Sarmiento usaba peluca pero las ministras de hoy...
Con Claudio Vigne -uno de los realizadores del programa radial La Peluca de Sarmiento (La Plata)- analizó junto a Andrés Sarlengo que trae Silvina Gvirtz debajo de su traje de académica al servicio de la educación bonaerense. ¿Conectados en igualdad o galpones digitalizados para beneficio del libre mercado?
Con la Lic. en Ciencias Polìticas y periodista, Mariana Fassi, conversó Andrés Sarlengo sobre su libro "Paraguay en su laberinto y qué cambió con Fernando Lugo. Y la propia investigadora asevera: "es difícil no entrar en polémica...".
La visión de una organización ambientalista: El contramapa de la megaminería. (Página 12)
Por Darío Aranda
“En Argentina hay decenas de Famatina”, avisa Urbano Cardozo, jubilado, militante socioambiental, que vive desde hace 73 años en la cuna de la megaminería argentina: Andalgalá (Catamarca), donde hace 18 años se instaló Bajo la Alumbrera, el yacimiento de oro y cobre más grande del país. “Es el caso testigo de que no produce ni trabajo, ni desarrollo local y sí produce contaminación”, denuncia Cardozo y advierte que Famatina es “un paso más hacia la pueblada nacional que tenemos que hacer contra el saqueo y la contaminación”. Según datos de la Secretaría de Minería de Nación, la exploración minera aumentó en los últimos ocho años un 664 por ciento. Un informe de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) detalla que en la actualidad se encuentran en explotación 14 yacimientos y existen al menos 121 proyectos en exploración. “El avance minero tiene directa vinculación con la violación de derechos humanos, observamos que ante cada intento de instalación se produce una alta conflictividad social que lleva años sin resolverse, como es el caso de Famatina y Andalgalá”, denunció Soledad Sede, de la Redaj.
En la década del ’90 se sancionó la ingeniería legal para el desarrollo de la megaminería. En 1994, comenzó la construcción del yacimiento Bajo la Alumbrera, de capitales suizo-canadiense. En la actualidad están en marcha otros 13 proyectos: Cerro Vanguardia, San José-Huevos Verdes, Manantial Espejo, Martha y Espejo (Santa Cruz); Veladero, Casposo y Gualcamayo (San Juan); Pirquitas y El Aguilar (Jujuy); Salar del Hombre Muerto (Catamarca), Campo Quijano (Salta) y Andacollo (Neuquén). San Juan cuenta con dos proyectos en construcción: Pachón y Pascua Lama, el primer megayacimiento binacional, en manos de la Barrick Gold.
La Secretaría de Minería de la Nación informó en un comunicado el 13 de enero: “Histórica inversión de riesgo. 1.031.600 metros perforados. Se perforó un 41,3 por ciento más que en 2010 y un 664 por ciento con respecto al inicio de 2003. Permite promover nuevos emprendimientos productivos”, destacó la Secretaría (“metros de perforaciones” es la forma en que se mide la actividad exploratoria).
El comunicado remarcó que “el record histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad”. Y explicó que “el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.
Según datos oficiales del informe de 2009, “La minería en números”, en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.
La Red de Asistencia Jurídica presentó a fines de 2011 ante la Defensoría del Pueblo de la Nación el relevamiento “Informe preliminar sobre vulneración de derechos y conflictividad socio-ambiental minera”, en el que focalizó en la megaminería. Contabilizó 121 proyectos en “exploración avanzado” (en los que ya se conocen las ubicación y calidad de las reservas pero aún no se resuelve la solvencia económica para dar inicio a la explotación). Encabezan la lista Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete); Mendoza, La Rioja y Río Negro (seis cada una) y Catamarca (cuatro).
“Los proyectos son propiedad de 51 empresas, sólo dos de capital nacional y 49 de capital transnacional: Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Suiza (entre otros)”, destaca el informe y advierte que “la instalación de transnacionales mineras implica diferentes conflictos sociales, jurídicos y ambientales, entre los que destacamos la utilización intensiva de químicos de alta toxicidad y el consumo masivo de agua y energía, situación que coloca a la actividad en una condición estructural de tensión con las poblaciones y actividades económicas locales”.
Argentina cuenta con 5000 kilómetros de cordillera. En una centena de pueblos existen asambleas socioambientales. Siete provincias limitan algún aspecto de la megaminería (Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego y Chubut).
Río Negro también limitaba la megaminería (prohibía el uso de cianuro). Al asumir en diciembre pasado, el Frente para la Victoria (Carlos Soria, luego reemplazado por Alberto Weretilneck) derogó la ley y dieron luz verde a la minería. Hubo movilizaciones en Viedma, Ingeniero Jacobacci y todos los miércoles se reúnen en Bariloche en rechazo a la actividad extractiva. Las organizaciones sociales y comunidades mapuches se declararon en estado de alerta y movilización.
En febrero de 2010, los asambleístas catamarqueños cortaron un camino vecinal en rechazo a un nuevo proyecto (Agua Rica), publicitado como tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros del pueblo. Sufrieron una dura represión por la noche, con una decena de heridos y detenidos. La violencia policial motivó una pueblada con históricas marchas en la plaza de Andalgalá. La instalación de Agua Rica fue paralizada, momentáneamente, por un fallo judicial.
Desde hace una semana, y en paralelo a las protestas riojanas, vecinos de Andalgalá realizan bloqueos en Belén y Santa María, en las rutas de acceso a Alumbrera. Sólo se detiene a los vehículos mineros.
En Famatina habían sido imputados ocho asambleístas por participar en el acampe en la base del cerro. En Catamarca fueron apresadas cuatro personas el jueves y 18 asambleístas más el viernes 27. En ambos casos fueron liberados a las pocas horas, pero siguen en calidad de imputados.
“Registramos un preocupante proceso de persecución y criminalización de la protesta social en contextos de conflictividad por el desarrollo de la megaminería”, denunció Soledad Sede, de Redaj. Explicó que, donde se movilizan contra la megaminería, son “cotidianos” los casos de amenazas y detenciones ilegales. Sede afirmó que existe evidencia de la “vulneración sistemática de los derechos ciudadanos y, en particular, la violación al derecho de manifestarse legítimamente que se ha puesto en jaque tras la sanción de la ley antiterrorista”.
En los últimos días se sumaron cortes en Amaicha del Valle (Tucumán), también contra Alumbrera y en rechazo a Agua Rica. “Estamos jugados, decididos, no importa que nos encarcelen o repriman, acá está en juego el futuro de nuestros hijos y nietos”, alertó Urbano Cardozo, asambleísta de Catamarca, y lanzó una propuesta: “Iremos a Buenos Aires si hace falta. Plaza de Mayo o la 9 de Julio, ahí también gritaremos ‘el agua vale más que el oro’ ”.
Los casos que están en la Justicia
Asambleas socioambientales, organizaciones sociales, campesinos y pueblos originarios están unidos contra la megaminería. Son bien conocidas las acciones directas: cortes de ruta, asambleas, movilizaciones. Pero también existe la herramienta judicial. El avance del modelo extractivo (minería, petróleo, agronegocios) suele chocar con el derecho indígena. En Argentina está vigente legislación nacional e internacional que obliga a consultar y obtener el “consentimiento libre, previo e informado” de los pueblos originarios en cualquiera actividad que pudiera afectar sus territorios. Otra herramienta es el derecho ambiental.
En la minería actual toma relevancia el avance en la exploración de litio. El epicentro de esa conflicto está en las Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc, en Jujuy y Salta, donde viven 33 comunidades kolla-atacama. El caso ya mereció la atención de dos áreas de Naciones Unidas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y del Relator Especial de Derechos de Pueblos Indígenas. “El comité está particularmente preocupado por la explotación de litio en las Salinas Grandes y por las consecuencias sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas”, advirtió la ONU en diciembre pasado y llamó a respetar el Convenio 169 de la OIT.
Comunidades tehuelches de Chubut enfrentan desde hace cinco años a la empresa de plata más importante del mundo (Panamerican Silver), que pretende instalar un yacimiento de plata y plomo en la meseta patagónica. Denuncian la violación del Convenio 169 y de la Constitucional Nacional (artículo 75). La comunidad Mellao Morales, junto a las asambleas de vecinos de Neuquén, lograron frenar la instalación de una minera china en la localidad de Campana Mahuida que pretendía extraer cobre. Tuvieron un fallo favorable en 2009 y otro, del Superior Tribunal de Justicia, en marzo de 2011. El máximo tribunal provincial marcó la vigencia del derecho indígena.
La unión de comunidades indígenas y asambleas socioambientales también hizo posible la prohibición de la megaminería en la Quebrada de Humahuaca (pretendían extraer uranio). El Superior Tribunal de Justicia se basó en la Ley General del Ambiente y dispuso aplicar el “principio precautorio”: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
La infancia excedente (APE)
Por Claudia Rafael
(APe).- Ya era la oscuridad. La luna dibujaba una letra C enorme y una estrella de brillo intenso aparecía como su norte. Las sombras caían sobre la esquina con la torpeza de lo irreparable. Y él estaba sentado ahí. En profunda soledad. Dijo que se llama Elías pero quién sabe si no es una identidad tan ajena como las caricias y el cobijo. Contó que se había escapado, a pesar de las rejas y el paredón casi siempre inalcanzable, y que se subiría al primer tren que pasara. Habló también de la Rita y de que alguien le dijo casi como al pasar que se había muerto hacía dos semanas. El repitió que no es cierto. Que la Rita va a vivir siempre y que el que dice eso de mi abuela miente. Elías mastica ávido un trozo de pan y bebe a borbotones de la botella de coca. La Rita es todo. Nadie se dignó a decirle nada de esa ausencia que es la diferencia entre la vida y la no vida.
Hacía cuatro meses que a Elías lo habían llevado ahí. Lo habían arrojado como a los esclavos a las arenas del Coliseo Romano. Lo habían dejado entre los pasillos fríos de una estructura patronal. Donde los patrones tienen nombre y apellido. Sin luz natural. Sin ventilación, con un calefactor cansado de entibiar el alma entre tantos inviernos, sin un airecito fresco que alivie en veranos tórridos y agobiantes. Había días en que Elías veía fantasmas, noches en que se le aparecía San la Muerte. La Rita fue siempre y a pesar de todo su único anclaje a la esperanza. El la sabía siempre eterna a la abuela en el vagón abandonado en las vías de un tren que ya no es hace demasiado tiempo.
En la provincia de Buenos Aires son hoy entre 475 y 500 los chicos en conflicto con la ley penal que cumplen “medidas privativas de libertad”. Eufemismo elegante de la institucionalización. Un centenar suman los que cumplen “medidas de semi-libertad”. Otros 4300 están institucionalizados por “medidas de protección por sus derechos vulnerados”. Ese universo que en los preceptos de la perimida Ley de Patronato se conocía como “causas asistenciales”.
La provincia tenía en datos de febrero de 2011 -según el Observatorio Social Legislativo- 1.225.000 adolescentes entre 15 y 19 años; 2.683.000 entre 15 y 24. Y ubica escasamente a 400.000 entre 14 y 20 años que “ni estudian ni trabajan” en una realidad que se sabe mucho más ancha. La misma estadística plantea que el 31,1 por ciento “padecían pobreza”; 17,1 estaban desocupados y el 13,6 por ciento son caracterizados como “ni-ni”.
Hace apenas una decena de años, en plena vigencia de la Ley de Patronato había unos 8500 chicos institucionalizados en estructuras estatales y otros 8000 en instituciones no vinculadas a organismos del Estado. El defensor oficial Julián Axat la define como un “intento por gobernar a la infancia excedente durante el siglo XX. Apuntaba al control de los hijos de los sectores subalternos a través del dispositivo tutelar basado en la expulsión del seno de familias consideradas disfuncionales y el confinamiento en reformatorios”. Más allá de la tremenda disparidad de cifras hay un porcentaje que se sostiene: tanto entonces como hoy, las causas penales representan no más del 13 por ciento del total de institucionalizaciones.
Cuando en 1919 se promulgó la Ley 10.903 de Patronato, el médico y parlamentario Luis Agote argumentó que en las reuniones anarquistas se encontraban “tan gran cantidad de niños delincuentes, los que vendiendo diarios primero y después siguiendo, por una gradación sucesiva en esta pendiente siempre progresiva del vicio, hasta el crimen, van más tarde a formar parte de esas bandas de anarquistas, que han agitado la ciudad durante el último tiempo”. Por lo tanto era imprescindible una ley que pusiera fin al “cultivo del crimen” que “principia en las calles vendiendo diarios, y concluye en la cárcel Penitenciaria por crímenes más o menos horrendos”.
Hoy por hoy -con un denostado Agote y una ley cuestionada y enterrada- los institutos siguen arrastrando el concepto de “confinamiento-depósito”, definió Axat a Ape. “Los espacios de encierro para la niñez infractora, matienen una estructura donde el derecho proclamado es una excepción y donde las prácticas concretas son intercambios simbólicos con la burocracia adulta de minoridad en forma de pequeños chantajes o relaciones de poder encubiertos bajo la ideología del amor: ´ yo te doy esto, si vos me haces esto ´, ´ es por tu bien... ´. Las implicancias que esto termina teniendo en la vida de los pibes es una suerte de síndrome de Estocolmo por el cual sienten atracción por el asistente de minoridad que les da cosas o satisface a cuentagotas sus derechos, a cambio de tranquilidad o conveniencia. La implicancia es que los pibes salen especializados en chantaje y formatizan en su conciencia y cuerpo relaciones de poder negativas, antes de relaciones sanas y vitalistas. Es mi conjetura, pero esto es uno de los motivos que luego producen a la postre riesgo de reincidencia”.
El tema de base, sin embargo, es entender qué ocurre con el enorme cosmos de niños y jóvenes institucionalizados en los ghetos de rejas invisibilizadas.
Hoy ya no se puede definir que la institucionalización es el único “intento de gobernar a la infancia excedente”. Del total de jóvenes bonaerenses entre 15 y 19 años apenas el 0,04 por ciento se encuentra institucionalizado por causas penales. El 0,35 por causas asistenciales. Es el nuevo mandato pro-infancia: despatronalizar aun cuando del otro lado de las paredes espere el desamor y el golpe.
¿Cuáles son hoy las formas más efectivas de gobernar a esa infancia excedente?
Un informe publicado en octubre de 2011 por la organización “un techo para mi país” desnuda que en la región del Gran Buenos Aires hay actualmente 864 villas y asentamientos en los que respiran, caminan, sufren, aman, trabajan y sueñan (cuando pueden) 508.144 familias. Poco más del 66 por ciento tienen más de 15 años de antigüedad y el 24,3 por ciento, entre los últimos 6 y 14 años. Sin cloacas, sin gas, sin agua potable, sin escuela, sin asfalto, sin trabajo.
El estigma se lleva en la piel. Como señal indeleble sobre la frente. No se sale del círculo de la institucionalización tan fácilmente. Ni de la institucionalización en una estructura penal del Estado ni de la institucionalización en el gheto barrial que también es confinamiento-depósito. Como un vertedero social en el que millones están encerrados cada día. Existe una topografía similar entre esas dos institucionalizaciones donde la circulación está igualmente coartada.
El sistema entendió a la perfección que no era necesario el encierro en una estructura del Estado para aplacar. El encierro entre las cuatro calles barrosas y hambrientas que circunvalan el gheto tiene sus propias herramientas precisas para la domesticación. Ya no la tortura, el aislamiento en una celda de dos por dos, la prohibición de la visita.
Hay un entorno cotidiano de mendrugos y vulneraciones, de vetos cotidianos, de sueños sostenidamente truncados, de aniquilación sistémica, de prohibiciones para levantar cabezas y para alzar las voces; hay un entorno cotidiano que deja secuelas en los pulmones y en el cerebro, que lacera la piel y el alma. Es una institucionalización que no reconoce esa definición. Una institucionalización que no muestra enrejados ni cepos. Que no porta pulseras electromagnéticas.
Es la ghetización como política del desmadre y del amansamiento.
Los que deciden alzar la frente y vadear las orillas saben bien que del otro lado de los baldíos espera el desprecio eterno o el plomo de la condena. No hay indulto para la portación de hambre perpetua. No lo hay para la rebeldía intrínseca.
En “Ser como ellos”, Eduardo Galeano escribe que “cada día nos enseñan la resignación. Cada día aprendemos a resignarnos para poder sobrevivir. Pero hace poco, en una pared de un barrio de la ciudad de Lima, un alumno rebelde escribió: No queremos sobrevivir. Queremos vivir. Él hablaba por muchos”.
Continuando con la serie de entrevistas realizadas por el compañero Norberto Ganci, conductor de "El Club de la Pluma", en el Foro Social Temático 2012 que se realizó en Porto Alegre, Brasil, hoy les acercamos la entrevista a Leonardo Boff...
