El pasado martes, se realizó la conferencia de prensa para denunciar la discriminación y la persecución ideológica de la que fue objeto el Dr. Fabián Harari por parte del CONICET, en el Hotel Bauen, con la participación del docente perseguido; Lucas Poy, por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD - UBA); Pablo Cibes, de ATE - CONICET; Federico Holik, de Jóvenes Científicos Precarizados (JCP - Regional Buenos Aires); los profesores Mariano Rodríguez Otero, Director de la carrera de Historia de la UBA y Eduardo Grüner, docente de la misma universidad y José Castillo y Myriam Bregman, en representación de los partidos pertenecientes al Frente de Izquierda y de los Trabajadores: .
Desde el público, se solidarizaron Gustavo Lerer, delegado de la Junta Interna de Delegados de ATE - Hospital Garrahan, el periodista Herman Schiller; Andrés Carrasco, investigador del CONICET; Alejandro Lipcovich, Presidente de la FUBA, integrantes de la revista Pensar Históricamente y Andrés Machiuca, de la Agrupación Docentes de Base de La Matanza.
Tras la lectura de algunas de las decenas de adhesiones recibidas por parte de organizaciones sociales, gremiales y políticas, así como de importantes intelectuales del país y del exterior, el Dr. Harari comentó que luego de investigar por largos años el período de la Revolución de Mayo “en condiciones misérrimas, sin aportes jubilatorios, sin obra social, sin licencias y sin ninguna estabilidad” se presentó a Carrera de Investigador Científico “para tener todas las condiciones que un científico requiere”.
Sin embargo, su solicitud fue rechazada y en el dictamen de la comisión evaluadora del CONICET, presentado ante el público y la prensa, se manifiesta que, si bien sus trabajos “parten de un buen conocimiento de la literatura y exhiben trabajo de investigación con fuentes primarias, tienen un tono excesivamente polémico y militante ajeno a las reglas del arte”. Al referirse a este planteo, sostuvo su carácter discriminatorio, el cual lo deja sin trabajo por razones ajenas a los elementos que debieran evaluarse y la gravedad que implica un dictamen de estas características en la medida en que “sienta un peligroso antecedente para juzgar no ya a todos los militantes de izquierda que quieren hacer una tarea científica, no ya a cualquier militante que quiera hacer una tarea científica, sino que habilita a la discriminación hacia cualquier actividad extra - académica, como ser nacionalidad, género o preferencia sexual”.
Por otra parte, señaló que no es la primera vez que esto sucede, por cuanto el Dr. Eduardo Sartelli, de Razón y Revolución, experimentó una situación similar en la convocatoria anterior.
Continuando con el análisis del dictamen, ante el planteo acerca de la afirmación “no ha completado su doctorado ni informa otro título de posgrado”, el docente discriminado exhibió públicamente la documentación presentada a CONICET que da cuenta de la finalización de su doctorado y la respuesta administrativa por la cual se le informa que fue adjuntada al expediente oportunamente. Asimismo, leyó partes de uno de los dictámenes de los evaluadores en donde se hace referencia explícita a lo trabajado en su tesis, para concluír que la omisión de su título de Doctor por parte de la comisión evaluadora tuvo que ser intencional.
Posteriormente, dió a conocer que, a raíz de una nota que publicara denunciando el caso en Tiempo Argentino, el CONICET lo convocó a una reunión encabezada por Dora Barrancos, en donde, lejos de contener el reclamo, le pidieron explicaciones a él por su denuncia pública y fue maltratado.
Harari sostuvo que todo esto es posible por la discrecionalidad con la que se maneja el organismo, por cuanto “hay ausencia de criterios explícitos y homogéneos para poder presentarse, cada comisión cada año cambia sus criterios, no hay veedores que garanticen la transparencia, y hay una cláusula proscriptiva que impide, a quienes presenten una recusación, presentarse nuevamente a concurso. O sea, quien se queja, es castigado. Esto se da en el marco de un ajuste general que está llevando el gobierno y es más fácil en CONICET por estos criterios de arbitrariedad. En dos años el Estado ha dejado sin trabajo a 1670 doctores", afirmó.
Concluyó su exposición, enfatizando que no es el único caso de persecución ideológica en la actualidad en el país, mencionando el caso de Luis Calarota, de la Universidad de Rosario; de los dos médicos del MOCASE, en Santiago del Estero y de los cinco Directores de Carrera, en la Universidad de Río Negro”, tras lo cual se solidarizó con ellos y convocó a formar una “Coordinadora Nacional contra la Persecución Ideológica”.
Continuó la conferencia, con la exposición del Prof. Eduardo Grüner, quien planteó que se trata de un “caso testigo” en la medida que pone sobre la mesa problemas que instituciones, como el CONICET, vienen arrastrando hace años, tales como la falta de transparencia en los criterios de evaluación, la imposibilidad de conocer los evaluadores externos, “que se mantienen en una suerte de clandestinidad, incomprensible cuando tenemos sistemas de concurso en la universidad pública”, los problemas con criterios que no están pensados para evaluar la producción de las Ciencias Sociales, tales como “por ejemplo tiene menos puntaje un libro de ochocientas páginas que un artículo de diez páginas en una revista indexada […] Hoy a gente como Sarmiento, Alberdi, el CONICET no les daría el puntaje”, según afirmó. Concluyó, señalando la “paradoja” que supone un contexto en donde se habla del retorno de la militancia y de la política se critique el carácter de militante, expresando que “parece ser que es un retorno, pero acotadito”.
Pablo Cibes, delegado de ATE - CONICET, continuó el panel destacando la importancia de subsanar la situación y de garantizar que no se repita, y planteó la necesidad de dar una discusión sobre los criterios de evaluación, los cuales deben ser claros y con continuidad, tras afirmar que “no puede suceder que hoy te digan estás llevando bien tu tesis doctoral y mañana, cuando terminaste, hiciste todo mal. El sistema en eso se lava las manos, todo es culpa del individuo”.
Luego, Federico Holik, integrante de JCP - Regional Buenos Aires, señaló la particularidad del caso en el marco del conjunto de irregularidades que tuvo el último proceso de evaluación de becas e ingreso a carrera. Hizo mención al caso de Pablo Mauas, quien fue evaluado negativamente en un concurso porque hacía paros mientras era Secretario General de AGD en la Facultad de Ciencias Exactas y enfatizó el gran descontento existente entre los becarios por la oscuridad general del proceso de evaluación y porque “se quedaron en la calle luego de 7 años de trabajar en negro […] y pueden considerarse virtualmente despedidos […] sin ningún tipo de solución por parte de la institución que los hizo trabajar en esas condiciones”, afirmó.
La AGD - UBA, a través de Lucas Poy, hizo llegar la solidaridad de Santiago Gándara, su Secretario General y señaló la impunidad del dictamen, enmarcado en una situación de un achique general en el cual no se aclaran los mecanismos para el ajuste. Asimismo, planteó que el malestar es aun más profundo en la medida en que la campaña electoral tuvo como uno de sus ejes la transformación de la ciencia y la técnica en el país como también la repatriación de científicos, tras lo cual sostuvo que “si uno hace los números, los doctores que han sido rechazados o expulsados del sistema en un solo año, anula las posibles repatriaciones que ha habido y, es más, van a provocar expatriaciones en el caso de que puedan y tengan la oportunidad para no quedar en la calle”.
El Director de la carrera de Historia de la UBA, Rodríguez Otero, hizo hincapié en la importancia de darle visibilidad al hecho y de estar preparados para las consecuencias.
Myriam Bregman hizo llegar la solidaridad y el compromiso del PTS en colaborar en la campaña y sostuvo que “ante la enorme campaña oficial publicitaria, de millones de pesos, mostrando cómo los científicos volvían felices en avión, con periodistas que lo repiten cotidianamente en las radios del país, que saquen a la luz esto, que se sepa, se conozca y hayan hecho esta conferencia de prensa con tanta presencia, es sumamente importante” mientras que José Castillo insistió sobre el agravamiento de tendencias que ya estaban contenidas en la institución, haciendo mención al comunicado que emitió el CONICET semanas atrás en donde se plantea que “nadie puede hablar a nombre de CONICET salvo las autoridades”, afirmando que, después de la lectura del dictamen, puede decir que no se trata solo de persecución ideológica, sino de macartismo, al sostener que “hay un planteo directo entre lo que Fabián está investigando, con qué fuentes, y quién es Fabián. Se está planteando que él es militante, pero no simplemente esto, sino que Fabián es militante de una organización marxista revolucionaria. Una situación que en el marco de la historia argentina no se puede dejar pasar. Esto está por escrito y lo que está por escrito es jurisprudencia”.
Finalizó la actividad con el saludo de Rubén “Pollo” Sobrero y de Eduardo Sartelli, quienes estuvieron ausentes por problemas personales, y luego se dió lugar a las preguntas y entrevistas por parte de los periodistas presentes.
El pasado lunes, Fabiana Schafrik, titular del Juzgado Nº 5 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, ordenó que se permita el libre acceso a las autoridades del Centro Cultural, de la Administración Gubernamental de Control y de la Dirección General de Defensa Civil, en un plazo de 48 hs., para evaluar el estado de la Sala Alberdi y adoptar las medidas tendientes a garantizar las condiciones de seguridad de dicho espacio y de las personas que lo ocupan, como también intimó al Gobierno de la Ciudad a una evaluación acerca de la reubicación de las actividades en otra sala.
Desde las 18.00 hs., en la sede de la Universidad Nacional de Rosario, se lanzará el concurso para arquitectos con la finalidad de la elaboración de proyectos destinados a la Casa de la Militancia que funcionará en la ex - Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).