Por Diana Grajales, Delegación de Paz de las FARC - EP
Nada más alejado de la realidad, es pretender hacer creer a Colombia y al mundo que nosotros como organización revolucionaria (FARC - Ejército del Pueblo), utilizamos el terror como arma de guerra contra la población civil para el logro de nuestros objetivos, que no son más que la construcción y consolidación de una sociedad más justa que le abra las puertas a una verdadera democracia.
Nuestro sueño, ese proyecto de un nuevo país incluyente, tiene muy poderosos enemigos, tanto internos como foráneos, que han amamantado la guerra y han hecho del miedo y del pánico su mayor y máximo aliado.
Para entender cómo el uso del terror ha sido parte de la estrategia de los enemigos de la paz de Colombia es necesario trasladarnos en el tiempo.
En la década del ' 60, cuando Alberto Ruiz Novoa, destacado Comandante del Batallón de Infantería de Colombia en la Campaña de Corea, era ministro de guerra, llegó a nuestro país el militar estadounidense William Yarborough, comandante del “Special Warfare Center” de Fort Bragg en Carolina del Norte, cuartel general de la 82 División, Boinas Verdes, unidad especializada que participó activamente en la sangrienta guerra contra los vietnamitas. El arribo de Yarborough a Colombia no fue gratuito; sostuvo encuentros con los más altos militares colombianos y con los encargados de los mecanismos de seguridad. Ese fue uno de los hechos que marcó el nuevo camino que desde entonces tomó la concepción de "seguridad" del Estado, basada en la aplicación de la doctrina contrainsurgente puesta en práctica previamente por el ejército francés en Indochina y Argelia.
La implementación por parte del Estado y su fuerza pública de ese nuevo concepto de "seguridad", significa la llegada a Colombia de la Doctrina de la Seguridad Nacional, obviamente para garantizarle a los EE. UU. sus intereses en nuestra patria y en América Latina, en un contexto de expansión de la influencia de la Unión Soviética y tras el reciente triunfo de la revolución cubana.
Esta perversa doctrina contrainsurgente promovida por el Estado colombiano y sus gobiernos le abrió paso a la guerra total contra el pueblo, caracterizada por los siguientes elementos: acciones de guerra donde la población civil es considerada como enemigo; aplicación de la guerra psicológica para el control del territorio; eliminación de garantías jurídicas, para lo cual el estado de sitio juega un papel determinante; tortura permanente y sistemática contra la población civil como arma de guerra; creación de grupos paramilitares que apoyan a la fuerza publica realizando el "trabajo sucio", etc.
Con el Decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968 por los que se legalizan las fuerzas paramilitares (1) se abrió el camino al accionar de los escuadrones de la muerte, formados y adoctrinados en técnicas de exterminio y guerra sucia para acallar con brutal sevicia y total impunidad a todos los movimientos sociales y políticos disidentes u opositores. La consecuencia de todo esto ha sido el desencadenamiento en Colombia de hechos criminales extremadamente violentos, nunca conocidos en nuestro hemisferio: más de 60.000 personas desaparecidas por razones políticas, 6 millones de desplazados internos, 8 millones de hectáreas usurpadas a los campesinos, decenas de miles de asesinados, cientos de masacres, violencia sexual, hornos crematorios y miles de prisioneros políticos, hasta llegar al genocidio de la Unión Patriótica, crímenes que continúan y aún siguen en la impunidad.
La violencia impuesta por la oligarquía colombiana en connivencia con los EE. UU. perpetuó la tragedia de la permanente guerra contra el pueblo colombiano, visto como "enemigo interno" por la oligarquía dominante, los grandes empresarios y latifundistas, generalizando así el terror sistemático en todas las regiones y trayendo como consecuencia la permanente violación de los Derechos Humanos que aún persiste.
Todo un despliegue de terror, utilizado como un arma de guerra y de dominio político para atemorizar a los campesinos, comunidades y ciudadanos en general, para disuadir cualquier clase de resistencia popular y emancipadora.
La rebelión ha sido la única alternativa contra el exterminio físico de campesinos y opositores. Nunca la insurgencia ha tenido una estrategia de ataque contra la población civil. Ello le habría privado del necesario y determinante apoyo del pueblo, de las masas, para resistir primero y transformarse después en un ejército popular que lucha sin descanso por un país sin explotados ni explotadores.
NOTA:
No hay comentarios. :
Publicar un comentario