La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos adhiere al petitorio realizado por diversas organizaciones sociales y de Derechos Humanos en el sentido de solicitar al gobierno de la ciudad la disolución del cuerpo ilegal de vigilancia y represión denominado Unidad de Control del Espacio Público, UCEP, con los mismos fundamentos y por las mismas razones. Le pedimos asimismo que investigue a los responsables de los hechos que se enumeran en el petitorio adjunto. En Buenos Aires, a los 13 días de octubre de 2009.
Miguel Monserrat Aldo Etchegoyen
Co-presidentes
Bella Friszman
Secretaria Coordinadora
A. P. D. H.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
TE: 4372-8594/ 4373-0397/ 4814-3714
www.apdh-argentina.org.arprensa@apdh-argentina.org.ar
CONVOCATORIA DEL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS
A las organizaciones sociales, sindicales, políticas, de derechos humanos, ONGs, legisladores, integrantes del poder judicial, personalidades y ciudadanos:
Nos dirigimos a ustedes para transmitirles nuestra preocupación por el funcionamiento de un organismo clandestino y violatorio de los derechos humanos que funciona de forma ilegal en el ámbito del gobierno de la ciudad: la UCEP.
Por este motivo el martes 8 de octubre realizamos una denuncia judicial (Juzgado Criminal de Instrucción Nº 49, Secretaría 169 en la causa ya existente caratulada; “Macri, Mauricio, Piccardo Pablo, UCEP s/Amenazas y otros delitos”), presentando como prueba cinco casos testigos donde se ve el accionar de este organismo (el video se puede ver en
www.observatorioddhh.org.ar)
Creemos urgente poder agotar todas las instancias necesarias para que este organismo deje de funcionar. Por tal motivo los invitamos a firmar este petitorio, que será enviando al Jefe de Gobierno, pidiendo la disolución de la UCEP.
Atte.
Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.
Para enviar su adhesión:
observatorio@observatorioddhh.org.arLos abajo firmantes solicitamos al Sr. Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la disolución de la Unidad de Control del Espacio Público y la investigación de los hechos aquí denunciados:
El 21 de octubre de 2008, por intermedio del Decreto Nº 1232/08 se creó la UCEP, el Organismo fuera de nivel Unidad de Control del Espacio Público, que depende de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad. De esta forma, se le dio cobertura administrativa a este grupo de personas que actúan clandestinamente.
Acentuando su actuación noviembre/diciembre de 2008, se tornó mucho más visible el accionar de un grupo de empleados del Gobierno de la Ciudad que actúan en horas de la noche, realizando desalojos violentos, con amenazas y golpes, a personas en situación de calle que duermen en distintos espacios de la ciudad.
En sus procedimientos, los miembros de la UCEP, además de agredir violentamente a las personas, roban sus pertenencias y, en algunos casos, las arrojan en un camión colector de basura que también forma parte de estas operatorias ilegales. Muchos de estos camiones (algunos sin patente que los identifique) pertenecen a empresas recolectaras de residuos contratadas por el GCBA, como PANIZZA S. A.
Además, está acreditado por diversos testimonios que la UCEP participó en otros operativos como: desalojo del inmueble en Av. Paseo Colón 1588 (27/02/2009), desalojo de la Huerta Orgazmica en Caballito (18/05/2009), desalojo de los puestos de venta ambulante en la Costanera Sur (16/09/2009).
A la fecha, existen más de quince denuncias efectuadas por víctimas de la UCEP en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Las conductas desplegadas por los agentes de la UCEP encuadran en los delitos tipificados por los arts. 89, 149 bis, 149 ter y 248 del Código Penal de la Nación. Esto es: lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La ilegalidad que reviste la UCEP surge de las conductas de los agentes involucrados y también de la ambigüedad normativa que facilita esas conductas. El decreto que creó su estructura, aloja -desde una cortina legal- prácticas delictivas. En efecto, los objetivos mencionados en el decreto son agraviantes para un estado de derecho en tanto promueve facultades que no son propias de un organismo de estas características.
La norma convierte en regla una facultad excepcional del derecho administrativo y le otorga al órgano UCEP la competencia para efectuar desalojos por medio de la persuasión, lo cual en la práctica significa directamente la utilización de amenazas y la fuerza física.
Es importante destacar que dormir en la calle no constituye ningún delito, ni contravención. Es decir, esa acción no puede ser perseguida penalmente ni sancionada.
Los problemas de la pobreza, indigencia y vulneración social no se resuelven con represión. Por el contrario, es obligación del Estado local, en cumplimiento del marco constitucional vigente, proveer los mecanismos necesarios para que las personas puedan resolver su situación de vulnerabilidad.
La forma que eligieron en el Gobierno de la Ciudad de intervenir sobre esta problemática lo coloca como violador de derechos humanos, con proyección de responsabilidad internacional.
El derecho internacional, nacional y local de los derechos humanos prevé obligaciones para resolver la pobreza y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene programas específicos para actuar en esta dirección, que no son dispositivos como la UCEP.
Existe la decisión política de despejar al espacio público de pobres y esa decisión se sostiene aún con el costo violar los derechos humanos, causando un retroceso institucional inédito y de suma gravedad para la Ciudad de Buenos Aires.
El modelo de control del espacio público que nos ofrece el actual Gobierno de la Ciudad con el ejemplo de la UCEP es represivo, discriminatorio y en perjuicio de los derechos de los más vulnerables.
Por este motivo es que los abajo firmantes, solicitamos al Sr. Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la disolución de dicho organismo y la investigación de los hechos cometidos.
Firmas
Organizaciones No Gubernamentales:
Abuelas de Plaza de Mayo
COPADI (Colectivo por la Diversidad)
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Politicas
Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad
Hijas e hijos del exilio
Mediante un comunicado titulado "Los intereses económicos de la empresa fueron más importantes que los Derechos Humanos", la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas del siniestro acontecido el pasado miércoles en la Estación Once del Ferrocarril Sarmiento, y con las 703 personas heridas, dejando constancia del trabajo del personal médico, bomberos y policías que atendieron a las y los afectados.
