Los lazos familiares y el derecho a la defensa en juicio que se verán gravemente afectados para todos los detenidos, el agravamiento de las condiciones de detención y la destrucción del valioso Centro Universitario Devoto, serán algunas de las consecuencias nefastas que traerá, de concretarse, el traslado a Mercedes.
Los compañeros de dicha unidad carcelaria despliegan en esta carta una serie de propuestas alternativas. Entre ellas, le dicen a Cristina Fernández que: "no buscamos lograr que el CUD permanezca en la CABA mientras el resto de la población carcelaria sea alejada de la misma, sino por el contrario que la experiencia de autonomía y autogestión universitaria se multiplique como tal y se extienda a todos los ítems mencionados antes: Salud, Alimentación, Educación primaria y secundaria, Trabajo, Servicios Sociales y evaluación criminológica, cada uno con sus particularidades", afirman.
Toda nuestra solidaridad con esta lucha.
Enviar adhesión a: agrupasionparalalibertad@yahoo.com.arTexto de la misivaDra. Cristina Fernández de Kichner
De nuestra mayor consideración:
Los firmantes, privados de libertad alojados en la cárcel de Villa Devoto, haciendo uso del derecho a peticionar ante las autoridades, nos dirigimos a Ud. con el objeto de poner a su consideración lo siguiente:
I.-A partir de su anuncio público del cierre definitivo del penal de Devoto y la construcción de un Complejo Penitenciario Federal en Mercedes, Pcia. de Bs. As., pasamos a un estado de incertidumbre respecto del lugar donde seremos alojados.
En la actualidad, la cárcel de Devoto aloja aproximadamente 1.700 personas de los cuales cerca de un 70% somos procesados. Como tales, nos asiste el derecho a defensa en juicio así como la garantía de que nuestros lazos familiares sean respetados y favorecidos. Todo el cuerpo normativo que regula las condiciones de detención establece claramente que será el Estado quien vele por el respeto de estas premisas. Si se concreta el traslado de la población carcelaria alojada en Devoto al mega Complejo penitenciario a construirse, los 120 Km que lo separan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán la causa principal de que los derechos enunciados sean violados por el mismo Estado que debería garantizarlos.
Tomando como ejemplo el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, ubicado a 40 Km de la CABA, los registros de cantidad de visitas tanto de abogados defensores como de familiares de los allí detenidos muestran una baja del 60% respecto de Devoto. Estas cifras, llevadas al triple de distancia en la ciudad de Mercedes, crecerían exponencialmente con el consecuente agravamiento de la situación procesal y el daño irreparable a nuestras familias.
II.-A lo expuesto se suma el hecho de que por razones de economía y practicidad procesal, se impone que los Juzgados tengan a aquellos detenidos a su disposición dentro de su radio jurisdiccional. Esta condición también se vería afectada radicalmente por la ubicación del nuevo Complejo. Incluso si se recurriera a medios tecnológicos, tales como la teleconferencia u otros, el resultado sería una deshumanización aún mayor del sistema judicial.
Lo hasta aquí mencionado amerita suficientemente a nuestro criterio una reconsideración del traslado de la población carcelaria alojada actualmente en Devoto al Complejo de Mercedes, el cual sí podría ser destinado al alojamiento de los condenados que actualmente ocupan las cárceles federales más alejadas de la CABA. Y así lo solicitamos a la Sra. Presidenta de la Nación.
Sin perjuicio de ello, nos sentimos en el deber de someter a su justo criterio algunos puntos más:
1) Política de Sectorización (celdas individuales):
Con este título se nombra oficialmente a una metodología de gobernabilidad aplicada sobre la población carcelaria basada en la división por sectores de acuerdo a criterios definidos por el Servicio Penitenciario Federal, tales como potencial de conflictividad del detenido, liderazgo negativo, etc. En la práctica, la realidad viene demostrando que se constituye en un sistema de castigos graduados encubiertos que llegan en muchos casos al aislamiento de las detenidas y los detenidos hasta veintitrés horas por día.
El Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, en sus diez años de existencia, es una vez más un patético ejemplo del agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención por estas causas. Cifras oficiales (ver informes anuales de la Procuración Penitenciaria Nacional) muestran el crecimiento año tras año de las muertes de detenidos en el citado Penal y de las denuncias por torturas y malos tratos. Ello no hace sino evidenciar que el alojamiento en celda individual no garantiza por sí solo una disminución en los niveles de violencia si no es acompañado de una profunda reforma en la institución penitenciaria.
Un cambio que debe contemplar una reformulación de la estructura del SPF -hoy militarizada- y en la formación académica de sus cuadros, así como el traspaso definitivo de la salud, la alimentación, el trabajo y los equipos criminológicos de evaluación de las detenidas y los detenidos del ámbito federal a instituciones y organismos de la sociedad civil que gestionen tales actividades y controlen el respeto a la vida, la dignidad y los derechos humanos tanto de las detenidas y detenidos como de las y los profesionales civiles que desempeñan su trabajo intramuros, además del propio personal penitenciario.
En este sentido, solicitamos a la Sra. Presidenta que el establecimiento a construir sea sometido al control de los organismos pertinentes en cuanto a las condiciones de habitabilidad y su posible impacto en las condiciones de detención. Asimismo, que facilite e impulse el debate hoy instalado sobre la necesidad de una nueva Ley Orgánica para el servicio penitenciario.
2) La sociedad civil en la cárcel:
En la cárcel de Devoto funciona desde hace veinticinco años el Centro Universitario Devoto, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, en el marco del Programa UBA XXII -educación en cárceles-, bajo las premisas de la autonomía universitaria, la autogestión estudiantil y la autodisciplina del detenido. Aquí los estudiantes en situación de encierro -procesados y condenados- tienen, por convenio, garantizada su permanencia en la Unidad donde cursan sus estudios universitarios. El eventual traslado atentaría claramente contra su derecho a la Educación. Esta experiencia, única en el mundo por las características mencionadas, es digna de tomarse en cuenta como ejemplo de lo que se plantea en el punto anterior: La gestión de una institución de la sociedad civil dentro de los muros de la prisión.
A pesar de sufrir históricamente la incomprensión y el hostigamiento de parte de algunos sectores corporativos más retrógrados, la presencia de la UBA en la cárcel arroja estadísticas insoslayables: De las personas detenidas que han pasado por sus aulas sólo un 7% reincidió en el delito, contra casi un 50% para la población carcelaria que no participó de esa experiencia.
Humildemente creemos que esto tiene una incidencia directa en el llamado "problema de inseguridad" pues nos da la pauta que si la tendencia en cuanto a las políticas de inclusión social encaradas por el gobierno Nacional es acompañada por una política seria, democrática y formadora de conciencia crítica dentro de los muros favoreciendo la intervención de las instituciones y organismos de la sociedad civil se podría optimizar una respuesta a la "inseguridad", la cual somos concientes es una problemática presente en todos los grandes centros urbanos pero que, en caso argentino, se trata las más de las veces de una sensación construida desde la corporación mediática, con intereses muy lejanos al llamado bien común.
En síntesis, creemos que la inseguridad se puede y debe erradicar estimulando la educación dentro de las cárceles, apoyando las experiencias que, como el CUD, vienen demostrando su eficacia en cuanto a la disminución del nivel de reincidencia y creando nuevos espacios de las mismas características en cada Unidad de detención.
Queremos dejar en claro a la Sra. Presidenta que con esta mención no buscamos lograr que el CUD permanezca en la CABA mientras el resto de la población carcelaria sea alejada de la misma, sino por el contrario que la experiencia de autonomía y autogestión universitaria se multiplique como tal y se extienda a todos los ítems mencionados antes: Salud, Alimentación, Educación primaria y secundaria, Trabajo, Servicios Sociales y evaluación criminológica, cada uno con sus particularidades.
III.-Es entonces por lo expuesto, que respetuosamente solicitamos a la Sra. Presidenta de la Nación que:
1) De construirse el Complejo Penitenciario Federal de Mercedes, éste sea sometido al control de los organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales en cuanto a sus condiciones de habitabilidad y el posible impacto de las mismas en las condiciones de detención.
2) De concretarse su construcción, sea ese Complejo destinado al alojamiento de los condenados por los sistemas judiciales Nacional y Federal que actualmente ocupan las Unidades Federales más alejadas de la CABA (U6 -Rawson-; U9 -Neuquén-; U15 -Rio Gallegos-; U7 -Resistencia-, por ejemplo), y que estas cárceles sean demolidas o bien remodeladas para otros destinos, tales como hospitales o establecimientos educativos.
3) De concretarse el cierre del penal de Devoto, el Estado Nacional y el Gobierno de la CABA emprendan la construcción de uno o más centros de detención dentro de la CABA para el alojamiento de procesados varones y mujeres y de condenados estudiantes de los sistemas judiciales Federal, Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4) Se incentive el debate sobre la necesidad de una nueva Ley Orgánica para el SPF que contemple los criterios ya mencionados.
Agradecemos a la Sra. Presidenta de la Nación, en nuestro nombre y el de nuestras familias, la consideración que pudiera brindar a lo expuesto y le saludamos con el mayor de los respetos.
Roberto Agustín Yrusta, de 32 años, estaba detenido en la cárcel de Bower, en Córdoba, donde padeció durante años el verdugueo, los abusos, los golpes, las torturas y los vejámenes de todo tipo por parte del Servicio Penitenciario de esa provincia, lo cual se agravó tras realizar una denuncia para un programa de TV sobre torturas en ese penal junto a otros internos, de acuerdo a lo informado por la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario.
El juez Lozada autorizó la detención de Miguel Mansilla y José Paredes, integrantes de la Cooperativa 1º de Mayo y acusados por los saqueos del pasado 21 de diciembre, en Bariloche tras considerar que su detención en el Penal de Viedma violaba los derechos humanos de sus familiares.
De acuerdo a lo informado por ADN Bariloche, en su edición del pasado 05 del corriente, el juez Martín Lozada dispuso el traslado de Miguel Mansilla y José Paredes, quienes se encontraban detenidos en la Unidad Penal de Viedma, a raíz del pedido formulado por el defensor de ambos, quien también solicitó que se realice una nueva declaración indagatoria.
Mediante un comunicado, las y los trabajadores de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba repudiaron el traslado de la dependencia al Centro Cultural General Paz, como también manifestaron su oposición a la medida dispuesta por el Ejecutivo Municipal.
"Queridos amigos:
Mediante una carta enviada ayer por Antonio Guerrero, éste dió a conocer su cambio de prisión, la cual transcribimos:
