y que se solucionaba con “un pedido de disculpas” por parte de los represores.
La presencia de patovicas para vigilar y reprimir las actividades de los estudiantes que luchan por mejorar las condiciones en la que se encuentra la Facultad de Filosofía y Letras data del año 2007, cuando fueron contratados, como de costumbre, para resolver supuestos “problemas de inseguridad”. Sin embargo, fue luego de la toma del edificio de 2010, en el marco de las luchas estudiantiles, que los guardias inflados se multiplicaron y su presencia se “oficializó”. Allí, no cumplen otra función que la de ser los ojos de las fuerzas represivas dentro de la Facultad. Su presencia responde a la lógica privatista de Trinchero. No es casual, entonces, que el decano "nacional y popular" recurra a estos métodos para vaciar a la facultad de contenido social y político.
En noviembre pasado reprimieron una actividad de agrupaciones de pueblos originarios. Además se encargan sistemáticamente de no dejar pasar a nadie que parezca pobre o “negrito” por órdenes de los directivos de la Facultad. Todo esto sucede a pesar de que a la casa de estudios puede ingresar cualquier persona sin darle explicaciones a nadie.
Esta es la política del decano Trinchero, integrante del grupo de intelectuales kirchneristas Carta Abierta y fiel representante de la línea universitaria del gobierno nacional y del rector Rubén Hallú, represiva y antiobrera. Como a los trabajadores en las fábricas, a la lucha de los estudiantes también se les responde con represión.
MÁS MUERTES A CARGO DEL ESTADO
Sólo en la última semana, seis personas fueron asesinadas por el aparato represivo del estado, como consecuencia del accionar policial. Los perros guardianes del sistema no dudan en seguir apretando sus gatillos fáciles contra los pibes de la clase obrera.
En la noche del martes 15, en la ciudad bonaerense de Castelar, un llamado al 911 por parte de un vecino que creyó ver un asalto bastó para que la policía acudiera al lugar y asesinara a un joven, simplemente por sospechoso.
Ese mismo día, pero en La Matanza, un pibe de 14 años fue muerto por un policía que dice haber sufrido un intento de asalto por parte de tres jóvenes, “menores” según él. Intentos de asalto que abundan en las declaratorias de los policías, pero que siempre resultan con nuestros pibes muertos, curiosamente.
En Lomas del Mirador, el mismo argumento esgrime otro policía al intentar explicar la muerte de otro pibe, al que también quieren acusar de “intento de asalto”. Este otro policía resultó sugestivamente ileso, una vez más. Mientras que en Adrogué, al sur del Gran Buenos Aires, los argumentos se repiten para justificar la muerte de otro pibe, muerto por un tiro en la cabeza, disparado por un cabo de la Policía Federal de franco, en una estación de servicio ubicada en las calles Erézcano y San Martín.
Otro trágico ejemplo de esta modalidad la encontramos esta misma semana en el Barrio Mitre de la localidad de San Miguel, donde un policía de civil disparó en el pecho contra Ezequiel, quitándole la vida a este pibe, hijo de una familia humilde, que se sostiene cartoneando.
Por poco, Manuel Figueredo, un joven trabajador de 18 años no resulta una nueva víctima. Fue alcanzado por los tiros de los efectivos policiales de la comisaría tercera de San Miguel, quienes desataron una balacera en el barrio Mitre de esa localidad sin motivo alguno. Manuel sobrevivió a los impactos y hoy está luchando por su vida.
Y lo que algunos medios llaman “violencia en el fútbol” también da cuentas de la política represiva del estado: Mabel, la viuda de Ramón Aramayo, muerto ayer, antes del partido entre Vélez y San Lorenzo, pone el dedo en la llaga cuando describe con claridad el motivo de su muerte. "No tuvo ningún enfrentamiento con la policía, lo quisieron revisar pero el retrocedió, como que no quería dejar que lo revisen y le pegaron, lo esposaron y lo dejaron ahí, no fueron capaces ni de llamar a la ambulancia. Fue la policía, por puro gusto, como siempre hace".
El accionar policial se reafirma en estos hechos, y se expresa a cada paso que da la realidad. En los barrios impera esa verdad y sabemos que la única respuesta ante la represión, está en nuestras propias fuerzas.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Jueves 24 de marzo, a las 13:30, CORREPI convoca a un breve acto en Plaza Lorea (Av. de Mayo y Luis Sáenz Peña), para marchar luego a Plaza de Mayo, contra la represión de ayer y de hoy.
A 20 años de la detención y muerte de Walter Bulacio, CORREPI realizará, durante todo el mes de abril, actividades y jornadas en lugares públicos, escuelas y universidades, de las que iremos informando, para culminar, el viernes 29 de abril, con un acto-festival en Plaza de Mayo, con importantes bandas solidarias.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
El segundo sábado de cada mes, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.
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