España, Cuba y la tortura del aire acondicionado (Cubainformación)

Foto: Kaos en la Red

Por José Manzaneda *

Foto: Virgilio Ponce

La Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha denunciado que, en 2015, 232 personas fueron víctimas de maltratos o torturas por parte de cuerpos policiales españoles (1). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en 8 ocasiones (2). Pero, salvo excepciones, los grandes medios silencian estas informaciones. Mientras, en sus páginas leemos las hilarantes declaraciones del “disidente” cubano Guillermo Fariñas, quien acusaba a su gobierno de torturar a los detenidos poniéndoles muy frío el aire acondicionado (3).

13 personas muertas, 25 desaparecidas y decenas de heridas es el resultado del brutal desalojo policial de maestros en Oaxaca, México (4). La mayoría de titulares de la prensa internacional indicaba que las muertes se produjeron por “enfrentamiento entre profesores y fuerzas de seguridad” (5), ocultando que los fallecidos correspondían a una sola de las partes: la del profesorado en lucha contra la reforma educativa neoliberal del gobierno mexicano (6). ¿Se imaginan cómo variaría el titular de la noticia de haber ocurrido en Cuba o en Venezuela?

Si en EE. UU., la policía decide arrestar a 145 personas en una protesta contra la deportación de inmigrantes -más de 2 millones han sido expulsados solo durante el mandato de Obama-, los diarios nos especifican que estaban “bloqueando la acera” (7). Pero si es en Cuba donde son arrestadas las llamadas “Damas de Blanco”, ¿creen Uds. que nos explican que estaban obstaculizando el tráfico mediante una sentada (8)?

Muchos medios enfatizan que, en 2015, más de 43.000 personas emigraron de Cuba rumbo a EE. UU. (9). Pero no nos cuentan que de Puerto Rico -con apenas un tercio de la población de Cuba- salieron 71.200 con el mismo destino. Curiosamente, Puerto Rico ha sido la colonia mimada de EE. UU., y a donde multinacionales y administración han encauzado, durante décadas, gigantescas inversiones (10). Cuba, por el contrario, lleva 60 años de bloqueo total. Puerto Rico -recordemos- afronta una dura crisis financiera, con una deuda de 72.000 millones de dólares, y el gobierno local acaba de anunciar su impago (11).

Salta: El video de la tortura a detenidos.

Trascendió durante la semana pasada. Pero ocurre que no es un caso aislado. Es moneda corriente en buena parte de las comisarías y cárceles de nuestro país. Y lo grave es que ocurre en un Estado de Derecho donde el Gobierno Nacional se ufana de ser el "Gobierno de los Derechos Humanos".

Para muestra, basta un botón... Y el dicho popular es cierto. Por eso, a pesar de la censura impuesta por las autoridades salteñas, publicamos este video que muestra las torturas en una comisaría.

No obstante, recomendamos que no sea visto por personas sensibles.

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 657.

 

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 657.

Sumario:  

1. A pesar de todo Segovia va preso (aunque sea por un ratito).

2. Lautaro Bugatto y los medios oficialistas.

3. Permitido torturar, prohibido decirlo.

4. Tinogasta: Este gobierno reprime la protesta (comunicado del E.N.A.)

5. El Proyecto X manda a juicio a un trabajador.

1. A pesar de todo Segovia va preso (aunque sea por un ratito).

Desde que el policía federal Alberto Alejandro Segovia fusiló con un tiro en la nuca a Mauricio Vega en el barrio de Colegiales, el Estado dispuso todo su aparato para auxiliarlo en el “mal trago” de la investigación judicial.

Primero, el juez Daffis Nikilson intentó cerrar la causa, entendiendo que un tiro en la nuca a quemarropa a un pibe desarmado con ambos brazos del otro lado de un portón era una legítima defensa (ver Boletín N° 544). Desbaratamos el intento a fuerza de denuncia y fuerte movilización, mientras nuestros compañeros abogados exponían sus argumentos ante la Cámara de Apelaciones.

La defensa del asesino fue tomada orgánicamente por la Dirección de Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad, cuyo decano, Federico Luis María Hierro, intentó negociar una probation, es decir, que el verdugo pagara el asesinato de un joven con tareas comunitarias (ver Boletín N° 581), al mismo tiempo que el tribunal suspendía el inminente juicio alegando problemas organizativos que, de todos modos, no impidieron la turbia negociación, que tuvo la causa en suspenso, entre la Cámara de Casación y la Corte Suprema, por más de un año.

A pesar de todo eso, finalmente llegamos al juicio. En el interin, habíamos denunciado la presencia de los abogados ministeriales en la defensa de los policías de la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra, de la que, ni corta ni perezosa, la ministra Garré los retiró para cuidar la imagen del gobierno. También Segovia se quedó sin su defensa institucional oficial, que fue reemplazada por la Dra. Valeria Corbacho, experimentada defensora policial: Fue la abogada del ex subcomisario Luis Abelardo Patti en la causa por el asesinato de los militantes Cambiasso y Pereyra Rossi; de los represores Samuel Miara, Roberto Sosa y Eufemio Uballes en la causa por el CCD El Atlético; del espía metro-federal Ciro James, y del policía David Villalba, el que se quedó sin batería para filmar justo en el momento que la patota atacó a los trabajadores ferroviarios y las organizaciones que los acompañaban.

Y siguió el apoyo del estado para su verdugo, apenas si procesado por homicidio culposo. Pero, a pesar de todo, igual logramos que Alberto Segovia fuera condenado a tres años de prisión efectiva, de nuevo con la movilización de la familia y los amigos de Mauro, que, junto con CORREPI, no dejaron de perseguirlos y escracharlos a todos: policía, fiscales, jueces y defensores.

En la sentencia, los jueces dieron como válida la teoría del “accidente” y siguieron el pedido de la fiscalía, a pesar de todas las pruebas que demostraron que el arma no se disparó sola, que el policía disparó a matar y, como es habitual por su cobardía, además, disparó por la espalda. En la lectura de la sentencia, los jueces se excusaron indicando que la condena la emitieron siguiendo la elevación a juicio y la pena pedida por la fiscal.

En la condena a 12 años de prisión que logramos hace casi un año contra Luis Oscar Ayunta, teniente de la policía bonaerense, miembro del Grupo Halcón, tropa de elite de dicha fuerza, asesino de Cristopher Torres, se garantizó la impunidad del verdugo alegando que tenía un buen concepto de sus superiores y vecinos, por lo que actualmente está en libertad (ver Boletines N° 596; 597 y 598). A Segovia lo mandamos preso, pero por 3 años. Ya vemos que el poder se las rebusca de una forma u otra para premiar a sus perros guardianes.

Como siempre repetimos: las fuerzas policiales son el brazo ejecutor de las políticas represivas del Estado, y el poder judicial es el encargado de garantizar la impunidad. Sólo la conciencia del pueblo puede revertirlo, con organización independiente del Estado y sus diferentes gobiernos, porque entendemos que obrar de otra manera es volver a matar a nuestros pibes.

2. Lautaro Bugatto y los medios oficialistas.

El 6 de mayo, Lautaro Bugatto, jugador de fútbol del club Banfield, fue asesinado por el policía bonaerense David Benítez, en la localidad de Burzaco, provincia de Buenos Aires. Según el relato del policía, intervino para evitar un supuesto robo y debió enfrentarse con los delincuentes. Uno de los siete tiros que disparó ingresó por el pulmón de Bugatto, produciéndole la muerte. No se encontraron más vainas servidas que las del policía.

La trascendencia del hecho, que se explica en parte porque la víctima es un jugador de fútbol, evitó que se plantara una escena de otro tipo, como cuando esto ocurre con pibes pobres de barrio. Es decir que, en este caso particular, no hubo lugar para la versión típica de la policía y los medios de comunicación: “delincuente de frondoso prontuario muere en enfrentamiento”.

En este caso, los medios mostraron la noticia como algo novedoso y sorprendente, y, desde luego, como un exceso de un policía que actuó en forma negligente. En algunos casos, por las propias peleas políticas, algunos utilizaron este hecho para pegarle al partido de gobierno. En otros casos, los medios oficialistas como Página/12, a través del periodista Bruschtein, intentaron despegar al gobierno nacional, y encarar la cuestión como un problema exclusivo de la provincia de Buenos Aires, para influir en la interna Scioli/Casal vs. Mariotto. Lo mismo que hicieron hace unas semanas con el servicio penitenciario bonaerense.

Así, en una entrevista a Gonzalo Bugatto, militante del Movimiento Evita y hermano de Lautaro, el periodista hacía preguntas como la siguiente: “Con un modelo nacional en el que los derechos humanos y una policía que no reprime son algunos de los principales logros, ¿por qué la provincia de Buenos Aires no se acomoda a los tiempos que corren?”

El hermano de la víctima y militante del Movimiento Evita, no hizo más que reproducir el discurso oficial de la fuerza descontrolada, de la maldita policía, y de la necesidad de cambiar la formación actual. Del hecho de que el mismo día, pero en Mendoza, ocurriera otro caso de gatillo fácil, Gonzalo Bugatto sacó la conclusión de que habría una autonomía policial incontrolable, cuando en realidad lo que eso indica es que hay una política sistemática que abarca a todo el país.

En la misma línea, el periodista Juan Britos, de Tiempo Argentino (13/05), entrevistó a varios familiares de víctimas de la represión que militan en CORREPI. El entrevistador sólo estaba interesado en las víctimas de la policía bonaerense y luego nos reconoció que su diario no quiere que se mencionen a las fuerzas represivas federales. La nota no se refiere en ningún momento a CORREPI, ni se hace mención a los números que manejamos, aunque sí se nombran a otras organizaciones como Madres del Dolor o el CELS.

Además de la utilización política de este crimen, a través de medios oficialistas, en favor de una fracción del peronismo, y en desmedro de otra, también se intentó instalar el falso debate de que este hecho es consecuencia de que el policía estaría obligado a portar su arma las 24 horas, o que viviría en permanente estado policial, lo que es mentira, ya que hace diez años que esa obligación no existe.

Sin embargo, no recibió la misma atención mediática el hecho de que, por estos días, se entregara el policía federal del GEOF, Pablo Valente, quien asesinó, durante un allanamiento, a Alan Stéfano Tapia. Se encontraba prófugo desde hacía un mes, luego de que fuera procesado por homicidio simple.

Estos hechos se repiten por todo el país. Lejos de ser una muestra sobre una supuesta autonomía policial incontrolable, son el reflejo de una política estatal sistemática destinada a mantener a raya a los más pobres. Y es una política tan estratégica que, ni el hecho de que algunas veces un político pague algún costo, logra cambiarla. Los policías no actúan así porque estén mal formados. Actúan así, porque ésa es su función social en el marco de las relaciones sociales capitalistas: reprimir a los pobres.

3. Permitido torturar, prohibido decirlo.

El 25 de mayo de 2010, Juan Carlos Lezcano (28) y Alberto Rolón (45), dos vecinos de Rauch, provincia de Buenos Aires, aprovecharon el feriado para salir a cazar mulitas. Al mediodía, una patrulla policial los detuvo. Una vez en la comisaría, alojados en lugares separados, fueron torturados mientras los policías los interrogaban por un robo de unas ruedas de camión. Golpes con guantes de box para que los torturadores no se lastimaran los nudillos, submarino seco, gas pimienta en los ojos, amenazas de cortarles un dedo con una tenaza y todo tipo de vejámenes estuvieron incluidos en la sesión de tormentos.

En el juicio oral que se está desarrollando contra seis policías, quedó probado que tanto celo en esclarecer el robo de los neumáticos se debió a que su dueño, un acaudalado hacendado de fluidos vínculos con la policía, había prometido una recompensa de diez mil pesos si encontraban a los responsables. Y claro, en lugar de investigar el robo, los uniformados agarraron los primeros dos perejiles que encontraron, y los torturaron para que se hicieran cargo.

Ante la imposibilidad de barrer el asunto bajo la alfombra, la acusación contra los policías no es por el delito de aplicación de tormentos, sino por apremios ilegales. Una figura penal menor, siempre a mano para que la pena resulte excarcelable y no se mencione la palabra prohibida: tortura, el crimen de estado por excelencia.

Lo mismo sucedió esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Después de más de dos años de pelea judicial, iniciada cuando el vecino de Villa Soldati, Luis Carlos Gallardo, recurrió a CORREPI para denunciar cómo fue torturado por policías de las comisarías 36ª, 38ª y 50ª, finalmente logramos la elevación a juicio del expediente. Luis y su esposa, junto a otra pareja de amigos, estaban en el boliche Pachá cuando se produjo la irrupción de personal policial a raíz de una pelea entre otras personas.

Los policías, ya terminada la pelea, maltrataron y golpearon a varios parroquianos ajenos al incidente, entre ellos una de las mujeres que estaba con Luis, quien no pudo contener la indignación, e insultó a los policías. Como respuesta, fuera del local, lo apalearon entre seis o siete uniformados, causándole fracturas varias en el rostro y lesiones graves en un ojo y el oído. Además, le robaron las llaves del auto, el celular y destrozaron el vehículo.

De nuevo, el fiscal se contentó con acusar al único policía identificado, Sergio Martínez, de la 38ª, por vejaciones, lesiones y robo. Desde la querella, en cambio, volveremos a acusar por aplicación de tormentos, convencidos de que hay que llamar a las cosas por su nombre. Represor al represor, y torturador al torturador.

4. Tinogasta: Este gobierno reprime la protesta.

Una vez más, el gobierno que propagandiza “no reprimir la protesta social”, no sólo reprimió el corte de la ruta 60 que llevan a cabo los compañeros que están luchando en defensa de los recursos naturales, sino que golpeó y detuvo a tres de los manifestantes.

Más grave aún fue el hecho de que, por algunas horas, la policía ocultó el paradero de los detenidos.

De esta forma, continúa la represión contra el pueblo de Tinogasta, que no se resigna a abandonar la lucha contra las empresas mineras que vienen a saquearnos.

De esta forma, continúa la represión contra los militantes, trabajadores y luchadores sociales, que ya tiene, desde 2003, un saldo de 17 asesinados por las fuerzas de seguridad, presos políticos y miles de procesados y encausados.

Para enfrentar esta represión nos movilizamos, y denunciamos que este gobierno y sus policías, federal y provinciales, son los responsables de la represión a los que luchan. ¡ BASTA DE REPRESIÓN ! ¡ LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR ! ¡ BASTA DE PERSECUSIÓN! ¡CIERRE DE TODAS LAS CAUSAS A LOS LUCHADORES SOCIALES !

ENA - Encuentro Nacional Antirrepresivo, integrado por:

FAM (Frente Antirrepresivo de Mar del Plata); CADH (Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario); Sociedad de Resistencia (Mendoza); AGARRE (Acción Grupal AntiRrepresiva Estatal - Comodoro Rivadavia); Corriente del Pueblo, Jóvenes KURMI, MoCaJu - Movimiento Campesino de Jujuy (Jujuy); Militantes Antirrepresivos de Olavarría; Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos de El Bolsón; Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Córdoba (CADDHH); Pájaros en la Cabeza (Santa Fe); Antirrepresión (Misiones); Centro Cultural y Social Estación Esperanza (Rafaela); CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).

5. El Proyecto X manda a juicio a un trabajador.

Apoyado exclusivamente en los informes de inteligencia y testimonios de policías y gendarmes, el juez federal de Tres de Febrero rechazó los planteos de la defensa, a cargo de CORREPI, en la causa por dos cortes de la Panamericana contra el compañero Carlos Zerrizuela, delegado del Frigorífico Rioplatense, y decretó la elevación a juicio oral. Así, el compañero será juzgado por un tribunal oral federal de San Martín acusado de ser el “cabecilla” del grupo de casi 200 trabajadores que, en dos oportunidades, se movilizaron sobre la ruta Panamericana en defensa de su salario, y en reclamo de mejores condiciones laborales.

Toda la prueba con la que el fiscal pidió y el juez concedió la elevación a juicio está impregnada de las tareas de inteligencia realizadas por los gendarmes en el marco del Proyecto X, que, infiltrados en la manifestación, sacaron fotos, hicieron preguntas disfrazados de periodistas o manifestantes y completaron los datos obtenidos con los registros de militantes que obran en su base de datos en Campo de Mayo.

Cuando nos opusimos a la elevación, el juez validó las “pruebas” aportadas por los dependientes de la ministra Nilda Garré con un solo argumento: “la prueba no es nula, porque yo la ordené”. Una afirmación que demuestra que “legal” o “ilegal” son conceptos que sólo dependen de quien tiene el poder de crear, interpretar y aplicar las normas, y que, por lo tanto, son ajenos a los trabajadores y propios de quienes gobiernan en su propio beneficio.

La misma semana, mientras todavía resuenan las confusas palabras de la ministra Garré jurando entre toses que el Proyecto X no existe, la presidenta Cristina Fernández se hizo cargo plenamente de su existencia y utilidad represiva. A raíz de un operativo en el que se incautó droga, afirmó que ello fue posible por la utilización de datos aportados por gendarmería y su base de datos. Irónicamente, dijo: “¿Cuántas tapas nos hicieron con eso los medios hegemónicos, los diarios? Tapas y tapas ¿Vieron que no era para investigar a simples ciudadanos?”.

No, claro. No es para hacer inteligencia interna a “simples ciudadanos”, sino a trabajadores antiburocráticos organizados para defender sus derechos, como los delegados del Frigorífico Rioplatense.

- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.

- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.

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CORREPI

Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

Ciudad de Buenos Aires - Argentina

correpi@fibertel.com.ar

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 616.

 

 

 

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 616

Próximas actividades: Viernes 15 de julio, desde las 8:30, concentración en Mendoza 2417, esq. Almafuerte, San Justo, La Matanza, durante la lectura de la sentencia contra el policía federal Luciano Gaete Ossandón, asesino de “Kunky” Méndez.

 

Sumario:

1. Gerardo Martínez botón: Otro ladrillo para el paredón

2. Gran Hermano en la ciudad

3. La rutina de la tortura

4. Proyecto Sur y la Metropolitana

5. El hábito de la mentira

6. Más muertes en cárceles



GERARDO MARTÍNEZ BOTÓN: OTRO LADRILLO PARA EL PAREDÓN

El secretario general del gremio de la UOCRA, el ultra kirchnerista Gerardo Alberto Martínez, cuyas patotas apalean petroleros y docentes en Santa Cruz, pobres en el Indoamericano, y obreros y activistas en todo el país; el mismo que fue encubridor del negreador Schoklender, trabajó durante toda la dictadura para el Batallón 601 del Ejército como personal civil de inteligencia. Al mismo tiempo, ya revistaba en la UOCRA. Según el listado de la Conadep, hay por lo menos 105 trabajadores de la construcción desaparecidos en el mismo lapso en que este burócrata cumplía su doble tarea.

Hoy, a tres meses de la tremenda golpiza que la patota de la UOCRA propinó a docentes y estatales santacruceños, hecho por el que no hay un solo detenido -mientras sí siguen encausados los cuatro docentes detenidos en la represión posterior en la ciudad de Buenos Aires- un conjunto de organizaciones, encabezadas por el SITRAIC (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción) y patrocinadas por CORREPI, junto al CeProDH y Cadep, denunciaron ante la justicia federal que quien hoy revista como secretario general del poderoso gremio de la UOCRA, es presidente de su Fundación y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, trabajó, desde 1976, y, por lo menos, hasta 1983, en el temible Batallón 601 de Inteligencia, centro operativo del terrorismo de estado durante la dictadura. De él dependían varios Centros Clandestinos de Detención en todo el país, el principal Campo de Mayo, donde desaparecieron más de 3.000 personas, y se planificaban y realizaban tareas inteligencia sobre todos aquellos grupos y personas consideradas “subversivas”, utilizando tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final mediante el asesinato de los cautivos y ocultamiento o destrucción de sus cuerpos.

En una palabra, el burócrata sindical al que la presidenta Cristina Fernández promueve como recambio de Hugo Moyano al frente de la CGT, fue compañero de trabajo de personajes célebres como Leandro Sánchez Reisse y Raúl Guglielminetti, alias mayor Guastavino, y, con ellos, co-responsable de miles de secuestros, torturas y desapariciones.

La presentación se basa en un documento oficial. En el sitio web del Archivo Nacional de la Memoria, dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, figura el listado del personal civil de inteligencia del Batallón 601 de Inteligencia enviado el 5 de febrero de 2010, por el general Milani, Director General de Inteligencia, a la entonces ministra de Defensa Nilda Garré. En la foja 52, con número de orden 2.798 (la lista contiene más de 4.300 nombres, y hay otra con 900) figura Gerardo Alberto Martínez, DNI 11.934.882. Los firmantes del escrito verificaron en bases de datos oficiales, como el Anses, que se trata de la misma persona, que ya en 1977 era afiliado de la UOCRA y que, en 1985, accedería a la secretaría de organización, y en 1990 a la secretaría general.

Claro que Gerardo Martínez no es el único de su clase que, siendo servicio de la dictadura, se infiltró en un sindicato. Horacio Barcos, burócrata santafesino de su mismo gremio, fue designado en 1996 interventor de la Seccional Tres Arroyos de la UOCRA. Fue reconocido por la esposa de José Tur, dirigente de CTERA desaparecido, como quien los secuestró, torturó y asesinó a su esposo durante la dictadura, hecho por el que fue condenado a 15 años de prisión. Este amigo de Martínez trabajó en el Batallón de Inteligencia Militar 122 (versión santafesina del 601) desde enero de 1976 hasta mayo de 1997. Del mismo modo, Eduardo Daffunchio, abogado de la UOCRA Santa Fe, revistó en el mismo Batallón 122, hasta 2009 (figura en la foja 24, nº de orden 1.271 de la Nómina del Personal Civil del Batallón de Inteligencia 122).

La utilización de grupos de choque o patotas por parte del estado y las patronales, es tradición vieja, desde los cajetillas que usaban a fines del siglo XIX para asolar los barrios pobres y a los trabajadores, pasando por la Liga Patriótica Argentina durante la Semana Trágica, la Legión Cívica trás el golpe del general Uriburu en 1930, hasta, más cerca en el tiempo, la Triple A. Bajo el gobierno kirchnerista, lo novedoso es que ya no actúan como meros complementos del aparato represivo oficial, sino que, en muchas oportunidades, directamente lo reemplazan, como lo vimos el 20 de octubre de 2010 con el asesinato de Mariano Ferreyra, y, en el caso concreto de la UOCRA, en tantísimos ataques de su patota contra los trabajadores del SITRAIC, los vecinos de la Asamblea de Esquel No a la Mina, los trabajadores del sindicato de Comercio de Santa Cruz, contra el delegado de Dezacor en Atucha, Zárate, etc.

Los denunciantes reclamaron a la justicia federal que se investigue hasta cuándo trabajó Martínez para Inteligencia del Ejército; cuál fue su participación en la desaparición de 105 trabajadores de la construcción hasta 1983, y en los hechos represivos posteriores, y que se determine quiénes facilitaron su encubrimiento hasta el presente.

Gerardo Martínez es un botón de muestra de las diferentes formas en que el estado capitalista intenta disciplinar a los trabajadores: con el terrorismo de estado, cuando lo necesita, o, en períodos "democráticos", tercerizando la represión con patotas paraestatales.

Agente de inteligencia del estado y burócrata sindical, Martínez siempre tuvo doble trabajo.  Será un ladrillo más del paredón que merece.

GRAN HERMANO EN LA CIUDAD

Como decíamos en el Boletín Nº 613, comentando la instalación por parte del gobierno de Scioli de cámaras en los barrios más humildes, y el intento de Macri de entregar las filmaciones de la ciudad a los medios de comunicación, cuando se trata de controlar al pueblo, a pesar de los pleitos entre ellos, están todos del mismo lado.

Nacional, provincial o municipal, todos los gobiernos se suman a este boom de control que llena semana a semana los diarios de novedades, generando polémicas en cuanto a si se viola la intimidad, pero sin cuestionar el uso que se dan a las cámaras en el disciplinamiento de la protesta y como elemento para criminalizar luchadores.

Esta última semana, fue Macri el que, mediante un gasto de medio millón de dólares, ganó la atención de la prensa estrenando 330 cámaras.

 

Entre estos 330 “objetivos” hay 32 hospitales, 24 centros de salud, 90 edificios escolares (incluidos 17 jardines y escuelas secundarias), el Teatro Colón, los cementerios de Chacarita y Recoleta, el Parque Indoamericano y tres ex centros clandestinos de detención que hoy funcionan como “espacios para la memoria”.

Las cámaras en las escuelas generaron particular polémica, dado que, claramente, no fueron pedidas por docentes y estudiantes, los cuales se asombraron y preocuparon cuando vieron que estaban siendo instaladas. Fácil es imaginar quién pidió su instalación, teniendo en cuenta el odio que generó al ministro de educación Esteban Bullrich la toma de varias escuelas las semanas previas a las elecciones. Este odio también se manifestó en el pedido hacia los directivos de los establecimientos de que denuncien, en las distintas comisarías, a los que participaban de la medida, tarea que se facilitará, ahora, con las filmaciones de las asambleas, por ejemplo.

Además de las cámaras, se designará personal de seguridad privada que prestará servicios en los objetivos asignados “durante las 24 horas, todos los días, incluyendo sábados, domingos y feriados”, sumándose a la saturación de efectivos en las calles que, en barrios como Parque Patricios o Bajo Flores, cuentan ya con presencia de gendarmería, prefectura, federal, metropolitana y el servicio logístico de las FF. AA.

Las cámaras de seguridad tuvieron un comienzo tibio en 2005, cuando el entonces jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, instaló 73. En seis años, no sólo se multiplicaron catorce veces las cámaras en la ciudad, sino que fueron incorporadas definitivamente al paisaje urbano de todo el país.

En el país hay unos 9 mil instaladores. El año pasado, la facturación alcanzó los 276 millones de dólares –según estadísticas oficiales- y representó un 33,5% más respecto al año anterior. Ciudades como Rosario y Mendoza y localidades más pequeñas como Lobos o Campana también cuentan con esta persecución. En Tigre, por ejemplo, las grabaciones se guardan durante 30 días y es la propia intendencia la que decide difundirlas en los medios. Llevan hasta ahora unas 120 filmaciones en el aire.

Sobre el punto, simplifica el diario Clarín: “Las videocámaras no reconocen ideologías. Sus defensores van desde el intendente K de San Martín, Ricardo Ivoskus hasta Mauricio Macri”. Esas videocámaras sí responden a una ideología, la misma a la que responden desde el partido socialista en Santa Fe o el ARI en Tierra del Fuego, hasta el kirchnerismo, el macrismo y el diario Clarín mismo. A la ideología de los que más tienen, que hacen todo lo que pueden para mantener bien controlado al pueblo.

LA RUTINA DE LA TORTURA

Esta semana, tres casos que tuvieron algo de difusión nos muestran que la tortura es cuestión de rutina para la policía y que la justicia recorre siempre el mismo camino para garantizar la impunidad de los torturadores.

Una Denuncia: En la madrugada del 25 de junio pasado, en La Plata, Felipe Ayala Gamboa se retiraba de una fiesta junto a un amigo. Iban en busca de sus bicicletas, atadas en la esquina, cuando se les acercó un patrullero. Bajaron dos oficiales al grito de "arriba las manos". Los jóvenes entregaron sus DNI, pero uno de los policías puso de espaldas a Felipe para palparlo. Felipe se resistió, pues ya le había mostrado los documentos. El policía comenzó a pegarle patadas vociferando "no digas nada más porque te mato". En su desesperación, Felipe gritó que era hermano de Sandra Ayala Gamboa (joven violada y asesinada que se convirtió en un símbolo de lucha contra el femicidio, y un caso más en el que la policía entorpeció la investigación). Lejos de detenerse, lo golpeó aún más fuerte. Subieron raudos al móvil policial y se fueron. Tras la golpiza, y luego de ser atendido en el hospital, Felipe hizo la denuncia en la UFI N° 1.

Un Juicio: El 20 de julio de 2010, un cabo de la comisaría 23ª del barrio porteño de Palermo detuvo a tres menores de 16 y 17 años porque se le antojó que habían roto el vidrio de una camioneta estacionada. Y ese vidrio valió más que la integridad y la dignidad de los chicos. El policía de la Federal pidió refuerzos por radio y llegaron otro policía que estaba cerca, tres patrulleros, con la subinspectora jefa de servicio externo, Natalia Verón (33) (quien estuvo prófuga por este caso, ver Boletín N° 609 Democracia, dictadura, la tortura continúa) el sargento Sergio Coronel (37), el sargento primero Juan Villegas (45), el agente Ricardo Coria (33), el cabo Mariano Cerrillo (31) y el agente Guillermo Villán (27) ¡ ocho policías y tres móviles para tres pibes !

Los chicos fueron golpeados en la cara y el estómago para que confesaran quién había roto el vidrio. Los subieron a cada uno a un patrullero y ahí empezaron a picanearlos. Una vez en la seccional 23ª, siguieron golpeándolos en boca y estómago y aplicándoles picana hasta que los chicos se desvanecieron. Los tres jóvenes reconocieron también al sargento primero Juan Morales (50) quien vio todo y no hizo nada por detener las torturas.

La fiscal Estela Andrade pidió someter a juicio oral a Verón, Cerrillo y Villegas por "torturas reiteradas"; a Coria, Coronel y Villán por "apremios ilegales agravados"; a Morales, al jefe de servicio a cargo de la seccional, Cristian Bejarano (33), y al guardia que lo secundaba, Leandro Bruschi (23), por "omisión de denunciar la comisión de torturas".

Una Absolución: El 12 de julio de 2005, el subinspector Diego Alfredo Fernández, y dos sargentos, Víctor Huanca y Claudio Mingorance, llegaron al departamento de Mauricio N. Godoy con una orden de allanamiento dispuesta en una causa en su contra por amenazas. Mauricio se negó a abrir la puerta, por lo tanto, los policías la forzaron. Luego, se abalanzaron sobre él, aún teniendo a una niña en brazos, y comenzaron a golpearlo hasta reducirlo y esposarlo en presencia de su familia. Mauricio sufrió hematomas en ambos ojos, antebrazos, rodillas y tobillos, escoriaciones y golpes en la cabeza.

Los policías fueron sometidos a juicio y condenados a un año de prisión en suspenso por "vejámenes" y "lesiones", pero la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, a cargo de Gustavo Mitchell, Liliana Catucci y Ángela Lesdesma, revocó el fallo y absolvió a los policías por dos votos (los de Mitchell y Catucci) contra uno.

La policía cuenta con las herramientas, el poder y la impunidad que les da el estado. Herramientas para torturarnos y matarnos; poder para someternos; e impunidad para que descarguen todo su desprecio por nuestra vida.

PROYECTO SUR Y LA METROPOLITANA

Si faltaba algo para que Proyecto Sur (y todos los que le sirven de furgón de cola) terminaran de mostrar la hilacha de lo que realmente son, un frente electoral representante de los intereses de la clase dominante, es la promesa de campaña que hizo su candidato a vicejefe de gobierno, Jorge Selser, cuando manifestó en un programa del canal Metro que, de ganar las elecciones, crearían la Central  de Inteligencia de la Policía Metropolitana.

"Nosotros vamos a crear la Central de Inteligencia porque en seguridad hay que tener política", dijo el candidato.

En pleno debate por la campaña electoral, todos salieron a opinar sobre el manejo de la metropolitana y sus funciones. Gabriela Cerruti, que encabezaba la lista de Nuevo Encuentro, el partido de Sabbatella, hoy dentro del kirchnerismo, bramaba horrorizada que  “La metropolitana fue creada en la consultora de Fino Palacios”. Hoy su espacio político no duda en defender a la otrora cuestionada fuerza que debutara con el escándalo de las escuchas de Ciro James.

No cuestionan la existencia de la metropolitana, que ya es un hecho consumado. Ahora el debate gira en torno de cómo utilizar, cada uno a su conveniencia, tamaña herramienta represiva más efectivamente, siempre buscando el mayor consenso posible a través del discurso. Proyecto sur, queriendo cooptar el voto de quienes, acosados por el manejo de la información en los medios se en “en riesgo”, propone crear un aparato de inteligencia, que no sería otra cosa que una nueva herramienta para perseguir al pueblo cuando se organiza y busca luchar contra este sistema que oprime a las mayorías.

Como podemos ver, se pelean entre ellos y nos quieren engañar, tratando de mostrarnos una realidad que ellos construyen a imagen y semejanza de sus intereses, pero en lo concreto, cuando se trata de lo que atañe a la verdadera naturaleza de las cosas y del sistema, en el fondo son realmente lo mismo. Proyecto Sur no es una excepción, y no porque no sepan cuál es la verdadera función de la policía, esa función de disciplinamiento y control social que garantiza mediante la represión la continuidad de este sistema de explotación. Lo saben, justamente porque saben que la policía defiende los intereses de la burguesía… o sea, sus intereses.  

EL HÁBITO DE LA MENTIRA

Ya sabemos que, en campaña, o para defender una gestión de gobierno, todo vale. Pero a veces, el tenor de las mentiras que se dicen indigna un poco más. Hace unos días, en Mar del Plata, se hizo un acto con la excusa formal de conmemorar la Noche de la Corbatas, el célebre episodio represivo, durante la dictadura, en que fueron desaparecidos siete abogados y las esposas de dos de ellos. Lo que se suponía un homenaje, fue en realidad un acto de campaña del kirchnerismo, y, además, mintiendo.

Hernán Ordiales, representante del PEN en el Consejo de la Magistratura, y evidente sostenedor del gobierno nacional, aprovechó la ocasión para repiquetear con la autodenominada “política de DD. HH.” del kirchnerismo. Y dijo: “el gobierno nacional dio protección y plena vigencia a los derechos humanos, en causas de lesa humanidad, y ha colaborado con los juzgados”. Y usó, como ejemplo de esto último, ni más ni menos que el caso Bulacio.

Todos los gobiernos que se han sucedido en los 20 años transcurridos desde que Walter Bulacio fuera detenido ilegalmente, torturado y muerto por la federal, han contribuido, cada uno a su manera, a la impunidad, necesaria no sólo para salvar al comisario Espósito y el resto de los responsables, sino, fundamentalmente, para preservar una de las más efectivas armas estatales para el control social: las facultades policiales para realizar detenciones arbitrarias.

En el caso de las dos gestiones peronistas de los Kirchner, les tocó en su agenda ser los encargados de incumplir la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH, que desde el 18 de septiembre de 2003 ordena al estado argentino eliminar esas facultades policiales, terminando con la averiguación de antecedentes, los códigos contravencionales, las razzias y todo el sistema de normas y prácticas que nos hacen vivir en “libertad vigilada” si no somos lindos, ricos y rubios.

Como sus antecesores Menem, De la Rúa y Duhalde, los Kirchner pusieron todo el aparato estatal al servicio de la defensa de sus facultades represivas. Lo vemos hoy, cuando nuevamente se ha suspendido el trámite en la causa interna, y ya no tendremos juicio oral en la causa Bulacio en agosto. Así que, Dr. Ordiales, para hacer campaña para sus candidatos, trate de encontrar otro ejemplo en el que se note menos la mentira.

MÁS MUERTES EN CÁRCELES

El 28 de junio, algunos diarios informaron, en apenas unas breves líneas, que dos presos murieron en el penal de Florencio Varela. Con la habitual escasez de datos, sólo mencionan que Oscar Jiménez Barreiro, de 28 años, y Víctor Hugo Andrade, de 25, “murieron durante una pelea”.

En 1992, cuando Fito Ríos, preso en la cárcel de Caseros, fue torturado hasta morir, apaleado a garrotazo limpio por el cuerpo de requisa, que lo golpeó con tal fiereza que los azulejos verdosos quedaron salpicados con partes de su materia cerebral, también los diarios informaron “murió un preso en una pelea”. Y fueron necesarios diez años de pelea de su madre, nuestra compañera Delia Garcilazo, para que los jueces, tardíamente y cuando ya no se podía castigar a nadie, reconocieran que no fue una pelea entre presos, sino un asesinato cometido por los de uniforme.

La cantidad real de muertes intramuros es uno de los datos que más cuesta desentrañar, cuando intentamos contabilizar los casos que incluimos en el Archivo de Casos que publicamos cada fin de año. Así como el fusilamiento en un barrio de un pibe pobre por un policía es siempre “un acto de servicio”, como dijeron los defensores del policía federal Luciano Cruz (policías ellos también, de la Dirección de Asuntos Judiciales de la PFA – Ministerio de Seguridad de la Nación) en sus alegatos, la muerte de un preso apenas si cuenta como uno menos en el recuento diario de la población penitenciaria.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
 

Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

El segundo sábado de cada mes, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.

Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.

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CORREPI

Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

Ciudad de Buenos Aires - Argentina

CORREPI – BOLETÍN INFORMATIVO Nº 609

 

 

 

CORREPI – BOLETÍN INFORMATIVO Nº 609

 

Sumario:



1. Perfeccionan la política represiva contra los luchadores.

2. Para muestra basta un "botón".

3. Agente antidrogas narcotraficante y penitenciario ladrón.

4. Democracia, dictadura, la tortura continúa.

5. Morón: La UTN enreja, gendarmería amenaza, Sabatella filma.

6. Los paramilitares de Abu Dhabi.

7. Próximas actividades.

 

PERFECCIONAN LA POLÍTICA REPRESIVA CONTRA LOS LUCHADORES

El autoproclamado gobierno de los derechos humanos continúa con su política de reprimir con el mayor consenso posible. El 29 de marzo de este año se reunió el Consejo de Seguridad Interior (CSI), que agrupa a todos los ministros del país, de los que dependen las fuerzas de seguridad provinciales, a fin de implementar una política común para reprimir la protesta social.

Teniendo en cuenta que estamos en épocas electorales es lógico que busquen la mejor manera de hacerlo con el menor costo político posible. Por ello esta última semana hasta se cuidaron de hablar de represión y utilizaron eufemismos del tipo “control de la protesta social”, o “control inteligente de la protesta” para “evitar cualquier tipo de desborde”.

El plan consiste básicamente en tratar de cooptar la eventual protesta y, si no se logra, ahí sí aplicar la represión. Recaerá sobre aquellos que salgan a luchar en forma independiente. Ese es el significado que debe darse a declaraciones que indican que el procedimiento represivo consistirá en determinar cuál es el conflicto, quiénes son los actores principales y detectar a los “potenciales actores desestabilizadores”. Es decir, se hará inteligencia y, si no se los puede cooptar se los reprimirá. Se señala además que habrá un grupo especial listo para entrar en acción “como último recurso”.

Así, quienes se organicen y salgan a luchar por mejores condiciones de vida en forma independiente del gobierno deberán esperar el intento de cooptación, la saturación de fuerzas de seguridad en el lugar de la movilización y la actuación de grupos de élite especializados en la represión de la protesta.

Esta decisión política será coronada luego con el armado de causas a los luchadores apelando a artilugios legales que transformarán al ejercicio de derechos básicos, como luchar por mejores condiciones de vida, en delitos con penas durísimas.

Actualmente CORREPI defiende a tres compañeros militantes del PTS acusados de cortar dos avenidas durante el conflicto de Kraft-Terrabusi. El dato es la forma en que seleccionaron a los compañeros imputados: buscaron caras conocidas en las fotos y videos policiales y las compararon con fotos de otros actos y de las páginas web de las organizaciones políticas. Así, ubicaron a los compañeros Juan Oribe, Jesica Calcagno y Patricio del Corro y les achacaron ser los “responsables” de los cortes. El 2 de agosto es el juicio oral.

Este 24 de mayo los compañeros Pedro Kuperman y Rubén Saboulard van a juicio por dos movilizaciones efectuadas en noviembre y diciembre de 2009. Los policías los identificaron por ser quienes habitualmente hablan con ellos para avisar por dónde van a ir. Nuevamente, puede verse el procedimiento que realiza el estado para castigar a quienes osan organizarse y luchar.

En todos los casos los jueces y fiscales intentan utilizar las figuras penales más graves, es decir, las que contienen una pena mayor.

Es lo que ocurre con los compañeros Hospital, Merino, (militantes de Causa Ferroviaria y del PO), Morales (militante de Causa Ferroviaria) y Belliboni (militante del PO) quienes fueron acusados por extorsión, que contiene una pena de hasta diez años de prisión, por las protestas ocurridas el 23 de diciembre de 2010 en la estación Constitución, donde no estaban los compañeros. Los identificaron con tareas de inteligencia de la policía (División Roca), por fotos y videos y seguimiento y vigilancia en las casas. Los mismos policías que hicieron esas tareas están imputados como co-responsables del plan criminal que terminó en el asesinato de Mariano Ferreyra.

El 2 de marzo de este año, doce trabajadores ambulantes y dos militantes de la TPR fueron detenidos durante una movilización cerca de la estación Avellaneda del Ferrocarril Roca. Reclamaban el pase a planta permanente de los vendedores. El juez federal Armella, de Quilmes, el mismo que interviene en la persecución de Hospital, Merino, Morales y Belliboni, también los acusó del delito de extorsión, además de interrupción del servicio ferroviario, del tránsito, lesiones y resistencia a la autoridad. La causa fue iniciada por un gerente de UGOFE y como testigos están ofrecidos los mismos policías que están imputados en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra.

Para estos jueces, fiscales y empresarios, es extorsión reclamar por un derecho.

Otro compañero, el “Neno” Abella, de la agrupación gremial ferroviaria “4 de Octubre” fue acusado y se lo llevará a juicio, entre el 8 y el 10 de junio, por realizar pintadas en la estación Constitución el día posterior al asesinato de Mariano Ferreyra. Se le imputa el delito de daños y, concretamente, pintadas de organizaciones a las que no pertenece. Lo acusa el mismo gerente de UGOFE que persigue a los vendedores ambulantes, a Hospital, Merino, Morales y Belliboni y declaran contra el compañero los mismos policías cómplices del asesinato de Mariano.

Esos ejemplos concretos muestran que la supuesta nueva política de “control inteligente de la protesta social” es nada más que un eufemismo para decir que continuarán perfeccionando la política represiva sobre los luchadores, política que tiene como protagonistas y socios al gobierno, a los empresarios, a la burocracia sindical, a la policía y a los jueces y fiscales.

PARA MUESTRA BASTA UN "BOTÓN"

El 9 de octubre de 2002, un chico de 19 años, Enrique Redondo Martínez, que era arquero del Club Atlético Victoriano Arenas (Primera D) y un ex cabo de la policía federal de 41 años, Martin Venturini, se cruzaron por la calle en una barriada de Remedios de Escalada.

El saldo, tres disparos sobre el joven, dos de ellos mortales. El juicio oral se inició, como muchas veces ocurre, después de 9 años y con el policía en libertad, con una causa que estuvo contaminada desde el primer momento con el encubrimiento protagonizado por la comisaría 4ª de Lanús, que, para proteger al colega federal, trató de tirar carne podrida señalando como autor del hecho a un individuo que, a la postre, resultó que estaba muerto hacia un año.

En el juicio que acaba de terminar, a la hora de los alegatos, momento en que el fiscal, la defensa y el abogado de la víctima repasan lo sucedido en el juicio y piden sentencia, el fiscal Jorge Michelini, en lugar de pedir que lo condenaran, directamente pidió que la absolución, con el argumento de que "el joven portaba un arma y por eso fue legitima defensa". Así, simplificó el trabajo del defensor del policía homicida, que, claro está, pidió lo mismo. Por su lado, el abogado de la familia del pibe asesinado pidió condena por homicidio simple a 12 años de prisión.

Durante el juicio, varios testigos sostuvieron la versión de la querella: el chico y el policía se conocían de antes, siempre jugaban juntos a las cartas en una sociedad de fomento por lo que la versión de que el chico fuera armado y a cara descubierta a asaltar a un hombre conocido, no resulta verosímil. El arma que le adjudican al muerto no tenía sus huellas y no había sido disparada, entonces ¿donde está la legitima defensa?.

El fiscal y el defensor basaron su alegato en un sólo testigo, dueño de una metalúrgica, que dijo que un empleado de él había llevado en un coche a dos chicos que buscaban a ese policía y uno sería Enrique.

Una vez más vemos como funciona la justicia para el pueblo: un homicida que dispara tres veces sobre un joven es exculpado con meras especulaciones por quien debe acusarlo pese a todas las pruebas que en su contra. Una vez más un policía de gatillo fácil es justificado por un fiscal que usa como herramienta las leyes que les brindan los legisladores, todos ellos convenientemente encubiertos por las mentiras que titulan los medios: otro “delincuente abatido”. Y en esa justificación, poco importa si está probado que el policía tiró a matar tres veces, que el arma atribuida al pibe no tuviera sus huellas ni hubiera sido disparada, que la historia del robo fuera ni que nadie lo viera. Igual que poco importó al fiscal Michelini que Diego Gallardo muriera apaleado en la 3ª de Avellaneda tras una sesión de tormentos que para él no fue tortura sino apremios.

El martes 24 estará la sentencia. Sabemos cómo cuesta condenar a un policía cuando el fiscal también acusa, siempre por la figura menor que tenga a mano, como homicidio culposo o simple en lugar de homicidio agravado; homicidio preterintencional en lugar de torturas seguidas de muerte, o apremios en lugar de torturas, etc.). Esta vez se confirmará la indignación, pero no sorprenderá si lo absuelven.

AGENTE ANTIDROGAS NARCOTRAFICANTE Y PENITENCIARIO LADRÓN

Un oficial principal de apellido Varece, que prestaba servicios en el estratégico Registro Único de Información de Narcotráfico, dependiente de la Superintendencia de Drogas, fue detenido hae unos días, tras un allanamiento ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide y realizado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Los investigadores llegaron a Varece tras cinco mese de escuchas telefónicas que lo vincularon con una banda que compraba y vendía drogas a nivel local. Tenían un departamento en la calle Corrientes donde hacían “delivery" de cocaína. El efectivo fue detenido en su propia oficina de Drogas Peligrosas.

Por otra parte, un agente penitenciario bonaerense fue detenido cuando una comerciante lo reconoció mientras caminaba por el centro de La Plata y lo señaló como el autor de un robo en su local.

Efectivos policiales aprehendieron al agente y entre sus ropas le hallaron un celular que había sido robado días atrás a esa mujer.

Durante la investigación, averiguaron que estuvo presente en más de diez asaltos a comercios de venta de calzado e indumentaria en la ciudad de La Plata cometidos entre abril y lo que va de este mes.

Se trata de un hombre de 39 años, quien trabajó como agente penitenciario en el penal de Sierra Chica. Quedó acusado de haber cometido 11 asaltos a comercios de la ciudad.

Diríamos que estos casos son “el colmo” si no no fuera porque, lamentablemente, son simples muestras del normal funcionamiento de la institución policial y de cada uno de sus integrantes. A esta altura no caben dudas: el negocio del delito es organizado por el aparato represivo del estado.

DEMOCRACIA, DICTADURA, LA TORTURA CONTINÚA

No solo a la policía se le escaparon “un par” de golpes, sino que a la justicia, se le escapó la subinspectora Natalia Verón, prófuga por un año y detenida recién el sábado pasado.

Claro que no fueron solo “un par” los golpes que recibieron los tres jóvenes que, en la madrugada del 20 de julio del año pasado, fueron, además, humillados y picaneados en la Comisaría 23 de la Capital Federal. La prófuga y dos policías más fueron procesados por tortura y detención ilegal; otros seis policías por no evitar ni denunciar las torturas (ver Boletín nº 569, Picanas en Palermo.  

Algo parecido, y no es casual, pasó también el año pasado, pero en octubre y en La Plata. Héctor Alonso, que en ese momento tenía 17 años, fue sorprendido en las calles de su barrio, en Tolosa, por agentes de la comisaría 6ª de La Plata.

Los policías le pegaron, lo subieron a un patrullero y, entre amenazas de tiros de gracia y empujones al Río de La Plata , lo llevaron a la dependencia, donde alrededor de veinte oficiales se fueron turnando para aplicarle técnicas de tortura, bien conocidas por la fuerza, tales como el “submarino seco” y el “submarino húmedo” sin dejar de golpearlo.

Héctor, como los tres jóvenes de Capital, denunció haber sido víctima de torturas, pero la impunidad no se vistió de escape en La Plata, sino que la denuncia se convirtió en la excusa para alargar los tormentos.

La atrocidad no cesa de actualizarse. Hasta el día de hoy, Héctor no sólo es perseguido y acosado por policías de civil (entre los que pudo identificar a dos de sus torturadores) y autos sin identificación; sino que en enero pasó veinte días detenido imputado por un homicidio en grado de tentativa. El fiscal Cartasegna, frente a quien, paradójicamente, realizó la denuncia de lo ocurrido en octubre, fue quien ordenó allanamientos en su domicilio, y su abogada afirma que, como ésa, le imputaron decenas de causas.

La gravedad del caso hizo que la Organización Mundial Contra la Tortura le solicitara al estado nacional, al gobierno provincial y al municipal que tomaran medidas de protección y de reparación a la víctima. Por parte del ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense pasaron a disponibilidad a ocho policías de la dependencia, pero la Comisión Provincial por la Memoria denunció que dos de esos agentes retomaron su trabajo en la misma comisaría y volvieron a acosar a Héctor, a quien nadie protege.

Esta Comisión, como si fuese ajena al estado que la creó, pide a los órganos judiciales, al estado provincial y subsidiariamente al nacional, responsable del cumplimiento de los tratados internacionales, “que investiguen las torturas y se brinde protección al joven, para garantizar su vida y para que esta democracia no se cobre otra víctima de la violencia policial”.

Nosotros, desde CORREPI, haciendo memoria como acto político, repetimos que no es un policía, que es toda la institución: la federal, la de La Plata , la que se supone que se le escapa al estado que la forma, la que impune sigue torturando, la que esta democracia parece necesitar.

MORÓN: LA UTN ENREJA, GENDARMERÍA AMENAZA, SABATELLA FILMA.

Al lado de la Universidad Tecnológica de Haedo, en el “progresista” partido de Morón, desde hace más de 30 años existe una canchita de barrio que es usada por los pibes y no tanto. La dirección de la universidad, en homenaje a la seguridad de los que tienen, ha decidido enrejarla para instalar allí un estacionamiento.

Para custodiar y llevar adelante esta decisión, un par de gendarmes han sido apostados allí provocando la bronca e indignación de la vecindad que no encuentra razón de ser ni a las rejas ni a la presencia milica.

Poco a poco los vecinos van organizando la resistencia, y, poco a poco, también, la respuesta de la fuerza represiva va creciendo al amparo de la impunidad de que goza en el municipio sabatellista: en dos oportunidades, desde dos autos identificados como Renault 19 gris, patente THF478 y Fiat Uno blanco, patente AHE166, los vecinos fueron intimidados, en el primer caso esgrimiendo armas reglamentarias.

Mientras esto ocurre en una barriada emblemática del satelismo K, se anuncia con toda la pompa que se sumarán 50 cámaras más de vigilancia ciudadana, a las ya numerosas instaladas por todo el partido de Morón.

Por las sendas de las sociedades con privilegios de clase y de la mano del estado que los garantiza, todos los caminos conducen a la represión, aunque se tomen los atajos del progresismo.   

LOS PARAMILITARES DE ABU DHABI

Esta semana, el New York Times sacó a relucir una nota donde se investiga la situación paramilitar en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).

El jeque Mohammad Bin Yazed firmó un contrato por 529 millones de dólares con un hombre de experiencia en el rubro paramilitar, que supo participar en Blackwater.

Tanto Bien Yazed, la burguesía de los Emiratos Árabes Unidos y el Departamento de Estado estadounidense están preocupados sobremanera por evitar que la ola de reivindicaciones del pueblo árabe (primavera árabe) afecte sus intereses, es decir, el petróleo y el económico, ya que estos 800 mercenarios fueron destinados a oleoductos y rascacielos.

Las fuerzas paramilitares fueron reclutadas en Sudáfrica y Colombia, ya que el perfil buscado es el de tropas que tengan experiencia en conflictos paramilitares. No obstante, participan de la formación los grupos especiales del Reino Unido, EEUU y Francia, dejándonos bien en claro que a la hora de reprimir al pueblo unen sus fuerzas.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Miércoles 8 de junio, desde las 11, concentración frente a los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, Tacuarí 138, para exigir la absolución del trabajador ferroviario Daniel “Neno” Abella.

Lunes 4 de julio, desde las 9:00, concentración en Mendoza 2417 de San Justo, La Matanza, durante el juicio oral contra el policía federal Luciano Gaete Ossandón, asesino que fusiló a “Kunky” Méndez (14).

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS

Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

El segundo sábado de cada mes, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.

Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.

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Ciudad de Buenos Aires - Argentina