Carta pública contra la Ley Antiterrorista / Solicitan adhesiones.

Carta Pública

Una reforma penal que legitimaría la criminalización de la protesta

Proyecto de Legislación Antiterrorista e Inversiones

Modificación del Código Penal

sobre

Prevención, Investigación y Sanción de Actividades Delictivas

con Finalidad Terrorista

Los abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación frente al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 14 de octubre ante el Congreso de la Nación que tiene por finalidad reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financien. El proyecto incorporaría al Código Penal una nueva agravante para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión. En estos casos se elevaría la pena aplicable al doble de la pena mínima y de la máxima. El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público. Una normativa similar ha tenido graves consecuencias en su aplicación en Chile, lo que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche en el marco de la ley antiterrorista, por cargos asociados al incendio de bosques. Por ejemplo, actualmente la pena prevista por una usurpación es de 6 meses a 3 años, pero según este proyecto pasaría a ser de 1 a 6 años si se considera que tiene finalidad terrorista, introduciendo así el riesgo de la prisión efectiva. Además, este proyecto implicaría nuevas desproporciones en la escala penal: por ejemplo, quien cometiera un hurto en el contexto de una conmoción pública podría recibir una condena mayor que la que corresponde a un policía que ocasionara torturas.

La reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo. Si bien el proyecto establece que el agravante no se aplicaría en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, este criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que de por sí implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar su reclamo. Dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de la prueba y serán ellos los que deberán probar, en el marco de los procesos penales, que no son terroristas. Este tipo de reformas legislativas son exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como condición para considerar a nuestro país como un destino seguro de Inversiones Externas Directas. Observamos con profunda preocupación que, a fin de cumplir con las exigencias de organismos internacionales, se dispongan medidas de carácter penal que puedan vulnerar derechos fundamentales. Es necesario ubicar esta iniciativa en el marco de concepciones fuertemente instaladas en torno de las llamadas “nuevas amenazas” en discursos y propuestas sobre seguridad hemisférica. Perspectivas que, en ocasiones, bajo el pretexto de luchar contra los “nuevos” enemigos de la seguridad (que abarcan prioritariamente al narcotráfico y al terrorismo), incluyen respuestas fuertemente punitivas a problemáticas políticas, económicas, sociales, de salud pública o medioambiental. El diagnóstico de “las nuevas amenazas” suele extenderse sin matices sobre la región, a través de propuestas que desconocen particularidades de la situación del delito de cada país, así como el marco normativo interno. La reforma implicaría, además, graves riesgos para las organizaciones que presten apoyo a los movimientos sociales, ya que podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo, en caso de que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de organizaciones sociales cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas.

Manifestamos nuestra oposición al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y llamamos a las autoridades políticas a abstenerse de aprobar esta reforma en tanto constituye una nueva ampliación de la respuesta punitiva estatal mediante la incorporación de figuras inconstitucionales, el aumento de penas y la legitimación de la persecución penal a la protesta social.

Adhesiones a: leyantiterrorista@yahoo.com.ar

1) Organizaciones nacionales:

AADI - Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena

ACIJ (Asociación Civil Por la Igualdad y la Justicia)

CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)

CEPPAS (Centro de Políticas Publicas para el Socialismo)

A.E.L. (Asociación Ecológica de Lanús), Miembro de RENACE (Red nacional de Acción Ecologista de Argentina)

Agrupación política Colectivo por la Igualdad. Centro de Estudio y Acción por la Igualdad

ALERTA ANGOSTURA, Provincia de Neuquén.

Asamblea ¡ Córdoba Ciudad Despierta !

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Sierra de la Ventana - Buenos Aires

Asamblea de Organizaciones y vecin@s movilizados por la soberanía alimentaria. Región del Alto Valle - Río Negro.

Asamblea Popular del Cid

Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza

Asamblea Villa Giardino Despierta - Córdoba

Asambleas Ciudadanas Riojanas

Asociación Ambientalista y de Calidad de Vida "Pacto Verde", Monteros - Tucumán.

Asociación Civil Amigos de Guapoy

Asociación Civil Grupo de Planificación Sustentable (GPS), de Bariloche.

Asociación Civil Hermanos de la Tierra

Asociación de Ex - Detenidos - Desaparecidos

Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la Argentina

Asociación Promoción Para La Cultura y Desarrollo en Argentina - APCD - Formosa

ASOCIANA (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana en el Norte Argentino)

ATE ROSARIO - a través de Gustavo Martínez, Secretario General

Be Pe - Asociacion Civil Bienaventurados los Pobres - Catamarca

Biblioteca Popular Obrera Maria Luisa Buffo de Ferro, Monteros - Tucumán.

Campaña Salvemos al Iberá

CAUCE UBA (Corriente Antiburocrática Universitaria Contra la Explotación - Universidad de Buenos Aires).

COB La Brecha (Corriente de Organizaciones de Base - La Brecha).

COEPSA (Centro Oeste de Estudios Politicoas y Socioambientales)

Colectivo por la Igualdad (CxI)

Colectivo Voces Alerta

Comunicación por la Libertad (CxL)

Comunidad Tehuelche - Mapuche "GAJNA INA ÜYEY A GAYAU - AZ WAIWEN KÜRRÜF, Dolavon - Chubut

Conciencia Solidaria ONG Interprovincial

Consejo Asesor Indígena (CAI) de Río Negro

Consejo Departamental de Comunidades, departamento de Cochinoca - Jujuy

Corriente Julio Antonio Mella / Juventud Rebelde - Presidencia FUBA

Eco - Sitio Portal de Medio Ambiente y Ecología

Ecos de Saladillo - Buenos Aires

ENDEPA - Equipo Nacional de Pastoral Aborigen

Espacio CuCoco en la Huerta de Saavedra

FARN - Fundación Ambiente y Recursos Naturales

Federación de Entidades de Fomento y Organizaciones del Pueblo de Quilmes.

Frente Cívico por la Vida de la Provincia de San Juan

Foro Ambiental y Social de la Patagonia - Sede Comodoro Rivadavia - Chubut

Fundación Ecosur Ecologia, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur - Filial Patagonia Norte

Greenpeace

Hecho en Bs. As.

Jóvenes de la CC - ARI - Mendoza

JxI - Jóvenes por la Igualdad

Liberpueblo - Asociación por la defensa de la libertad y los derechos del pueblo

Los Verdes - Foro de Ecología Política

MANBLAS - Movimiento de Articulación No Colonialista de Bases Latinoamericanas y Sociales - Neuquén

Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP)

Movimiento del Teatro del Oprimido de Jujuy (MTOJujuy)

Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas - Neuquén

Organización Ecologista Guardianes del Iberá - Corrientes

Organizaciones Comunitarias de la Ciudad de Córdoba: Canal de las Cascadas, El Amanecer, Comunidad Renó, Los Cortaderos, La Ilusión, Güemes, El Arca, Libertad, 2 de Mayo con SERVIPROH (Organización Social)

Pañuelos en Rebeldía

PIDHDD - Capítulo Argentina - Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Pro-Eco Grupo Ecologista, Asociación Civil - Tucumán

Puesto Informativo - ASANOA - Tucumán

Red por el Uso responsable del Agua de Traslasierra - Córdoba

Red Provincial de ONG’s de San Juan

Secretaría DDHH - CTA Chubut

SERPAJ ARGENTINA - Servicio Paz y Justicia

Servicio Jurídico para Pueblos Indígenas - Servijupi - Formosa

Sindicato de Empleados de la Justicia de Chubut (Sitrajuch)

SOS Delta.org

Sur para la Emancipación - Mendoza
Vecinos de Traslasierra por el Ambiente - Córdoba

2) Personas:

Alberto Binder

Ana Laura Alvarez, coordinadora de Asociana.

Ariel Fuxman - Consejero Directivo Facultad de Filosofia y Letras - UBA

Damián Finucci - Presidente CEFyL (Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras - UBA)

Elia Espen - Madre de Plaza de Mayo

Emanuel Marcos Abínzano

Fernanda Reyes - Diputada (mc)

Felipe Ochsenius, del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP)

Igal Kejsefman - Consejero Superior UBA

Ignacio Kostzer - Presidente FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires)

Jazmín Rodriguez - Consejera Directiva - Facultad de Ciencias Sociales - UBA

Julián Liparelli - Presidente CECEN (Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales - UBA)

Julio Raffo - Diputado de la Ciudad por Proyecto Sur, Vicepresidente Segundo de la Legislatura porteña

Laura Fraile - Consejera Directivo - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Leandro Altman - Consejero Superior UBA

Luis Cruz - comunicador social

Luis Zamora - Autodeterminación y Libertad

Marcelo Luda - Consejero Directivo - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

María Laura Barroso Baldi

Mario Hernández - Periodista - Miembro de la Comisión Directiva de la Coordinadora de Medios de la CABA (COMECI).

Maristella Svampa - Voces de Alerta

Martha Linares - Presidenta CECSo (Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales - UBA)

Pablo Bergel, vecino - Diputado de la CABA

Pablo Vensentini - Consejero Directivo - Facultad de Filosofia y Letras - UBA

Ramiro Sorondo - Consejero Directivo - Facultad de Ciencias Sociales - UBA

Roberto Gargarella

Rocío Sanchez Andía - Legisladora CABA

3) Organizaciones de otros países:

Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad CEIBA - Guatemala

Asociación Tierra y Libertad para Arauco - Francia

Centro de Documentación e Información de Bolivia - CEDIB.

Colectivo de Coordinación de Acciones Socio - Ambientales (Colectivo Casa) - Bolivia

Comisión de Apoyo a los Pueblos Originarios de Chile

Defensoría Internacional por el Derecho de los Pueblos (DIDEPU)

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) - Perú

Juventud Ecologista en Acción - JEA de Oruro - Bolivia

Mouvement pour la Coopération Internationale - Suisse (MCI) - con Julio Macera y 45 personas más.