La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, diciembre 15 de 2015
Permítannos iniciar estas palabras recordando las siguientes reflexiones de Gabo en la aceptación del premio Nobel en 1982: “La violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia, son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento… Frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte…”
Hemos venido pletóricos de satisfacción a comunicar a Colombia y al mundo la buena nueva del cierre definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y del Acuerdo Parcial sobre VÍCTIMAS, cuyas potencias dinamizadoras-si no se atraviesan en el camino obstrucciones adversas al sentido común-, podrán acercarnos al propósito superior de nuestra reconciliación
Pero no podemos olvidar que el origen del conflicto es anterior a la fecha de creación de las FARC. Nuestra fundación es una consecuencia de la violencia del bloque de poder dominante y de fenómenos de desigualdad social que terminaron engendrando y haciendo evidente la necesidad de acudir al Derecho de rebelión.
El trabajo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas puso en evidencia la inobjetable responsabilidad del Estado por los más de setenta años de conflicto interno. Sus conclusiones han ido preparando el entendimiento de que la responsabilidad de lo acontecido desde el punto de vista de las conductas antijurídicas individuales o colectivas de los diversos actores, podían y debían evidenciarse más allá del señalamiento de una sola de las partes del conflicto como exclusivo victimario.
No de otra manera podíamos hablar de la responsabilidad colectiva que a todas las partes vinculadas al conflicto concierne, ni podría entender la sociedad nacional y mundial que la primera obligación de todos es la recuperación y, en ocasiones, la fabricación misma de un tejido social fuerte y duradero, sobre el cual se formule el compromiso, también colectivo del “nunca más”.
Todo lo anterior fue indicando que la justicia restaurativa era la mejor fórmula de alcanzar la recuperación de la moral social, de depurar las costumbres políticas y sembrar la posibilidad de un bienestar general. No nos interesa aplaudir la entrada a la cárcel de nuestros adversarios de la prolongada guerra. No nos vamos a solazar viendo la puesta tras la rejas de un oficial del ejército o de la policía, o de un alto funcionario del Estado, o de un de un financiador de la violencia surgido de la empresa privada. Preferimos trabajar con ellos a partir de acuerdos de convivencia, reconstruyendo sociedad y patria en Territorios Especiales de Paz en los que el compromiso sea con la Colombia del futuro, sin olvidar el pasado para no regresar a él jamás, con la intención de satisfacer los derechos de las víctimas y las comunidades afectadas en general.
Explorando el dilatado territorio de lo que han sido los acuerdos de paz en el mundo, encontramos que el actual proceso que se adelanta en La Habana es el único en el que se ha acordado un Sistema Integral que reúne y relaciona todos los elementos que el derecho Internacional señala como derechos inalienables de las víctimas: el derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y a la No repetición.
La finalidad del mencionado sistema es hacer efectivos los derechos de las víctimas del conflicto político, social y armado que hemos vivido, porque, además de combatir la impunidad, ofrece la máxima Justicia que sea posible para concluir definitivamente una larga confrontación armada.
Frente a la evidencia de la crisis del monopolio innato del Estado colombiano, en tanto sujeto del ius puniendi o facultad sancionadora, fue necesario entonces impulsar un mecanismo jurisdiccional autónomo que pudiera satisfacer los compromisos adquiridos por Colombia en materia de derecho penal internacional para establecer responsabilidades de combatientes y no combatientes y de los múltiples agentes del Estado, vinculados directa o indirectamente al conflicto interno.
El acuerdo alcanzado sitúa el Derecho a la verdad en el vértice superior del Sistema diseñado, y establece herramientas eficaces para establecer la Verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto. Sin Verdad no hay reconciliación posible. La Verdad debe marcar el único camino para reconstruir la sociedad colombiana tras años de enfrentamiento fratricida, un camino trazado sobre un modelo de justicia restaurativa y con la plena garantía de todos los derechos humanos a través de la consecución y consolidación de la Paz. La Paz es el Derecho Síntesis de todos los derechos humanos y sin Paz esos derechos no pueden ser disfrutados más que por las minorías privilegiadas.
Durante las discusiones del punto 5º de la agenda, las FARC - EP hicieron suyas y pusieron sobre la mesa de conversaciones las reivindicaciones de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, intentando así corregir las deficiencias habidas en una discusión que no ha sabido dar un papel activo y protagónico a las víctimas del conflicto y a los defensores de los DD. HH., limitando su participación a la organización de unos encuentros en Colombia en los que no existía posibilidad de interlocutar con las partes en la Mesa de Conversaciones.
Respecto al acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, durante los meses en que este se construyó en la Comisión Jurídica, expusimos a las organizaciones sociales, de defensores de derechos humanos, de víctimas, de campesinos, a organizaciones políticas y a líderes de opinión y sociales de nuestra patria, los principios y propuestas que creíamos, debían ser incluidos en el texto del acuerdo. Esperamos haber podido explicar correctamente nuestras visiones y criterios para la construcción del modelo de justicia para la paz que requiere Colombia para dejar atrás definitivamente esta larga guerra y sobre todo esperamos haber sabido recoger fielmente los criterios y aportaciones de todos aquellos con quienes hemos consultado incesantemente. Nuestro mayor anhelo es que todos los colectivos que han sufrido el largo conflicto armado, se identifiquen con un acuerdo único en la historia de los procesos de paz y lo consideren también como suyo, puesto que ha sido fruto de sus esfuerzos.
