Foto: TeleSur
Por Horacio Duque Giraldo
El Plebiscito especial para la paz pone a temblar el viejo modelo de la democracia liberal oligarquica colombiana. Hay que elaborar y construir una nueva concepcion de la paz
El proceso de paz esta transformando el regimen de democracia liberal colombiana y con el Plebiscito para la terminacion del conflicto lo que se espera es un reconfiguracion de la democracia para propiciar una nueva relacion entre Estado y sociedad civil.
El Plebiscito especial que se realizará en Colombia en los proximos meses para legitimar el Acuerdo de paz está modificando los viejos parametros de la democracia representativa y del partidismo clientelar.
La nueva democracia ampliada que se expresara en el Plebiscito deja en el aire los agentes de la violencia y del uso de las armas como instrumentos de coaccion politca.
Daremos nuestro respaldo al plebiscito con un SI al Acuerdo final que se firme entre el gobierno del Presidente Santos y las FARC, momento en que se inicia la campaña para las votaciones que refrendaran el fin del conflicto social y armado, que bien pueden ser en octubre o una fecha posterior, pues aún faltan varios temas por pactar en la Mesa de Conversaciones..
Haremos la pedagogía para la paz para comprometer más ciudadanos con la paz y la convivencia.
Para ganar millones de colombianos que rechacen la violencia, realizaremos todas las tareas que sean convenientes. Nada está seguro hasta el momento y, hacer las cuentas de la lechera, con la entelequia de los 10 millones de votos es puro folclorismo barato que afecta la construcción de una consistente voluntad nacional por el fin del conflicto.
Conseguir votos es una tarea muy difícil. Convencer a la gente no es fácil. Por eso no pecamos de ilusos ni nos pegamos a fantasías politiqueras acompañadas de la consabida crematística clientelar.
Los impactos democráticos del Plebiscito
Como quiera que el Plebiscito es un acontecimiento político de envergadura. Un proceso extraordinario que pocas veces se da en la sociedad, resulta necesario reflexionar sobre sus implicaciones e impactos en la democracia liberal colombiana.
Los interrogantes
Las preguntas que nos hacemos son las siguientes: ¿transformará el plebiscito de la paz la democracia limitada que prevalece en el sistema político colombiano? ¿Permitirá una relectura de la democracia como modelo de organización y relacionamiento político de los integrantes de la sociedad?, en ese sentido también conviene plantearse: ¿Cómo caracterizar la actual democracia colombiana? ¿Cuáles son los problemas que la afectan en su funcionamiento? ¿Cuáles son los nuevos paradigmas de la democracia en la actualidad?
ABC del plebiscito de la paz
Abordar estas cuestiones implica, en primer lugar, establecer el contenido y los alcances del Plebiscito que se convocara próximamente. Claramente no se trata de un procedimiento rutinario en la gestión de las instituciones liberales. Su realización se encadena al proceso de paz y al enfoque de la democracia ampliada pactada en el consenso sobre participación política. Es fruto de la apertura democrática que ocurre con ocasión de las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC.
El plebiscito sólo es posible y explicable como recurso para salir de la crisis que propicia la violencia y la lucha armada.
Comprender las dimensiones de dicho evento supone aproximarse con la mayor objetividad a la Ley que lo reglamentó (1) como una herramienta especial para legitimar la paz y a la sentencia con el pronunciamiento de la Corte Constitucional que determino su exequibilidad.
Allí hay mucha tela que cortar.
La ley salió como entró a la Corte. Justo a la medida de los requerimientos y exigencias de la coyuntura.
Los aspectos nodales de la jurisprudencia son muy concretos: se trata de un plebiscito especial para la paz; el umbral es del 13%, esto es, casi 4.500.000 votos; son los sufragios que debe sacar el SI para que triunfe; los funcionarios públicos podrán y deben participar en la campaña correspondiente; su aprobación tiene efectos vinculantes para el Presidente que lo convoca, pero no para el resto de poderes públicos; los ciudadanos podrán conformar comités promotores del SI o el NO, según reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral; la votación mayoritaria por el SI blinda el Acuerdo final de Paz hacia el futuro como un compromiso y obligación de Estado; si se impone el NO, habrá que comenzar de nuevo con los Diálogos de Paz; la campaña se inicia al momento de la firma del Acuerdo definitivo de Paz; no vale el voto en blanco; la campaña dura un mes y debe incluir una amplia pedagogía de la paz; nadie puede utilizar el plebiscito para promover campañas presidenciales o candidaturas a cargos de representación; y los medios de comunicación, todos sin excepción, tiene la obligación de adecuar espacios para la promoción del plebiscito.
Para intentar aclarar la incidencia de este evento político excepcional en la democracia realmente existente, asociada con la exclusión, la desigualdad, la abstención, la apatía, la corrupción y el clientelismo, es necesario intentar caracterizar de manera muy objetiva el tipo de régimen político prevaleciente en el Estado.
Previamente hay que hacer un punteo de orden histórico.
Algunas consideraciones históricas sobre la democracia colombiana
En Colombia, la incorporación de la democracia representativa, no fue precisamente producto del proceso de industrialización y modernización como en los países del occidente europeo y los Estados Unidos, sino que fue introducida tempranamente como parte del ordenamiento jurídico y político que siguió al proceso de independencia de 1810. En muchos casos, estuvo completamente desligada de la realidad política y socio - cultural en que se debatían las incipientes mayorías nacionales, y por tanto, no cumplió la función homogeneizadora de las sociedades avanzadas.
Particularmente en el caso colombiano, la democracia liberal se asentó sobre una sociedad heterogénea, en la que no se cumplía el principio de la democracia representativa como cuantificación de la voluntad colectiva, porque el porcentaje de población habilitada como ciudadana para ejercer sus derechos políticos era mínima (en virtud del voto censitario), pero sobre todo porque no existían las condiciones materiales para la liberalización del individuo y su incorporación en el mercado (prerrequisito liberal de la igualdad económica), que recién se cumplieron con las reformas liberales de los años 30.
Las reformas de López Pumarejo, Eduardo Santos y Alberto Lleras, significaron un importante momento en ese recorrido porque sentaron las bases de la democratización social por la vía de la reforma agraria (ley 200), la construcción del mercado (reforma laboral), y por tanto, del individuo libre de la tutela latifundaria, junto a la conquista iniciática del voto universal. Sin embargo, este proceso resultó limitado por varias razones, entre otras, porque no logró encarar el problema de la diversidad estructural del país, sino que se basó en la supuesta homogenización social bajo la categoría de pueblo que encubrían una realidad social mucho más compleja.
Más adelante, la política discurriría en la confrontación antagónica de los ciclos de la violencia agraria. Con las movilizaciones por la recuperación de la democracia a fines de la década de los ' 50, se incorporó plenamente la democracia representativa al acervo político.
No obstante, siempre se planteó la cuestión, con ocasión del régimen bipartidista del Frente Nacional y el post Frente Nacional, sobre el rol efectivo de la democracia representativa, en un país en que las definiciones de los procesos políticos pasaban por núcleos de poder que monopolizaban los recursos estratégicos de la política. Es decir, quien ganaba las elecciones por cuenta de los privilegios burocráticos y electorales y además tenía apoyo de parte del ejército, accedía al poder. En el fondo, estábamos delante de la existencia de núcleos decisivos donde se dirimía la política más allá de la mera cuantificación anónima del voto. Realidad que remite a la reflexión sobre la eficacia de la democracia representativa -un hombre un voto- como expresión de la voluntad política colectiva.
Con la prevalencia de la democracia representativa y los agregados de la reforma constitucional de 1991, se dio un ciclo histórico protagonizado por los partidos políticos como sujetos exclusivos de la representación política y, al igual que en otros contextos democráticos latinoamericanos, los principales problemas han girado en torno a la administración de la gestión pública, una débil institucionalidad, y una cultura política caudillista, clientelista y patrimonialista. En el caso colombiano, el patrón de interacción partidaria denominado democracia bipartidista que dominó desde los años ' 60, provocó distorsiones en el ámbito de decisiones políticas; así, mientras el Estado promovía un proceso de modernización económica (Carlos Lleras, López, Turbay y Gaviria), la gestión estatal era sostenida sobre el patrimonialismo hacendario corporativo del pasado y el influjo de las corporaciones financieras.
En síntesis, desde la fundación de la República en 1810, hemos vivido una sistemática separación entre un Estado formalmente montado sobre normas y leyes, y una dinámica social que mediante la acción organizada y medidas de presión, ha podido acceder ocasionalmente a escenarios de decisiones políticas, como se refleja en la actual coyuntura.
La caracterización de la democracia
Para caracterizar la democracia colombiana actual recurro al análisis de Duque Daza (2), quien se refiere a una realidad democrática que podemos caracterizar como deficitaria.
"En la actualidad", dice Duque Daza, "Colombia constituye una democracia con adjetivos". Una de las clasificaciones más difundidas, la del diario The Economist, la califica como una democracia defectuosa.
"La democracia colombiana", agrega Duque, "en las últimas tres décadas ha sido estudiada y calificada con adjetivos negativos".
"Durante las décadas del setenta y del ochenta", prosigue Duque, "a la vez que se enfatizaba en la larga tradición de civilidad y de ausencia de dictaduras militares, así como de una larga sucesión de elecciones periódicas, los estudios y análisis coincidían en aplicarle adjetivos que expresaban un faltante en términos de cierre, de restricciones". Diversos análisis utilizaron denominaciones como democracia oligárquica (3), democracia restringida (4), democracia limitada (5) y democracia cerrada.
"Desde comienzos de la década del noventa", plantea Duque Daza, "tras una serie de reformas institucionales que propiciaron una mayor apertura, nuevos escenarios y espacios de participación, los adjetivos referidos a la democracia dieron un giro y expresaron un acento en la presencia en el sistema político de actores extralegales de poderes fácticos que incidían en la funcionalidad de la democracia, emergieron denominaciones como democracia asaltada (6), democracia sitiada (7), democracia mafiosa, según el Observatorio de Derechos Humanos, 2005 y hasta paracracia" (8). Los más recientes análisis la ubican como una subpoliarquía o una democracia de baja calidad (9).
"Este conjunto de denominaciones apuntan", considera Duque, "por un lado, a expresar una especificidad en clave defectuosa de un faltante, por otro lado, a resaltar la presencia de actores que inciden de forma importante en su funcionalidad (el narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares) y, en tercer lugar, sin negar la existencia de componentes propios de las democracias electorales, a señalar su déficit". "Estas dimensiones son relevantes para una aproximación a la caracterización de la democracia colombiana, lo cual implica preguntarse por la naturaleza del faltante, de lo defectuoso, del déficit, y auscultar cuáles es y en qué consiste la incidencia de actores extralegales en la funcionalidad democrática", se pregunta Duque Daza.
Los mínimos de la democracia
"Lo primero", agrega Duque Daza, "el faltante y lo defectuoso, sólo se puede asumir respecto a un referente, el cual corresponde en la literatura politológica con los mínimos procedimentales o mínimos universales por debajo de los cuales un régimen no puede considerarse democrático, esto es: sufragio universal masculino y femenino; elecciones libres, competitivas, recurrentes y correctas; existencia de más de un partido; presencia de fuentes alternativas y diferentes de información, respeto a las libertades básicas" (10).
Las interferencias a la democracia
"Lo segundo", plantea, "en relación con lo anterior, implica considerar que la presencia de actores extralegales interfieren en el proceso electoral (el carácter libre y competitivo de las elecciones por la presencia de formas coactivas de inducción del voto y de constreñimiento a la competencia); afectan las libertades de expresión, organización, asociación; la corrección y limpieza en los procesos con prácticas de manipulación y fraude en los procedimientos de conteo y escrutinio".
"A partir de los déficits, Colombia ha sido clasificada como un régimen no democrático, por lo menos, no plenamente democrático: se ha denominado semidemocrática (11), ha sido incluida en el grupo de países semidemocráticos y parcialmente libre por parte de Fredom House en el periodo 1989 - 2012; Larry Diamond (12) la incluyó junto con Venezuela y Paraguay dentro de los regímenes ambiguos de América Latina, y Andreas Shedler (13) la clasificó como un régimen autoritario electoral, definiendo estos como los regímenes en los cuales, a diferencia de las democracias electorales (diferentes a las democracias liberales, que desarrollan el ámbito de los derechos también) no se cumplen todos los componentes de la cadena democrática (elecciones democráticas e inclusivas, libertad de oferta política, protección para la expresión de las preferencias electorales, sin coacciones y sin corrupción; igualdad del voto; acceso a fuentes alternativas de información). En esta perspectiva, las elecciones sólo pueden ser democráticas si cumplen con todos los requerimientos, de tal forma que expresiones como democracias parciales, cuasidemocráticas o semidemocráticas no tendrían cabida", afirma Duque Daza.
"En la clasificación de Leonardo Morlino (14), Colombia está ubicada dentro de los regímenes híbridos de democracias sin ley, condición que se ha mantenido sin que se presente en las últimas décadas una transición hacia una democracia (plena), pero tampoco hacia un régimen autoritario", agrega.
"El entorno turbulento con presencia de actores extrainstitucionales armados genera una dinámica de interferencia en los procesos funcionales democráticos, que los desvirtúan e impiden que el caso colombiano constituya la expresión de una democracia de mínimos, por el contrario, identifica un régimen democrático de submínimos. Se ubica por debajo del umbral, con el cual un régimen puede considerarse democrático. Esto implica, como lo señalaron Pizarro y Bejarano en el texto ya citado, una relación entre dos escenarios o campos: uno institucional (los procesos democráticos) y otro extrainstitucional (los actores armados ilegales: las guerrillas, los grupos paramilitares y las organizaciones neoparamilitares que en el lenguaje oficial se han denominado Bacrim o bandas criminales) que lo afecta y lo desvirtúa. Esta articulación y traslapamiento entre ambos campos se complejizó aún más durante la última década (2002 - 2012) por las evidencias de penetración de los grupos paramilitares en los procesos políticos, en las elecciones y en las instituciones de representación popular, y la incidencia de la criminalidad organizada en el manejo de las instituciones, en lo que ha sido denominado captura parcial del Estado", sostiene Duque Daza.
De forma complementaria a esta tesis de los campos en interconexión, durante la última década el proceso electoral, se vio distorsionado afectándose el carácter de las elecciones que dejaron de ser libres, correctas y competitivas, tanto por la coacción ejercida por los grupos armados ilegales, como por el hecho de que los propios actores del juego político desconfían de la limpieza de los resultados, y en reiterados casos lo han cuestionado. El Estado ha sido incapaz de regular y garantizar la realización de elecciones limpias en todo el país, la corrupción en el sector público ha alcanzado grandes dimensiones (incluyendo las instituciones electorales) y la alta impunidad opera como un incentivo a la delincuencia organizada y a la violación de las libertades y derechos fundamentales de la población. Asimismo, ante la no provisión de bienes y servicios por el Estado a amplios sectores de la población, sectores políticos asumen un papel de intermediación particularista creando redes de clientela que se han traslapado con los actores ilegales (15).
Así, Estado precario y democracia deficitaria integran una diada, en la cual el primero constituye un factor determinante de lo segundo. En Colombia las deficiencias estatales, su captura parcial por parte de actores ilegales y las características de los partidos políticos (la deformación de su tradicional función de representación, así como los vínculos establecidos por algunos de ellos y por congresistas y dirigentes locales en otros, con organizaciones criminales) constituyen las variables que generan las limitaciones y los déficits centrales de la democracia, dándole el carácter de una democracia de submínimos, de subpoliarquía, es la tesis de Duque Daza, que, en la perspectiva de una democracia sin ley, se trata de una situación en la cual se combinan condiciones de ilegalidad con institucionalidad precaria. El Estado es incapaz de mantener y garantizar la funcionalidad de los procesos electorales que caracterizan las democracias liberales, tampoco está en condiciones de garantizar una adecuada protección de los derechos civiles, lo cual genera un inadecuado funcionamiento, o la inexistencia, de instituciones legales. Las deficiencias estatales afectan la competencia política por presencia de coacción y violencia contra partidos y candidatos, de constreñimiento a los electores, de manipulación de los resultados.
Si además de los aspectos propios de la poliarquía consideramos, según Duque Daza, también los resultados, la democracia colombiana es además deficitaria. En esta perspectiva se ubican los trabajos que abordan actualmente la calidad de la democracia, y que incluyen dimensiones procedimentales y sustanciales: los resultados en términos de igualdad y de libertades, así como de responsabilidad en el cumplimiento de las funciones de los gobernantes y de la estructura del Estado (16). Hay un gran contraste entre la formalidad que consagra los derechos y libertades en la Constitución Política de 1991 y sus desarrollos y su concreción en la realidad. Aunque están consagrados los derechos, estos no se concretan.
Límites de los derechos civiles y políticos
Hay grandes limitaciones a los tres componentes de dignidad personal, derechos civiles y derechos políticos, no hay garantías para la seguridad y la integridad de los ciudadanos ni para el ejercicio pleno de las libertades básicas; los ciudadanos están expuestos a toda serie de amenazas, son muy vulnerables, y el Estado es débil a la hora de actuar como garante universal de los derechos, si bien las instituciones jurídicas dan cada vez más cabida a la defensa de los ciudadanos a través de mecanismos legales como la acción de tutela. Se presenta un contraste entre la formalidad y la realidad. En cuanto a los indicadores de derechos políticos y civiles, denotan poco respeto a los derechos humanos, los derechos de asociación y organización y de autonomía personal, incluidos también los derechos económicos. Según las categorías de Freedom House (17), Colombia sigue siendo catalogada como un país parcialmente libre. En libertades civiles se ha presentado un relativo avance en los últimos años, pasando de parcialmente libre a libre, aunque en el umbral mínimo. El peor indicador corresponde al que da cuenta del condicionamiento de libertades y derechos por la presencia de actores armados.
La desigualdad social
Por otra parte, Colombia es el país con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza de América Latina y el cuarto más desigual del mundo. En Colombia un alto porcentaje de su población carece del acceso a bienes y servicios básicos, no cuenta con derechos sociales, económicos y culturales, y desde las instancias gubernamentales no se han dado respuestas a las necesidades de la población que permitan superar esta realidad. El índice Gini en promedio 0,569 para el periodo 1995 - 2011 (frente al promedio de América Latina en 2010, solo en Guatemala era mayor). Aunque han disminuido en la última década, la pobreza y la indigencia todavía son de las más altas del continente (pobreza del 40%), siendo mayor en las áreas rurales y presentando diferencias importantes entre regiones; en el Atlántico y el Pacífico -con mayoría de población afrodescendiente- los índices de pobreza son más altos. En cuanto a la población económicamente activa, más de la tercera parte trabaja en la informalidad, desempleo disfrazado o subempleo ambulante en las calles de las ciudades o en actividades familiares que impiden acceder a la seguridad social básica. Asimismo, en Colombia el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (IDH) es de 0,710, considerado alto, pero teniendo en cuenta el ajuste por desigualdad se reduce drásticamente a 0,479.
En suma: comparados con los mínimos procedimentales propios de las democracias, Colombia, sin constituirse en una autocracia, presenta déficits importantes que afectan a la mayoría de las dimensiones propias de la poliarquía, y presenta rasgos de una sub-poliarquía. Se trata de una democracia defectuosa, con déficits importantes. "Y en términos de sus resultados se caracteriza por ser una democracia de baja calidad", es la conclusión de Duque Daza (18).
Para entender mejor este cuadro del régimen democrático colombiano conviene acudir al análisis que ofrece la filosofía política en sus autores clásicos.
Veamos.
Lecturas de la democracia y la crisis de sus paradigmas
