Mediante un comunicado de prensa, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel denunció los ataques y agresiones sufridas por una delegación al intentar ingresar a la ciudad de Andalgalá en la madrugada del pasado domingo 12 del corriente.
Asimismo, dicha organización repudió el accionar de los grupos civiles promineros y la abierta impunidad con la cual se mueve, lo que lleva a la total ausencia de la libertad de circulación por dicho departamento catamarqueño, al igual que la falta de respeto hacia su Presidente y los hechos contra las personas que pretenden manifestarse "en paz en defensa de sus intereses y el de la comunidad", según señalaron.
Informaron que la delegación estaba integrada por diez personas, la que se movilizó en una camioneta perfectamente identificada, siendo impedido su viaje por un grupo identificado como prominero que cortaba el acceso a Andalgalá.
Según explicó Ana Almada, Coordinadora Nacional del SERPAJ, “cuando queríamos avanzar, nos cortaron el paso y pidieron que nos identificáramos. Les dijimos que éramos del Serpaj y que veníamos a reunirnos con los asambleístas que se oponen a la megaminería para traerle la solidaridad, y para garantizar que la protesta se realice en paz y que no haya ningún tipo de represión ni agresión”.
No obstante, señalaron, que "pese a responder todas las preguntas, el grupo se mantuvo en la negativa de permitir el paso de la camioneta argumentando que la ruta estaba cortada por decisión de un asamblea", como también dicho grupo afirmó que “no queremos dialogar, queremos guerra”.
Ante este singular obstáculo, indicaron que "la camioneta retrocedió unos metros donde se acercó una comisión policial", la cual "le pidió la documentación al chofer y se la llevó a 200 metros”, sostuvieron.
Durante dicho trámite, numerosas personas rodearon al vehículo mientras "acusaban a Adolfo Pérez Esquivel ' de que financiaba a los grupos antimineros ' y lo declaraban ' persona no grata ' ", tras lo cual comenzaron a mover y golpear a la camioneta de la organización de Derechos Humanos.
Esta crítica situación obligó al retroceso de la delegación y parar en otro puesto policial, el cual volvió a repetir el trámite identificatorio y sugiriendo que “lo mejor que les puede pasar es que se vayan ahora mismo de acá”. Sin embargo, durante la retirada, una camioneta no identificada siguió a la delegación del SERPAJ durante 50 km. con el fin de asegurarse su retiro.
Según señaló el líder de la Central, “para aplicar un ajuste de esta naturaleza el Gobierno necesita tener legalizada la represión" para "que los sindicatos se callen la boca y que aquellos que quieren salir a pelear sepan que si lo hacen, los meten presos", afirmó e indicó que "esta es la intención de la ley”.