El pasado miércoles, en el marco de la Jornada Nacional de Repudio de la creciente criminalización de la protesta, y para exigir la libertad y anulación de las causas judiciales de más de 5.000 luchadores populares, se realizó la movilización unitaria por el desprocesamiento de Eduardo Delmonte, de la Corriente Clasista y Combativa de Rosario, Carlos Ghioldi, referente sindical mercantil de la Cooperativa de Trabajadores en Lucha (ex Hipermercado Tigre), y los dirigentes de ATILRA Rosario procesados en el marco de la causa abierta por los hechos del 3 de diciembre de 2008. Recordamos que los procesamientos fueron dictados por la magistrada María Luisa Pérez Vara, del Juzgado de Instrucción Nº 5.
Desde La Toma marcharon hacia la Plaza 25 de Mayo, pasando, durante el recorrido, ante la sede del Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, para reclamar el cierre de las causas penales abiertas por el Rector Darío Maiorana contra estudiantes que reclamaban por la caída de techos en la Facultad de Psicología.
Según señaló Edgardo Barbero, ex - Secretario General de ATILRA Rosario, “buscan deslegitimar a varios referentes sociales que han estado siempre en la lucha” , mientras que Carlos Ghioldi, de la Toma, uno de los procesados por la magistrada rosarina, manifestó que “nos han acusado, nos han echado una causa, acusándonos de homicidio en riña, tenencia de arma de guerra y lesiones graves en base a los violentos sucesos que, en diciembre de 2008, impulsaron y generaron las patronales de la industria del sector lechero con el accionar cómplice de las fuerzas policiales que generaron un enfrentamiento terrible que costó la vida de un trabajador, que nosotros lo repudiamos enormemente. Los responsables de esos hechos tan terribles son los dueños de las empresas del sector lechero que hicieron muy buenos negocios reduciendo, reconvirtiendo y rebajando salarios a todo el personal del sector”. Y agregó que “se intenta amedrentarnos, se intenta castigarnos al compañero Delmonte y a mí por haber asistido solidariamente”; “es decir, tratar de escarmentar a un grupo de trabajadores que defendían sus derechos laborales y por el otro lado tratar de escarmentar a trabajadores que nos movilizamos solidariamente en causas que no son las nuestras directamente pero que como clase nos compete”.
Por otro lado, Estela Gauna, de la Corriente Clasista y Combativa de Rosario, sostuvo que “hoy estamos repudiando las causas injustas de los compañeros y luchadores sociales que simplemente fueron a dar una solidaridad ese día y que son procesados injustamente por la jueza. Pero a su vez repudiando que se judicialice la protesta social, porque el compañero Eduardo está procesado no solamente por la causa de ATILRA sino por salir a denunciar el hambre y la desocupación que hay en la ciudad de Rosario. Y también con todos los compañeros que están a nivel país que vienen luchando por todas las reivindicaciones que tenemos todos los que salimos a luchar en la calle porque no queremos seguir viviendo en esta situación”.
Los dirigentes sindicales recordaron que se desató una verdadera cacería de militantes gremiales tras los hechos de diciembre de 2008. El primero fue Rubén Dellapitima, "El Pata", último Tesorero de ATILRA Rosario, a quien la empresa Milkaut le impidió reingresar a su puesto de trabajo y debió jubilarse por incapacidad para sobrevivir con una magra jubilación, según señalaron.
Con respecto a lo sucedido en SanCor y en su concesionario Marchisio, afirmaron que fueron despedidos cinco referentes gremiales de la sucursal Rosario de la empresa lechera y luego una similar cantidad en la concesionaria. Sin embargo, ello no logró quebrar a los trabajadores y decidió cerrar definitivamente la sucursal rosarina para trasladar compulsivamente a la mayoría de los trabajadores a la ciudad de Gálvez, mientras que una decena de compañeros; entre ellos, los integrantes del último cuerpo de delegados, no fueron reubicados.
En la empresa San Ignacio, recordaron, se despidió a Miguel Zanier, ex - integrante del Secretariado de ATILRA Rosario y luego cerró su sucursal de ventas en Rosario, despidiendo a cinco trabajadores; en Cotar, ubicada en la localidad de Totoras, la fábrica de quesos fue rematada y el cierre definitivo obligó a la reubicación de sus más de 30 trabajadores en su planta rosarina, con una absoluta pérdida de derechos. Con respecto a esta última empresa, más de 60 trabajadores optaron por el retiro voluntario y quienes todavía permanecen trabajando, sólo perciben una parte de los sueldos en forma fraccionada.
También mencionaron el caso del delegado Raúl Schone, de La Serenísima, a quien todavía no le permiten reingresar pese a los fallos favorables en primera y en segunda instancia de la Justicia del Trabajo.
Según afirmó Gustavo Terés, Secretario General de la CTA Regional Rosario, esta situación genera "mucha preocupación" y explicó que “es necesario avanzar en un proceso jurídico y político que tienda al desprocesamiento de los más de 5.000 luchadores que hay procesados" Todos ellos, aseguró, "son todos luchadores que tienen muy poco o casi nada y que han tenido que pelear contra aquellos que tienen mucho y lo quieren todo" mientra que "vemos luchas campesinas, obreras, la defensa de la fuente de trabajo, la pelea por el pago del salario, todas luchas totalmente justificadas. Y viene esto: militantes y dirigentes procesados" Por otra parte, señaló que lo preocupante es la "tendencia de los gobiernos provinciales, nacionales, y también locales, de profundizar estos procesamientos"; más aún, cuando "funcionarios recién electos que hablan de que hay que abandonar las calles, que hay que estar en las plazas y no en las calles, que siguen procesando a los dirigentes que han realizado alguna actividad de esta más la actuación represiva de parte de los grupos de poder contra los que luchan". Sostuvo que "hay que generar una iniciativa que desprocese a estos 5.000 y a la vez, hay que generar una iniciativa para proteger al movimiento popular e interpelar a los grupos de poder y al Estado para que terminen con este tipo de políticas represivas”.
Concluyeron, destacando la cobertura de la movilización por parte de los medios alternativos, lo cual contrasta con la alta exposición mediática del anuncio de los procesamientos. Ello se debió a que sectores ligados a la Jueza Pérez Vara buscan evitar nuevos cuestionamientos públicos que se sumen a los de su polémico accionar en la causa de los "homicidios de Barrio Parque"
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