Casi cuatro horas de discusión duró la reunión conjunta de las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Legislación del Trabajo en en el Salón Montevideo de la Legislatura, con la finalidad de debatir los proyectos presentados por el PRO, la Coalición Cívica y la oposición, integrada por diversos bloques.
Dicho debate contó con la presencia de los asesores de las y los diputados integrantes de las referidas comisiones, como también de las y los diputados Oscar Moscariello, Cristian Ritondo, Ezequiel Fernández Langan, Lidia Saya y Raquel Herrero y Marta Varela, del PRO; Juan Cabandié, María José Lubertino y Gabriela Alegre, del Encuentro Popular para la Victoria; Diana Maffía y Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica; Julio Raffo, Fabio Basteiro, Rafael Gentili y Jorge Selser, de Proyecto Sur, y Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova, del Nuevo Encuentro, junto a varios medios de comunicación que se encontraban en dicho recinto.
La Diputada Victoria Morales Gorleri, Presidenta de la Comisión de Educación y coautora del proyecto de ley junto al Diputado Enzo Pagani; ambos del PRO, presentó el proyecto afirmando que "queremos transparentar el sistema de clasificación y que los docentes tengan reglas claras" y sostuvo que "estamos en un momento en que debemos plantear una modificación de fondo", manifestando que el contexto en el cual fue debatido y aprobado el Estatuto del Docente Municipal fue muy distinto al actual por cuanto, afirmó, el establecimiento de las Juntas de Clasificación con mayoría de representación docente "tuvo que ver con el advenimiento de la democracia" y "con que no había posibilidad de confiar en el Poder Ejecutivo porque veníamos de períodos de dictaduras militares". Luego, señaló que actualmente todos los sectores abrazan la democracia y que no existe la posibilidad de una dictadura para luego aducir que "en algunos casos las Juntas no han funcionado" y que "es obligación del Poder Ejecutivo velar por las políticas públicas en Educación", mientras que consideró que "estamos en un momento en que debemos plantear una modificación de fondo" para pasar a describir algunos de los puntos del proyecto oficialista. Refiriéndose a la participación docente, afirmó que "se crea un órgano de control y apelación integrada por miembros docentes".
Por otro lado, señaló que se realizaron 2 reuniones de Diputados y 4 de asesores con la finalidad de recoger opiniones e indicó que se hicieron cambios al proyecto original. Asimismo, sostuvo que "el Estatuto del Docente es una ley y la Legislatura es el lugar para discutir esto" y recordó que se ha modificado con anterioridad en varias ocasiones, para finalizar afirmando que "los 60 legisladores fuimos votados por el pueblo y tenemos no solo la legitimidad, sino la obligación de legislar para la ciudadanía".
Posteriormente, oponiéndose al proyecto oficial, la Diputada Laura García Tuñón, de Proyecto Sur, Presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, afirmó que éste "desconoce a los sujetos del Estatuto docente que son los trabajadores de la educación" y que no se ha discutido previamente con ellos, indicando "que las Juntas de Clasificación no se integran con representantes de sindicatos" por cuanto pueden presentarse docentes independientes como ha sucedido en otras oportunidades. Asimismo, enfatizó que "las Juntas son la posibilidad de votar democráticamente quién va manejar nuestro legajo", recordando el voto del 75% del padrón docente: "los docentes expresaron con sus votos que querían que estas Juntas siguieran existiendo".
Luego, el Diputado Francisco "Tito" Nenna, del Encuentro Popular para la Victoria, sostuvo que el colapso de las Juntas tuvo que ver con la falta de inversión, de elementos informáticos y por problemas edilicios, y destacó, con respecto al proyecto del PRO, que "se escucharon solamente rechazos" por parte de los docentes y que hubo pocas voces a favor, afirmando que "todos los sindicatos y los paros masivos rechazan este proyecto que vulnera un Estatuto docente que fue discutido escuela por escuela" Por otro lado, planteó "la necesidad de que este proyecto pase a archivo y que sea discutido en la mesa de negociación con los trabajadores" y enfatizó, afirmando que "todas las reformas votadas por la Legislatura han sido para resolver problemáticas o agregar derechos, no para restringirlos, hoy se hace una restricción de derechos y de representación de los trabajadores".
En defensa del proyecto oficial, el Diputado Alejandro García (PRO) se refirió a las atribuciones del Jefe de Gobierno en la distribución de funciones y aplicación de normas, asegurando que "no se están tocando las condiciones esenciales de los trabajadores" y que "esta ley que tiene como fin último agilizar el sistema de designación" para luego afirmar que "surgió claramente que muchos docentes tenían inconvenientes sobre su designación y sobre sus ascensos; no podemos desconocer esto. Esta es una herramienta que merece ser discutida".
Con respecto al contexto del debate, la Diputada María Elena Naddeo, del Frente Progresista y Popular afirmó "debía darse en otro contexto" teniendo en cuenta "que el estatuto es un texto legislativo magistral porque es el producto de un debate muy importante" y señaló "que el PRO no entiende es lo que significan algunos principios muy sentidos, que no arrancan con la recuperación de la democracia sino con la ley 1420 que diseñó una escuela gratuita, laica, con neutralidad, prescindente de las religiones y de los partidos, con autonomía de los poderes políticos que realizaban la designación de los cargos". Finalizó, expresando que "si el proyecto se aprueba, hay que seguir haciendo paro docente".
La Diputada Delia Bisutti, del bloque Solidaridad e Igualdad, sostuvo que "hoy para los docentes el estatuto es un convenio colectivo de trabajo" y manifestó que si bien "los diputados tenemos la capacidad de avanzar en una modificación", ello no puede hacerse sin el aval de las y los docentes recordando que "los 15 sindicatos como representantes de los docentes que son muy diversos y en representación de la mayoría de los maestros, no avalan este proyecto". Cerró su participación afirmando que "es difícil debatir cuando estás condicionado por los gremios que dicen que al proyecto del PRO no hay que aprobarlo".
Luego, el Diputado Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, quien presentó un proyecto alternativo al del PRO, por estar en contra de éste, afirmó que su iniciativa busca "mantener la posibilidad de decisión política del docente" y la reorganización de la parte administrativa mediante una comisión con acuerdo del Poder Legislativo. Por otra parte, aclaró que se propone el legajo único "y hasta que no esté, no hay cambios" y por lo tanto, "las Juntas electas asumen y funcionan hasta que el nuevo sistema entre en funcionamiento". Asimismo, explicó que la iniciativa incluye una cláusula transitoria para "normalizar la situación actual de más de 4000 docentes".
Por otro lado, el Diputado Fernando Sánchez, del mismo bloque, afirmó que la posición de esa bancada es en "defensa de la libertad de cátedra a través de un sistema que articule con los trabajadores organizados, y ésta es la diferencia fundamental con el proyecto del PRO".
Cerró el debate, el Diputado Claudio Presman, de la UCR, destacando que no "hay ningún apuro por sacar este despacho sobre este tema que es muy sensible" y afirmó la necesidad de abrir el debate, sosteniendo que "la posición de mi partido es seguir debatiendo".
Esta última propuesta, a la que se sumaron los distintos bloques opositores, ocupó los últimos minutos de la reunión, la cual finalizó con el pase a la firma de tres despachos que fueron puestos a consideración de las y los Diputados.
El de mayoría, que propone la creación de una Oficina Única de Clasificación Docente, fue firmado por las y los Diputados del PRO: Victoria Morales Gorleri, Enzo Pagani, Diana Martínez Barrios, Alejandro García, Karina Spalla (vota doble por integrar ambas comisiones), Oscar Zago y Carolina Stanley.
El de minoría, que propone el archivo de los proyectos, fue firmado por la Diputada Laura García Tuñón, del Proyecto Sur (vota doble por ser integrante de ambas comisiones); la Diputada María América González, del Proyecto Sur; la Diputada María Elena Naddeo, del Frente Progresista y Popular; la Diputada Delia Bisutti, de Solidaridad e Igualdad; el Diputado Francisco "Tito" Nenna, del Encuentro Popular para la Victoria y el Diputado Claudio Palmeyro, por el bloque Peronista.
Otro despacho de minoría, basado en la propuesta del Diputado Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, contó con su firma y las del Diputado Juan Pablo Arenaza, de su mismo bloque, y de Mónica Lubertino, de la Unión Federal.
Coincidiendo con la postura que mencionara en el debate, el Diputado Claudio Presman, de la UCR) se abstuvo de votar.
La sesión conjunta finalizó a las 19.00 hs., mientras todavía se escuchaba la ruidosa protesta de las y los docentes de la Ciudad que se habían movilizado a la Legislatura porteña, pese al importante dispositivo de seguridad que se implementó para evitar los pasados incidentes.
Fuente y foto: Prensa Legislatura de la Ciudad
Una delegación de 30 docentes que integran la Comisión de Afectados, junto al Secretario General, Santiago Gándara, de DD. HH., Néstor Correa, y el abogado Dr. Luciano González de la AGD - UBA se reunió ayer con los presidentes de la Comisíón de Educación, diputada Adriana Puiggrós, y de la Comisión de Previsión Social, diputado Juan Carlos Díaz Roig, junto con otros representantes de dichas comisiones parlamentarias, con el fin de plantear la situación acerca de 1000 docentes de la UBA a quienes el Rectorado y el Consejo Superior amenazan con la cesantía a partir del último día de este mes, mediante una resolución que pretende "reglamentar" una ley nacional.
La lucha continúa. Así lo decidieron los dos gremios docentes mayoritarios, tras el análisis de lo acontecido en el paro de 48 horas que se realizara el 19 y 20 del corriente.