Por Manuel E. Yepe
El 31 de agosto de 2016 será siempre recordado como el día de la afrenta contra la Constitución de la República de Brasil por la manera fraudulenta con que se burló en esa fecha la soberana voluntad de 54 millones de brasileños que refrendaron con su voto, apenas 2 años antes, la reelección como su legítima Presidenta de Dilma Rousseff. El juicio político en el Senado a que fue sometida Rousseff tuvo muchas características que añaden singularidad al proceso. Por ejemplo, el hecho de que la Jefa del Estado separada de su alta investidura no fue acusada de corrupción, malversación de fondos, ni otra forma de infracción criminal. La mandataria sólo fue acusada de haber firmado tres decretos presupuestarios con los que encubrió cuentas por pagar del Gobierno a fin de pedir a los bancos nuevos créditos sin haber restituido aún anteriores préstamos.
Calificar esta infracción como un “crimen de responsabilidad”, única acusación por la que un presidente puede ser sometido a un juicio de este tipo (impeachment) en Brasil, ha sido el tema principal de la discusión parlamentaria, escenario donde el Partido de los Trabajadores que respalda a Rousseff no tiene mayoría, pese a ser la formación política con más partidarios a escala nacional.
Sin dudas es contrastante que, sin estar Dilma formalmente acusada de corrupción, al menos 49 senadores de los 81 que han juzgado a la presidenta (un 60% del total de los senadores que la condenaron) sí tienen procesos pendientes con la justicia por delitos que van desde lavado de dinero, crímenes contra el orden financiero, corrupción y crímenes electorales. Se ha resaltado, además, que las acusaciones de corrupción afectan tanto a parlamentarios a favor del “impeachment” contra Dilma Rousseff como a quienes se han pronunciado en contra.
Según trascendió, cuando la senadora del PT Gleissi Hoffman dijo el jueves que el Senado brasileño “no tiene ninguna autoridad moral” para juzgar a Rousseff la frase cayó como una bomba, especialmente en un Senado al que se le acusa de “golpista” por aceptar un delito de maquillaje de cuentas como crimen de responsabilidad, algo nunca visto hasta ahora.
Fernando Lugo se reunió desde las 6:00 (hora del Paraguay) de hoy con sus principales colaboradores en la sede del Partido País Solidario, con el objetivo de analizar la estrategia para lograr volver al poder, tras su destitución vía juicio político por parte del Congreso.