Primer Cuerpo de Ejército: Procesaron a Carlos Alberto Martínez, titular de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército durante la dictadura.

El Juez Federal Daniel Rafecas procesó y dispuso la prisión preventiva a Carlos Alberto Martínez, ex general del Ejército, quien estuvo a cargo de la Jefatura II de Inteligencia y fue uno de los principales integrantes del Estado Mayor General del Ejército, órgano que asesoraba en forma directa a Jorge Rafael Videla, quien fuera Comandante General del Ejército y presidente de la Junta Militar, en la causa donde se investigan los delitos de lesa humanidad contra 1194 víctimas.

Dicho procesamiento se dictó por la participación del ex militar en el plan sistemático de represión implementado durante la dictadura, en el Primer Cuerpo de Ejército, mediante el procesamiento de la información obtenida mediante los interrogatorios a víctimas detenidas, la infiltración, el análisis de la documentación y demás material capturado en los procedimientos de detención ilegal, para luego hacer la llamada “apreciación de inteligencia”, y determinación de “blancos”, que guiarían las acciones a seguir del plan represivo. Asimismo, el auto judicial sostuvo que la Jefatura II de Inteligencia tenía una doble función: consultiva y requirente ante Videla, Comandante General del Ejército, quien decidía respecto de la realización de los operativos que implicaban la concreción de las acciones criminales.

Martínez fue considerado partícipe necesario del homicidio de 151 personas, la privación ilegal de la libertad de 1194 personas, la aplicación de torturas a 696; en tres casos, seguidos de muerte durante el período en que se desempeñó como Jefe de Inteligencia, entre el 24 de marzo de 1976 y el 23 de enero de 1978, fecha en la cual fue designado a cargo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) hasta enero de 1982.

Asimismo, se lo procesó por su participación en el homicidio de Bernardo Alberte, Coronel -ascendido post mortem- del Ejército, quien había sido edecán y asesor del General Perón durante la década del ' 60, y que el mismo día del golpe de estado, a la madrugada, habría sido arrojado por personal militar desde la ventana de su domicilio del 6º piso de Av. Del Libertador de la Ciudad de Buenos Aires.

Cabe destacar que participó contra las víctimas que estuvieron en los centros de detención “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, “El Vesubio”, “Superintendencia de Coordinación Federal”, “Garaje Azopardo”, “Automotores Orletti”, “Hospital Posadas”, “Sheraton”, “Cuatrerismo”, “Comisaría de Monte Grande, y del circuito represivo conformado por la “Comisaría 1° de Junín”, “Unidad 13 del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires”, “Unidad Regional 8 de Junín” y “Destacamento de Morse”.

Por otra parte, también se le atribuyó la intervención como partícipe en varios operativos de detención ilegal; entre ellos, el llevado a cabo en el “Hospital Posadas”, o el realizado en la llamada “Quinta La Pastoril” o “Quinta de Moreno”, o en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA- en Castelar, como asimismo se le atribuyó la privación ilegal de la libertad de siete personas secuestradas en la localidad de Marcos Paz; entre ellas, Oscar Felipe Sánchez, intendente de dicha localidad hasta 1976 y el secuestro de un grupo de profesionales y empleados pertenecientes a la  Comisión Nacional de Energía Atómica, como Antonio Misetich, entre otros prestigiosos científicos de reconocimiento internacional que aún se encuentran desaparecidos.

Causa Primer Cuerpo de Ejército: Elevan nuevo tramo de la investigación a juicio oral.

El Juez Daniel Rafecas dispuso la elevación de un tramo investigativo en la causa vinculada al terrorismo de Estado en el Primer Cuerpo de Ejército imputando al Coronel del Ejército Ángel José Gómez Pola, quien se desempeñó bajo el mando del fallecido Coronel del Ejército Félix Camblor, entonces a cargo de la Subzona 13; al Comisario Abel Oscar Bracken, por su actuación a cargo de la Comisaría Primera de Junín, que en forma paralela a su actuación regular, funcionó como centro clandestino de detención y tortura, alojando incluso a Hugo Torreta, uno de los tres desaparecidos de dicha localidad bonaerense; al Comisario Inspector Edgardo Antonio Mastrandrea, quien era Oficial Inspector de la Comisaría citada e integraba la patota en dicha ciudad y fuese conocido posteriormente por su aparición pública como ex Comisario, en calidad de especialista en seguridad urbana; Julio Ángel Esterlich, quien era Oficial Subinspector de la misma dependencia e integrante de la patota encargada de detener y torturar; y Francisco Silvio Manzanares, por entonces Suboficial Inspector de la misma seccional, bajo la acusación por los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas a personas detenidas en la localidad de Junín, las que fueron mantenidas en cautiverio en centros clandestinos de detención ubicados en dicha ciudad y otras localidades cercanas.

Asimismo, también fueron incluídos el Oficial Subinspector de Policía Miguel Ángel Almirón, quien estuvo a cargo del Destacamento Morse, ubicado a unos 25 km. de la localidad de Junín, el cual también funcionó como centro clandestino de detención; y el médico policial Aldo Antonio Chiacchietta, quien hizo uso de su oficio en la Comisaría y en el centro clandestino que funcionó en la entonces Cárcel en construcción (actual Unidad Nº 13 del Servicio Penitenciario Provincial), en donde se alojó a 14 personas que fueron sometidas a crueles tormentos, comprobándose que se encargaba de controlar los signos vitales de las víctimas mientras eran torturadas.

Mediante esta investigación, se determinó que, además de la Comisaría 1ª de Junín, el Destacamento Morse y la Cárcel en construcción, también funcionó como centro clandestino la Unidad Regional VIIIª, contigua a dicha seccional policial.

Recordamos que esta elevación a juicio comprende otro de los tramos de investigación que tuvo a su cargo el citado magistrado, quien en la misma investigación elevó a juicio las causas “Automotores Orletti, “Hospital Posadas”, “Mansión Seré” y circuito represivo de la Subzona 16, Vesubio, y “Atlético-Banco-Olimpo”, a partir de las cuales se dictaron diversas condenas.

Protobanco y Monte Grande: Procesaron a 15 acusados.

El juez Daniel Rafecas, a cargo de la megacausa que investiga la actuación del Primer Cuerpo del Ejército, dictó el procesamiento con prisión preventiva a 15 genocidas que habrían actuado en el centro clandestino de detención “Cuatrerismo - Brigada Güemes” o “Protobanco” y en la Comisaría de Monte Grande.

De esta forma, el ex - teniente coronel Hugo Idelbrando Pascarelli, el ex - comisario Miguel Etchecolatz, los ex comisarios de la bonaerense José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein, y los suboficiales José Sánchez, Ángel Salerno y Carlos Tarantino, quienes ya están detenidos, fueron procesados por su actuación en el CCD “Cuatrerismo - Brigada Güemes”, que se encontraba en el cruce del Camino de Cintura y la autopista Ricchieri frente al CCD Vesubio.

Asimismo, se ordenó la detención del agente de la Secretaría de Inteligencia Eduardo Ruffo y el entonces agente civil de Inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti, quienes ya fuesen condenados por los crímenes cometidos en Automotores Orletti.

Fueron imputados por el operativo ilegal realizado el 4 de noviembre de 1975 en Palermo, donde detuvieron a seis personas, las cuales fueron salvajemente golpeadas durante el mismo y luego trasladadas al CCD Protobanco, donde fueron torturadas. Como resultado de dicha operación, resultó muerta María Teresa Barvich, de 24 años, embarazada de dos meses según el informe de autopsia; Charo Moreno, embarazada de cuatro meses y que habría sido víctima de una paliza, a Norberto Rey y Blanca Becher, los golpearon hasta quebrarle las costillas. Esta última quedó inconsciente, mientras que Rey y Washington Mogordoy fueron alcanzados por disparos de arma y tuvieron que ser hospitalizados.

Por otra parte, se les imputó el cautiverio y el sometimiento a torturas de 122 víctimas que estuvieron en el CCD “Cuatrerismo - Brigada Güemes”, y la muerte por tortura de tres personas. Jorge Marcelo Scelso, de 26 años, padre de dos niños, quien fuera detenido el 6 de septiembre de 1976 y falleciera cinco días después, tras haberle perforado los pulmones y quebrarle las costillas, y los hermanos Rubén Gerardo y Jorge Luis Salinas, quienes fueron alojados en dicho CCD durante la primera semana de enero de 1977 para, luego, ser sacados de allí durante algunas horas y al volver no pudieron sobreponerse, falleciendo con una diferencia de media hora tras lo cual los guardias se llevaron los cuerpos.

En el fallo del procesamiento, el Juez Rafecas llamó la atención sobre las condiciones infrahumanas de existencia, las cuales fueron calificadas de tormentos, a las que fueron sometidas las víctimas, tales como la sujeción e inmovilización, la prohibición del habla, el tabicamiento, la privación de agua y alimento, la frecuente prohibición de ir al baño, la exposición a desnudez, la amenaza constante con ser torturado físicamente, el sometimiento a abusos sexuales o la amenaza de ellos, los interrogatorios y en casi todos los casos, la aplicación de picana eléctrica, submarino, o golpes; mecanismos que se encaminaban a obtener la despersonalización de las víctimas; y en particular, hizo hincapié en el salvajismo de las torturas físicas que provocaron la muerte de tres víctimas.

Con respecto a los hechos acontecidos en la Comisaría de Monte Grande, que funcionó como CCD entre 1976 y 1978, fueron procesados los genocidas tenientes coroneles del ejército Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis; ambos, por ser Jefes de Área; el Comisario de dicha seccional, Guillermo Néstor Díaz y los ex suboficiales de la Bonaerense Nildo Delgado, Daniel Mancuso y Alberto Faustino Bulacio por el cautiverio de unas veinte personas, las cuales fueron sometidas a tormentos, como producto del régimen brutal de inanición, la privación de la posibilidad de higienizarse e ir al baño, además de ser mantenidas en absoluta oscuridad y abstraídos del conocimiento de sus familiares como también sin poder mantener contacto con el exterior y bajo la amenaza de la tortura o de la desaparición, y por el homicidio de Rachel Venegas Illanes, torturada en la Comisaría y asesinada el mismo día en que se dispuso “su traslado”.

Recordamos que pasaron por dicha seccional Ramón  Miralles, Pedro Goin y Alberto Liberman, funcionarios del gobierno bonaerense y en este mismo grupo, estuvo Juan Ramón Nazar, director de La Opinión de Trenque Lauquen. Otro grupo, conformado por Jorge Watts, Faustino Fernández, Darío Machado y Ricardo Wejchenberg, llegó allí después de haber estado en El Vesubio.

Causa Primer Cuerpo de Ejército: 142 imputados / Listado completo.

De acuerdo a las líneas de investigación seguidas por el Juez Federal Daniel Rafecas, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 3, hay 142 imputados; entre los cuales, se encuentran Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, ex - presidentes de facto.

En esta megacausa, donde se buscan esclarecer los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, las actuaciones se refieren a los hechos atribuídos a personal dependiente del Primer Cuerpo de Ejército, o que se encontraba sujeto operacionalmente a éste, que se cometieron en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires y en la Provincia de La Pampa.

Son 12, las líneas investigativas; de las cuales, ya se realizaron juicios orales con respecto a lo sucedido en los ex CCD “Mansión Seré”, “Vesubio”, “Atlético, Banco y Olimpo” y “Automotores Orletti”, como también por la “Masacre de Fátima”, vinculada con la aparición de 30 cadáveres en la localidad bonaerense de Fátima, Provincia de Buenos Aires, el 20 de agosto de 1976.

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