Foto: Barricada TV
CON LAS BANDERAS DE DARÍO Y MAXI, CONTRA EL AJUSTE Y LA REPRESION DE MACRI Y LOS GOBERNADORES
¡ DARIO Y MAXI VIVEN EN LA LUCHA DEL PUEBLO !
CATORCE AÑOS DE IMPUNIDAD Y ENCUBRIMIENTO
EL ESTADO ES RESPONSABLE
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA MASACRE DE AVELLANEDA: EDUARDO DUHALDE - ANÍBAL FERNÁNDEZ - FELIPE SOLÁ - JUAN JOSÉ ÁLVAREZ - ALFREDO ATANASOFF - LUIS GENOUD - JORGE MATZKIN - OSCAR RODRÍGUEZ.
A 14 años de los asesinatos de Darío y Maxi, aquel 26 de junio del 2002, volvemos a este puente emblemático para reclamar justicia por los compañeros caídos y a rechazar las políticas de hambre y represión del gobierno nacional de Mauricio Macri y de los gobernadores provinciales.
Hace 14 años, el gobierno de Eduardo Duhalde intentó quebrar a sangre y fuego al movimiento piquetero que enfrentaba el hambre y la desocupación. Confiado en el respaldo de los grupos económicos y de poder que cargaron sobre las espaldas del pueblo la crisis capitalista de 2001, Duhalde arremetió contra las organizaciones populares que salíamos a la calle nuevamente por pan y trabajo. Su objetivo era el disciplinamiento social de los trabajadores y el pueblo.
La Masacre de Avellaneda que ordenó su gobierno, decidida por toda la cúpula del poder político de aquel momento, fue ejecutada por un operativo conjunto de las policías Federal y Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y los servicios de Inteligencia. No sólo costó las vidas de Darío y Maxi: ese día hubo más de cuarenta compañeros heridos con balas de plomo y centenares de detenidos en las comisarías aledañas, en las cuales una gran cantidad de compañeros y compañeras fueron torturadas y golpeadas.
Los grandes medios de comunicación comenzaron a difundir inmediatamente la versión de un supuesto enfrentamiento entre piqueteros, pero la movilización popular y al coraje de muchos trabajadores y trabajadoras de prensa desbarataron el relato oficial.
A partir del día siguiente, miles ganamos las calles para reclamar juicio y castigo a los responsables. Gracias a eso, las vidas de Darío Santillán y Maxi Kosteki trascendieron, sus ejemplos se multiplicaron y hoy nos encontramos como todos los años reivindicando su lucha.
Logramos las condenas ejemplares del comisario Alfredo Fanchiotti y del cabo Alejandro Acosta por los homicidios de Darío y Maxi, pero lo cierto es que los responsables políticos de aquella represión criminal siguen impunes.
Doce de los catorce años que transcurrieron desde la masacre de Puente Pueyrredón transcurrieron bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que llegaron al poder de la mano de Duhalde y acogieron a muchos de sus funcionarios, como Aníbal Fernández, Carlos Soria y Juan José Álvarez, entre otros.
Apenas asumió, Néstor Kirchner ofreció crear una comisión investigadora, pero sólo bajo la condición de que las organizaciones abandonáramos la lucha y renunciáramos a nuestra independencia. Trató de avanzar con la cooptación y la mentira, pero los familiares de Darío y Maxi y las organizaciones que hoy regresamos a este Puente Pueyrredón, rechazamos sus maniobras, denunciamos la impunidad y el encubrimiento de los gobiernos a lo largo de estos años y continuamos exigiendo una investigación independiente y sin condiciones.
Querían que abandonáramos las calles y nunca lo hicimos. Seguimos luchando y movilizados contra la represión y el hambre ayer, hoy y siempre.
Catorce años transcurrieron desde la masacre de Puente Pueyrredón y los responsables de las provocaciones contra el movimiento piquetero; los que tomaron las decisiones e impartieron las ordenes aquel 26; los que dieron carta blanca a las fuerzas represivas para matar a manifestantes desarmados; los que escribieron el libreto para justificar la masacre; esos responsables continúan impunes hasta el día de hoy.
La masacre de Avellaneda fue una decisión de Estado, avalada por todos los centros políticos y mediáticos de la clase capitalista. Al día de hoy, logramos que se desarchivara la causa judicial que debería investigar las responsabilidades políticas de la masacre y que fueran citados a declarar funcionarios del Municipio de Avellaneda, luego de años de tener la causa en un cajón en el juzgado de Ariel Lijo. Pasaron cuatro fiscales pero jamás avanzó un centímetro. Muchas de las medidas de prueba que presentamos -como cruces de llamadas telefónicas entre los involucrados y el detalle de la cadena de mandos de las fuerzas represivas que intervinieron- no fueron respondidas. Hoy seguimos exigiendo celeridad y que la justicia avance en la causa e investigue a fondo la represión y asesinato a nuestros compañeros.
Exigimos juicio y castigo.
A Eduardo Duhalde, el principal responsable de la represión.
A Aníbal Fernández, provocador todo terreno contra el movimiento piquetero y los luchadores durante los gobiernos de Duhalde, Néstor y Cristina.
A Jorge Matzkin, ministro del Interior del gobierno de Duhalde.
A Juan José Álvarez, ex secretario de Seguridad Interior de la Nación, refugiado en el partido de Sergio Massa.
A Alfredo Atanasof, otro devoto kirchnerista que fue jefe de gabinete de Duhalde y vocero de las provocaciones de aquel gobierno durante los días previos a la Masacre de Avellaneda.
Al ex gobernador Felipe Solá y al ex ministro de Justicia de la Nación, Jorge Vanossi que también integran el Frente Renovador de Sergio Massa.
A Luis Genoud, ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, actualmente miembro de la Corte Suprema de Justicia Bonaerense.
Carlos Soria, el ex jefe de la SIDE, que jugó un papel clave en la represión asesina, murió impune a manos de su esposa poco después de ganar la gobernación de la provincia de Rio Negro por el Frente para la Victoria. Todos ellos siguen formando parte del establishment político como funcionarios u operadores políticos y de esa manera han garantizado su impunidad.
Hoy volvemos a este Puente para reclamar juicio y castigo a los responsables de planificar y organizar desde el Estado los asesinatos de Darío y Maxi y también para denunciar los atropellos contra los trabajadores ocupados y desocupados, contra los jubilados, contra la juventud y las mujeres por parte del gobierno de Macri. Denunciamos el brutal ajuste que el gobierno nacional y los gobernadores descargan sobre el pueblo.
Rechazamos el tarifazo sobre los servicios y el transporte, los despidos, la precarización laboral y la inflación que carcome los ingresos de la familia trabajadora.
En seis meses, los ajustadores crearon un millón y medio de nuevos pobres imponiendo un retroceso sin atenuantes del poder adquisitivo de los salarios; a los más de 150 mil despidos en el Estado y en las empresas, se suman cada día nuevas suspensiones y vacaciones forzadas. En los barrios, recrudece el hambre.
La llamada “ley ómnibus”, lejos de compensar el retroceso de las jubilaciones como pretende vender el gobierno, constituye un chantaje contra los jubilados, porque se verán obligados a renunciar a sus demandas para mejorar en algo sus míseros ingresos.
Además, como en un Caballo de Troya, esto va unido a un perdón generalizado a favor de los grandes evasores y lavadores de dinero. Mientras el pueblo sufre los rigores del ajuste, los José López y Lázaro Báez del macrismo y del kirchnerismo y sus cómplices empresarios blanquearán su dinero mal habido. Las trampas descubiertas en los Panamá Papers no son la excepción sino la regla.
Frente a tanta impunidad, nos rebelamos ante la criminalización de la protesta y el reforzamiento del aparato represivo del Estado.
Denunciamos el protocolo represivo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que tiene entre cejas la lucha del pueblo trabajador. En la Ciudad de Buenos Aires, el traspaso de la Policía Federal y el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que avala las detenciones arbitrarias de la policía, forman parte de una ofensiva contra las movilizaciones populares callejeras en el centro político del país.
Denunciamos la vigencia de las llamadas leyes antiterroristas, la colaboración con el FBI y la DEA y los preparativos para hacer intervenir al Ejército en la represión interior -iniciados con el ascenso del genocida César Milani durante el gobierno de Cristina Fernández- que incluye la instalación de bases militares imperialistas en territorio argentino. El decreto de Macri, que amplía el autogobierno de las Fuerzas Armadas y sus promesas de mayor presupuesto y equipamiento, son expresivas de esta nueva alianza política que busca sellar el gobierno. La reciente absolución de los genocidas de Capilla del Rosario, condenados por el fusilamiento sumario de militantes populares durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, es una señal de la justicia para avalar la represión interna a manos de las Fuerzas Armadas.
Denunciamos la represión policial y judicial contra los trabajadores y trabajadoras de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Mendoza, Jujuy, Santiago del Estero, Salta; la represión contra los y las municipales en La Plata y el desalojo de los cortes de ruta de los obreros de Cresta Roja y Mascardi, que luchan contra los despidos y en defensa de sus salarios; a los trabajadores de RB, que en San Isidro son reprimidos por defender sus fuentes de trabajo, ante una patronal especulativa que los dejó en la calle y una justicia que la avala. El fallo de la Corte Suprema contra el derecho a huelga apunta a reforzar a la burocracia sindical criminal de los Gerardo Martínez y los José Pedraza contra las organizaciones combativas de base; especialmente, contra los trabajadores precarizados y tercerizados.
El reforzamiento represivo, incluida la militarización en los barrios a lo largo y ancho del país, tiene su correlato en el sistemático incremento del delito organizado, de las zonas liberadas, de las mafias del narcotráfico y de las redes de trata. Las fuerzas represivas son el eslabón más importante de una estructura criminal al interior del Estado que enlaza a funcionarios, punteros, bancos, jueces y fiscales.
Desde este Puente histórico decimos:
