Nación será querellante en el crimen de Chocobar y pedirá la prórroga de la ley 26.160 (Indymedia)

El nuevo titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, aseguró que el ejecutivo tendrá un rol activo en la causa que se sigue por el asesinato del dirigente diaguita, ocurrido el 12 de octubre en Tucumán. También confirmó que el oficialismo está trabajando en la prórroga de la norma que suspende los desalojos de comunidades, la cual vence en 2010. Esta ley es resistida por ganaderos y empresarios, y su aplicación ha sido dilatada por los gobiernos provinciales y Nación.

El relevamiento territorial previsto en la ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena se puso en marcha en Tucumán hace menos de dos meses y generó una escalada de desalojos en distintas comunidades de la provincia. El pico máximo fue el ataque armado del terrateniente Darío Amín y ex policías –vinculados al represor Malevo Ferreyra y al jefe de Policía de la provincia- que terminó con la vida del dirigente comunitario de Chuschagasta, Javier Chocobar, de 68 años. En otras provincias, como Neuquén, el programa aún no ha comenzado y ya hay una gran avanzada de la derecha que alerta por el "desborde" de "usurpaciones de campos".

"Se están generando reacciones duras en Neuquén, en Tucumán, en distintos lugares. Es un verdadero desafío", declaró Daniel Fernández, presidente del INAI. "Estamos preocupados pero yo hoy (martes) estuve con la ministra [de Desarrollo Social] Alicia Kirchner reafirmando un camino. No nos vamos a detener por más que opongan resistencia los sectores de poder. Vamos a seguir avanzando en el relevamiento y en las cuestiones que atañen a que las comunidades puedan ejercer el derecho a acceder a sus tierras", aseguró.

Fernández dijo que el Estado Nacional ha estado ausente por 200 años, destacó como un primer paso el reconocimiento de la preexistencia indígena en la reforma constitucional de 1994 y resaltó que en 2006 se empieza a abordar la cuestión territorial con la aprobación de la ley 26.160. El funcionario declaró que ante esta delicada situación "la mejor respuesta es ratificar el sentido de organización de las comunidades y nosotros como Estado redoblar el esfuerzo". Al respecto aceptó críticas por la dilación en la implementación del relevamiento territorial y confirmó que están trabajando para pedir la prórroga de la norma. De hecho se vio salir de su despacho a la diputada Carolina Moisés, del Frente para la Victoria de Jujuy, que preside la Comisión de Población y Desarrollo en el Congreso Nacional y es autora de uno de los proyectos que amplía el plazo de la ley.

El responsable del organismo evaluó el crimen consumado en la localidad tucumana de Trancas como un "terrible mensaje de aquellos que sienten afectados sus intereses". "Ellos avanzaron destruyendo y sometiendo a las comunidades, hoy ese proceso comienza a revertirse. Creo que lo que han tratado de hacer es amedrentar y paralizar un proceso de organización que se están dando los pueblos originarios, además de poner en duda la posibilidad de avanzar en la aplicación de la ley", expresó Fernández. También adelantó que desde Nación se como querellante en el crimen de Chocobar y sostuvo que dos de los imputados son ex policías que calificó como "mano de obra desocupada con raigambre en el Operativo Independencia" de la última dictadura militar. "Hubo una detención rápida, la preocupación es que el proceso llegue a fondo y se castigue realmente", declaró.

El crimen de Chocobar se registra en un contexto de una fuerte avanzada mediática donde se pone en foco el "crecimiento de la preocupación" de los terratenientes ante las "usurpaciones de campos". Diarios, empresarios y funcionarios provinciales cuestionan si el pueblo mapuche es un pueblo indígena "argentino". El director de Tierras de Río Negro sugirió en declaraciones a la prensa que la Legislatura podría debatir "el origen de cada uno de los pueblos". En otras regiones como Tucumán, el cuestionamiento es distinto: los terratenientes afirman socarronamente "si andan en jean y zapatillas, cómo pueden ser indios estos".

Sobre la avanzada de los terratenientes, el funcionario expresó que hay una "disputa de poder, ellos creían que los pueblos originarios estaban aniquilados". Por su parte, autoridades y miembros de los pueblos Diaguita y Lule de Tucumán evaluaron en un comunicado que la escalada de la violencia "hoy se pone en evidencia porque decidimos salir de la invisibilidad a la estuvimos sometidos haciendo ejercicio de los derechos que nos amparan".

En cuanto a la situación en Neuquén, el presidente del INAI precisó que hay "reacciones muy duras" de sectores ligados a la Sociedad Rural, con la presencia del hermano del gobernador Jorge Sapag, y confió que la ministra Alicia Kirchner se comunicó con el mandatario provincial para plantearle la preocupación del Gobierno nacional "porque esa presencia avala este tipo de afirmaciones que los que vivimos la dictadura sabemos que así se empieza a preparar el camino".

La no aplicación de la ley 26.160 cuenta además con la complicidad del poder judicial. Según el presidente del INAI algunos jueces interpretan que la norma está fuera del Código Civil, creado en 1869, pero destacó que la cláusula "es operativa, tiene vigencia y está ratificada por pactos internacionales". Planteó en ese sentido que hace falta un "un esfuerzo de conjunto para que este entendimiento sea aceptado por todos los jueces".