Por el Lic. Julio C. Gambina
La devaluación pasó, igual que la quita de retenciones o el pago a los fondos buitres, todo lo cual fue una gran transferencia de ingresos socialmente generados a sectores muy concentrados del capital, de adentro y de afuera del país. Eran los primeros tiempos del gobierno Macri, envalentonado con el triunfo electoral. Con ello creyeron que podían seguir con sus políticas de ajuste y transferencias de recursos, por lo que decidieron incrementar las tarifas de electricidad, agua y gas en valores que la sociedad consideró excesivos.
La respuesta fue una masiva protesta social que llegó al Poder Judicial y ahora falló la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con una sentencia que retrotrajo las tarifas de gas relativas al consumo residencial, expresión menor al 30% del consumo del rubro y habilitó a que el resto de usuarios de gas, 70% de la facturación, puedan demandar contra el aumento tarifario. El fallo genera polémicas, pero no hay duda que la lucha social modificó la situación política y tensionó un camino tranquilo imaginado para el ajuste tarifario del equipo gubernamental de Macri.
Resulta evidente que el reclamo masivo de los usuarios tuvo impacto político e impidió, por ahora, el tarifazo de usuarios residenciales en el gas, aunque la lucha continua con relación al resto de los servicios públicos, especialmente en materia de electricidad. Es una motivación para que clubes, empresas recuperadas, pequeñas y medianas empresas, no contemplados en el fallo de la CSJ y otros afectados por el incremento de las tarifas demanden ante la justicia la segmentación a la hora de aplicar un cuadro tarifario.
Audiencias no vinculantes y modelo energético
Con el fallo puede interpretarse abierto el canal de la protesta. Puede pensarse que el gobierno encontró un límite a su iniciativa en la protesta social y que ese será el largo camino que recorrerá el conflicto derivado de un objetivo que aun sustentan empresas y gobierno. Estos, empresas y gobierno, no resignan su propósito por el ajuste a descargar sobre el conjunto de la sociedad y ratificar el modelo de mercantilización y privatización de la energía.
Incluso, el carácter no vinculante de las audiencias incorpora un guiño de la Justicia a las aspiraciones de las empresas y el gobierno. No puede confiarse en uno de los poderes del Estado capitalista, que como todos ellos solo entiende de correlaciones de fuerza de la dinámica social en conflicto y la Corte no quiere movilizaciones en la puerta de los Tribunales, sede de los “supremos”. Insistamos entonces que la CSJ sentenció a favor de las audiencias públicas, que no son vinculantes y que en condiciones de restricción democrática impuesta por el orden capitalista pueden ser una farsa, a menos que se sostenga la movilización popular y vaya más allá de la crítica al aumento desorbitado de las tarifas e incluya la discusión sobre el modelo energético en curso.
Por ello, se requiere partir por la demanda de investigación del destino de los gigantescos subsidios a las empresas, que significaron mecanismos de transferencias de ingresos del conjunto de la sociedad a la cuenta de ganancias de las empresas, las que privilegiaron su rentabilidad antes que realizar inversiones para atender la creciente necesidad de energía de la población. Más que subsidiar a los consumidores, los subsidios fueron formas estatales de financiar las ganancias empresarias con recursos públicos, abonados por el conjunto de la sociedad.
A Roberto Pianelli, Secretario General de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), se le ubica reuniendo firmas contra el aumento repentino del pasaje de ese medio de transporte en la estación Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con una sensación térmica que raya los 40º, Pianelli, luego de beberse del gollete media botella de agua, explica que su organización “existe de manera independiente desde hace dos años. Tenemos mil 500 asociados, logramos terminar con la subcontratación, laborar 6 horas al día, y nos fuimos de la Unión Tranvía y Automotor porque siempre colaboró con la empresa concesionaria del Subte”. 
La Asociación de Trabajadores de Metrovías denunció un ataque de doble filo por parte del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno Nacional con la finalidad de enfrentar "la defensa del salario y las conquistas de los trabajadores del Subte con los pasajeros", según indicaron en un comunicado de prensa.