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Colombia: El desplome uribista (Kaos en la Red)

Si-Paz

horacio-duque

Por Horacio Duque Giraldo

Con pocos dias de recorrido la campaña por el Si a la paz y la vida en el plebiscito del 2 de octubre desbarata la mentira de la ultraderecha uribista.

Con la campaña plebiscitaria caminando, la sociedad colombiana saca a relucir sus mejores reservas políticas y democráticas para rechazar los pregoneros de la guerra y la mentira.

Crece la audiencia del Si a la paz en el plebiscito del 2 de octubre.

Uribe Vélez y su camarilla viven el repudio generalizado de los colombianos. De la multitud entusiasmada con la reconciliación.

Coincido con la regla de oro del debate respetuoso y tolerante hacia el adversario, reconociendo su derecho a discrepar y a sustentar sus tesis y postulados.

El plebiscito convocado para refrendar el Acuerdo de Paz es uno de esos momentos en que tal conducta debe primar, por encima del señalamiento, la descalificación o el estigma.

Los del Si tenemos nuestros argumentos y reflexiones para pedir el apoyo ciudadano a los consensos alcanzados en la Mesa de Diálogo de La Habana, que sobresalen por su fuerza ética y coherencia política, por su lógica y coincidencia con la realidad.

Los del No, cuando se trata de personas de buena fe, influidas por la desinformación o la mentira, los asumo en la diferencia y natural diversidad que acompaña la percepción e interpretación del proceso de la paz.

Sin embargo, encuentro absurda y disparatada la campaña adelantada por la ultraderecha que encarna el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y su núcleo más cercano.

Por más que el caudillo paisa se ufane de usar argumentos y razonamientos coherentes para demeritar los consensos de paz, las mentiras y la manipulación deliberada se pone de manifiesto a cada paso. Es un campeón del engaño y la falacia. Su deshonestidad brota por doquier. Es así con la cuestión agraria, para desconocer el sentido de justicia de lo pactado. O con el tópico de justicia cargada de verdad, rigor y audacia como instrumento contra la impunidad y la corrupción. Y con el tema de los derechos políticos, sociales y económicos consagrados para los combatientes revolucionarios comprometidos con la acción política sin armas en los escenarios proyectados para el denominado post conflicto.

Colombia: ¡ Y ahora la paz !

Paz en Col

horacio-duque

Por Horacio Duque Giraldo

Despues de la firma del Acuerdo de paz, viene su construccion con derechos y conquistas para el pueblo colombiano

Firmado el acuerdo de paz ahora lo que viene es su construcción.

La paz proyecta un escenario de luchas y accion ciudadanoa para hacer efectivos los derechos conquistados.

Trascendental X Conferencia de las FARC

No fue inútil el trabajo perseverante de los delegados plenipotenciarios del gobierno y de las Farc en la Mesa de diálogos de La Habana, desde el segundo semestre del año 2012, recogiendo un acumulado previo, construido silenciosamente en distintos escenarios para preparar el Acuerdo especial que sirvió de plataforma a las rondas de negociación para terminar el conflicto social y armado.

El resultado es un complejo y detallado documento que contiene el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (http://bit.ly/2c4Sqlj).

Texto que se tilda de mamotreto farragoso, incomprensible, confuso y de difícil acceso para millones de seres humanos, convocados para el próximo 2 de octubre a un plebiscito en el que debe darse un pronunciamiento que lo legitime.

Consideración demagógica que parece tener el asentimiento de muchos, pero que en realidad es bastante deleznable si se atiende a la experiencia humana respecto de tales procedimientos.

Pretender que un fenómeno, tan complejo y prolongado, como la guerra civil que nos ha carcomido a lo largo de más de medio siglo, se despache en un acuerdo de dos páginas es una tontería descomunal.

En la sociedad todo lo complejo y denso es así. Lo es la vida religiosa recogida en gigantescos textos bíblicos, de miles de páginas. Lo es la acción penal organizada en extensos códigos sustantivos y de procedimiento. Lo es la organización del Estado condensada en amplias cartas con normas superiores y genéricas.

Hay que ver los ladrillos en que se han convertido los planes nacionales de desarrollo, los departamentales y municipales. Los Planes de Ordenamiento Territorial. Y, aun así, cumplen su tarea.

El Acuerdo alcanzado por las partes en Cuba será la carta de navegación de la sociedad en los próximos años, pienso yo hasta el 2055. Sera necesario convertirlo en un documento obligado de consulta  permanente para entender el sentido de los hechos políticos que vendrán.

Ahora, en gran medida, tenemos la paz por la entrada en vigencia del cese bilateral al fuego y de hostilidades estable y permanente. Pero sigue su construcción paciente en un contexto de mucho conflicto social porque lo pactado será la programática sustantiva de la demanda popular.

Si la Agenda de los Diálogos de la Paz iba al corazón mismo del origen y permanencia del conflicto armado, lo coherente es saltar, en lo consensuado, del papel a los hechos, en todos los campos: en el agrario, en el de la apertura democrática, en el de justicia, en el de las víctimas, en el de las garantías políticas para las FARC así como en su representación pública, en el de los cultivos de uso ilícito, en el de la implementación, en el de la verificación, en la erradicación eficaz del paramilitarismo y en el de la amnistía e indulto a cientos de presos políticos aun en las penitenciarías gubernamentales.

Será preciso vencer muchas resistencias y superar la arraigada inconsistencia de las elites, inclinadas a desconocer y distorsionar los compromisos establecidos. Toca ir paso a paso. Toca darle forma a las instituciones creadas para el efecto.

Colombia: Con la firma de los acuerdos avanzamos, y ¡ vamos por más !

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Por Congreso de los Pueblos de Colombia

Se hizo público al país el anuncio de la Firma del Acuerdo Final del proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC - EP), un hecho sin duda histórico, que es visto por las organizaciones sociales y políticas como una oportunidad para poner a jugar sus propias apuestas de paz.

Este es un momento de país que nos permitirá, a través de la participación y la movilización, seguir sumando aliados y mejorando la correlación de fuerzas en el propósito de construcción de la paz que soñamos todos y todas. Por eso valoramos los esfuerzos de las partes, donde por medio del diálogo y las diferentes miradas llegaron a unos acuerdos y sentaron las bases para la construcción de una paz estable y duradera.

Este proceso no es el fin de la guerra, ni el fin del conflicto armado, social y político en el país. Es un paso importante, tal vez el más importante en estos 60 años de confrontación, y no sólo necesita ser verificado e implementado, sino también completado y profundizado.

Por eso, como han afirmado diferentes sectores, los retos que se vienen son inmensos. Por un lado tenemos la aprobación del plebiscito convocado para el día 2 de octubre del 2016, a través del cual se aprobarán estos acuerdos. El Congreso de los Pueblos ratifica su compromiso con este propósito. La campaña por el SI, debe ser creativa, llegar a todas las personas dudosas, escépticas, indiferentes o reacias. Estos no son los acuerdos perfectos, pero avanzamos si se aprueban.

Por otro lado tenemos el proceso de implementación. Allí la tarea es muy delicada, pues el reto es llevar los acuerdos a los territorios, sin que esto genere mayores conflictos o disputas territoriales. Para esto será fundamental contar con la participación activa, decisoria y vinculante de las comunidades, es decir con su voluntad a través de la consulta popular, ya que es en sus territorios en donde se llevará a cabo la aplicación de estos acuerdos. El compromiso del Gobierno Nacional con el cumplimiento de los acuerdos, y la generación de seguridad, garantías y posibilidades reales para hacer la política sin armas, van a determinar la estabilidad real de este proceso, y su posibilidad de futuro.

Colombia: Plebiscito y demodiversidad (Kaos en la Red)

demodiversidad

horacio-duque

Por Horacio Duque Giraldo

Humberto de La Calle, delegado del gobierno en los Diálogos de Paz de La Habana, abre un interesante debate sobre la democracia ampliada que propicia la apertura democrática.

La demodiversidad, como expresion de una democracia no institucional, es un referente que enriquece el proceso plebiscitario y la democracia ampliada que propicia la apertura democrática del proceso de paz que se adelanta entre el Estado colombiano y las FARC.

Las tesis de Humberto de La Calle, planteadas recientemente, son un trascendental aporte en el debate civilizado sobre los desafios que las conversaciones de paz le plantean a la sociedad respecto de la construccion de un nuevo regimen de libertades y derechos civiles.

Bienvenidas sus interesantes y sustentados análisis, poco frecuentes en el ambito de la elite dirigente nacional. Las acogemos con todo el respeto y las valoramos con el rigor correspondiente.

El proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC ha suscitado una importante reflexión sobre la democracia colombiana y sus nuevos escenarios.

Humberto De La Calle, delegado del gobierno para los diálogos, ha planteado en reciente artículo del portal "La Silla Vacía" (http://bit.ly/2amyFnx), un conjunto de consideraciones al respecto, sustentadas en la premisa que insinúa un vaciamiento de contenido de la democracia colombiana, que bien puede caracterizar ese sistema político en el momento; valoración acentuada a partir de los Diálogos de La Habana para poner fin al conflicto con las FARC.

Los problemas estructurales de la idea liberal

Agrega que primero están los problemas estructurales de la idea liberal.

Indica que las troneras son varias: la idea de la igualdad ha sido reemplazada por la visión postmodernista de lo específico. Y dice, en esencia, es la noción misma de ciudadanía la que está en quiebra.

Sostiene que ahora tenemos una democracia que juega en diversos tableros. La irrupción de los movimientos sociales es una realidad que desborda los conceptos originarios (http://bit.ly/2amyFnx).

La segunda tronera viene de un examen microscópico del poder: influencia de los grandes capitales, financiación de la política, dañado y punible ayuntamiento entre el Ejecutivo y los flamantes “representantes del pueblo”. Es decir, democracia aparente como mascarón de proa de un sustrato plutocrático.

La tercera tronera viene de la ética: corrupción, beneficio personal, finlandización de las decisiones por interés inconfesable.

Y concretando, hace este diagnóstico sobre el caso específico nacional: en realidad, pese a la multifacética apelación a la democracia participativa en la Constitución del ' 91, la práctica ha sido bien distinta. Lo que sí ha ocurrido, es un crecimiento inorgánico de mecanismos informales de participación ciudadana, arropados bajo el manto de la insatisfacción (http://bit.ly/2amyFnx).

Dignidades campesinas, paros caminoneros, la desvelada voz étnica, el clamor por la apropiación de la identidad sexual, en fin, manifestaciones superpuestas y fragmentarias cuyo denominador común es la protesta y la antipolítica.

El riesgo no es la protesta, agrega. El riesgo son las limitaciones de la protesta. La incapacidad de encauzar acciones y metas mediante procedimientos eficaces. La protesta no como medio, sino como fin.

Y en el territorio de la democracia participativa, surge una cuarta tronera de reciente cuño: Democracia no es tanto método para decidir por mayoría, sino instrumento para proteger las minorías. Los derechos pesan más que la estadística.

¿Qué sigue?, se pregunta De La Calle.

Primero hay que refinar el diagnóstico sobre el sitio preciso en que nos encontramos. Una especie de GPS que señale si estamos en el ocaso de la democracia liberal, o en el amanecer de una nueva gobernanza postmodernista. O también, aunque suene difícil, si las sombras son pasajeras y hay un nuevo futuro para la democracia representativa (http://bit.ly/2amyFnx).

En Colombia hay un mosaico de acciones centrífugas, precisa.

Una “clase política” miope prefiere seguir en el banquete sin pensar en las consecuencias

Segmentos bien intencionados, en cambio, trabajan en las refacciones del edificio, con la creencia de que la estructura está sana: normas sobre partidos políticos, financiación de campañas, sistema electoral, ampliación y refinamiento de la representación.

Otros buscan por el lado de los movimientos sociales. Una pista alternativa como suele ocurrir en ciertos festivales del arte pictórico: un salón de rechazados. No digamos que un circo de dos pistas para no caer en la ácida diatriba.

No pocos juegan el juego ciego de la insatisfacción que se nutre a sí misma, plantea.

Y la mayor porción de nuestros ya casi cincuenta millones de habitantes, bastante desentendidos, embargados en la lucha por el condumio, la faltriquera, léase la simple supervivencia.

La disyuntiva no se resolverá súbitamente. No se ve algo que ocurra de la noche a la mañana.

Pero lo que sí es cierto es que el armazón representativo que hoy tenemos está mostrando grietas, sostiene HDLC.

Las ideas de La mesa de La Habana

De la Mesa de La Habana surgen ideas, por ahora acaballadas en los dos escenarios: mejoramiento del funcionamiento representativo pero a la vez revisión de sus linderos a fin de buscar una arquitectura más incluyente.

Antes de un diagnóstico final, que quizás se demore, lo que sigue en el inmediato futuro es escoger entre la nostalgia del autoritarismo o la acción cuidadosa y transicional buscando conducir las aguas de los conflictos sin desbordamientos cataclísmicos.

Lo que sí es cierto es que terminado el conflicto interno militar, el conflicto social perdurará. El reto es no matar el tigre y asustarse con el cuero. Ante el fragor social, lo peor sería dar marcha atrás y llamar a somatén para reiniciar la guerra.

Ese será el momento de la serenidad, de la mente abierta para asimilar el conflicto y para impulsar el cambio. No será el momento del retroceso, se plantea.

Una visión sin arrogancia, sin temor del “ensayo y error”, distribuyendo el ojo y el oído de la autoridad en un escenario genuinamente plural para ir construyendo con paciencia de abeja obrera un nuevo tejido que permita una gobernanza sostenible, recomienda.

No se puede menos que coincidir con estas sugerentes cavilaciones del representante del gobierno del presidente Santos en las conversaciones para poner fin a la guerra.

Ampliar el ejercicio reflexivo sobre una nueva democracia

Sin embargo, el reto consiste en profundizar el ejercicio de pensar los términos de lo que la apertura política en curso ha propuesto como democracia ampliada y lo que puede significar el Plebiscito por la paz.

"El denso y fecundo comienzo de un nuevo ciclo político, deja en evidencia, una vez más, los síntomas del agotamiento del modo de producción de conocimiento vigente y todavía dominante en nuestra sociedad", afirma Capece Woronowicz (http://bit.ly/2asalSu). Más específicamente, consideramos que la peculiar cartografía (cartas geográficas) social, gestada durante al menos las dos últimas décadas, escenario de una renovada conflictividad y vitalidad social, vuelve a colocarnos frente a la necesidad y la posibilidad de una transformación epistemológica de las Ciencias Políticas. Nos plantea la autora: "Ubicamos estas líneas reflexivas", al hilo de Capece Woronowicz, "en el marco de un contexto crítico y transicional de la producción de conocimiento en Colombia que demanda un pensamiento capaz de elaborar la incertidumbre y de comprender la organización transformativa de los pueblos. Ya difundida y generalizada cierta conciencia preliminar sobre la indispensable necesidad de reformulación conceptual, analítica, y epistemológica, ahora se impone un esfuerzo de extraordinaria imaginación que nos permita captar la esencia de la doble dinámica de lo social, expresada en una rica y múltiple imbricación de fases y procesos que se orientan tanto a la recomposición como a la descomposición de lo social, en el análisis de Svampa" (http://bit.ly/2ajHUGY).

Experimentando el tipo de realidad social radicales transformaciones y alterándose de modo también sustancial el tipo de participación que el individuo tiene en la producción de esa realidad, es de esperar también que la capacidad de creación de conocimiento se desarrolle mucho más allá de los límites conocidos.

Esta reflexión sobre el plebiscito en su relación con la demodiversidad pretende participar y nutrir el actual debate sobre la ampliación de la democracia.

Los campos problemáticos que durante los años noventa y primera década del siglo XXI, dominaron el análisis de la democracia en Colombia han sido relegados por nuevas preocupaciones teóricas y políticas a raíz del proceso de paz, como las tratadas por De La Calle.

Resulta fundamental analizar y comprender estas transformaciones en toda su magnitud, transformaciones que son gestoras de nuevos mapas políticos (todavía en formación) que prefiguran inciertos panoramas en nuestra nación. En particular, lo que nos interesa destacar es que el derrotero del proceso de construcción democrática propio del ultimo lustro, ha gestado un nuevo piso de debate y esto, quizás, a causa de la intervincularidad de tres procesos sobresalientes: la consolidación fáctica de la democracia electoral; la difusión de una profunda insatisfacción con los resultados de esa democracia electoral y clientelar; y, lo que más nos interesa poner de relieve, la proliferación de experiencias de innovación y profundización democrática que está resignificando la idea misma de democracia como lo hemos podido observar con los paros agrarios, la Minga indígena, campesina y afro y la movilización en curso por el SI en el Plebiscito (http://bit.ly/2asalSu).

Intrínsecamente vinculado con el fenómeno de difusión de crisis políticas significativas montadas sobre un inusitado ciclo de protestas, se da la ampliación del campo de la política cristalizado en la proliferación de experiencias de innovación y profundización democrática basada en principios de generalización del ejercicio de los derechos, apertura de los espacios públicos con capacidades decisorias, participación política de los ciudadanos y reconocimiento e inclusión de las diferencias.

"A partir de los años recientes, diferentes movimientos sociales han desarrollado un nuevo ciclo de protestas que inauguran novedosas formas de acción y deliberación, ligadas a la ampliación del canon democrático. Posiblemente lo más seductor de este ciclo de experiencias de conflicto y crisis sea que no se trata de hechos aislados, sino de factores emergentes que evidencian tiempos de cambio que es necesario sostener", plantea Capece Woronowicz. (http://bit.ly/2asalSu).

Todo orden democrático está definido por su carácter conflictivo, abierto y plural en tanto que la vitalidad de la democracia radica en su capacidad de reinvención permanente. En este sentido, la relevancia de este tipo de análisis actualizados sobre el desarrollo democrático se sostiene en la consideración necesaria sobre la problematicidad del clima social de los años recientes, caracterizado por grandes acciones de masas que han cuestionado el modelo neoliberal, especialmente en su componente agrario.

Es precisamente la protuberancia de este campo de experiencias sociales, síntoma evidente del surgimiento de un nuevo período que marca un momento de inflexión histórica, lo que ha dado lugar a un florecimiento del debate sobre la democracia. En la producción teórico - analítica propia del actual debate asociado a la convocatoria del Plebiscito para refrendar los Pactos finales de Paz, podría afirmarse que las Ciencias Políticas desarrollan dos horizontes diagnósticos respecto del estado de avance de la apertura democrática. Por un lado, puede constatarse la presencia y vigencia de un diagnóstico del derrotero de Colombia a lo largo de los años ' 90 y primera década del siglo XXI, que pretende dar cuenta de un crónico y multidimensional déficit democrático, que la Constitución de 1991 intentó superar, que, de modo consecuente, se materializa en un sobrextendido pesimismo sobre la democracia. Por otro lado, la perspectiva en tensión, delineada desde comienzos del actual proceso de paz, se orienta a realzar cierta tendencia a la revigorización de la política derivada del interés renovado en la reconstrucción del espacio público como ámbito en el que se definen los rumbos y modalidades de la convivencia colectiva. Esta segunda perspectiva signada por cierto optimismo hacia un desarrollo democrático diferente, da cuenta de experiencias novedosas que, en nuestro caso, se expresan manifestando un nuevo compromiso colectivo, de afianzamiento democrático. De hecho, esta segunda perspectiva no confronta explícitamente con la anterior, sino que se puede considerar que el ánimo de ambas coexiste y, en simultaneidad, alimentan un nuevo campo de interpretación sobre el desarrollo democrático en momentos de paz. "Este ánimo se expresa incluso en el espacio de las Ciencias políticas, donde el debate sobre la democracia se amplía, desvinculándose de las contribuciones más economicistas y neoinstitucionalistas reinantes durante la década anterior", considera Capece Woronowicz (http://bit.ly/2asalSu).

Renovar el debate político

Hasta hace muy poco tiempo, la reflexión y el debate políticos habían perdido vitalidad y contenido entre nosotros. En este sentido es que se plantea que requieren ser renovados y promovidos. Los análisis referidos a la democracia existente han ganado espacio, no obstante, la construcción de una cartografía teórico-analítica que habilite nuevas interpretaciones y líneas sustantivas explicativas de lo que sucede fuera del ámbito institucional, como los paros y mingas étnicas, en términos de desarrollo democrático, es un elemento prácticamente ausente. En virtud de este diagnóstico es que asumimos la tarea de desarrollar el concepto de demodiversidad  y a partir de él, dar cuenta de las experiencias que en la región invitan a una reinterpretación de la democracia en términos de construcción colectiva posible.

La lucha por la demodiversidad y la importancia del plebiscito

El nuevo ciclo de movilizaciones sociales y populares vinculadas con el proceso de paz que se adelanta en la Mesa de negociaciones de La Habana tiene como substrato común la lucha por la demodiversidad. (1)

Colombia: Paz y campo politico (Kaos en la Red)

Santos confiesa 2

horacio-duque

Por Horacio Duque

La paz transforma el campo politico colombiano, las relaciones de poder y las visiones de la democracia

El fin del conflicto social y armado y la construcción de la paz transforma el campo político trascendiendo lo puramente institucional.

Las concepciones del poder, la democracia y el conflicto se transforman para propiciar el protagonismo de la multitud y de las masas populares.

La transformación de la guerrilla de las Farc en un movimiento político y social ha suscitado una importante controversia alrededor de lo que sería su presencia en las cámaras legislativas, la introducción de circunscripciones electorales especiales en las regiones de mayor conflictividad y los espacios en las redes y los medios masivos de comunicación.

El debate induce el análisis más amplio sobre la política y el campo político, más allá de lo puramente institucional, en la nueva etapa de construcción de la paz.

Aparecen ahora nuevos elementos para repensar el campo político colombiano desde el ángulo del poder, la política y la democracia.

En la perspectiva de la paz y en  términos conceptuales, priorizamos el concepto de campo político y no así el de sistema, para ampliar la visión de lo político hacia la sociedad civil, hacia las formas de existencia de la política y el poder fuera de los ámbitos institucionales, desde donde devienen maneras complementarias o alternativas de darse lo político como las mingas, cumbres agrarias, asambleas, los cabildos, los sindicatos, las comunidades indígenas, los sindicatos agrarios, donde se generan y recrean prácticas y habitus políticos, que dan cuenta de la coexistencia de diversos modos de ejercicio democrático -de la demodiversidad-.

Igualmente, resaltamos la categoría de conflicto (no post) -campo de conflictividad- como central para la reconstitución del proceso social ya que permite no sólo la constitución y visibilización de los actores estratégicos, sus luchas y discursos, sino también las contradicciones y fracturas sociales, así como la dinámica de la democracia. Así, la categoría de conflicto nos aparta de una visión esencialista del sujeto.

Sin duda, aquellos elementos teórico conceptuales que resultaban útiles para comprender la dinámica política durante las últimas décadas, signada por el ejercicio de la democracia representativa o seudo participativa, la práctica electoral y la gestión partidaria, pierden fuerza en la medida en que surgen nuevos elementos de la realidad que complejizan esta concepción básicamente institucional de la política, y resultan insuficientes para comprender los acontecimientos políticos que marcan el proceso de paz jalonado por los diálogos de La Habana desde el segundo semestre del 2012.

Tanto el acuerdo sobre democracia ampliada, participación política y la movilización civil de las FARC, hace imprescindible ampliar la visión de lo político y del poder a partir del concepto de campo político, y de la ubicación de los espacios de poder en los intersticios de la vida cotidiana de la sociedad trascendiendo el ámbito político - institucional; también incorporar la noción de campo de conflicto como el lugar en que se dirime la disputa por el poder y donde se constituyen los sujetos, y por último, reelaborar las categorías de democracia e institucionalidad en el marco de la historia y de las distintas lecturas e interpretaciones sobre el tema, partiendo de la necesidad de ampliar este concepto.

El campo político

Por tanto, resulta útil, en primer lugar, retomar el concepto de campo político propuesto por Bourdieu (2001) (1) porque esta categoría permite abarcar una dimensión más amplia de la acción, instituciones, sistemas y discursos políticos con que operan los sujetos o actores. El campo político, visto como un campo de fuerzas, revela los principales espacios de conflicto y los actores que se constituyen en torno a la disputa por los capitales o recursos en juego; en definitiva, pone en evidencia la disputa por el poder.

¿El fin del conflicto armado en Colombia? (Kaos en la Red)

Congreso ELN 2

Por Grupo Quimera

Cuando el gobierno dice que va arreciar contra el ELN, es el último día de la guerra.

El pasado 23 de junio se llegó al acuerdo bilateral de cese al fuego entre el gobierno y las FARC, lo que equivale al fin de la confrontación armada, la trascendencia de este acuerdo, es que se llega al fin de lo que por más de medio siglo, ha regido la historia, colombianos de diversas tendencias políticas y económicas se han enfrentado, dejando destrucción, desplazamiento y muerte, sin que mediara acuerdo alguno. Pese, a existir procesos de paz desmovilizaciones y entrega de armas de diversos grupos armados.

La importancia de este acuerdo se centra, en que nunca más se usaran las armas para defender ideas, o eliminar al adversario político o peor aún utilizar las armas del Estado para eliminar la diferencia o al contradictor político. Esta garantía sin duda, la da la participación de la Comunidad Internacional, representada en los países garantes y acompañantes, respaldados por la ONU.

Si bien, este proceso representa un gran salto para la existencia de la paz en el país, es incompleto si se tiene en cuenta que la segunda guerrilla más antigua, el ELN, no ha pactado ningún acuerdo con el gobierno que implique un verdadero cese bilateral del fuego, esto representa la continuidad de los enfrentamientos armados en diversas regiones, lo que puede llevar a que el ejército argumente operaciones en contra del ELN, sin que se trate de esta guerrilla, o como ha ocurrido se culpe a una u otra guerrilla de hechos propios de la guerra, lo que puede llevar a poner en duda el cese bilateral y genere desconfianza al interior de la sociedad o el estancamiento de los diálogos.

Por otro lado, la existencia del paramilitarismo que opera en casi toda la geografía nacional, sin que desde el Estado se tomen medidas ciertas para acabar definitivamente con este fenómeno. La existencia de estos grupos que continúan con su accionar delictivo, y entre otras cosas se opone a la restitución de tierras a sus verdaderos dueños, puede dar al traste con los acuerdos pactados.

Sin olvidar el papel que ha jugado la ultraderecha que, además, se ha beneficiado del despojo de tierras que utiliza los medios del Estado para instigar en contra de la restitución y de los acuerdos en la mesa de La Habana, esto puede significar un apoyo a la continuidad de la guerra.

Colombia: Paz sin paramilitarismo (V) (Kaos en la Red)

Parapolitica

horacio-duque

Por Horacio Duque

Hay que atacar en los territorios al paramilitarismo. Es allí donde están sus raices

El combate al paramilitarismo debe priorizar un enfoque territorial, veredal y municipal.

El paramilitarismo tiene su hábito en los territorios veredales, locales, municipales y regionales, pero con tentáculos en otros niveles y apoyos de macroestructuras nacionales e internacionales que lo justifican y promueven.

Erradicar esta lacra violenta requiere generar un dispositivo territorial para combatirlo en sus madrigueras.

El reciente caso del municipio de Pijao en el Quindío y de Tierralta en el departamento de Córdoba está mostrando los alcances y las geografías de esta máquina violenta.

Vamos a referirnos hoy a otros aspectos del trascendental acuerdo del gobierno con las FARC para combatir el paramilitarismo en las veredas, los municipios y departamentos.

Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios

Se creará un programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, a instancias del Ministerio del Interior, que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios, de manera que se contribuya a garantizar bajo un modelo efectivo, la implementación de las medidas de prevención y protección de las comunidades y sus territorios. Este programa en su elaboración y aplicación contará con la participación activa y efectiva de las organizaciones sociales, incluyendo a las de mujeres, y las comunidades en los territorios. Entre otras se promoverán las siguientes medidas:

Implementación de medidas integrales de seguridad y protección: en desarrollo de lo establecido en el punto 2.2.4 del Acuerdo de Participación Política, el Programa Integral de Seguridad y Protección tendrá en cuenta en la elaboración del Plan de Prevención y Protección, medidas de desestigmatización, incluidas aquellas contra la estigmatización por razón del género y la orientación sexual, mecanismos de difusión amplia, campañas de legitimación y reconocimiento de los defensores y defensoras de derechos humanos, tanto en áreas rurales como urbanas, y creación y difusión de medios de comunicación comunitarios y de interés público para el impulso de los derechos humanos y la convivencia.

Promotores / as Comunitarios de Paz y Convivencia

Será un programa a cargo del Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Justicia.

Los promotores / as comunitarios de paz y convivencia tendrán carácter voluntario y naturaleza no armada. El programa impulsará los mecanismos alternativos de solución de conflictos en los territorios, promoverá la defensa de los Derechos Humanos, estimulando la convivencia comunitaria en las zonas previamente definidas para ello. El programa apropiará los recursos necesarios para su ejecución y garantía.

Protocolo de Protección para Territorios Rurales

El Ministerio del Interior creará un protocolo especial de protección para las comunidades rurales que fueron afectadas por el conflicto, el cual será concertado con las comunidades y organizaciones de cada territorio, incluidas las de mujeres, y con el Sistema Integral de Seguridad y Protección.

Dentro de este protocolo, las comunidades rurales y sus organizaciones elaborarán su propio escenario de evaluación y definición de riesgos, con un enfoque diferencial y de género.

Apoyo a la actividad de denuncia de las organizaciones de Derechos Humanos en los Territorios: El Ministerio del Interior elaborará un programa de fortalecimiento de la capacidad de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios rurales, el cual estimulará las medidas de prevención con un énfasis en la comunicación escrita y audiovisual, junto con los instrumentos que sirvan para documentar posibles violaciones a los derechos humanos. Dentro de este programa se pondrán a disposición de las organizaciones de derechos humanos, oficinas y locales, así como dotación y equipamiento de los anteriores, en apoyo de la actividad de los defensores/as y sus organizaciones en los territorios, con el objeto de estimular y promover el cumplimiento de sus fines. Estas oficinas y locales deberán ser de gestión colectiva por parte de las organizaciones de derechos humanos.

Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales objeto de este acuerdo

En concordancia con lo definido en el “Acuerdo de Participación Política”, en el punto 2.1.2.1, literal b, se creará en la Defensoría del Pueblo, de manera coordinada con el Gobierno Nacional y la Unidad Especial de Investigación, creara un nuevo sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, operaciones y/o actividades de las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo, en cuyo diseño participará la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Colombia: Paz sin paramilitarismo (IV) (Kaos en la Red)

Paraco

horacio-duque

Por Horacio Duque Giraldo

Hay que aplicar la presuncion constitucional y legal del riesgo para enfrentar el paramilitarismo y garantizar la proteccion de los integrantes de las FARC en movilizacion politica

En la protección de los militantes de las FARC que haran su movilizacion politica hay que partir de la presuncion constitucional y legal del riesgo y la amenaza de los grupos paramilitares que siguen muy activos.

Erradicar el paramilitarismo demanda una estrategia y un plan integral dada la amplitud de dicha maquinaria de muerte y violencia.

El paramilitarismo como gestión de la violencia de las elites dominantes para someter al pueblo, fue implantado por las misiones militares norteamericanas desde finales de la década de los ' 40 del siglo XX.

Los oficiales gringos aplicaron en Colombia y en el Ejercito toda la experiencia acumulada en China donde asesoraron al General liberal Chiang Kai SheK y al Kuomintang en su guerra de exterminio de los campesinos que apoyaban a Mao Tse Tung en su lucha revolucionaria contra los invasores japoneses; la experiencia acumulada en el exterminio de los comunistas de Tailandia, donde se generalizaron las masacres, torturas y desapariciones para eliminar al partico comunista en los años ' 60; y la experiencia de la guerra de Corea, donde participaron soldados colombianos al servicio del imperialismo.

Ese modelo se implanto acá desde los años ' 60 por los gobiernos del Frente Nacional, específicamente el de Carlos Lleras Restrepo, y se expandió en los años noventa merced a los dineros de la mafia de las drogas que canalizo recursos para armar los ejércitos anticomunistas de las autodefensas de Carlos Castaño, con el apoyo de reconocidos políticos como Álvaro Uribe Vélez empeñado en el despojo de las tierras de los campesinos para expandir el latifundio que promovía su padre en Antioquia y Córdoba.

Veamos hoy otro componente del acuerdo logrado en La Mesa de La Habana para erradicar el paramilitarismo y sus tentáculos sociales e institucionales.

Me refiero al Plan estratégico de seguridad de los combatientes guerrilleros que se movilizaran políticamente cuando se llegue a un acuerdo definitivo.

Plan estratégico de seguridad y protección de las FARC

Los lineamientos y criterios del Plan Estratégico de Seguridad y Protección para el nuevo partido o político que surja del tránsito de las FARC - EP a la actividad legal, derivada de su situación de riesgo.

Dicho Plan estará conformado por todas las medidas integrales que contiene el acuerdo, entre ellas las medidas de tipo inmaterial, colectivas o políticas destinadas a prevenir y generar un ambiente de confianza, y otras de carácter material que se definirán en los protocolos de seguridad y protección, así como también todas aquellas que la Mesa Técnica amplíe para su ejecución.

Componentes del Protocolo de Seguridad

El Protocolo de seguridad y protección estará conformado por los siguientes componentes:

Programas y esquemas de prevención, seguridad y protección; Personal del Cuerpo de Seguridad y Protección -Selección y Formación-; Logística y alistamiento del Cuerpo de Seguridad y Protección -dotación y recursos financieros-, junto con programas de análisis de riesgo y coordinación entre los elementos del Sistema de Seguridad.

Las medidas que se apliquen a la población objeto de este acuerdo se implementarán en concordancia con los contenidos de este acuerdo incluidos en el punto 3.4.7.3 y los protocolos de desarrollo, los cuales deberán ejecutarse de forma oportuna y eficaz.

El protocolo de protección contemplará los medios de transporte que sean requeridos de acuerdo a las necesidades de desplazamiento de las personas protegidas.

En concordancia con las decisiones que tome la Mesa Técnica estarán previstos los apoyos de reubicación temporal, medios de comunicación, atención psicosocial, y todos aquellos que sean necesarios para garantizar la protección efectiva de la población objeto de este acuerdo.

El Estado garantizará, atendiendo las definiciones de la Mesa Técnica, todas las medidas de protección necesarias para la seguridad integral de las sedes e instalaciones del nuevo partido o movimiento político en que se transformen las FARC - EP y de los domicilios de las personas objeto de protección contempladas en este acuerdo, de conformidad con el nivel de riesgo.

Los esquemas de prevención, seguridad y protección, en lo que concierne a alistamientos, logística, intendencia, movilidad, derechos laborales del personal y demás requerimientos para su óptimo funcionamiento y sostenibilidad, serán definidos por la Mesa Técnica, atendiendo criterios de confiabilidad y cumplimiento que en este campo brinden los operadores al nuevo movimiento o partido político en que se transformen las FARC - EP.

El Protocolo de Seguridad y Protección, será elaborado por parte de la Mesa Técnica y aprobado por la Mesa de Negociación antes de la firma del Acuerdo Final de Paz.

Cuerpo de Seguridad y Protección

Colombia: Paz sin paramilitarismo (III) (Kaos en la Red)

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horacio-duque

Por Horacio Duque Giraldo

Hay que prevenir la repeticion del caso de la Union Patriótica con el nuevo partido que organicen las FARC

En la construccion de la paz, las FARC organizaran su movilizacion politica con un nuevo partido. Hay que implementar ya todas las medidas de proteccion  de sus mimebros acordadas para prevenir la repeticion del exterminio de la Union Patriótica.

El drama vivido por la Unión Patriótica no puede ser repetido. El exterminio espantoso de sus militantes por los grupos paramilitares es una amenaza que debe ser conjurada.

El paramilitarismo que es el alma y  esencia del Estado oligárquico colombiano mutará e intentara acribillar a los integrantes del nuevo partido político que organicen las FARC y el movimiento social agrario en su legitima acción política.

En ese sentido, son prioritarias las medidas acordadas en la Mesa de Conversaciones de La Habana entre el gobierno y la delegación guerrillera para generar un sistema de seguridad efectivo para el ejercicio de la política democrática y transformadora.

Acá queremos referirnos a este punto neurálgico en la construcción de la paz, el cual fue acordado el pasado 23 de junio y que requiere ser implementado rápidamente, especialmente en las regiones y zonas donde el conflicto ha sido más agudo.

Veamos pues los detalles de lo consensuado.

Se creará un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política

El Sistema Integral desarrollará un nuevo modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento que surja del tránsito de las FARC - EP a la actividad política legal, las comunidades rurales y organizaciones sociales, de mujeres y defensoras de derechos humanos respetando lo acordado en el consenso sobre Participación Política.

Medidas de protección, seguridad personal y colectiva

El Gobierno Nacional y las FARC - EP, considerando que en el Acuerdo de Participación Política fue pactado “Un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política”, el cual debe complementarse y definir sus contenidos respecto a las garantías en materia de seguridad y protección para las personas destinatarias de este sistema, y con el fin de brindar garantías de seguridad para el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC - EP a la actividad política legal, para sus integrantes -hombres y mujeres- en proceso de reincorporación a la vida civil, además de la aplicación del modelo de prevención, seguridad y protección de los territorios y las medidas de protección inmaterial definidas en el marco del “Acuerdo de Participación Política, apertura democrática para construir la paz”, acuerdan:

Instancia de Alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política

En cumplimiento de lo establecido en el punto 2.1.2.1, literal a, del acuerdo de participación política (http://bit.ly/298kHFA), la instancia de Alto Nivel tendrá como propósito la implementación del Sistema de Seguridad para el ejercicio de la política, garantizando su funcionamiento, articulación y supervisión. De igual forma será el espacio de interlocución y seguimiento para la seguridad y protección de las y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, especialmente los que ejerzan la oposición, y el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC - EP a la actividad política legal y de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil.

La Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Acuerdo de Participación Política: numeral 2.1.2.1 ver http://bit.ly/298kHFA) desarrollará e implementará, los siguientes componentes del Sistema de Seguridad:

- Protección especializada, sobre la base de una evaluación del nivel de riesgo y en coordinación con las Entidades del Estado correspondientes, para las siguientes personas:

Quienes hayan sido elegidas popularmente, quienes se declaren en oposición política y líderes/as de partidos y movimientos políticos, con enfoque diferencial y con presencia nacional y regional, así como su instancia de evaluación de riesgos a nivel regional y local, a los que se refiere el inciso 2.1.2.1. literal c. del Acuerdo de Participación Política: Apertura Democrática para construir la Paz. Tanto los estudios de nivel de riesgo como las medidas de protección especializada, aplicarán protocolos de género que aseguren la idoneidad respecto a la condición sexual y la identidad de género de las personas.

- Sistema de planeación, monitoreo y evaluación con carácter interinstitucional, enunciado en el numeral 2.1.2.1. literal d. del Acuerdo de Participación Política: Apertura Democrática para construir la Paz.

- Comité de Impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política, teniendo en cuenta a las mujeres y la población LGTBI, consignado en el inciso 2.1.2.1. literal d. del Acuerdo de Participación Política: Apertura Democrática para construir la Paz.

La Instancia estará conformada por:

Declaración del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba sobre acuerdo de Paz FARC - EP y Gobierno de Colombia (CAPAC)

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El Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MASCUBA), solidario con Cuba y la Patria Grande Latinoamericana, saluda el avance de la negociación de paz para Colombia, sellado el jueves 23 de junio en La Habana.

El presidente de Colombia, Juan M. Santos, el comandante guerrillero de las FARC, Timoleón Jiménez, y el mandatario de Cuba, Raúl Castro, como país facilitador, lo mismo que el canciller de Noruega, el otro facilitador, estuvieron presentes e informaron los términos del nuevo capítulo hacia la paz.

Saludamos también que estuvieran presentes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; la mandataria chilena, Michelle Bachelet, de los países acompañantes, el titular de la CELAC, el presidente de El Salvador y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para darle un marco internacional acorde a la importancia de los anuncios.

Los acuerdos, esta vez, fueron sobre un alto al fuego bilateral y definitivo, más los términos en que la guerrilla hará dejación de sus armas, su ubicación en campamentos bajo supervisión tripartita (de ambas partes en conflicto y la ONU), y las seguridades que tiene que dar el gobierno colombiano a la vida y libertades para los guerrilleros. Esto último supone leyes y medidas concretas para erradicar el paramilitarismo siempre funcional al gran capital, el Estado y los militares represores de Colombia.

Felicitamos la rebeldía de las FARC, inspiradas por su fundador Manuel Marulanda Vélez, que han combatido con entereza e inteligencia durante 52 años por una Nueva Colombia con reforma agraria y justicia social. No pudieron ser aniquiladas por tropas adiestradas y financiadas por EE. UU., desde 1992 en adelante con el “Plan Colombia” y seis bases militares estadounidenses en su territorio.

Colombia: Paz sin paramilitarismo (II) (Kaos en la Red)

Paramilitarismo

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Por Horacio Duque Giraldo

La construcción de una paz estable y duradera demanda la materialización de los acuerdos de paz para erradicar y extirpar el paramilitarismo.

Hay que proceder a la conformación inmediata de la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y para la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

A raíz de los trascendentales avances de las conversaciones de paz entre el gobierno del señor Santos y las FARC, el país y su campo político viven una innegable apertura democrática que adquiere las dimensiones de una democracia ampliada favorable para las libertades políticas, la conciencia, la identidad y organización de las masas populares.

Parte de esa dinámica, son los acuerdos firmados el 23 de junio del año en curso entre las delegaciones concurrentes sobre el delicado tema de la seguridad de los combatientes revolucionarios en tránsito a la movilización política desde las 23 zonas de ubicación y los 8 campamentos correspondientes, e igualmente para los movimientos sociales y populares duramente golpeados por las fuerzas oscuras de la violencia paramilitar que sigue vigente como un instrumento de los señores de la guerra: terratenientes, generales, gamonales y empresarios.

La erradicación del paramilitarismo es un desafío central en la construcción de la paz

En esta columna queremos aproximarnos a otros de los dispositivos acordados en la Mesa de La Habana y que se convierte en columna central de la nueva institucionalidad para actuar a fondo contra la violencia ilegal de estos paramilitares que registran una asombrosa capacidad de mutación. Tanto que el Fiscal encargado, Perdomo, ha dicho que los mismos no existen, aunque le confiere a las bandas criminales o Gao el mismo comportamiento de las autodefensas exterminadoras de la oposición democrática y popular.

Veamos en concreto este nuevo instrumento acordado en los diálogos de paz.

Se trata de la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y para la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

En el marco del fin del conflicto y con el fin de asegurar la efectividad de la lucha contra las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo, que representen la mayor amenaza a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, el Gobierno Nacional impulsará las medidas necesarias para la creación y puesta en marcha, en el marco de la jurisdicción ordinaria, de una Unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 74 del punto 5.1.2 del Acuerdo Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Dicha Unidad se mantendrá durante el tiempo necesario para concluir su mandato.

Su mandato y misión será la investigación, persecución y acusación de las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática de género, o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

La Unidad Especial, a través del cumplimiento de sus funciones en la Jurisdicción ordinaria, contribuirá al cumplimiento de los objetivos de la Ley de Justicia y Paz y de la Jurisdicción Especial para la Paz. En la medida en que aportará al fortalecimiento de la justicia y al desmantelamiento de las organizaciones que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, garantizará a su vez la no repetición del fenómeno paramilitar, prevendrá la comisión de nuevas violaciones a los derechos humanos, y aportará así a la construcción de una paz estable y duradera.

Esta Unidad Especial de Investigación tendrá las siguientes características:

- Se creará por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz. Será parte de la jurisdicción ordinaria y de la Fiscalía General de la Nación. La Unidad decidirá lo necesario para su funcionamiento y la conformación de sus grupos de trabajo e investigación, promoviendo en estos espacios la participación efectiva de las mujeres. Tendrá autonomía para decidir sus líneas de investigación, llevarlas a la práctica y para emprender actuaciones ante cualquier jurisdicción.

- El Director / a de la Unidad será el responsable de la toma de decisiones respecto de cualquier función o competencia de la Unidad, pudiendo delegar dichas responsabilidades, en todo o en parte, en otros servidores/as públicos adscritos a la misma.

- La Unidad investigará, acumulará casos en lo que sea de su competencia, y de ser procedente presentará imputaciones y acusaciones ante la jurisdicción ordinaria o ante la de Justicia y Paz, siempre que no haya vencido el plazo legal para las postulaciones. La Unidad podrá solicitar ante el órgano competente la acumulación, en el juzgado de mayor instancia, de las competencias judiciales por todos los delitos cometidos por la organización criminal, dentro de la respectiva jurisdicción.

- La Unidad realizará sus funciones sin sustituir las ordinarias de la Fiscalía General de la Nación ante la jurisdicción de Justicia y Paz ni ante la jurisdicción ordinaria.

- Su Director / a deberá ser jurista, satisfacer criterios de idoneidad técnica y transparencia y deberá tener experiencia en el campo de las investigaciones penales y haber demostrado resultados en la lucha contra el crimen organizado, y será designado/a por un período de 6 años. Al Director / a de la Unidad le será aplicable el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios / as de la Fiscalía General de la Nación. En ningún caso el Director / a de la Unidad podrá ser destituido/a del cargo por faltas que no sean consideradas gravísimas conforme al régimen disciplinario vigente. Los procesos disciplinarios que se adelanten contra el Director / a de la Unidad serán conocidos en única instancia por la Comisión Nacional Disciplinaria.

- Esta Unidad desplegará su capacidad de investigación con un enfoque territorial, diferencial y de género, para enfrentar la amenaza, con énfasis en zonas donde confluyen variables que ponen en peligro las comunidades y la construcción de la paz, priorizando la investigación de estructuras de crimen organizado que se encuentren dentro de su competencia.

- Contará con una unidad especial de Policía Judicial conformada por funcionarios /as especializados / as de la Fiscalía y la Policía Judicial de la Policía Nacional, experto / as en distintas materias, que deberán tener conocimiento del desarrollo y la consolidación de las organizaciones de crimen organizado, incluyendo conocimiento del fenómeno paramilitar y de las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo. Se buscará que dichos funcionarios / as tengan conocimiento en violencia y justicia de género. El Director / a ostentará el mando funcional de los funcionarios / as del CTI adscritos a su Unidad, y el mando funcional de los demás funcionarios / as de la Policía Judicial adscritos a la misma.

- Los servidores / as públicos que la integren serán elegidos / as por el Director / a de la Unidad, aplicando mecanismos especiales de selección, incorporación y seguimiento al desempeño de sus funcionarios / as, priorizando altos estándares de transparencia, efectividad y conocimiento en la aplicación del enfoque de género en el ejercicio público.

Colombia: Paz sin paramilitarismo (I) (Kaos en la Red)

Paramilitarismo

horacio-duque

Por Horacio Duque Giraldo

Que se implementen de manera inmediata los acuerdos entre el gobierno y las FARC para erradicar el paramilitarismo.

Es urgente implementar, sin más dilaciones, la estrategia acordada entre el gobierno del Presidente Santos y las FARC para erradicar el paramilitarismo de las elites locales, regionales y nacionales que lo promueven y financian con el fin de mantener sus privilegios y exterminar la oposición democrática y popular.

Hay que vincular a la sociedad civil en la ejecucion del acuerdo alcanzado en esta materia en la Mesa de Conversaciones de La Habana.

Entre la delegación del gobierno del señor Santos y los representantes de las FARC se ha tejido un documento clave para combatir el paramilitarismo y rodear de garantías a los combatientes revolucionarios de la insurgencia que harán su tránsito a la movilización política legal. De su construcción se han encargado Oscar Naranjo, Policía del gobierno y Pablo Catatumbo, plenipotenciario de la guerrilla.

Se trata de un muy sólido instrumento político para ejecutar la estrategia  de erradicación del paramilitarismo como fenómeno violento que acompaña el Estado oligárquico colombiano desde finales de la segunda guerra mundial y con ocasión de la participación de soldados colombianos en la infame guerra contra el pueblo de Corea.

El paramilitarismo fue implantado por los asesores gringos de las Fuerzas Armadas Colombianas en plena Guerra Fría, como parte de la ofensiva anticomunista y contrainsurgente de los gobiernos norteamericanos.

Dicho material se refiere a las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Dada su trascendencia y sus alcances iniciales es conveniente verlo en detalle. Analizarlo y compartirlo directamente con las comunidades agrarias y populares para exigir su estricta aplicación en las localidades y regiones donde pulula esta perversa organización criminal de paramilitarismo que además de ser una agencia es una cultura y una patología de las elites dominantes.

Quiero abordar en este primer artículo el aspecto de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones delincuenciales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, que en adelante se conocerá como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

En cumplimiento de lo acordado en el punto 2.1.2.1 relacionado con el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, literal d, (http://bit.ly/298kHFA) que trata sobre la implementación de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección y de los Avances en el Desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política, el Gobierno Nacional y las FARC - EP acuerdan que el Gobierno creará y pondrá en marcha la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual tendrá como objeto:

- El diseño y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas de que trata este acuerdo que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

- La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución.

- El seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de protección se realizará en la Instancia de Alto Nivel que se incluye en el 3.4.7.1.1 de este acuerdo.

- La Comisión la preside el Presidente de la Republica.

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad será presidida por el Presidente de la República, estará conformada por el Ministro del Interior, Ministro de Defensa, Ministro de Justicia, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Director de la Unidad Especial de Investigación -punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz-, Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director General de la Policía Nacional, dos (2) representantes del nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC - EP a la actividad política legal, dos (2) voceros en representación de las plataformas de derechos humanos y paz, y podrá invitar representantes de los partidos y movimientos políticos. La comisión podrá invitar organismos nacionales e internacionales especializados con presencia en los territorios y podrá apoyarse en experto/as sobre la temática cuando lo estime conveniente. La Comisión se conformará antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final. En la conformación de la Comisión se promoverá la participación efectiva de las mujeres.

Mientras se surte el proceso de formalización del nuevo partido político que surja del tránsito de las FARC - EP a la actividad política legal, la Mesa de Conversaciones definirá dos expertos / as independientes para integrarla.

El enfoque de su trabajo

El trabajo de la Comisión estará enfocado a:

Colombia: Acuerdo de paz, o ¿claudicación de una de las formas de lucha? (Kaos en la Red)

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j manuel arango c

Por J. Manuel Arango C.

La desconceptualización de una sola palabra y tan corta para escribir como es la “paz”, conlleva a que, por desconocimiento de causa, se esté celebrando la “emancipación” que no se ha dado ni se dará muy a la vuelta de la esquina, por lo menos en mi querido país Colombia.

Ya se habla y tenemos que escuchar el estrepitoso sonar de voladores surcando los aires enardecidos de violencia paraestatal, ante el “júbilo inmarcesible” de lo que acaba de acontecer con la firma de los acuerdos entre gobierno y uno de los sectores de la sociedad colombiana como es la insurgencia de las FARC - EP; que no alcanzo a comprender celebrando ¿qué? Si la paz o la claudicación de uno de los tantos objetos de apología revolucionaria por la mayoría de aquellos estamentos de la sociedad vulnerada, vilipendiada, aculturizada, criminalizada y tantas cosas más por parte del régimen y el gran capital, como es la lucha armada parte si no la única, pero sí una es la lucha de clases.

Recuerdo como si hubiera sido ayer, aquel mes de mayo del año 1964 -algo así como el 27- cuando un comando militar dirigido por el General de la República José Joaquín Matayana incursionaba y atacaba de manera feroz con superioridad en hombres y armamento con el objetivo de exterminar a 48 humildes campesinos marquetalianos liderados por Manuel Marulanda Vélez; armados con escopetas de fistol, según me cuentan los lugareños al pasar de los años en el Departamento de Caldas, República de Colombia, por el “delito de forajidos terroristas” al reclamar para los campesinos que trabajan y producen la tierra; acceso a la propiedad de las mismas; créditos oportunos y a bajos intereses; condonación de las deudas ante el sistema bancario y estatal; por lo que fueron ganando la simpatía del campesinado y vastos sectores de la sociedad, lo que les hizo merecedores del calificativo de guerrilleros que, antes de ser exterminados; fueron evolucionando al pasar de los años de autodefensas campesinas a FARC - EP en la actualidad

La desigualdad social de ese entonces hasta nuestros días, incluso ha venido profundizándose cada vez  más, acrecentándose la brecha entre ricos y pobres; por lo que el movimiento insurgente aparece como efecto más no la causa ante la injusticia social, ya que el Estado sabiamente sí sabia y sabe aplicar y combinar todas las formas de lucha represivas contra el pueblo que clama por sus derechos; por lo que éste también ante la dialéctica revolucionaria y de sobrevivencia, optó por la combinación de todas las formas de lucha en defensa de sus intereses.

Entonces lo que se firmó hoy (23/06) en La Habana, República Socialista de Cuba, entre el Estado colombiano - FARC - EP, ¿de verdad equivale al fin de la “violencia”? ¿el principio de la tan anhelada paz? ¿la claudicación de una de las formas de lucha? Como si con ese acuerdo prescribieran de una vez y para siempre todas aquellas causas que originaron la lucha armada en nuestro país; significando entonces, que razón tenían los enemigos de la paz, o sea los explotadores del hombre contra el hombre, cuando argumentaban que la violencia existía, por la existencia misma de los movimientos insurgentes y no por la desigualdad y la injusticia social.

¿Acaso, nuestro querido Juan Pueblo tiene derecho a la salud, a la educación, vivienda digna -mejor dicho todo lo necesario para una vida digna-? ¿Acaso los campesinos ya pudieron tener acceso a la propiedad de las tierras que en otrora fueron de sus ancestros y arrebatadas a sangre y fuego por la mayoría de terratenientes en el país; o una verdadera ley agraria y campesina? Y ni que hablar de la salud, cuando a diario mueren en Colombia centenares de compatriotas por falta de atención médica -y si lo duda, pregúntese porque el vicepresidente de la República de Colombia, para su tratamiento cerebral debió ir a otro país- o por desnutrición, mas de 4.770 Wayus menores de edad muertos en los últimos 8 años; los desescolarizados son millones; la miseria total es abrumadora que se percibe a cada paso que de por el barrio o la vereda.

Esa es solo una de las formas de lucha del régimen contra mi querido Juan Pueblo, negándole sus derechos; y que además esgrime los más recalcitrantes de carácter represivo y económico y demás, con las consecuencias nefastas propias del apartheid o de los campos de concentración nazi o de un régimen dictatorial como lo es el de Colombia, pues esta condición no se mide por el tiempo de permanencia de un “gobernante” en la Casa de Nariño, sino por sus políticas antipopulares y represivas con la anuencia de la mayoría de los partidos políticos en el gobierno y del gran capital.

¡ Bravo, por fin, el fin de la violencia en Colombia ! ¡ Por fin, la paz para los colombianos ! Exclamaban este 23 de junio del 2016, millones de colombianos frente a las pantallas de sus televisores desde donde los habilidosos presentadores de las noticias y cajas de resonancia del gran capital y del explotador señalaban este día como el de la “paz” para los colombianos; pero nunca diciendo para cuales colombianos: ¿Los del poder económico, político, militar, social que aún siguen contra mi pueblo? o ¿para los millones de colombianos que somos la mayoría con las -NBI- no suplidas?

Este fue el acuerdo para sellar la paz en Colombia (Islamia)

Santos - Paz

Comunicado Conjunto # 76

Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC - EP queremos anunciar que hemos llegado a acuerdos en los siguientes puntos:

1. Acuerdo sobre “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y Definitivo y Dejación de Armas”

2. Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.”

3. Acuerdo sobre “Refrendación”

I. Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas

1. Compromisos

El Gobierno Nacional y las FARC - EP expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales, nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado; en el que no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. Dicho compromiso hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas.

Por último, el Gobierno Nacional y las FARC - EP se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las armas, para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días luego de la firma del Acuerdo Final haya terminado el proceso de dejación de armas.

2. Objetivo

El presente Acuerdo sobre Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC - EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las Reglas que Rigen el CFHBD, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la Dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la Reincorporación de las FARC - EP a la vida civil.

3. Monitoreo y Verificación

Acordamos crear un Mecanismo de Monitoreo y Verificación que será un mecanismo tripartito, integrado por representantes del Gobierno Nacional (Fuerza Pública), de las FARC - EP, y un Componente Internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El Componente Internacional preside en todas las instancias el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y está encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes.

Respecto a la Dejación de las Armas el Componente Internacional la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los protocolos del Acuerdo.

4. Adaptación de los dispositivos en el terreno

A partir del día D+1 la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC - EP a dichas Zonas y para el cumplimiento del Acuerdo sobre el Cese al fuego y Dejación de las Armas.

Por su parte a partir del día D+5, las distintas misiones, comisiones y Unidades Tácticas de Combate (UTC) de los frentes de las FARC - EP se desplazarán hacia dichas Zonas previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC - EP.

5. Zonas Veredales Transitorias de Normalización (en adelante “Zonas”).

El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordamos establecer 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 8 Campamentos.

Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización tienen como objetivo garantizar el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas e iniciar el proceso de preparación para la Reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC - EP en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses.

Estas Zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada Zona contará con Equipos de Monitoreo Local. Tendrán facilidades de acceso por vía carreteable o fluvial; sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican; pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo dependiendo del tamaño de la vereda, tendrán una extensión razonable que permite el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las Zonas, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno.

La salida de combatientes de las FARC - EP de los campamentos se hará sin armas y de civil.

El Gobierno Nacional y las FARC - EP se comprometen a que la implementación de este Acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos; así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios.

Las autoridades civiles (no armadas) que tengan presencia en las Zonas permanecen y continuarán ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo. Las Zonas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político.

Los (as) integrantes de las FARC - EP que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación, y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de las Zonas se organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos.

Durante la vigencia del Acuerdo sobre CFHBD y DA; las FARC - EP designa un grupo de 60 de sus integrantes (hombres y mujeres) que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz.

Así mismo, por cada Zona, las FARC - EP, designa un grupo de 10 de sus integrantes que puede movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Para estos desplazamientos, los integrantes de las FARC - EP cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional.

En los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento.

Durante la vigencia de las zonas se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil dentro de dichas Zonas.

En caso de presentarse dentro de una Zona algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado se hace informando al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, para que coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARC - EP.

La ubicación de los campamentos dentro de las Zonas se hará de forma que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación pueda ejercer su función.

En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, las FARC - EP en coordinación con el Gobierno Nacional, podrán realizar dentro de las Zonas todo tipo de capacitación de los integrantes de las FARC - EP en labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus propios intereses, jornadas de cedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de las FARC - EP.

6. Zona de Seguridad

Alrededor de cada Zona se establece una Zona de Seguridad donde no podrá haber unidades de la Fuerza Pública, ni efectivos de las FARC - EP con excepción de los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran. El ancho de la Zona de Seguridad será de 1 kilómetro alrededor de cada Zona.

7. Seguridad

El Gobierno Nacional y las FARC - EP definirán conjuntamente unos protocolos de seguridad, que permitirán, de manera integral, minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y bienes comprometidos en el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas.

Las condiciones de seguridad implementadas garantizarán la protección de los integrantes del equipo de monitoreo y verificación, los miembros de las FARC - EP, los delegados del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y demás intervinientes en el proceso. Así como, la coordinación de los movimientos y los dispositivos en el terreno.

El Gobierno Nacional a través de la Fuerza Pública continuará garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil durante este proceso.

8. Dejación de las Armas (DA).

Consiste en un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC - EP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos, acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC - EP.

La Dejación de las Armas por parte de las FARC - EP se desarrollará en dos tiempos, denominados Control de Armamento y Dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final.

9. Procedimiento

Con la Firma del Acuerdo Final inicia el proceso de Dejación de las Armas de las FARC - EP, que incluirá el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable, y la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC - EP que guía el proceso del Fin del Conflicto luego de la firma del Acuerdo Final.

Las FARC están preparadas… para dialogar o combatir (ANNCOL / Cambio Total)

Santos - Foro Davos

Presidente Santos, infortunadas apreciaciones

Foto: Cambio Total

Por Allende La Paz

Como que el ”agua moja” es la máxima que el presidente JM Santos lanzó en el marco del Foro Económico Mundial que se adelanta en Medellín. O sea, es un ”Pambelismo”. No necesita demostración. Dijo JuanMa Santos: “Tenemos información amplísima de que las Farc están preparadas a (sic !) volver a la guerra urbana, eso es una realidad, lo sé y por eso es tan importante que lleguemos a un acuerdo”.

En Cambio Total, y otras agencias que le han dado cobijo a nuestros artículos, hemos sido enfáticos en señalar los principios de Paz de las FARC - EP al tiempo que van cumpliendo sus planes politico - militares. Hay una canción vallenata fariana que resume la cuestión: “Estamos preparados para dialogar o combatir…”.

Lo cual significa que ahora el presidente esgrime semejante argumento, como una “espada de Damocles” sobre la sociedad colombiana, si no le aprueban su promocionado “Plebiscito” como un mecanismo de “presión”. Gobernantes chantajistas. Claro, Santos tiene alma de tahúr de póker.

También hemos sido claros en señalar que las FARC - EP en cada proceso de diálogos han salido más fortalecidas. Su ideario se va enriquecido con las conversaciones con variados y múltiples personalidades nacionales e internacionales, además que el quitarse la “camisa de fuerza” de los avatares de la guerra le muestra el panorama de lo correcto de su decisión de ”dialogar o combatir”.

Comunicado Conjunto Nº 74 (Diálogos de Paz FARC - EP)

Dialogos Paz 2016

Desde mediados de 2015, en el marco de las medidas de desescalamiento del conflicto y de construcción de medidas de confianza, el Gobierno Nacional y las FARC - EP vienen avanzando en un plan piloto de desminado humanitario, en la vereda El Orejón en el municipio de Briceño (Antioquia).

Esta aproximación conjunta al territorio, a las comunidades y a sus líderes ha abierto la oportunidad de incorporar al proceso de desminado humanitario la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito.

El Gobierno Nacional y las FARC - EP, acuerdan:

  • Poner en marcha un esfuerzo de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, como otra medida de desescalamiento y construcción de confianza, en las siguientes diez (10) veredas: Orejón, Pueblo Nuevo, La Calera, La América, El Pescado, La Mina, Buena Vista, Altos De Chiri, Roblal y Palmichal, del municipio de Briceño (Antioquia). En la medida que otras veredas del municipoio manifiesten su disposición serán incluídas.

  • Conformar una instancia de coordinación conjunta que, dependiendo de la Mesa de Conversaciones de La Habana, definirá protocolos y marcos operativos para poner en marcha este esfuerzo.

  • Conformar en el territorio un grupo de acompañamiento a esta iniciativa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito  integrado por el Gobierno Nacional, las FARC - EP, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNDOC y que contará con la participación activa de voceros de la comunidad. Contará además con el  apoyo y acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organizacion de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El gobierno y/o las comunidades podrán convocar otras organizaciones nacionales e internacionales acompañantes.

  • Este esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito se integrará a los procesos participativos, proyectos y programas en desarrollo y será ejecutado  en el territorio en el marco del plan piloto de desminado Se crearán los proyectos y programas que sean necesarios.

  • Una vez suscrito el compromiso comunitario con la sustitución y la no resiembra, con el propósito de desarrollar el territorio y sus comunidades y facilitar el tránsito hacia economías legales de cultivadores, recolectores y amedieros, se pondrá en marcha un plan de atención inmediata y de desarrollo de proyectos productivos cuyo marco de referencia será, en lo pertinente, lo señalado en el “Punto 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.