
Estimados Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno;
Distinguidos Jefes y Jefas de Delegaciones;
Señor Secretario General de las Naciones Unidas;
Señor Presidente:
Hace 70 años que, en nombre de los pueblos, los miembros de esta organización suscribimos la Carta de las Naciones Unidas. Nos comprometimos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y a edificar una nueva forma de relacionarnos bajo la guía de un conjunto de propósitos y principios, que debían augurar una época de paz, justicia y desarrollo para toda la humanidad.
Sin embargo, a partir de entonces, han sido constantes las guerras de agresión, la intervención en los asuntos internos de los Estados, el derrocamiento por la fuerza de gobiernos soberanos, los denominados “golpes suaves” y la recolonización de territorios, que han sido perfeccionados con formas de actuar no convencionales, con el empleo de nuevas tecnologías y esgrimiendo supuestas violaciones de los derechos humanos.
Es inaceptable la militarización del ciberespacio y el empleo encubierto e ilegal de las tecnologías de la información y las comunicaciones para agredir a otros Estados, como también lo es que se distorsione la promoción y protección de los derechos humanos, utilizándolos de forma selectiva y discriminatoria para validar e imponer decisiones políticas.
A pesar de que la Carta nos llama a “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana”, el disfrute de los derechos humanos continúa siendo una utopía para millones de personas.
Se niega a la humanidad el derecho a vivir en paz y su derecho al desarrollo. Es en la pobreza y la desigualdad donde deben buscarse las causas de los conflictos, generados por el colonialismo y el despojo de las poblaciones autóctonas, primero, y más tarde por el imperialismo y el reparto de esferas de influencia.
El compromiso asumido en 1945 de “promover el progreso social y elevar el nivel de vida” de los pueblos y su desarrollo económico y social, sigue siendo una quimera, cuando 795 millones de personas sufren hambre, 781 millones de adultos son analfabetos y 17 000 niños mueren cada día de enfermedades curables, mientras que los gastos militares anuales en todo el mundo ascienden a más de 1,7 millones de millones de dólares. Con solo una fracción de ese monto podrían solucionarse los problemas más acuciantes que azotan a la humanidad. Incluso, en los países industrializados ya prácticamente desaparecieron las “sociedades de bienestar”, que se nos presentaban como el modelo a seguir. Los sistemas electorales y los partidos tradicionales, que dependen del dinero y la publicidad, son cada vez más ajenos y distantes de las aspiraciones de sus pueblos.
El cambio climático pone en peligro la existencia de la especie humana, y los Estados deben asumir responsabilidades comunes pero diferenciadas ante la inobjetable realidad de que no todos los países somos responsables por igual de lo ocurrido, ni despilfarramos los recursos naturales y humanos en un consumismo irracional e insostenible.
Las consecuencias del cambio climático son especialmente devastadoras en los pequeños países insulares en desarrollo e imponen una tensión adicional a sus frágiles economías. Lo mismo sucede en África, con el incremento inexorable de la desertificación.
Nos solidarizamos con nuestros hermanos caribeños y demandamos que se les dé un trato especial y diferenciado. Apoyamos a los países africanos y reclamamos para ellos un tratamiento justo, transferencia de tecnología y recursos financieros (Aplausos).
Señor Presidente:
Con la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y, particularmente con la firma por los jefes de Estado y de Gobierno, en enero del 2014, de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, ha quedado demostrado que, por encima de nuestras diferencias, podemos avanzar hacia la unidad y la consecución de objetivos comunes en el marco de nuestra diversidad (Aplausos).
En la Proclama, reafirmamos el compromiso inquebrantable con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional y de resolver las diferencias de forma pacífica, así como la convicción de que el pleno respeto al derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural constituye una condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones. Reclamamos que estos principios sirvan de base a las relaciones de otros Estados con nuestra región.
La República Bolivariana de Venezuela contará siempre con la solidaridad de Cuba frente a los intentos de desestabilizar y subvertir el ordenamiento constitucional, y destruir la obra iniciada por el compañero Hugo Chávez Frías (Aplausos) y continuada por el presidente Nicolás Maduro Moros a favor del pueblo venezolano.
De igual manera, va nuestra firme e irrestricta solidaridad a la República del Ecuador, a su Revolución Ciudadana y a su líder, Rafael Correa Delgado, quien se ha convertido en el blanco del mismo guión de desestabilización aplicado contra otros gobiernos progresistas de la región (Aplausos).
Nos solidarizamos con las naciones del Caribe que solicitan justas reparaciones por los horrores de la esclavitud y la trata de esclavos (Aplausos), sobre todo en un mundo en el que la discriminación racial y la represión de las comunidades afrodescendientes han ido en ascenso.
Ratificamos nuestra convicción de que el pueblo de Puerto Rico merece ser libre e independiente, luego de más de una centuria sometido a la dominación colonial (Aplausos).
Nos solidarizamos con la República Argentina en su legítimo reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur (Aplausos).