Ademys y UTE marchan a la Legislatura / Este miércoles, cese de actividades desde las 12.00 hs.

 

La lucha continúa. Así lo decidieron los dos gremios docentes mayoritarios, tras el análisis de lo acontecido en el paro de 48 horas que se realizara el 19 y 20 del corriente.

Ademys convocó a una asamblea abierta, con mandatos por escuela, en donde se manifestó abiertamente la profundización del plan de lucha contra el proyecto macrista de disolución de las Juntas de Clasificación Docente y de Disciplina. Sin embargo, surgieron posiciones dispares con respecto a la oportunidad y el consenso para una nueva medida de fuerza; entre ellas, la propuesta de un paro para esta semana, si se iba en unidad con otros sindicatos docentes de la Ciudad o convocado solamente por el gremio y otra que propuso realizarlo con posterioridad a las elecciones de miembros de Junta, que se realizarán el próximo 3 de noviembre, por 48 o 72 hs. e inclusive, por tiempo indeterminado. Esta última posición fue la que ganó un mayor consenso.

Por otro lado, UTE resolvió continuar el plan de lucha en defensa del Estatuto del Docente, de acuerdo a lo que decidió el Plenario de Delegados del pasado 17 del corriente, convocando, al igual que Ademys, a una concentración frente a la Legislatura porteña para este miércoles a las 14.00 hs., con motivo de la convocatoria efectuada por las Comisiones de Educación y Legislación Laboral a los sindicatos docentes de la Ciudad.

En este sentido, ambos gremios dispusieron un cese de actividades a partir de las 12.00 hs., para facilitar la concurrencia de maestros y profesores de la Ciudad.

Sin embargo, UTE también dispuso una nueva concentración frente a la Legislatura para el próximo lunes, desde las 09.00 hs., con cese de actividades a los efectos de manifestar su rechazo al proyecto del Ejecutivo porteño durante la reunión de comisiones que se efectuará en dicha oportunidad, al igual que la instalación de una carpa y una nueva movilización "ante el posible tratamiento del proyecto en las Comisiones", según indicaron.

Por otra parte, convocaron a votar a todas y todos los docentes en las elecciones de miembros de Juntas, con el objeto de garantizar la vigencia del Estatuto del Docente.

Carta a los Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, por Carlos Oroz, Secretario General de Ademys.

 

LAS JUNTAS DE CLASIFICACIÓN: RESULTADO DE LAS LUCHAS HISTORICAS DEL MOVIMIENTO DOCENTE:

 

La importancia de los hechos y  acontecimientos toman real significación, cuando los ubicamos en su correspondiente contexto histórico, todo análisis fragmentario y limitado a la coyuntura no tributa a la verdad y por lo tanto impide todo diagnóstico superador.

El Gobierno de la Ciudad presentará en estos días un proyecto de disolución de las Juntas, cuyos fundamentos tienen una mirada parcial, que toma datos reales, para justificar una medida que atenta contra los intereses de los docentes y de la comunidad educativa en general. El gobierno de Macri se sostiene para justificar su medida en el retraso en la confección de los listados, sin decir que la responsabilidad recae sobre todo en su gestión. Sistemáticamente el Gobierno ha entregado los listados por orden de mérito tergiversando la información vertida por las juntas, con docentes que desaparecían de los listados, con innumerables “errores” obligando a las juntas a pedirlos en forma reiterada y retrasando la publicación de los mismos.
     
El gobierno de Macri también señala que la informatización de la tarea de clasificación agilizará los tiempos. Desde el sentido común, no se entiende la incompatibilidad de la informática con las Juntas que intenta disolver. Este es un argumento maníqueo y falaz. El proceso de informatización y el puntaje on-line ya existe en algunas Juntas y su extensión al conjunto, largamente reclamado, está demorado por responsabilidad del propio gobierno que tiene a las juntas con programas del año 1997 (DOS) y casi sin computadoras.
     
Las verdaderas razones son otras. El Gobierno quiere anular el régimen de contralor y transparencia en la confección de los listados que supone el mecanismo de renovación periódica de representantes electos por voto.
     

Las Juntas de Clasificación y Disciplina no son un ámbito administrativo, expresan una institucionalidad con participación directa de los trabajadores docentes que debe garantizar el ingreso y la carrera de los trabajadores de la educación al sistema público de enseñanza.

La lucha progresista, democrática de los pueblos del mundo y de nuestro país vincularon las posibilidades de igualdad social con la necesidad del acceso masivo a la Educación.

La misma lucha vinculó la igualdad social con la construcción de un conocimiento colectivo definitivamente científico, como factor de progreso social.
     
Ambos objetivos, producto de la experiencia histórica, reconocieron la necesidad de mantener al sistema educativo en todos sus niveles, independiente de los gobiernos de turno, del dedo del Estado y de las creencias religiosas. En este orden para la designación de los docentes debía garantizarse la transparencia, la mayor igualdad de oportunidades, y un privilegiado escenario de pluralidad ideológica.
     
Es con estas intenciones que se produce la larga lucha docente que, en 1958, impuso la sanción del Estatuto Docente en todo el país, sólo suspendido en los períodos de las dictaduras de Onganía y las Juntas Militares (76-83). En 1984, al regreso al régimen constitucional, en la Ciudad se sancionó el presente Estatuto como Ordenanza 40.593/84, luego de un debate escuela por escuela, con representantes electos por cada una de ellas que participaron de asambleas distritales y de la Ciudad, quienes diseñaron el proyecto que luego, con algunas salvedades, se aprobó en el entonces Consejo Deliberante.  
     
Anular los representantes electos por sus pares, apunta a dejar las manos libres al gobierno de turno para elegir los docentes que designa. Las juntas electas son, aunque perfectibles, una herramienta que impide que la educación se haya convertido hasta la fecha en un coto de caza para el nombramiento de personas según tenga contacto político con el gobierno de turno como ocurre en muchas otras áreas del Estado. También impide la imposición del control político de lo que se enseña. Lo que está en peligro es también esto: el carácter público sin discriminación política de lo que se enseña.  
     
La historia demuestra que la educación de excelencia es la educación sustentada en la igualdad y la libertad. Por lo tanto queda claro cual es la intencionalidad de Macri al disolver las Juntas. Intenta dar un paso estratégico de doble impacto: licuar el control de los trabajadores no solo sobre las condiciones laborales (acceso a los cargos, carrera docente, etc.) sino también sobre el proceso de producción del conocimiento. En segundo termino, manipular la designación de los docentes para orientar la educación en el ideario neoliberal. La caída del presupuesto educativo, el aumento del subsidio a la Escuela Privada, la persecución y judicialización de docentes, las listas negras de estudiantes, el cierre de cursos, la evaluación atada al salario y ahora, el cierre de las Juntas expresan la coherencia de esta política.
     
Por todas estas razones, es que hacemos un llamado a los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, a rechazar de plano este proyecto y todo aquel que intente avanzar sobre el carácter público del sistema educativo.

Buenos Aires, 26 de setiembre de 2011.

Carlos Oroz
Secretario General - Ademys

APDH adhiere al petitorio para la disolución de la UCEP, promovido porel Observatorio de Derechos Humanos.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos adhiere al petitorio realizado por diversas organizaciones sociales y de Derechos Humanos en el sentido de solicitar al gobierno de la ciudad la disolución del cuerpo ilegal de vigilancia y represión denominado Unidad de Control del Espacio Público, UCEP, con los mismos fundamentos y por las mismas razones. Le pedimos asimismo que investigue a los responsables de los hechos que se enumeran en el petitorio adjunto. En Buenos Aires, a los 13 días de octubre de 2009.


Miguel Monserrat                            Aldo Etchegoyen
Co-presidentes

Bella Friszman
Secretaria Coordinadora

A. P. D. H.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
TE: 4372-8594/ 4373-0397/ 4814-3714
www.apdh-argentina.org.ar
prensa@apdh-argentina.org.ar

CONVOCATORIA DEL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS

A  las organizaciones sociales, sindicales, políticas, de derechos humanos, ONGs, legisladores, integrantes del poder judicial, personalidades y ciudadanos:

Nos dirigimos a ustedes para transmitirles nuestra preocupación por el funcionamiento de un organismo clandestino y violatorio de los derechos humanos que funciona de forma ilegal en el ámbito del gobierno de la ciudad: la UCEP.

Por este motivo el martes 8 de octubre realizamos una denuncia judicial  (Juzgado Criminal de Instrucción Nº 49, Secretaría 169 en la causa ya existente caratulada; “Macri, Mauricio, Piccardo Pablo, UCEP s/Amenazas y otros delitos”), presentando como prueba cinco casos testigos donde se ve el accionar de  este organismo (el video se puede ver en www.observatorioddhh.org.ar)

Creemos  urgente poder agotar todas las instancias necesarias para que este organismo deje de funcionar. Por tal motivo los invitamos a firmar este petitorio, que será enviando al Jefe de Gobierno, pidiendo la disolución de la UCEP.

Atte.

Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Para enviar su adhesión: observatorio@observatorioddhh.org.ar

PETITORIO  AL SR. JEFE DE GOBIERNO MAURICIO MACRI

Los abajo firmantes solicitamos al Sr. Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la disolución de la Unidad de Control del Espacio Público y la investigación de los hechos aquí denunciados:

El 21 de octubre de 2008, por intermedio del Decreto Nº 1232/08 se creó la UCEP, el Organismo fuera de nivel Unidad de Control del Espacio Público, que depende de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad. De esta forma, se le dio cobertura administrativa a este grupo de personas que actúan clandestinamente.

Acentuando su actuación noviembre/diciembre de 2008, se tornó mucho más visible el accionar de un grupo de empleados del Gobierno de la Ciudad que actúan en horas de la noche, realizando desalojos violentos, con amenazas y golpes, a personas en situación de calle que duermen en distintos espacios de la ciudad.

En sus procedimientos, los miembros de la UCEP, además de agredir violentamente a las personas, roban sus pertenencias y, en algunos casos, las arrojan en un camión colector de basura que también forma parte de estas operatorias ilegales. Muchos de estos camiones (algunos sin patente que los identifique) pertenecen a empresas recolectaras de residuos contratadas por el GCBA, como PANIZZA S. A.

Además, está acreditado por diversos testimonios que la UCEP participó en otros operativos como: desalojo del  inmueble  en Av. Paseo Colón 1588 (27/02/2009), desalojo de la Huerta Orgazmica en Caballito (18/05/2009), desalojo de los puestos de venta ambulante en la Costanera Sur (16/09/2009).

A la fecha, existen más de quince denuncias efectuadas por víctimas de la UCEP en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Las conductas desplegadas por los agentes de la UCEP encuadran en los delitos tipificados por los arts. 89, 149 bis, 149 ter y 248 del Código Penal de la Nación. Esto es: lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La ilegalidad que reviste la UCEP surge de las conductas de los agentes involucrados y también de la ambigüedad normativa que facilita esas conductas. El decreto que creó su estructura, aloja -desde una cortina legal- prácticas delictivas. En efecto, los objetivos mencionados en el decreto son agraviantes para un estado de derecho en tanto promueve facultades que no son propias de un organismo de estas características.

La norma convierte en regla una facultad excepcional del derecho administrativo y le otorga al órgano UCEP la competencia para efectuar desalojos por medio de la persuasión, lo cual en la práctica significa directamente la utilización de amenazas y la fuerza física.

Es importante destacar que dormir en la calle no constituye ningún delito, ni contravención. Es decir, esa acción no puede ser perseguida penalmente ni sancionada.

Los problemas de la pobreza, indigencia y vulneración social no se resuelven con represión. Por el contrario, es obligación del Estado local, en cumplimiento del marco constitucional vigente, proveer los mecanismos necesarios para que las personas puedan resolver su situación de vulnerabilidad.

La forma que eligieron en el Gobierno de la Ciudad de intervenir sobre esta problemática lo coloca como violador de derechos humanos, con proyección de responsabilidad internacional.

El derecho internacional, nacional y local de los derechos humanos prevé obligaciones para resolver la pobreza y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene programas específicos para actuar en esta dirección, que no son dispositivos como la UCEP.

Existe la decisión política de despejar al espacio público de pobres y esa decisión se sostiene aún con el costo violar los derechos humanos, causando un retroceso institucional inédito y de suma gravedad para la Ciudad de Buenos Aires.

El modelo de control del espacio público que nos ofrece el actual Gobierno de la Ciudad con el ejemplo de la UCEP es represivo, discriminatorio y en perjuicio de los derechos de los más vulnerables.

Por este motivo es que los abajo firmantes, solicitamos al Sr. Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la disolución de dicho organismo y la investigación de los hechos cometidos.


Firmas

Organizaciones No Gubernamentales:

Abuelas de Plaza de Mayo

COPADI (Colectivo por la Diversidad)

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Politicas

Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad

Hijas e hijos del exilio