De acuerdo a lo informado por el Centro de Información Judicial (CIJ), el fallo contra los represores de la Zona IV, cuya lectura estaba prevista para mañana, se postergó para el 12 del corriente por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín.
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La lucha y la participación política tuvieron una gran importancia para la aprobación del proyecto de ley Nº 13.764 por la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, durante la sesión del pasado 13 del corriente, el que extiende el plazo para la expropiación del Centro Social y Cultural "Olga Vázquez" por cinco años, con la finalidad de permitirle al Estado provincial que lo efectivice mediante el pago a los acreedores en sede judicial.
Esta norma, sancionada en 2007, fue producto de una serie de movilizaciones tendientes a evitar el remate judicial que llevaría a la sede de la organización social en botín de los negociados inmobiliarios. Sin embargo, tras cinco años de gestiones, el Gobierno provincial nunca abonó a los acreeedores y ello obligó a la prórroga sancionada por la Cámara Alta de la provincia.
Esta lucha fue acompañada por otros centros culturales, al igual que el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos (ENECA), junto a organizaciones políticas y medios comunitarios y populares que acompañaron este reclamo.
De acuerdo a lo informado por el Tribunal Oral Federal Nº 1, presidido por el Dr. Jaime Díaz Gavier, el juicio contra 45 represores, por delitos de lesa humanidad cometidos en los Centros Clandestinos de Córdoba, comenzará el próximo martes 4 de diciembre tras disponer la realización de una junta médica para el próximo miércoles 28 de noviembre, integrado por tres profesionales del Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba junto a peritos designados por las partes, para definir si el estado actual de salud de los cuatro imputados les permite o impide participar en las audiencias, al igual que, en caso de concluirse que resulta factible su participación, en qué condiciones y que recaudos deben adoptarse a fin de preservar su estado de salud.
Esto último tuvo lugar debido al pedido de apartamiento del juicio por parte de los defensores de los imputados Luis Alberto Cayetano Quijano, Carlos Enrique Villanueva, Raúl Eduardo Fierro y Fernando Andrés Pérez, quienes adujeron razones de salud. Ante esta solicitud, los Dres. Lyllan Luque, María López y Claudio Orosz, abogados de H.I.J.O.S. y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, por una parte y las Dras. María Teresa Sánchez y Mariana Paramio, abogadas de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba por la otra, solicitaron el rechazo de dichos apartamientos y la realización de una junta médica con peritos de control de las partes.
H.I.J.O.S. Córdoba, en comunicado de prensa, sostuvo que no pueden continuar estas prórrogas pues ellas son conocidas maniobras dilatorias de los represores y sus abogados con el único fin de obstaculizar la llegada de la Verdad y la Justicia, según afirmaron.
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De acuerdo a lo informado por el CIJ (Centro de Información Judicial), el Tribunal Oral Federal Nº 5 de esta Capital reprogramó el inicio de un nuevo juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico - militar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
El debate, previsto para el 9 de agosto, fue prorrogado para el próximo 25 de octubre con la finalidad de incorporar la investigación acerca de los "vuelos de la muerte" al proceso a iniciarse.
La lucha por la efectiva vigencia del derecho a opción de los docentes universitarios y por el 82 % móvil en la Universidad de Buenos Aires es incesante. La movilización de los docentes afectados, la solidaridad manifestada mediante petitorios y apoyos diversos, junto a iniciativas en los ámbitos judiciales y legislativos, al igual que las denuncias mediáticas y los reclamos en algunas Facultades, fueron la constante en estos meses.
Según informó la AGD - UBA, el Rectorado y el Consejo Superior de la Universidad continúa en su tesitura de no reconocer la ley y los derechos conquistados por sus docentes, pero las presentaciones realizadas por las facultades obligaron al dictado de la Resolución Nº 4468/12 por la cual se prorrogaron las designaciones de los 642 docentes afectados hasta el 31 de julio del corriente año.
La lista de los docentes afectados permite inferir una causa oculta tras este empecinamiento de las autoridades universitarias. Ocurre que la arbitrariedad y la vulneración de derechos tiene un claro color ideológico y antisindical. Muchas y muchos de ellos están enrolados en la izquierda, en el antimperialismo y en la AGD, lo que llama poderosamente la atención. Nada puede extrañarnos de parte de autoridades que simpatizan con el kirchnerismo y que cuentan con una alianza estratégica con parte del radicalismo residual del otrora Rector Shuberoff.
Si bien algunas y algunos otros están vinculados con el oficialismo, no cabe duda de la intención de forjar un cuerpo docente afín al ideario kirchnerista. Por alguna razón, no se viene convocando a concursos y los que se convocan, sabemos bien, no tienen reglas claras y precisas.
¿Cuál será el destino de una Universidad que se da el lujo de prescindir de docentes con gran trayectoria en lo político y en lo social? ¿Cómo se suplirá ese conocimiento acumulado durante años?. La respuesta es simple: se pretende la destrucción de la Universidad Pública y, a la vez, su disciplinamiento a los principios kirchneristas, por un lado y por otro, incorporar a las camadas jóvenes kirchneristas en las más altas escalas académicas.
La lucha continúa y el viernes 8 de junio, a las 19.00 hs., tendrá lugar una clase magistral en el hall de la sede Constitución de la Facultad de Ciencias Sociales, ubicada en Santiago del Estero 1029 de esta Capital.
Será entonces, cuando la voz clara y distinta de los docentes afectados llegará muy fuerte a estudiantes y docentes de la UBA pero también a todas y todos aquellos que siguen defendiendo lo público.
Mediante un comunicado, el Partido Obrero informó que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21 decidió la unificación en un solo juicio de la causa que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra, y las graves heridas a Elsa Rodríguez y otros compañeros con la que se encuentra abierta a la Policía Federal por su participación en ese acontecimiento.
De este modo, se dió respuesta a la presentación conjunta realizada por todos los querellantes con la finalidad de "sentar en un banquillo único a Pedraza y Cia. y a toda la cúpula de la Policía Federal que garantizó el accionar de la patota asesina e intentó encubrir su fuga", según afirmaron.
La resolución del mencionado tribunal admite que se trata de un mismo hecho, con víctimas y pruebas comunes, lo que "permitirá abordar en el debate tanto la intervención de cada uno de los responsables del homicidio como la coordinación que fue necesaria para perpetrar el ataque homicida a los tercerizados", sostuvieron.
Por otra parte, evidenciará "los intereses que impulsaron dicho crimen, allanando el camino a la demostración del plan criminal y extender la acusación como participes del homicidio a los imputados de la jerarquía policial, que hasta el momento aparecen incursos solamente en la tipificación de ' abandono de persona ' ”.
No obstante, advirtieron, "que la Cámara de Casación Penal, incluso después de su reciente renovación, tiene pendiente la resolución sobre la excarcelación de Pedraza" y enfatizaron que sus aliados "en el aparato del Estado y de la burocracia sindical pretenden que asista al juicio en libertad". Cabe destacar que "Pedraza como el conjunto de los imputados intentaron por distintos medios perjudicar la acción de la Justicia mientas estuvieron en libertad, entre las que se incluyen campañas mediáticas, intimidaciones en el ferrocarril, amenazas varias y el intento de coima a los jueces", según afirmaron.
Esta unificación de las causas prorrogó sin fecha el inicio del juicio oral y público, aunque los querellantes reclamaron que se comience durante el primer semestre del corriente año. Para ello, sostuvieron que resulta necesario garantizar la utilización de la sala del Palacio de Justicia y los recursos necesarios, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; como también, que se ordene la realización de las pericias que la Gendarmería Nacional aún tiene pendientes de realización por parte de la Ministra Garré.
Sin dudas, constituye un paso significativo hacia el juicio y castigo de todos los responsables por el asesinato de Mariano y de los daños ocasionados a la compañera Elsa Rodríguez.
Prórroga va, prórroga viene, los juicios orales continúan dilatándose en forma sustantiva y esta vez, le tocó al juicio oral contra los genocidas Luciano Benjamín Menéndez, ya separado de esta causa, Pedro Nolasco Bustos, José Vicente Woroná y José Filiberto Olivieri en el Expte M - 12 - 011, donde son imputado por privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio calificado por los hechos en los cuales son víctimas Jorge Manuel Diez, Ana María Villanueva y Carlos Delfín Oliva.
A la fecha, están vencidos los plazos para el ofrecimiento de pruebas, mientras que se han diligenciado las solicitadas por las partes, aunque resta resolver los incidentes de recusación contra los Dres. José Fabián Asís y José María Pérez Villalobo, junto al de exclusión de querellante, que actualmente se encuentra en la Cámara Nacional de Casación Penal, y de falta de acción por cosa juzgada, ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
En consecuencia, este juicio que iba a iniciarse el próximo 29 de noviembre, se postergó para el 14 de febrero del año 2012, a las 9.00 hs., por resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2.
