Gremial de Abogados en defensa de los familiares de víctimas de la represión en Jujuy.

Mediante un comunicado, la Gremial de Abogados de la Argentina informó que se encuentra verificando las denuncias presentadas por los familiares y víctimas de apremios ilegales, torturas y muertes de la provincia de Jujuy, como también anunció que asumirán el esfuerzo de patrocinarlas legalmente pese a la distancia existente.

Dicha entidad señaló que las denuncias efectuadas "acreditan que semejantes barbaridades están en conocimiento no solo de las autoridades PROVINCIALES Y NACIONALES, sino sobre todo de las respectivas Secretarías de DD. HH. así como de varios organismos de DD. HH. y afirmaron la existencia de "una línea de complicidad con la tortura que arranca del miserable policía que la produce, pasa por la Justicia provincial en todos sus niveles y llega -lamentablemente- hasta las autoridades nacionales y las estructuras de DD. HH. oficiales.

Por otra parte, indicaron que "los únicos recursos con que contamos somos nosotros mismos" pues carecen de los medios "para enfrentar y atender estas situaciones que se producen a miles de kilometros de Buenos Aires", los cuales sí están disponibles por parte de los organismos y organizaciones ligados a los Gobiernos a nivel nacional y provincial.

"Lo de Jujuy es solo una postal que se repite en casi toda la Argentina, por eso no es casual que nuestro país y este Gobierno haya sido condenado por la CIDH por el delito de Desaparición Forzada de Personas", afirmaron. Debe recordarse la condena por el caso de Iván Torres en la provincia de Chubut que oportunamente fuese efectuada por dicho organismo interamericano.

Concluyeron, solicitando el acompañamiento y la colaboración de las organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, personalidades y sobre todo, asociaciones de DD. HH. con la finalidad de asistir a estos familiares y víctimas de una violencia que no sólo es policial, ya es también institucional...

Echarri Pareja y Carranza Laurente: Convocatoria de la Gremial de Abogados de la Argentina.

La Gremial de Abogados de la Argentina convocó a todos y todas las compañeras y compañeros, y a las organizaciones, a una reunión que tendrá lugar el próximo lunes 25 del corriente, a las 17.00 hs., en el Salón de Actos de ATE seccional Capital, en la calle Carlos Calvo 1378 de esta Capital, con la finalidad de exponer la situación de Rolando Echarri Pareja y Juan Manuel Carranza Laurente, los dos compañeros peruanos a quienes se pretende extraditar desde nuestro país.

Echarri Pareja es un compañero peruano que pertenece al Partido MOVADEF (Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales) y uno de la veintena de sobrevivientes sobre los trescientos prisioneros políticos asesinados en el Penal de la Isla del Frontón, en Perú, llevando aún las secuelas de las balas y metralla recibidas en su cuerpo. Estuvo detenido dos veces y en ambas, recuperó su libertad siendo absuelto y luego continuó su militancia política, lo cual "le valió hostigamientos y persecuciones de todo tipo".

Estuvo refugiado en el hermano Estado Plurinacional de Bolivia, siendo reconocido por el ACNUR como perseguido político, aunque "los grupos parapoliciales peruanos llegaron hasta allí intentando represalias" y hace tres años vino a nuestro país y apenas ingresó, se presentó ante el CONARE (Comisión Nacional para los Refugiados) con la finalidad de solicitar refugio político acreditando dicha condición "con abundante documentación" mientras que, "en los últimos tres años se presentó cada dos meses a firmar dando cuenta de su legalidad y estando a Derecho".

Ahora fue detenido, al igual que con los seis campesinos paraguayos, dentro del CONARE con fines de extradición; es decir, en un lugar "donde deberían respetársele sus derechos". Según afirmó la organización abogadil, "de nada ha valido para el Gobierno Argentino el reconocimiento del ACNUR como perseguido político en su país", el cual "avasalla diferentes normas, acuerdos, tratados internacionales y afecta el propio art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional".

En similar situación, se encuentra Juan Manuel Carranza Laurente, integrante de la Asociación de Abogados Democráticos, en Perú, organismo que -al igual que nosotros- defiende presos políticos.

Al "igual que la Doctrina Garzón de ' todo es ETA ', el Gobierno y la Justicia peruana aplican  ' todo es terrorismo ' ", sostuvieron.

Es decir, se considera que "se es terrorista por ser abogado de presos" o como en el caso de Echarri, "por producir acciones proselitistas legales".

Los cargos que esgrime la Justicia Peruana para solicitar la extradición de este último son "haber agitado una bandera roja con una hoz y un martillo", "haber pintado consignas en las paredes" y "haber efectuado volanteadas en la puerta de una radio". Estas son las imputaciones por las cuales el Gobierno Argentino ordena su detención "en forma traicionera y violando toda una historia argentina de refugios y asilos", y bajo las que "el Juez Federal Canicoba Corral ordena mantener la detención que ya lleva dos meses y seguramente se prolongará".

La Gremial de Abogados solicitó que se los acompañe "en esta tarea de evitar que estos compañeros vayan a ser extraditados y sometidos a una Justicia lacaya de los intereses de los grupos económicos y las oligarquías dominantes en Perú", como también solicitaron la "solidaridad con el compañero detenido en el Penal de Ezeiza",  acompañándolo y visitándolo con "la mayor unidad posible en esta situación" tal como vienen realizando en otros casos.

La Gremial de Abogados le responde a Weretilneck.

Mediante una carta enviada al Gobernador rionegrino, la Gremial de Abogados refutó las declaraciones que el funcionario efectuara durante su discurso ante la policía rionegrina y reafirmando lo expresado durante la conferencia de prensa que la organización brindara el pasado 31 de enero.

En el texto de la misiva, indicaron que disienten con la definición de "presos políticos" efectuada por Weretilneck, quien sostiene que toda persona detenida por su pensamiento u opinión es un preso político, destacando que la Declaración de Principios de la organización, en su punto 4, expresa que es "preso o perseguido político o social todo aquel que sea detenido, procesado o imputado por hechos que puedan constituir delitos o contravenciones para la legislación nacional, provincial o municipal, si los mismos se hubieren producido como consecuencia de luchas, reclamos o peticiones de carácter social o política o cuando el encausado formare parte de una organización política, social o gremial y hubiere llevado a cabo hechos acordados u ordenados en las instancias internas del colectivo al que pertenece".

Asimismo, afirmaron que un preso político es "alguien que es detenido por un delito del Código Penal o Contravencional" y en nuestro país, salvo excepciones tales como las leyes antiperonistas después de la autodenominada Revolución Libertadora, quienes tenían este carácter "no lo eran por lo que pensaban, decían o escribían, sino por el tipo de acciones concretas que llevaron adelante en cada momento".

Por otro lado, le recordaron al Gobernador que tiene, entre los integrantes de su gabinete, al igual que en el Gobierno Nacional, "a personas que fueron presos políticos muy reconocidos y en ningún caso sus detenciones obedecieron a sus pensamientos o escrituras sino a sus acciones que siempre revistieron el carácter de delitos del Código Penal", destacando que no siempre fueron presos de las dictaduras sino también de gobiernos elegidos por el pueblo, como el de 1973

Indicaron que, en general, "el preso político afecta normas tipificadas por las leyes penales" por lo cual deben determinarse "las características tanto de la persona que produce un delito como de la organización a la que pertenece".

Refiriéndose a la línea politica de cada organización, afirmaron que su discusión no les corresponde, incluyendo a la Gobernación provincial, pues "no necesariamente somos parte de esas organizaciones" y si bien puede llegar a disentirse "con la línea de pensamiento o acción de una organización política o social", si uno de sus miembros es detenido por cumplimiento o impulso de esa línea política, "entonces se trata de un preso político".

Refutando el criterio del discurso de Weretilneck, afirmaron que "no habrían sido presos políticos ni los anarquistas de principios de siglo, ni los ejecutores de genocidas como el Comandante Varela (asesino de la Patagonia Rebelde) o del Comisario Falcón, ni los comunistas, ni los radicales, ni mucho menos los miembros de la heroica Resistencia Peronista", al igual que "los centenares de jóvenes encarcelados durante el Gobierno de Isabel y López Rega, que -nos guste o no- fue elegido por voto popular", calificando su concepción de limitada, antojadiza y tendenciosa por cuanto tiende "a construir un ' preso político ' ideal o a la medida de lo que Uds. requieren, cosa inexistente en la realidad de una Argentina con injusticia social".

Al referirse al planteo efectuado durante la conferencia de prensa del pasado 31 de enero, la Gremial de Abogados recordó que afirmaron que "cuando hay conflictos políticos o sociales (estudiantiles, sindicales, territoriales, ambientales, etc.) la aplicación del Código Penal huelga, debería estar fuera de la hipótesis de aplicación", a la vez que reconocieron "que abogados digan que no deben aplicarse las leyes ante situaciones de conflictos donde pueden devenir delitos".

No obstante, sostuvieron que "la aplicación del Código Penal en conflictos sociales implica el fracaso de la política" y añadieron que, si bien no les coresponde discutir los saqueos, son situacones donde "la política, es decir, la negociación y la comprensión de las injusticias, las desigualdades y las limitaciones en la equidad, pueden resolver antes de que ingresen al escenario la fuerza, los balazos, los palos, la represión y el saldo correspondiente por mas que todo esto se encuentre avalado u ordenado por la autoridad judicial" y consideraron que cuando esto ocurre, afirmaron, "los agredidos, reprimidos, encarcelados o procesados revestirán el carácter de presos políticos, en virtud de nuestras definiciones en la Declaración de Principios" mencionada anteriormente.

Por otro lado, sostuvieron que pueden decirles "que al Gobierno provincial (como en algún momento al Nacional) no le importa ni valora en absolutamente nada lo que aquí planteamos y seguir con una línea política represiva" y señalaron que, "en tal caso, cada uno sabrá lo que tiene que hacer, y nosotros pondremos todo nuestra voluntad y nuestro conocimiento técnico / jurídico a disposición de los mas desprotegidos".

Asimismo, le recordaron la desaparición de Daniel Solano, trabajador y delegado del gremio de la fruta, al igual que los asesinados por la policía provincial, destacando la falta de respuesta del gobierno provincial y nacional ante "la desaparición forzada de un ciudadano argentino"

"Le proponemos una hipótesis: si mañana se produjera una movilización con cortes de rutas por parte de amigos, allegados y organizaciones reclamándole a Ud. que diga donde está Daniel Solano y como consecuencia de tales hechos (tipificados en el Código Penal) se detienen personas ¿serían delincuentes comunes?", analizaron, añadiendo que, al no tratarse de personas detenidas por pensar y escribir, para Ud. (refiriéndose al Gobernador), "no cabría dudas de que -para su Gobierno- serían simples delincuentes" y agregaron "si en lugar de llegar a ese conflicto, su Gobierno le dijera a la familia y al Pueblo de Río Negro donde está Daniel Solano difícilmente se produjera reclamo alguno".

Finalizaron, señalando que estos ejemplos "los hay por cientos" y que "de eso estamos hablando".

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Bariloche: Conferencia de prensa de la Gremial de Abogados.

Informe de la Gremial de Abogados sobre los presos políticos de Bariloche.

Mediante un comunicado, la Gremial de Abogados de la Argentina informó que se obtuvo la libertad "de cinco de los seis compañeros y compañeras detenidos en el marco de acciones de reclamos y solidaridad con cinco detenidos anteriores", tras la intervención de una delegación de "integrantes de la Mesa Directiva de la Asociación Gremial de Abogados", la que "se hizo presente en Bariloche para acompañar (y felicitar) a nuestra compañera / colega Marina Schiffrin quien estuvo a cargo de la Defensa de los presos desde el primer momento".

Por otra parte, informó que, "de los cinco detenidos anteriores, las tres mujeres han sido beneficiadas con arresto domiciliario" y se continúa trabajando para obtener "el acercamiento domiciliario de los dos varones que fueron trasladados a Viedma".

Destacaron que la Asociación y en particular, la compañera / colega Marina Schiffrin, dieron muestra de estar en donde se los necesita: "con los presos, en Tribunales, enfrentando a las autoridades conservadoras, reaccionarias y arbitrarias del Poder Judicial cuando producen situaciones como las que tuvimos que enfrentar" y afirmaron que carecían de "referencias políticas, personales o publicas de las organizaciones a las que pertenecen los detenidos" pero "jamás se les ha preguntado quienes eran, que pensaban ni de que identidad política provenían", concluyendo que "simplemente los defendimos".

Asimismo, señalaron que "el colmo de la arbitrariedad de la Justicia Nacional de Río Negro fue negar la excarcelación a los detenidos, lo que nos obligó a redoblar esfuerzos y también extendió innecesariamente el padecimiento y sufrimiento de humildes habitantes de los barrios carenciados de Bariloche a quienes se sometió a pésimas condiciones de detención como el impedimento de visita de sus hijos".

Finalizaron, agradeciendo a quienes los "acompañaron en la defensa, y a los que estuvieron presentes en la conferencia de prensa como las organizaciones de la Multisectorial de Bariloche y muy especialmente, al compañero diputado Raúl Godoy y Elisa Cisternas, del Sindicato de Ceramistas de Neuquén que nos acompañaron, como acompañan siempre que se necesita la presencia y la solidaridad".

Severa advertencia de la Gremial de Abogados de la Argentina ante la absolución de Fernanda Pereyra.

La Gremial de Abogados de la Argentina llevó adelante la defensa de la compañera Fernanda "La Colo" Pereyra, abogada que asesora y acompaña a los compañeros del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, de la mano de los Dres. Eduardo Soares y Roberto Perdía, según expresaron en un comunicado en donde manifiestan la alegría por su absolución y su preocupación por el origen del proceso judicial y los términos del fallo absolutorio.

Tras recordar los hechos por los cuales fue imputada, se preguntaron porque la judicializaron; a lo cual, respondieron que ello fue producto de "una pequeña nota en los medios donde detalló causas judiciales que ella defiende, básicamente la del ataque al local partidario del entonces gobernador Sobisch, asesino del maestro Fuentealba" y volvieron a preguntarse si era solo y exclusivamente por dicho motivo, para responderse que sí, porque la identificación de la compañera como presente en el acto de conmemoración de la caída en combate del Comandante Mario Santucho por parte de la policía, los fiscales y la misma maquinaria judicial fue lo que determinó su imputación y su procesamiento.

Según afirmaron, durante el debate que duró tres jornadas, se encontraron con policías federales "cargados de subjetividades"; tales como el comisario a cargo de la Seccional de la jurisdicción, quien satanizó a las organizaciones en forma similar a la realizada durante las décadas del ' 60 y ' 70 y que aún continúa en actividad, habiendo sido defendido por el Tribunal a punto tal que se amenazó a la defensa con la pertinente denuncia ante el Colegio de Abogados, demostrando ello la discriminación contra las organizaciones que estuvieron en el acto y con una Fiscalía con mala intención y "un alto grado de compromiso político con el macrismo".

Asimismo, sostuvieron que este procesamiento y criminalización de la compañera Pereyra, quien estuvo en el acto para ejercer legítimamente su profesión de abogada, asesorando a compañeras y compañeros, y haciendo declaraciones a los medios de comunicación, constituye una "gran luz de alarma que se enciende para todos" por cuanto, si bien su defensa pidió la absolución "con la aclaración expresa de que la Colo no cometió delito alguno y que estar presente en un acto no implica la comisión de un delito o una contravención", el fallo absolutorio del Tribunal lo fue por el beneficio de la duda...

Afirmaron que el Tribunal les aclaró en forma expresa que "si hubiera sido por la íntima convicción la habríamos condenado" y que la absolución "se debió a que ' el planteo de ustedes fue mejor que el de la Fiscalía ' y porque el Tribunal y la acusación ' no pudieron determinar el rol (de la Colo) en la organización del Acto ' ".

Ello debe llevar a la preocupación por el precedente que, si bien absuelve a la compañera, puede constituírse en "un peligroso antecedente para criminalizar a cualquier concurrente o participante en cualquier acto como los de Santucho o el Che", enfatizaron.

Por otra parte, indicaron que al resaltarse la condición de abogada de "La Colo", por parte de la defensa y la denuncia a la Justicia porteña por el intento de avasallar su derecho a ejercer su profesión de abogada, condicionó la decisión del Tribunal.

Sin embargo, concluyeron, dicha condición "no la tienen cientos de compañeros y compañeras que concurren a esos actos y que pueden quedar a merced de una criminalización con fallos como éste".

Paraguay: Declaración de la Gremial de Abogados de Argentina ante la condena a los 6 presos políticos.

LA TRAICIÓN Y LA INJUSTICIA CONSUMADAS
      
Emprender la tarea de defender a luchadores populares, militantes políticos y sociales, de los embates de los poderes fácticos e institucionales, es siempre elegir un camino lleno de sinsabores, muchas veces de dolor e impotencia.

Los sistemas judiciales de nuestros países de América son estructuras generalmente elitistas, clasistas, pensadas y diseñadas para perseguir, “para combatir el delito”, y no para hacer prevalecer el derecho.  Son las conocidas “telas de araña” -pues la ruempe el bicho grande/Y sólo enrieda a los chicos-, que mentara el Martín Fierro y que ya conocían los griegos cuatrocientos años antes de Cristo.
     
Nuestros sistemas policiales y procesales, desde su propia concepción y en la práctica cotidiana, sepultan la verdad y la mera búsqueda de la misma, bajo los escombros de su desprecio de todo aquello que no sea su prepotencia, su incapacidad y su soberbia clasista y, casi siempre, racista.
     
Bajo esos escombros buscan los perros de la “Justicia” los cadáveres insepultos de la verdad, de la razón y de la verdadera Justicia. Ni “víctimas” ni “victimarios” encuentran respeto y equidad con ellos, sino a lo sumo el sentimiento de la venganza satisfecha y la confirmación de que el mundo y nuestros semejantes sólo merecen odio.
     
No hay ceremonial ni rituales que puedan esconder estas verdades.

Y si, acostumbrados y, a veces, hasta insensibilizados por el trato diario con esta realidad, hoy venimos a recordarla, a conjurarla y a maldecirla, es porque, como pocas veces, su accionar artero e hipócrita nos ha lastimado en lo más profundo, como profesionales del derecho, como militantes y como personas.
     
Estamos hablando de lo sucedido con los seis dirigentes campesinos paraguayos que, en su momento, atraídos por los cantos de sirena de los supuestos defensores de los Derechos Humanos, acudieron a nuestra Patria a pedir refugio político contra la persecución del perverso sistema político e institucional paraguayo, y sólo encontraron traición, cárcel y negación de Justicia.
     
Argentina consumó una nueva infamia contra nuestros hermanos paraguayos, y esto lo reconocen hasta altos funcionarios del gobierno, aunque no lo digan en público.
     
Los seis eran miembros de una organización campesina, el Movimiento Agrario y Popular, y cinco de ellos de una fracción del partido Patria Libre, varios de cuyos dirigentes habían sido detenidos, acusados del secuestro y la muerte de la hija de un ex presidente del Paraguay, hechos sobre cuya decisión se los acusó también a ellos mismos.

A pesar de todos los esfuerzos, de todos los reclamos, de toda la movilización, de toda la indignación, la bronca y la vergüenza que todavía algunos podemos sentir, fueron, para ignominia de los responsables y ejecutores, extraditados después de dos años y medio de cárcel en nuestro suelo.
     

En el Derecho se gana y se pierde y vaya si estamos acostumbrados a “perder”, a condenas inconcebibles, a represalias judiciales y policiales, a entrar a un partido con varios goles en contra. Sabemos mucho de eso porque nunca corremos en los Juicios que nos toca enfrentar con “el caballo del comisario” con amparo de Jueces y Fiscales como suele ocurrir en otros tipos de causas. Pero aún así, nos cuesta resignarnos a haber perdido en esta causa de extradición ligada profundamente a la Historia de nuestro Pueblo como ha sido la que culmina con la deportación de estos seis hermanos paraguayos enviados por el Gobierno y la Justicia Argentinos -a sabiendas-  al peor de los infiernos.
      
Cuatro años más pasaron en la inconcebible cárcel de Tacumbú, para finalmente ser sometidos a lo que no dudamos de calificar como simulacro de juicio, con un final ya escrito desde el principio de la persecución pero no por ello menos doloroso e indignante: una pena de 25 años de prisión por los delitos que se les endilgaron, más 10 años de “medida de seguridad” (al solo efecto de castigar la “peligrosidad” de los condenados). 35 años en total.
      
Podríamos llenar páginas y páginas relatando irregularidades, absurdos e hijoputeces, pero sólo mencionaremos algunas que se nos ocurren más relevantes.

- Casi toda la construcción acusatoria se estructuró sobre las declaraciones de un agente infiltrado dentro de la organización política Patria Libre. Los entonces Fiscal General del Paraguay y Jefe de la Policía Nacional declararon en el juicio que este los tenía permanente y completamente informados desde el momento en que se realizó el secuestro hasta el desenlace, de todos los movimientos y decisiones de dicha organización, supuestamente en referencia a esos hechos. Ninguno de ellos fue, no ya imputado o recriminado, ni siquiera interrogado por no haber interrumpido, o al menos intentado interrumpir, el accionar de los supuestos secuestradores y evitado el desenlace. Curiosamente (¿?) tampoco lo fueron por parte de la querella particular, la familia de la víctima.

- El sistema judicial paraguayo, a efectos del pedido de extradición, dio plenas garantías al argentino, no ya de respetar las garantías procesales de los acusados (cosa que no hizo) sino, puntual y explícitamente, de computar el tiempo de detención en Argentina como si hubiera transcurrido en suelo paraguayo, tanto a efectos del cómputo de la prisión preventiva como, desde ya, del cómputo de la pena. El tribunal de sentencia paraguayo ha sostenido que el tiempo de cárcel en Argentina no existió, sino que los seis estaban alojados en hoteles y residencias particulares; por lo tanto, en su sentencia comienza el cómputo de la pena desde la fecha en que se les levantó formalmente la “rebeldía”, 10 días después de la extradición.  Pero ahora tanto el Gobierno como la Justicia argentina callan, miran para otro lado, no asumen la vergüenza de sus decisiones.

- El tribunal de sentencia decidió pedir la investigación, amenazando con persecución judicial, a la testigo Regina de Rodas, que desde hace 7 años ha concurrido sistemáticamente a declarar en innumerables ocasiones, en distintas instancias y diferentes juicios, sin perder su condición de tal, ya que ni el judas ya mencionado se atrevió a cuestionar su testimonio sino que buscó un subterfugio para neutralizarlo.

Como Asociación Gremial de Abogados, ya nos hemos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar a los estados argentino y paraguayo por la violación de los derechos y garantías de los 6 compañeros paraguayos y para solicitar medidas cautelares a favor de los mismos.

Y, desde ya, acompañaremos todas las iniciativas que, con seguridad, recorrerán ese mismo camino para impugnar el proceso que se llevó adelante contra ellos en Paraguay. También nos presentaremos ante las autoridades argentinas pertinentes, incluido el Consejo de la Magistratura, para solicitar se investiguen y se castiguen los incumplimientos de las leyes y las sentencias argentinas pisoteadas en este triste caso.

Ahora sí: La Galle a la calle... Le otorgaron la libertad condicional.

Según informó la Gremial de Abogados de la Argentina, los defensores de La Galle fueron notificados por el Juez de Ejecución Penal que ha ordenado instruir a la Dirección del Complejo Penitenciario Nº 3, donde está alojada "La Galle", para que se "disponga lo necesario y se confeccionen los informes" (inicio de trámites) con la finalidad de hacer realidad la libertad condicional.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación había otorgado el beneficio de las salidas transitorias, tras 10 de prisión ininterrumpidas por una condena a 30 años, pero dicha organización ya había transmitido la intención de continuar las gestiones para obtener la libertad absoluta de la compañera. Al ser notificados del mencionado beneficio, se reiteró el pedido de libertad condicional, con los mismos argumentos esgrimidos ante el máximo tribunal, el cual fue resuelto favorablemente.

Por otra parte, agradecieron la lealtad incondicional de "La Galle" y su mamá Hilda, al igual que el apoyo de las y los compañeros que, con su movilización permanente, permitieron esta hermosa realidad y en particular, a quienes colaboraron con la defensa en los peores momentos de estos últimos cinco años.

La misma Karina "La Galle" Germano López hizo llegar su agradecimiento, con el siguiente mensaje: "El juez de ejecución penal me concedió la libertad condicional, gracias a todxs lxs compañerxs que lucharon por mi libertad durante estos 10 años, se terminó la pesadilla".

Desde Gacetillas Argentinas, nos sumamos a la alegría por esta excelente noticia.