Por Víctor Ángel Fernández
Como es ya habitual los 11 de septiembre, varias son las conmemoraciones de hechos luctuosos.
Las Torres Gemelas fueron las destinatarias en 2001, previamente lo había sido Cuba, cuando en 1980, el funcionario diplomático Félix García fuera asesinado en Queens por un miembro de la organización terrorista Omega 7. Pero hoy, sin olvidar estos acontecimientos, deseo referirme al 42º aniversario del 11 de septiembre chileno.
En una estrecha síntesis, todo comenzó con la llegada a la presidencia de Salvador Allende, quien, utilizando las vías de la tan defendida opción de las urnas, había instaurado un gobierno de la Unidad Popular. El discurso y la ejecutoria práctica de las medidas presidenciales, abiertamente disgustaron a los dueños y señores de la democracia. El resto es historia más que conocida. Atentados, eliminación de figuras, presiones en todos los sentidos y, por último, la explosión militar abierta contra el gobierno institucional.
Ahora, que de cuando en cuando salen denuncias de diferentes personajes y también de entidades, que se hacen llamar institucionales, para criticar y abiertamente desestabilizar nuestra región americana, vale la pena volver sobre el pasado para conocer la realidad de quiénes son estos actores del nuevo juego democratizador.
Revisando algunos documentos de la OEA y su Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), podemos encontrar algunas actuaciones que, de no ser por lo traumático de los hechos más que demostrados, llamarían a la simple risa.
Desde el mismo 11 de septiembre, tanto en la capital Santiago, como en otras ciudades, el ejército emprendió una cacería de cuanta persona hubiera tenido algo que ver con el mandato de Allende. Fuera la arbitraria detención, las desapariciones, el vejamen sin distinción de sexos o la tortura abierta y directa, se implantaron como forma de acción de los representantes castrenses. Algunos que lograron escapar de la persecución denunciaron lo que estaba sucediendo, sumado a varios medios de prensa, los cuales llegaron a transmitir escenas que se explicaban por sí mismas.
Pues, en esos archivos encontrados en Internet dentro de los sitios de estos organismos, aparecen las “profundas” reclamaciones que tan destacadas instituciones, realizaron a los militares dueños del poder.
En la Sección Segunda del Informe anual de la CIDH para 1973, correspondiente a su trigésimo primer período, se informa de la visita del Secretario Ejecutivo de la CIDH a la República de Chile, entre los días 12 y 17 de octubre con el objetivo de recabar información sobre la situación de los derechos humanos. De inicio, parece que no creían lo que se estaba denunciando y tampoco se atrevían a juzgarlo como violación, proceder calificativo muy habitual en los informes de esta Comisión.
Fueron varias las solicitudes presentadas, pero una de las respuestas del ¿gobierno? chileno es una joya para no olvidar: “…la persona a la que se refiere la solicitud, está detenida en la Escuela Militar del país…” y ahora viene la guinda del pastel: “…donde goza de excelente trato, como lo han podido comprobar periodistas y personalidades extranjeras…”. A la luz de todo lo que hoy conocemos, la detención en cualquier escuela militar de aquellos tiempos podía calificarse de cualquier cosa, menos de “excelente trato”.
Luego de la agresión perpetrada en el día de ayer al hijo de Félix Díaz, quien se encuentra internado en el Hospital Central de Formosa a raíz de las heridas sufridas, hoy "gran cantidad de criollos en estado de ebriedad" ingresaron al territorio de la Comunidad La Primavera para amenazar y atacar a sus integrantes.
Por otro lado, recordó que las autoridades le tomaron la declaración a Mariela Contreras, una de las personas que se retractó de su testimonio y dicha versión, sostiene el comunicado de la CIDH, “no sólo no fue cuestionado por el Estado, sino que, por el contrario, fue utilizado por la misma Fiscalía de Colombia en el juicio por la Masacre de Mapiripán”.