El pasado martes tuvo lugar una audiencia en el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención "La Perla", pero poco duró ante la inconducta del abogado Jorge Agüero, defensor de Juan Eusebio Vega, Luis Manzanelli; José Hugo Herrera e Italo Pasquini.
Al comenzar el debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba, dicho letrado desplegó un cartel con la leyenda "Miserable y basura pero no coimero", en clara provocación al Juez Díaz Gavier, aludiendo al rechazo de su recusación y a la imputación de la presunta comisión del delito de cohecho, lo que tensionó el clima en el recinto junto con los ánimos desafiantes de los genocidas.
Después de un cuarto intermedio, los integrantes del mencionado tribunal ordenaron la detención de Agüero y lo pusieron a disposición del Juzgado Federal en turno, al considerar que su conducta tiene como finalidad perturbar el orden en una audiencia, lo que se encuentra reprimido por el art. 241, inciso 1º del Código Penal.
Asimismo, dispusieron la exclusión de dicho letrado en la defensa de los genocidas, designando a la Defensoría Oficial en su reemplazo, sin perjuicio del derecho a la designación de un abogado de su confianza por parte de éstos, junto a la remisión de las actuaciones al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Córdoba.
Tras ser retirado el abogado Agüero del recinto, su colega Federico Carniel, de la Unidad de Letrados Móviles de la Defensoría General, solicitó un día hábil para ponerse en conocimiento de la causa en relación de los imputados que les fueron asignados, a lo cual adhirió el Ministerio Público Fiscal mientras que el abogado querellante Claudio Orosz peticionó que no se suspenda la audiencia.
El juicio pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles 27 del corriente.
Mediante la "Declaración de los Estados Partes del Mercosur y Estados asociados sobre la ruptura del orden democrático en Paraguay", los Estados integrantes del MERCOSUR decidieron condenar el golpe institucional acontecido en la República del Paraguay, al igual que suspender a dicho Estado en forma inmediata.
Mediante un comunicado emitido ayer por la noche, la Asociacion Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro informó la suspensión de la medida de fuerza programada para hoy y mañana tras las negociaciones que se realizaron en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
A partir del próximo martes, no se podrá ingresar al ex CCDyE Olimpo desde las 17.00 hs. debido a la decisión de "prescindir de las guardias nocturnas de seguridad", por parte de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires.
"Por un Consejo Escolar comprometido con la ' Verdad, Memoria y Justicia ' ”, es el título de la convocatoria efectuada por SUTEBA Lomas, apoyada por ATE Zona Sur, para concentrar a las 15.00 hs. frente al Consejo Escolar lomense, sito en la calle Acevedo 285, para exigir la suspensión de Raúl Magallanes, ex comisario de la policía bonaerense de la dictadura y la maldita policía duhaldista, al cuerpo de consejeros escolares, quienes sesionarán en forma extraordinaria.
La Comisión Directiva de AGD - UBA Psicología informó sobre la denuncia contra el Prof. Mario Carlos Casalla, a cargo de dos cátedras en la Facultad, que fuese realizada ante el Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Salta, a cargo del juez Julio Leonardo Bavio, para que dicho docente sea indagado como presunto autor mediato de la privación ilegal de la libertad del profesor Miguel Ángel Arra, secuestrado el 24 de junio de 1975, fecha desde la cual permanece desaparecido, la que fue presentada por el Dr. Martín Ávila, delegado en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Ante lo informado por varios medios nacionales, acerca de la presentación de una recusación por prejuzgamiento de los integrantes del Tribunal Oral Criminal Nº 29, por parte de la defensa del Comisario Miguel Ángel Espósito, que impediría el inicio del juicio oral en la causa Bulacio prevista para el próximo 3 de agosto, CORREPI informó que todavía no recibieron ninguna notificación oficial acerca de ello.
Por otra parte, afirmaron que sí los "hubiera sorprendido, en cambio, que, tras 20 años de memorables “chicanas”, toleradas más allá del límite de lo razonable por el Poder Judicial -que ha mostrado así su real naturaleza- mansamente el comisario Espósito y su defensor aceptaran que deben afrontar un juicio oral y público". Destacaron que esta instancia judicial resulta tardía y muy limitada, por cuanto se circunscribe a un sólo funcionario policial y por un delito menor, como la privación ilegal de la libertad, la cual constituye "un triunfo de la lucha consecuente e independiente que sostenemos desde hace dos décadas CORREPI y la familia Bulacio", según expresaron.