CORREPI – BOLETÍN INFORMATIVO Nº 605
Sumario:
1. Bulacio: miente, que algo quedará
2. Lavada de cara federal
3. No al procesamiento de Julieta Torres
4. La militarización es la tranquilidad de unos pocos
5. Más torturas en cárceles y comisarías
6. Sigue la represión en África y Medio Oriente
7. Próximas actividades
BULACIO: MIENTE, QUE ALGO QUEDARÁ
La semana pasada, el diario oficialista Página/12 publicó una nota recordando que se están cumpliendo 20 años de la detención y muerte de Walter Bulacio. Y como para “compensar” la realidad que surge de la contumacia con que el actual gobierno, igual que sus antecesores desde 1991, vienen protegiendo a la policía y, en el caso concreto del kirchnerismo, incumpliendo desde 2003 la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que ordenó la derogación de todas las normas y prácticas no normadas que habilitan a las fuerzas de seguridad a realizar detenciones arbitrarias, junto a la nota principal incluyeron una “columna de opinión” escrita por Mariano Molina, que se presenta como “periodista y docente”, omitiendo agregar “y defensor del gobierno nacional”.
En un texto plagado de referencias a su experiencia personal, pues afirma haber estado en Obras el 19 de abril de 1991, el columnista lanza, a los pocos renglones, la frase “En esos tiempos, los edictos policiales todavía tenían legalidad y servían para legitimar el autoritarismo policial”. Nada dice de los códigos contravencionales, vigentes hoy, como ayer, en todo el país, incluyendo el que en 1994 reemplazó a los edictos en la ciudad de Buenos Aires, y que, como demuestra la experiencia, viene resultando más eficaz que aquellos a la hora de aplicar el control social y el disciplinamiento por mano de una fuerza cuyo autoritarismo no es fruto del propio capricho, sino del rol asignado dentro de la estructura estatal.
Después de sugerir elípticamente que la razzia que se llevó a Walter se explica porque en esos tiempos gobernaba el peronismo menemista, lanza una gran mentira cuando afirma que las multitudinarias marchas por Bulacio eran una “anárquica procesión, sin banderas partidarias, sin organización previa y con las consignas que surgían momentáneamente”. Y de ello concluye que eso “fue un fuerte signo de los tiempos que vendrían, en relación con la inorgánica participación juvenil en causas sociales y políticas”.
Además de mentira, infamia. La masiva movilización que siguió a la muerte de Walter no fue inorgánica ni apolítica. Por el contrario, los que sí protagonizamos esa lucha recordamos las asambleas en la facultad de Filosofía, donde las organizaciones políticas, estudiantiles y de derechos humanos organizaban la campaña, o las asambleas de los secundarios, con participación de los centros de estudiantes, de las juventudes de los partidos de izquierda y la militancia antirrepresiva. Una pelea política, que apuntaba al corazón del estado y sus gobiernos: su política represiva, constante pese a sus variantes discursivas, gobierne quien gobierne.
El defensor del gobierno cierra su alegato con más mentiras: “El país vive otra realidad en muchos aspectos (...) Actualmente la Policía Federal se encuentra en un intento de recomposición que esperábamos hace tiempo. La permanencia de esas prácticas que causan vergüenza nacional también nos tiene que hacer reflexionar sobre la importancia de apoyar algunas políticas de Estado que puedan perdurar más allá de los gobiernos”.
Walter fue asesinado durante el gobierno peronista de Menem. La causa judicial alcanzó su máximo nivel de impunidad durante el gobierno radical - peronista - progresista de la Alianza. El gobierno, también peronista de Duhalde, intentó evitar que la causa llegara a la Corte IDH con una admisión formal de la responsabilidad del estado, y el actual gobierno kirchnerista, en sus dos versiones, fue el encargado de incumplir la condena que irremediablemente llegó, mientras intensificó el voltaje represivo de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente y estrenó un nuevo modelo represivo, basado en la cooptación de consenso para reprimir más y mejor.
La única política de estado que perdura más allá de los gobiernos en materia represiva es la necesidad de reprimir. Y el kirchnerismo ha logrado, como ningún otro gobierno anterior, hacer realidad el paradigma de aplicar toda la represión necesaria, con todo el consenso posible.
LAVADA DE CARA FEDERAL
Nuevamente el kirchnerismo encara una campaña mediática para limpiar su imagen y seguir perfilado como el “gobierno de los derechos humanos”. Una de sus nuevas medidas fue la designación del abogado Victor Hortel como nuevo director del Servicio Penitenciario Federal. Se trata de un discípulo del juez Eugenio Zaffaroni y militante de la agrupación Negros de Mierda, es decir, un oficialista de discurso “progre” que viene a continuar con la fantochada del “gobierno popular”. Desde el ministerio de Justicia hablan de un “cambio cultural en el Servicio Penitenciario”, determinado por el desplazamiento de Alejandro Marambio, su anterior director, especialista en torturas. Lejos de ser ésta la realidad, Marambio fue nombrado subsecretario de Gestión Penitenciaria, un cargo mayor al que estaba ocupando anteriormente. Así, el antiguo y el flamante director, trabajan en conjunto, al servicio de la ministra de Seguridad Nilda Garré.
La ministra, con esta pantomima de mejoras dentro del marco del Servicio Penitenciario, tras haber denunciado metodologías de la PFA como si se tratase de un ente aislado del gobierno y no de una institución que le responde directamente, se encargó de anunciar cambios en los nombres de las escuelas de formación policial, que remitían a históricos represores de la historia argentina. En primer lugar, la Escuela de Cadetes Cnel. R. Falcón, asesino de obreros en las huelgas de principios de siglo ahora lleva el nombre del comisario J. A. Pirker, jefe de la federal del gobierno de Alfonsín, sospechosamente muerto en su despacho, en el marco de una interna de la fuerza, y que decía, en 1987: “Nunca me voy a cansar de agradecerle a Dios toda la ayuda que me brindó. Yo digo que Dios es policía”.
Por su parte, la Escuela Superior de Policía Federal C. A. Cardozo y la Escuela de Suboficiales A. Villar, que homenajeaban a policías de la dictadura militar, ahora llevan los nombres de Enrique Fentanes y Enrique O´Gorman respectivamente.
Fentanes fue el creador, en 1943, durante la presidencia de facto del general Ramírez, de la actual policía federal, en reemplazo de la “policía de la ciudad”. Definía la fuerza como “la administración con el poder coactivo, o bien, poder coactivo en la administración”, dejando bien claro su rol de espada de los gobiernos. Y O’Gorman, hermano de la célebre Camila, fusilada por el gobierno de Rosas por el delito de haberse enamorado de un cura que dejó los hábitos por ella, fue nombrado jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires en 1867. Impuso los “toques de silbato”, escribió el “Manual del Vigilante”, y fue duramente cuestionado en su época por la instrucción militar que impuso a la policía, y por la creación de los bandos que prohibían los juegos de agua, los pomos y otros juegos de carnaval.
Garré habla del “comienzo de una etapa diferente”. La ministra continúa con su claro y constante intento de tapar el real problema del aparato policial, que responde a las necesidades del estado que hoy dice querer “corregirlo”. Todos sabemos que no se trata de un “policía bueno” y uno “malo”, sino de una fuerza creada con la función de reprimir al pueblo trabajador para disciplinarlo y garantizar la explotación.
NO AL PROCESAMIENTO DE JULIETA TORRES
El viernes 25 de marzo, un ex policía santafesino disparó dos veces a la cabeza de Julieta Torres, militante transexual rosarina, que estuvo en coma inducido en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Diez días después de su alta, fue trasladada a la cárcel de Coronda, procesada por robo calificado para hacerla pasar de víctima a victimaria. Por ahora, el juez Luis María Caterina revocó la prisión preventiva por su estado de salud.
El estado santafesino, en manos de los “socialistas", procesó a Julieta mientras apaña a la policía mafiosa que es la segunda del país en el ranking de muertes por gatillo fácil y tortura; que mató a Sandra Cabrera; que es cómplice del asesinato de Silvia Suppo; que es la misma policía del asesino Feced. Es este mismo gobierno el que subsidia a la educación religiosa, a la vez que cuenta con uno de los índices más altos de femicidios en el país.
Aunque con la lucha y organización se conquistara el derecho al matrimonio igualitario, los crímenes trans-lesbo-homofóbicos son moneda corriente. En el caso de las compañeras trans, que tienen un promedio de vida de 32 años, el 95% está obligado a vivir en situación de prostitución, el 64% no terminó sus estudios primarios y el 84% no llegó a la secundaria.
Es la Argentina de la violencia contra las mujeres, los distintos, la xenófoba, donde, por ejemplo el “periodista" Juan Terranova escribió en la revista El Guardián, del ex banquero menemista Raúl Moneta, repondiéndole a Inti María Tidball-Binz, que está realizando una campaña contra los piropos ofensivos entendiéndolos como acoso callejero y por ser discriminatorios y sexistas: “Me encantaría romperle el argumento a pijazos”, aunque en su blog personal dice “culo” en lugar de “argumento”. Es la Argentina donde la violencia contra las mujeres, sólo en febrero y marzo, se cobró 24 femicidios; donde, según el ministerio de Salud de la Nación, cada mujer aborta ilegalmente en promedio dos veces a lo largo de su vida, y los abortos realizados en condiciones de clandestinidad e insalubridad son la principal causa de muerte entre mujeres pobres de 15 a 25 años. Debemos enfrentar esa discriminación y persecución que cada vez está más teñida de sangre.
LA MILITARIZACIÓN ES LA TRANQUILIDAD DE UNOS POCOS
En plena campaña electoral, la preocupación más fuerte de todos los candidatos, sin duda, es el refuerzo del las fuerzas represivas y su mayor despliegue en cada uno de sus distritos.
En la misma línea que Garré con la federal y como ya lo hiciera Sabatella en Morón tiempo atrás, se lanza el proyecto del gobernador Scioli para la incorporación de “civiles” a funciones administrativas en las comisarías para sacar a toda la bonaerense a patrullar las calles.
El combo de “control” se completa con una mayor sofisticación técnica en cuanto al sistema de cámaras de seguridad y de la red de llamados al 911, junto a la adquisición de 3.500 patrulleros."Vamos readecuando permanentemente de acuerdo a la necesidad operativa que veamos para que la gente viva mas tranquila y segura" dijo el gobernador bonaerense.
Por otro lado, el despliegue de los operativos de la gendarmería en el conurbano y las rutas suman al panorama de militarización que propuesto a nivel nacional.
Pero, ¿quienes son los que “viven más tranquilos” en medio de policías y gendarmes?
No son los vecinos del barrio Las Catonas de Moreno, ni los de Villa Fiorito, ni los de La Cárcova en José León Suárez, que son víctimas de las detenciones arbitrarias, la tortura y el gatillo fácil por parte de las fuerzas represivas de toda clase.
Tampoco serán los militantes sociales y políticos que ya tienen en su haber más de 6.000 procesados, presos y decenas de muertos en protestas sociales.
Los que están más tranquilos, son por ejemplo, los entrevistados del diario La Nación : “los vecinos” del foro de seguridad de Del Viso, de Pilar, de Quilmes, que no por nada tienen la voz autorizada en los medios de comunicación: "Sin dudas, los gendarmes son más temidos que los policías, que son insultados y agredidos verbalmente todos los días".
Claramente, lo que interesa a quienes están en el poder o se benefician con él, no es la seguridad ni el bienestar de todos. Interesa una política efectiva de control social, que sirva para sembrar temor y disciplinar.
MÁS TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARIAS
Esta semana hemos recibido tres nuevas denuncias de torturas en cárceles y comisarías, que se suman a la gran cantidad que ya conocemos y que desde CORREPI venimos denunciando. Uno de estos casos es el de Catamarca, donde siete presos han sido torturados por guardiacárceles del penal. Los siete hicieron la denuncia en la Fiscalía General. Este hecho se hace eco en los medios, no por ser algo poco común, si no a partir del furor mediático de las torturas a presos en Mendoza, en donde el gobierno provincial ha separado a tres jefes del complejo y ha detenido a los guardiacárceles, de los cuales uno está prófugo.
La segunda noticia es de Neuquén, más precisamente de la comisaría 19ª del barrio Confluencia, que llega a ser conocida gracias a la difusión que le dio la Asociación Zainuco. La policía detuvo a dos pibes, los golpeó y le aplicó picana a uno de ellos, Sebastián Hermosilla. A partir de allí, los pibes y Zainuco han sido paseados por el camino judicial sin llegar nunca a ningún puerto, dado que en la fiscalía les dan vagas excusas para no ocuparse de lo ocurrido, probando cómo no es sólo la policía, como supuesta institución “autónoma”, quien tortura y mata, sino que es la policía (que no tiene nada de “autónoma”) más el aparato judicial que la protege y legitima.
Finalmente, en Carlos Paz, Córdoba, el joven Diego Varela fue torturado, con golpes y submarino seco, en la comisaría local. La denuncia de su madre y la movilización de los vecinos, acompañados por la Comisión por los Derechos Humanos de Carlos Paz, echó luz sobre otros casos recientes de sistemáticas detenciones arbitrarias y torturas.
Estos casos de torturas en cárceles de Catamarca y comisarías de Neuquén y Córdoba, son una prueba más de lo que desde CORREPI venimos sosteniendo. No se trata de instituciones “reformables” como pretende hacernos creer Garré, con los incesantes cambios en la policía federal, o como se pretende en Mendoza, cambiando a algunos de los jefes del penal, ya que, como instituciones represivas del estado, su función es la de reprimir a los pobres, amedrentarlos y aplicarles todo el control. Para esto no están solos, sino que tienen un aparato judicial que los protege. Esto es muestra, también, de que no son casos aislados, de un “loquito suelto” dentro de estas instituciones, sino que es una política sistemática de represión por parte del estado, gobierne quien gobierne.
SIGUE LA REPRESIÓN EN AFRICA Y MEDIO ORIENTE
El levantamiento de los pueblos árabes contra los regímenes gobernantes en la región, ha puesto en evidencia, una vez más, la capacidad del imperialismo para encarrilar las rebeliones populares cuando éstas carecen de instancias internas de organización superadoras de la espontaneidad y el voluntarismo iniciático.
Los últimos actos represivos de las burguesías regionales comandadas por EEUU, la Unión Europea y el estado sionista de Israel, descargando su ferocidad sobre el pueblo de Siria (con más de 100 muertos en las plazas pidiendo la renuncia del gobierno del presidente Bashar Asad), son reveladoras del carácter funcional y utilitario que los gobiernos nacionales ofrecen a los dueños del poder en el corazón de la cuenca petrolera y gasífera más importante del mundo.
Durante décadas, Siria fue presentada en el complejo mapa del Medio Oriente, como la expresión presuntamente progresista de la región, que permitía expresar una experiencia democrática en los términos en que el imperialismo está dispuesto a tolerar: el funcionamiento institucional para el resguardo de sus intereses económicos a expensas del deterioro de la calidad de vida del pueblo trabajador.
El pueblo sirio no aguantó más esa parodia y se lanzó a las calles. La represión del gobierno es feroz y ahora el presidente yanqui pretende despegarse de su responsabilidad criminal, y con respaldo mediático empieza a apropiarse de la rebelión mientras prepara otra salida "democrática", con figurones tan serviles como los que el se quiere desplazar. Lo hizo en Egipto, lo intenta en Libia.
Algo parecido ocurre en Burkina Faso, donde las protestas por el asesinato del estudiante Zongo a manos de la policía generó otra brutal represión con más de 40 víctimas. Mientras la juventud africana denunciaba el asesinato y la policía atribuía su muerte a una extraña meningitis (!!!) la apariencia de repudio de los hechos por parte de EEUU no se hizo esperar.
Otra muestra de la inquietud y preocupación que genera el pueblo en las calles y también de los rápidos reflejos que poseen sus opresores para acallarla.
En el camino hacia la verdadera democracia, aquella que conduzcan los trabajadores y el pueblo, esta instancia histórica de África y el Medio Oriente demuestra que está latente la rebeldía popular, tanto como la necesidad de organizarla de manera independiente del estado y sus diversas formas institucionales opresoras. Brindando la efectiva solidaridad internacional de clase, convencidos que los pueblos le van sacando al poder su túnica dictatorial, su corbata democrática.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Jueves 28, a las 19:00, a 20 años del asesinato de Walter Bulacio, exhibición del video "Yo sabía..." y posterior debate en el Instituto Superior del Profesorado Nº 46 de Ramos Mejía, en la calle Pueyrredón 1250 (a doce cuadras de la estación).
Viernes 29 de abril, a las 19:00, charla debate en el CBC de San Isidro, Córdoba y Lima, Martínez. Organiza FUBA.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
El segundo sábado de cada mes, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.
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El "paseo" del genocida Magnacco, denunciado por HIJOS Capital, provocó que se promoviera un incidente donde los querellantes solicitaron la revocación de todas las prisiones domiciliarias ante el Tribunal Oral Federal N° 5 de esta Capital.
El pasado jueves se realizó una marcha convocada por la Sala Alberdi (toma y autogestión) al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires para exigir la desmilitarización del edificio del Centro Cultural y que se habiliten las puertas para que continúe el funcionamiento de la sala tal como se venía haciendo hasta el arbitrario cierre del pasado 2 del corriente.
El pasado martes tuvo lugar la sexta audiencia del juicio contra la patota de Pedraza y la Policía Federal, en donde los testimonios de Eduardo "Chiquito" Belliboni y Lisandro Martínez, ambos dirigentes del PO, permitió la reconstrucción de lo sucedido en Barracas durante la jornada del 20 de octubre de 2010.
Mediante un comunicado, el Partido Obrero informó que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21 decidió la unificación en un solo juicio de la causa que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra, y las graves heridas a Elsa Rodríguez y otros compañeros con la que se encuentra abierta a la Policía Federal por su participación en ese acontecimiento.
