Roberto Agustín Yrusta, de 32 años, estaba detenido en la cárcel de Bower, en Córdoba, donde padeció durante años el verdugueo, los abusos, los golpes, las torturas y los vejámenes de todo tipo por parte del Servicio Penitenciario de esa provincia, lo cual se agravó tras realizar una denuncia para un programa de TV sobre torturas en ese penal junto a otros internos, de acuerdo a lo informado por la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario.
A raíz de estos hechos y considerando que su vida corría peligro, solicitó ser trasladado a Santiago del Estero, ciudad donde tenía familiares, pero fue trasladado el pasado 16 de enero a la cárcel de Coronda, en la provincia de Santa Fé, siendo luego alojado en buzones de castigo del pabellón Nº 8 del Módulo Sur.
El día pasado 7 del corriente, informaron a su familia que se “suicidó ahorcándose con una remera” y 24 horas después, le envían el cuerpo con evidentes signos de torturas que incluían ampollas, sangre, heridas abiertas, hematomas múltiples, un profundo golpe en la cabeza e impactos de balas de goma junto a un certificado de defunción que, tan sólo, decía: suicidio.
Posteriormente, a pedido de los compañeros de la Coordinadora Anticarcelaria de Córdoba y de los familiares del interno "suicidado", la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario recurrió al Servicio Público de Defensa Penal con la finalidad de solicitar su intervención en la investigación de la muerte, a la cual consideraron que no fue suicidio al conocer las circunstancias del caso y de la firme convicción acerca del "modelo" de represión, corrupción y muerte existente en la Cárcel de Coronda donde hoy se extinguen las vidas de más de 1.000 hombres, cuya gran mayoría son jóvenes y pobres, condenados a la privación de la libertad, revictimizados por el sistema de desigualdad social.
Mediante un comunicado, además de informar lo acontecido con Yrusta, afirmaron que "esta nueva muerte, confirma, una vez más, que las cárceles son verdaderos depósitos de seres condenados al aniquilamiento de su condición humana, a los que está permitido, incluso, quitarles la vida" y denunciaron "la exclusiva responsabilidad del estado santafesino y la justicia por la aplicación de las políticas de represión y muerte dentro de las cárceles de la provincia"
Organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sociales realizaron un escrache a Ricardo "Cady" Chomicki; quien, luego de ser secuestrado, integró la patota de Feced pasando al bando de los genocidas para marcar a compañeras y compañeros, al igual que "secuestrarlos, torturarlos, violarlos, matarlos y hacerlos desaparecer", según informó la Comisión Antirrepresiva y de Derechos Humanos de la ciudad santafesina.
El 15 de diciembre de 2009 me dirigí a una obra de Lomas para hacer una asamblea donde íbamos a reclamar una cantidad grande de reclamos, como la confección de los recibos (mal liquidados) la finalización del trabajo en negro para otros y otras cuestiones relacionadas a los compañeros de ese lugar. 
Lo que esta gente quiere es que los patrones del gremio nos usen como esclavos, que no hagamos asambleas ni luchemos por nuestros derechos. 