Compañeros y compañeras: estamos en la Plaza, como lo hemos hecho sostenidamente durante más de cuatro décadas, para repudiar el golpe que instaló la dictadura más sangrienta de nuestra historia.
Más que nunca, nuestra cita es hoy con la memoria rebelde, con la memoria que rinde homenaje a nuestros 30 mil compañeras y compañeros detenidos - desaparecidos, a sus sueños de un país sin opresión ni explotación, ratificando el compromiso y la unidad en la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy y por los derechos de los trabajadores y el pueblo.
Estamos aquí, enfrentando al gobierno de Macri y su política de “reconciliación” con los genocidas, contrario a la memoria, la verdad y la justicia.
Decimos: ¡ NO A LA RECONCILIACIÓN ! ¡ NO A LA TEORÍA DE LOS DOS DEMONIOS !
Hoy enfrentamos una ofensiva del Gobierno nacional a favor de la impunidad de los genocidas de la dictadura. El gobierno de Macri está desarrollando una alevosa campaña política y mediática a favor de la reconciliación, negando el plan sistemático de desaparición de personas y poniendo en tela de juicio la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos.
Basta recordar las declaraciones del propio Presidente cuando dijo “no saber” cuántos fueron los desaparecidos y habló de “guerra sucia” negando así el terrorismo de Estado, o los decretos de “autogobierno” de las fuerzas armadas, el desfile del carapintada Aldo Rico y de los genocidas del “Operativo Independencia”; las entrevistas del secretario de Derechos Humanos Avruj con los grupos defensores de los represores; los dichos de Gómez Centurión, que proponen un nuevo punto final y la postulación de un reconocido defensor de genocidas como Carlos Horacio de Casas para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre tantos otros hechos.
Esta campaña del Gobierno es respaldada por una campaña mediática que incluye las editoriales de La Nación trazando una verdadera apología del golpe de Estado.
Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia denunciamos que la negación del genocidio de la dictadura busca limpiar al Estado de su responsabilidad en los crímenes contra el pueblo.
Denunciamos que se busca involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna. Proceso que tuvo un punto de inflexión en el año 2013 con la designación de Milani como Jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Fernández.
Se busca instalar la idea de que se trató de una guerra, retomando el viejo argumento de la dictadura y restaurando la vieja teoría de los dos demonios. El cuestionamiento del número de desaparecidos es el típico argumento utilizado para negar todos los genocidios.
¡ Son 30.000 ! Fue Genocidio.
Esa es la cifra que surge de la cantidad de habeas corpus presentados en la Justicia, del testimonio de centenares de sobrevivientes y de la existencia comprobada de más de 600 campos de exterminio; incluso un informe del Batallón 601 de Inteligencia reportaba “22.000 entre muertos y desaparecidos”.
Ninguno de los gobiernos constitucionales ha abierto los archivos de la dictadura. Con ello sería posible conocer el destino de nuestros compañeros desaparecidos y recuperar la identidad de sus hijos nacidos en cautiverio y apropiados. Pero al Gobierno y a los apologistas de Videla y Massera la verdad histórica les importa un bledo, sólo quieren vía libre e impunidad para reprimir y hacer pasar el ajuste.
- CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS
- APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS
- RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE TODOS LOS JÓVENES APROPIADOS
Hoy, a 41 años del golpe, repudiamos a la dictadura que, a costa de la sangre de nuestro pueblo, impuso la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre. Repudiamos el genocidio que impuso la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes y niños, como paradigma del terror; el asesinato, la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura y el robo de niños.
El genocidio tuvo como objetivo aniquilar al movimiento obrero y popular en ascenso que se proponía conseguir profundas transformaciones en la Argentina. Por esto se buscó destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo, como cuerpos de delegados, centros de estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales, las más diversas militancias, que habían ganado las calles a partir del Cordobazo.
La dictadura puso en marcha una maquinaria genocida. Cada ciudad importante del país contó con campos de concentración, tortura y exterminio a cargo de las fuerzas armadas y de seguridad. Denunciamos también los crímenes contra el pueblo que comenzaron a ensayarse antes del golpe, en el “Operativo Independencia” de Tucumán y en el accionar de la “Triple A” y demás bandas fascistas en todo el país.
Repudiamos a los grupos del poder económico, al sector financiero, a los grandes empresarios, a los terratenientes, que planificaron y financiaron el golpe.
Denunciamos también a las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo, a los jueces que los ampararon, a los políticos que los avalaron y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos.
Por todos y cada uno de los compañeros desaparecidos, por cada uno de los atropellos que sufrió nuestro pueblo:
¡ EXIGIMOS JUSTICIA ! ¡ NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS !
El camino iniciado con el heroísmo de las madres plantadas frente a la dictadura y la resistencia antidictatorial de nuestro pueblo, con las miles de solidaridades que la sostuvieron, tuvo su continuidad en estos 41 años de presencia en las calles en los que varias generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable de conseguir castigo a los genocidas. Enfrentamos, construyendo memoria, todas las políticas de olvido, de impunidad, de criminalización de la protesta, la pobreza y la juventud impulsadas por los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura.
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, comprometidos en esta lucha, decimos:
SEGUIMOS LUCHANDO CONTRA LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY, NO A LA RECONCILIACIÓN
La movilización sistemática de las organizaciones populares y la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001, que volteó al gobierno de De la Rúa y cuestionó la gobernabilidad del sistema, hicieron posible ese logro histórico que fue la anulación de las leyes de impunidad de Alfonsín. Así se abrió la posibilidad de juzgar a los genocidas.
Fueron décadas de lucha sostenida de nuestro pueblo contra la impunidad las que permitieron la realización de los juicios a los genocidas. Conquista extraordinaria de la movilización popular y no propiedad de gobierno alguno.
Hemos logrado que se realicen juicios en diferentes lugares de nuestro país. Sin embargo, a 14 años de la anulación de las leyes de impunidad y en 11 años de juicios orales sólo se logró la condena de 737 genocidas, menos de la mitad de los represores procesados.
Si consideramos que hubo más de 600 Centros Clandestinos de Detención, a lo largo y ancho del país, las condenas alcanzan apenas la proporción de poco más de un genocida por campo de concentración. La realidad es que, desde 2012, decreció el número de juicios por año en todo el país, y en los últimos 4 años casi la mitad de los procesos fueron recortados y parciales, donde son acusados de 1 a 3 represores por cada juicio.
El 40 % de los represores con causas abiertas (más de 520) gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, otorgadas en su mayoría durante el anterior gobierno. A partir de la asunción de Macri, distintos ministros de su gobierno avalaron el otorgamiento de la prisión domiciliaria, por razones de edad, a conocidos torturadores y responsables de los más aberrantes crímenes.
El año pasado logramos frenar la domiciliaria al genocida Etchecolatz, al que todavía no se investiga por la segunda desaparición de Julio López. Pero este año, se le ha otorgado ese beneficio a uno de los más conocidos torturadores de la ESMA: Antonio Azic.
Los socios y cómplices civiles de la dictadura -empresarios, jueces, políticos- permanecen impunes. De la misma manera que los crímenes de la Triple A y de las otras bandas fascistas.
Denunciamos que goza de impunidad el fiscal general de Mar del Plata Fernández Garello, uno de los responsables del secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez.
Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, no sólo no agilizaron los juicios, disponiendo de los recursos políticos para hacerlo, sino que decidieron convivir con un poder judicial repleto de jueces designados durante de la dictadura y que actuaron una y otra vez como garantes de la impunidad.
Denunciamos que el Estado continúa ocultando los archivos de la dictadura militar. La desclasificación prometida a partir del 2014 fue una farsa. Los documentos difundidos por el Ministerio de Defensa eran ya conocidos o directamente irrelevantes.
Miles de militares, policías, jueces, fiscales, miembros del aparato de inteligencia, que actuaron bajo la dictadura continúan en funciones. En toda la década anterior, como con todos los gobiernos constitucionales, el Estado no aportó ni una sola prueba contra los represores: los juicios se sustancian exclusivamente con el testimonio y el aporte de sobrevivientes y familiares.
Exigimos:
- NO A LA PRISIÓN DOMICILIARIA
- ¡ APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE INTELIGENCIA, Y DE LA IGLESIA !
La segunda desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López en el año 2006 fue encubierta por el gobierno kirchnerista, que no tomó ninguna medida para investigar a la bonaerense, ni a los servicios de inteligencia. A más de 10 años, los responsables políticos y materiales siguen impunes.
- EXIGIMOS APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ
- CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES DE SU DESAPARICIÓN
Bajo el gobierno anterior se aprobaron leyes “antiterroristas” para perseguir a las luchas populares. También tuvimos al represor Berni y al Proyecto X de espionaje. Nombrar a Milani al frente del Ejército, en julio de 2013, fue un salto en el intento de reconciliación con los genocidas. Desde el mismo día en que Cristina Kirchner lo designó, fue el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, apoyando la denuncia de familiares y víctimas, el que exigió su destitución, juicio y castigo.
Fruto de la denuncia, la movilización y el repudio popular, hoy ese genocida está preso. Con esa autoridad hoy decimos:
- PERPETUA PARA MILANI
- DEROGACIÓN DE LAS LEYES ANTITERRORISTAS
En todos estos años unimos las banderas de nuestros 30 mil a las luchas de hoy. Nos une la defensa del derecho a luchar. Por eso denunciamos todas las acciones represivas del gobierno de Macri y de los gobernadores:
Las nuevas órdenes de Macri para aplicar los “protocolos antipiquetes”, ratificadas por las declaraciones de la ministra Bullrich y acompañadas por una infame campaña mediática para demonizar a los que luchan y para desalojar violentamente los piquetes.
La permanencia en prisión, desde hace más de un año, de Milagro Sala, detenida en un acampe y escandalosamente condenada por un escrache al actual gobernador Gerardo Morales, quien persigue sistemáticamente a trabajadores del azúcar, estatales y pueblos originarios.
Los voluntarios, las listas negras y los descuentos con que pretenden amedrentar a los docentes hoy en lucha por sus salarios y la amenaza de quitar la personería gremial a sus sindicatos.
La persecución a los docentes, encabezada por Vidal en la Provincia de Buenos Aires, utilizando a La Bonaerense para hacer inteligencia y delación de los huelguistas en las escuelas.
La condena penal y el proceso de exoneración de la dirección del SUTEF y de 17 docentes, promovido hoy por la gobernadora Bertone en Tierra del Fuego.
La persecución a los docentes, trabajadores y cooperativistas petroleros en Santa Cruz por parte del gobierno de Alicia Kirchner.
Los abogados defensores de Gerardo Hernández presentaron una nueva acción legal en el caso ante un tribunal en el sur de Estados Unidos, según confirmó el Comité Internacional por la Libertad de los Cinco a Prensa Latina.