CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 657.
Sumario:
1. A pesar de todo Segovia va preso (aunque sea por un ratito).
2. Lautaro Bugatto y los medios oficialistas.
3. Permitido torturar, prohibido decirlo.
4. Tinogasta: Este gobierno reprime la protesta (comunicado del E.N.A.)
5. El Proyecto X manda a juicio a un trabajador.
1. A pesar de todo Segovia va preso (aunque sea por un ratito).
Desde que el policía federal Alberto Alejandro Segovia fusiló con un tiro en la nuca a Mauricio Vega en el barrio de Colegiales, el Estado dispuso todo su aparato para auxiliarlo en el “mal trago” de la investigación judicial.
Primero, el juez Daffis Nikilson intentó cerrar la causa, entendiendo que un tiro en la nuca a quemarropa a un pibe desarmado con ambos brazos del otro lado de un portón era una legítima defensa (ver Boletín N° 544). Desbaratamos el intento a fuerza de denuncia y fuerte movilización, mientras nuestros compañeros abogados exponían sus argumentos ante la Cámara de Apelaciones.
La defensa del asesino fue tomada orgánicamente por la Dirección de Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad, cuyo decano, Federico Luis María Hierro, intentó negociar una probation, es decir, que el verdugo pagara el asesinato de un joven con tareas comunitarias (ver Boletín N° 581), al mismo tiempo que el tribunal suspendía el inminente juicio alegando problemas organizativos que, de todos modos, no impidieron la turbia negociación, que tuvo la causa en suspenso, entre la Cámara de Casación y la Corte Suprema, por más de un año.
A pesar de todo eso, finalmente llegamos al juicio. En el interin, habíamos denunciado la presencia de los abogados ministeriales en la defensa de los policías de la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra, de la que, ni corta ni perezosa, la ministra Garré los retiró para cuidar la imagen del gobierno. También Segovia se quedó sin su defensa institucional oficial, que fue reemplazada por la Dra. Valeria Corbacho, experimentada defensora policial: Fue la abogada del ex subcomisario Luis Abelardo Patti en la causa por el asesinato de los militantes Cambiasso y Pereyra Rossi; de los represores Samuel Miara, Roberto Sosa y Eufemio Uballes en la causa por el CCD El Atlético; del espía metro-federal Ciro James, y del policía David Villalba, el que se quedó sin batería para filmar justo en el momento que la patota atacó a los trabajadores ferroviarios y las organizaciones que los acompañaban.
Y siguió el apoyo del estado para su verdugo, apenas si procesado por homicidio culposo. Pero, a pesar de todo, igual logramos que Alberto Segovia fuera condenado a tres años de prisión efectiva, de nuevo con la movilización de la familia y los amigos de Mauro, que, junto con CORREPI, no dejaron de perseguirlos y escracharlos a todos: policía, fiscales, jueces y defensores.
En la sentencia, los jueces dieron como válida la teoría del “accidente” y siguieron el pedido de la fiscalía, a pesar de todas las pruebas que demostraron que el arma no se disparó sola, que el policía disparó a matar y, como es habitual por su cobardía, además, disparó por la espalda. En la lectura de la sentencia, los jueces se excusaron indicando que la condena la emitieron siguiendo la elevación a juicio y la pena pedida por la fiscal.
En la condena a 12 años de prisión que logramos hace casi un año contra Luis Oscar Ayunta, teniente de la policía bonaerense, miembro del Grupo Halcón, tropa de elite de dicha fuerza, asesino de Cristopher Torres, se garantizó la impunidad del verdugo alegando que tenía un buen concepto de sus superiores y vecinos, por lo que actualmente está en libertad (ver Boletines N° 596; 597 y 598). A Segovia lo mandamos preso, pero por 3 años. Ya vemos que el poder se las rebusca de una forma u otra para premiar a sus perros guardianes.
Como siempre repetimos: las fuerzas policiales son el brazo ejecutor de las políticas represivas del Estado, y el poder judicial es el encargado de garantizar la impunidad. Sólo la conciencia del pueblo puede revertirlo, con organización independiente del Estado y sus diferentes gobiernos, porque entendemos que obrar de otra manera es volver a matar a nuestros pibes.
2. Lautaro Bugatto y los medios oficialistas.
El 6 de mayo, Lautaro Bugatto, jugador de fútbol del club Banfield, fue asesinado por el policía bonaerense David Benítez, en la localidad de Burzaco, provincia de Buenos Aires. Según el relato del policía, intervino para evitar un supuesto robo y debió enfrentarse con los delincuentes. Uno de los siete tiros que disparó ingresó por el pulmón de Bugatto, produciéndole la muerte. No se encontraron más vainas servidas que las del policía.
La trascendencia del hecho, que se explica en parte porque la víctima es un jugador de fútbol, evitó que se plantara una escena de otro tipo, como cuando esto ocurre con pibes pobres de barrio. Es decir que, en este caso particular, no hubo lugar para la versión típica de la policía y los medios de comunicación: “delincuente de frondoso prontuario muere en enfrentamiento”.
En este caso, los medios mostraron la noticia como algo novedoso y sorprendente, y, desde luego, como un exceso de un policía que actuó en forma negligente. En algunos casos, por las propias peleas políticas, algunos utilizaron este hecho para pegarle al partido de gobierno. En otros casos, los medios oficialistas como Página/12, a través del periodista Bruschtein, intentaron despegar al gobierno nacional, y encarar la cuestión como un problema exclusivo de la provincia de Buenos Aires, para influir en la interna Scioli/Casal vs. Mariotto. Lo mismo que hicieron hace unas semanas con el servicio penitenciario bonaerense.
Así, en una entrevista a Gonzalo Bugatto, militante del Movimiento Evita y hermano de Lautaro, el periodista hacía preguntas como la siguiente: “Con un modelo nacional en el que los derechos humanos y una policía que no reprime son algunos de los principales logros, ¿por qué la provincia de Buenos Aires no se acomoda a los tiempos que corren?”
El hermano de la víctima y militante del Movimiento Evita, no hizo más que reproducir el discurso oficial de la fuerza descontrolada, de la maldita policía, y de la necesidad de cambiar la formación actual. Del hecho de que el mismo día, pero en Mendoza, ocurriera otro caso de gatillo fácil, Gonzalo Bugatto sacó la conclusión de que habría una autonomía policial incontrolable, cuando en realidad lo que eso indica es que hay una política sistemática que abarca a todo el país.
En la misma línea, el periodista Juan Britos, de Tiempo Argentino (13/05), entrevistó a varios familiares de víctimas de la represión que militan en CORREPI. El entrevistador sólo estaba interesado en las víctimas de la policía bonaerense y luego nos reconoció que su diario no quiere que se mencionen a las fuerzas represivas federales. La nota no se refiere en ningún momento a CORREPI, ni se hace mención a los números que manejamos, aunque sí se nombran a otras organizaciones como Madres del Dolor o el CELS.
Además de la utilización política de este crimen, a través de medios oficialistas, en favor de una fracción del peronismo, y en desmedro de otra, también se intentó instalar el falso debate de que este hecho es consecuencia de que el policía estaría obligado a portar su arma las 24 horas, o que viviría en permanente estado policial, lo que es mentira, ya que hace diez años que esa obligación no existe.
Sin embargo, no recibió la misma atención mediática el hecho de que, por estos días, se entregara el policía federal del GEOF, Pablo Valente, quien asesinó, durante un allanamiento, a Alan Stéfano Tapia. Se encontraba prófugo desde hacía un mes, luego de que fuera procesado por homicidio simple.
Estos hechos se repiten por todo el país. Lejos de ser una muestra sobre una supuesta autonomía policial incontrolable, son el reflejo de una política estatal sistemática destinada a mantener a raya a los más pobres. Y es una política tan estratégica que, ni el hecho de que algunas veces un político pague algún costo, logra cambiarla. Los policías no actúan así porque estén mal formados. Actúan así, porque ésa es su función social en el marco de las relaciones sociales capitalistas: reprimir a los pobres.
3. Permitido torturar, prohibido decirlo.
El 25 de mayo de 2010, Juan Carlos Lezcano (28) y Alberto Rolón (45), dos vecinos de Rauch, provincia de Buenos Aires, aprovecharon el feriado para salir a cazar mulitas. Al mediodía, una patrulla policial los detuvo. Una vez en la comisaría, alojados en lugares separados, fueron torturados mientras los policías los interrogaban por un robo de unas ruedas de camión. Golpes con guantes de box para que los torturadores no se lastimaran los nudillos, submarino seco, gas pimienta en los ojos, amenazas de cortarles un dedo con una tenaza y todo tipo de vejámenes estuvieron incluidos en la sesión de tormentos.
En el juicio oral que se está desarrollando contra seis policías, quedó probado que tanto celo en esclarecer el robo de los neumáticos se debió a que su dueño, un acaudalado hacendado de fluidos vínculos con la policía, había prometido una recompensa de diez mil pesos si encontraban a los responsables. Y claro, en lugar de investigar el robo, los uniformados agarraron los primeros dos perejiles que encontraron, y los torturaron para que se hicieran cargo.
Ante la imposibilidad de barrer el asunto bajo la alfombra, la acusación contra los policías no es por el delito de aplicación de tormentos, sino por apremios ilegales. Una figura penal menor, siempre a mano para que la pena resulte excarcelable y no se mencione la palabra prohibida: tortura, el crimen de estado por excelencia.
Lo mismo sucedió esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Después de más de dos años de pelea judicial, iniciada cuando el vecino de Villa Soldati, Luis Carlos Gallardo, recurrió a CORREPI para denunciar cómo fue torturado por policías de las comisarías 36ª, 38ª y 50ª, finalmente logramos la elevación a juicio del expediente. Luis y su esposa, junto a otra pareja de amigos, estaban en el boliche Pachá cuando se produjo la irrupción de personal policial a raíz de una pelea entre otras personas.
Los policías, ya terminada la pelea, maltrataron y golpearon a varios parroquianos ajenos al incidente, entre ellos una de las mujeres que estaba con Luis, quien no pudo contener la indignación, e insultó a los policías. Como respuesta, fuera del local, lo apalearon entre seis o siete uniformados, causándole fracturas varias en el rostro y lesiones graves en un ojo y el oído. Además, le robaron las llaves del auto, el celular y destrozaron el vehículo.
De nuevo, el fiscal se contentó con acusar al único policía identificado, Sergio Martínez, de la 38ª, por vejaciones, lesiones y robo. Desde la querella, en cambio, volveremos a acusar por aplicación de tormentos, convencidos de que hay que llamar a las cosas por su nombre. Represor al represor, y torturador al torturador.
4. Tinogasta: Este gobierno reprime la protesta.
Una vez más, el gobierno que propagandiza “no reprimir la protesta social”, no sólo reprimió el corte de la ruta 60 que llevan a cabo los compañeros que están luchando en defensa de los recursos naturales, sino que golpeó y detuvo a tres de los manifestantes.
Más grave aún fue el hecho de que, por algunas horas, la policía ocultó el paradero de los detenidos.
De esta forma, continúa la represión contra el pueblo de Tinogasta, que no se resigna a abandonar la lucha contra las empresas mineras que vienen a saquearnos.
De esta forma, continúa la represión contra los militantes, trabajadores y luchadores sociales, que ya tiene, desde 2003, un saldo de 17 asesinados por las fuerzas de seguridad, presos políticos y miles de procesados y encausados.
Para enfrentar esta represión nos movilizamos, y denunciamos que este gobierno y sus policías, federal y provinciales, son los responsables de la represión a los que luchan. ¡ BASTA DE REPRESIÓN ! ¡ LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR ! ¡ BASTA DE PERSECUSIÓN! ¡CIERRE DE TODAS LAS CAUSAS A LOS LUCHADORES SOCIALES !
ENA - Encuentro Nacional Antirrepresivo, integrado por:
FAM (Frente Antirrepresivo de Mar del Plata); CADH (Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario); Sociedad de Resistencia (Mendoza); AGARRE (Acción Grupal AntiRrepresiva Estatal - Comodoro Rivadavia); Corriente del Pueblo, Jóvenes KURMI, MoCaJu - Movimiento Campesino de Jujuy (Jujuy); Militantes Antirrepresivos de Olavarría; Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos de El Bolsón; Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Córdoba (CADDHH); Pájaros en la Cabeza (Santa Fe); Antirrepresión (Misiones); Centro Cultural y Social Estación Esperanza (Rafaela); CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).
5. El Proyecto X manda a juicio a un trabajador.
Apoyado exclusivamente en los informes de inteligencia y testimonios de policías y gendarmes, el juez federal de Tres de Febrero rechazó los planteos de la defensa, a cargo de CORREPI, en la causa por dos cortes de la Panamericana contra el compañero Carlos Zerrizuela, delegado del Frigorífico Rioplatense, y decretó la elevación a juicio oral. Así, el compañero será juzgado por un tribunal oral federal de San Martín acusado de ser el “cabecilla” del grupo de casi 200 trabajadores que, en dos oportunidades, se movilizaron sobre la ruta Panamericana en defensa de su salario, y en reclamo de mejores condiciones laborales.
Toda la prueba con la que el fiscal pidió y el juez concedió la elevación a juicio está impregnada de las tareas de inteligencia realizadas por los gendarmes en el marco del Proyecto X, que, infiltrados en la manifestación, sacaron fotos, hicieron preguntas disfrazados de periodistas o manifestantes y completaron los datos obtenidos con los registros de militantes que obran en su base de datos en Campo de Mayo.
Cuando nos opusimos a la elevación, el juez validó las “pruebas” aportadas por los dependientes de la ministra Nilda Garré con un solo argumento: “la prueba no es nula, porque yo la ordené”. Una afirmación que demuestra que “legal” o “ilegal” son conceptos que sólo dependen de quien tiene el poder de crear, interpretar y aplicar las normas, y que, por lo tanto, son ajenos a los trabajadores y propios de quienes gobiernan en su propio beneficio.
La misma semana, mientras todavía resuenan las confusas palabras de la ministra Garré jurando entre toses que el Proyecto X no existe, la presidenta Cristina Fernández se hizo cargo plenamente de su existencia y utilidad represiva. A raíz de un operativo en el que se incautó droga, afirmó que ello fue posible por la utilización de datos aportados por gendarmería y su base de datos. Irónicamente, dijo: “¿Cuántas tapas nos hicieron con eso los medios hegemónicos, los diarios? Tapas y tapas ¿Vieron que no era para investigar a simples ciudadanos?”.
No, claro. No es para hacer inteligencia interna a “simples ciudadanos”, sino a trabajadores antiburocráticos organizados para defender sus derechos, como los delegados del Frigorífico Rioplatense.
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