Santa Fé: Reconquista - Elevan a juicio oral la causa "Sambuelli".

La causa emblemática para el norte santafesino fue elevada a juicio oral, tras concluír la investigación por los delitos de lesa humanidad contra más de 40 víctimas y en donde están imputados los genocidas Danilo Alberto Sambuelli y Jorge Alberto Benítez; ambos, militares retirados de la Fuerza Aérea Argentina, Carlos Armando Nickisch, Comisario Inspector retirado de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Eduardo Antonio Luque, Horacio Osmar Machuca, Arnaldo Máximo Neumann y Rubén Vicente Molina, policías retirados de la Policía provincial.


En ella se investigaron los hechos acontecidos entre enero de 1976 y diciembre de 1983, los cuales consistieron en allanamientos y detenciones efectuadas sin orden judicial, posteriores traslados a la Jefatura de Policia local y de allí a la ciudad capital de Santa Fe, previo paso por la III Brigada Aerea de Reconquista, en donde funcionaba un centro de detención clandestino durante la última dictadura militar.


Destacaron que, a las privaciones ilegítimas de la libertad, se le sumaron interrogatorios por cuestiones políticas bajo tormentos, vejaciones e inclusive, en algunos casos, delitos contra la integridad sexual (violaciones). En este último ítem, el Dr. Aldo Mario Alurralde, titular del Juzgado Federal de Reconquista, aplicó el artículo 7° del  Estatuto de Roma –apartado 1.g-, de jerarquía constitucional, el cual comprende como delitos de lesa humanidad a los delitos de violación y esclavitud sexual cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Causa Hospital Posadas: 15 años de prisión para Bignone.

bignone 1El Tribunal Oral Federal Nº 2 de esta Capital dictó sentencia en el caso conocido como “El Chalet del Hospital Posadas”, donde fueron privadas de su libertad 22 personas y torturaron a 5 de ellas, por haber ocurrido en el Hospital Posadas, donde se encontraba este CCDyT.


Durante la lectura del fallo, se conoció la condena a Reynaldo Bignone, a 15 años de prisión, mientras que impuso la pena de 13 años al genocida Luis Muiña y de 8 años, al represor Hipólito Rafael Mariani.


Asimismo, se informó que la lectura de los fundamentos de esta sentencia se realizará el próximo 6 de febrero, a las 17.00 hs., en la sede de dicho tribunal.

Denunciaron una deficiente investigación judicial en el caso Alonso.

Héctor Alejandro Alonso, quien tenía 17 años, fue golpeado y torturado mediante la práctica de submarino seco y submarino húmedo por parte de policías de la Seccional 6ª de Tolosa, lo cual fue denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría Penal Juvenil Nº 16.


Tras la denuncia, acreditada por los peritos judiciales al momento de ser ésta efectuada, se relevó a los agentes policiales de la comisaría mencionada, a quienes se les instruyó sumario administrativo. Sin embargo, éste no avanzó debido a los mecanismos institucionales que permiten el encubrimiento de los hechos, según informó el organismo provincial y al no haberse imputado delito alguno, debido a la inacción judicial, quedaron sin efecto los pases a disponibilidad y los agentes volvieron a trabajar.


Cabe destacar que este caso motivó la intervención de la Organización Mundial Contra la Tortura, según informaron, la que solicitó medidas de protección y reparación a la víctima como también una exhaustiva investigación y el apartamiento de su cargo a los responsables de los hechos al Estado Nacional, provincial y municipal. Sin embargo, señalaron, no se cumplió con lo solicitado por dicho organismo internacional por parte del Estado a través del Poder Ejecutivo y/o Judicial. Tan sólo le fue brindada la protección por parte de la Comisión Provincial de la Memoria y el Fondo de Asistencia a Víctimas de Torturas de la ONU, esto último a través de CODESEDH.


Según afirmaron, "el grave retardo judicial y el entorpecimiento de la investigación se reitera en diferentes actuaciones donde se encubre y desnaturalizan estos hechos que son calificados como delitos menores de apremio y vejaciones, para así eludir la calificación de torturas, que implicaría penas más graves para sus autores" y destacaron que "la Fiscalía no sólo no investigó, sino que omitió cumplir con la Resolución 1390 de la Procuración General, las Reglas Básicas sobre investigación de casos de tortura (Protocolo de Estambul) y  la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (arts. 1, 2,5, 6,12), que señalan la obligatoriedad de perseguir y sancionar estos delitos, castigar a sus responsables y asistir a las víctimas".


Ahora, el Fiscal Dr. Fernando Cartasegna, titular de la UFI Nº 4 de La Plata, solicitó su apartamiento de la causa, pese a no haber investigado los hechos denunciados en ella, alegando "sentirse ofendido por que un denunciante informa a la Procuración el estado de la causa y la ausencia de todo impulso procesal", según afirmaron.




Sin embargo, enfatizaron que "el pedido de apartamiento ocurre tras no haber realizado ningún acto de prueba de entidad, manteniendo la carátula de ' Severidades, vejaciones y / o apremios ilegales ', sin citar a nadie a declaración indagatoria" y señalaron que el joven Alonso "fue reiteradamente hostigado y perseguido por la policía bonaerense", como también "se fraguaron contra él causas judiciales y se le hicieron allanamientos sin orden judicial o incluso autorizado por la misma fiscalía" durante la tramitación del expediente judicial por su denuncia de torturas contra los agentes policiales.


De esta forma, consideraron que "la deficiente actuación judicial demuestra las falencias estructurales de la Provincia de Buenos Aires para investigar y perseguir los casos de torturas".


En declaraciones a la prensa, el Dr. Roberto F. Cipriano Garcia, Director del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, solicitó el avance urgente de la causa penal y el cumplimiento de la Resolución 1390 con el fin de profundizar la actuación de las Fiscalías en las causas donde se investigan los delitos cometidos por funcionarios públicos al Ministerio Público Provincial y reiteró el pedido acerca de la elaboración de protocolos de investigación para los casos de torturas, como también el análisis de la responsabilidad de aquellos funcionarios que incumplen con sus deberes.


Asimismo, Alejandro Mosquera, Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, señaló que "el Poder Ejecutivo provincial debe cumplir con lo requerido por los Organismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano", con respecto a la necesidad de investigar los delitos vinculados a los Derechos Humanos como también asistir y reparar a las víctimas que sufren su violación. Por otro lado, afirmó que, "ademas de las investigaciones judiciales, las investigaciones administrativas deben sancionar de manera contundente a quienes vejaron, torturaron y luego trataron de presionar o chantajear a un pibe" por cuanto "si no se toman las medidas que corresponden, se invita a repetirlos sobre otros menores y se consagra un circuito de impunidad”.

Denuncian la existencia de un prostíbulo en la manzana de Cromañón.

levy-mariachiCon un escrache a realizarse hoy desde las 12.30 hs., la Fundación Alameda y los familiares de Cromañón agrupados en las asociaciones civiles “Que no se repita” y “Paso a la Memoria” denunciarán la existencia del prostíbulo ubicado en la Avda. Rivadavia 3007, el cual es propiedad de Rafael Levy, el dueño oculto del boliche República Cromañón.


Antes, se realizará una presentación ante el Juzgado Federal a cargo de María Romilda Servini de Cubría, con el fin de poner en su conocimiento el video mediante una cámara oculta que se realizó para comprobar el funcionamiento de dicho local que funciona habilitado como Café - Bar.


Mediante un comunicado, recordaron que dicho local, que calificaron de "antro de la explotación sexual y la comercialización de drogas" fue denunciado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en 2008, tras la presentación de una cámara oculta donde se obtuvo el testimonio de una mujer inmigrante sometida por un proxeneta y el testimonio de integrantes de la Fundación Alameda, siendo clausurado por orden judicial aunque la causa fue archivada por el Juzgado de Servini de Cubría.


Según señalaron, la justicia debió investigar los delitos de trata de personas, comercialización de estupefacientes y reducción a la servidumbre de las mujeres que se encontraban en el local conocido primero con el nombre de “Pekos” y luego, como “Quatro Cat’s”.


Dicha presentación y posterior clausura tuvo una inmediata repercusión mediática, incluyendo una publicación en Página 12.


Después de un año de clasura judicial, según informaron, reabrió sus puertas tras cambiar su habilitación de whiskería a café - bar, con la autorización del Gobierno de la Ciudad, el que conocía los antecedentes de dicho local y la inacción tanto de la Policía Federal como de la Justicia, permitiendo de este modo que continúe "el ilegal negocio de la explotación de mujeres penado no solo por la Ley de Profilaxis además por dos convenios internacionales suscritos por nuestro país y con rango supranacional", según afirmaron.




Según recordaron, "anticipándonos a un nuevo aniversario por la mayor tragedia no natural de nuestro país", Rafael Levy irá a juicio oral por 194 muertes y más de 1.000 lesionados en la noche del 30 de diciembre de 2004, además de las coimas que recibía la Seccional 7ª para evitar la represión de los delitos en el boliche incendiado. Asimismo, según indicaron, "también tenía un taller clandestino en la misma manzana y pretendió incluso abrir una galería de locales de ropa de talleres clandestinos tipo ' saladita ' que fue escrachada y denunciada antes de su inauguración".


Por otro lado, destacaron que Raúl Vengrover, socio de Levy, es otro de los empresarios ocultos de Cromañón, quien fue sobreseído en la causa por la Masacre de Cromañón, siendo el propietario de media manzana donde se encuentra el mencionado prostíbulo y el Hotel Star, sito en Ecuador 12, el cual es utilizado para los llamados “pases” de los clientes / prostituyentes con las mujeres víctimas de la mafia proxeneta, según informaron.


Finalizaron, convocando a participar de este escrache como también de la marcha a realizarse este viernes, desde las 18.00 hs., de Plaza de Mayo al Santuario de Once.

La terrorista ley antiterrorista (APE).

La terrorista ley antiterrorista (APE)


 


 


 


 


AlfredoGrande


Por Alfredo Grande   



“dicen que la patria es, una ley y una bandera, la patria son mis hermanos cuando luchan por su tierra”
(aforismo implicado inspirado en el cancionero republicano)


 


Durante la madrugada de ayer, en la localidad de Cipolletti, un efectivo policial -identificado extraoficialmente como de apellido Carrasco- mató a un joven de 16 años, de un disparo de posta de goma en la cabeza. El hecho ocurrió luego de una persecución por el robo de un auto. El adolescente conducía el vehículo, se encontraba desarmado, y había sido interceptado por un móvil policial. La víctima, Nicolás Darío Scorolli, falleció producto del disparo efectuado con una escopeta Ithaka. Conocido el hecho, el gobierno provincial repudió el accionar policial, y planteó que fue producto de la “inercia” en el comportamiento de la fuerza; además, separó al efectivo de la Policía y lo puso a disposición de la Justicia. El Jefe de Policía, Comisario General, Jorge Uribe y el Subjefe de la institución, Comisario General, Roberto Stupniki, rubricaron un comunicado oficial del Gobierno de Río Negro donde se reconoce el “mal accionar policial”. El Comunicado además fue rubricado por el Secretario de Seguridad, César Chao Monzón y el Ministro de Gobierno, Doctor Edgardo Bagli. Allí se señala que “nuevamente la provincia enfrenta un hecho doloroso que enluta injustamente a nuestra comunidad, consecuencia, por un lado el delito y por otro el desmedido accionar de las fuerzas de seguridad que no logran dimensionar los límites que establecen el sentido común en el uso racional de sus atribuciones”. (ANB - Bariloche)



(APe).- La cultura represora, que de eso se trata, tiene diversas maneras de manifestarse. A veces se hace llamar Estado, otras Patria, o Ser Nacional, incluso, mal que nos pese, Movimiento Nacional y Popular. Si continúa leyendo, merece un intento de fundamentación.


La cultura represora se sostiene con diversos y variados recursos. Cuando se le suelta la cadena, y el lobizón no tiene ni siquiera la delicadeza de esperar la luna llena, ha quedado bautizada como Terrorismo de Estado y exorcizada con el Nunca Más. Versión del Vade Retro Satanás y también inútil. El diablo sabe más por viejo y burgués que por diablo, y el Estado puede aterrorizar aún con el caramelito sugus de la renuncia a un subsidio. La cultura represora en los períodos de “retroprogresismo” (1) utiliza sutilezas de la razón que el corazón no entiende. Aunque el estómago y otras vísceras sensibles lo sienten. Después de todo, no es lo mismo tragarse sapos cada tanto, que de golpe y golpazo engullirse una cazuela de escuerzos.


Esta terrorista ley 26.734, ya promulgada, incluye al menos dos paradojas que es necesario destacar. Pero recordando mi condición de maestro ciruelo aclaro esperando que no oscurezca, Edesur no permita. La paradoja es una contradicción no dialectizable. Dos términos, dos lógicas, opuestas y excluyentes se presentan en forma simultánea.  Como la paradoja se sostiene desde una estructura de poder, no hay forma de cuestionarla, menos interpelarla, suavizarla, dulcificarla. El nudo que el tirano Gordias había creado, tenía la siniestra virtud de cerrarse cuanto mas se intentaba aflojarlo. Alejandro que tenía que ser Grande, resolvió el dilema cortando con la espada el nudo. O sea: aniquiló la lógica de la paradoja, antes que ésta lo aniquilara a él. De eso se trata: la paradoja mata, más lento o mas rápido, de frente o por la espalda, en la materialidad de un cuerpo destrozado o en la abstracción de un alma desgarrada.


Lo paradojal nos coloca en el registro de lo incompatible, que es lo más diferente a la diferencia. La paradoja política es que esta terrorista ley es presentada simultáneamente con el décimo aniversario de la pueblada de diciembre 2001, la pueblada que llegó tarde y se fue temprano. Este gobierno es efecto contingente, es decir, no necesario, pero tampoco azaroso, de ese acontecimiento histórico. Vigente la ley en esos días, estaríamos honrando muchas más víctimas y quizá lamentando la pérdida de la democracia representativa en el instante horrendo que ya a nadie representa más. Pero además es presentada por el Poder Ejecutivo que fue plebiscitado ayer no más, como si la mitad más uno, más dos, más cientos, no asegurara, o al menos, propiciara, que la política resucitada podría creativamente resolver el conflicto social. Ahora bien: el Gobierno que presenta la terrorista ley es reconocido como defensor de los derechos humanos, vulnerados por la ley que presenta. Justamente, porque el derecho humano fundante es el derecho a la vida, pero no a cualquier vida. El derecho es a una vida digna, y la dignidad desaparece cuando el terror se instala. El terror nos vuelve indignos, incluso de nosotros mismos.




Todavía tengo pesadillas de la noche en que destruí los ejemplares de la revista Militancia Peronista para la Liberación, que el “pelado” Ortega Peña no me perdone. Y lo más indigno de esta terrorista ley es que vuelve a instalar, justamente cuando se declamaba que había vuelto la Política, al Terror como el peor de los invitados. Los que sobrevivimos al Terror, en el exilio o en el insilio, sabemos que su marca, como la del hierro candente, siempre queda. Pero ahora el Terror es por Ley. Abominamos de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Pero se cambió el nombre, beneficiada por el más nefasto de los trasvestismos: el político. Ahora dice, soberbia: llamame antiterrorista, muñeco. Este debe ser el peor relato del kirchnerismo. Es haber puesto nuevamente el cuadro de Videla de donde Néstor lo sacó.


Pero hay más. La paradoja jurídica. La terrorista ley establece:  “Artículo 41 quinquies: Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del  mínimo y el máximo. (..) Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.”  La paradoja perfecta, total, absoluta. El texto habilita aquello que prohíbe. Por lo tanto, la paradoja será resuelta por el Gordias de turno. Pero con cinismo que no encaja con muchas acciones de este Gobierno, se dice que con este Gobierno no va a haber problema. ¿Se consideran más eternos que los laureles? ¿O tiran la pelota de la represión para más adelante? Para después del 2015, palos y a las bolsas.


Decir que es una concesión para estar en el G20 por que así podemos discutir el precio de los comodities o como diablos se escriba, ya me parece más neoliberal que la pista de aterrizaje de Anillaco. El comercio exterior es más importante que los derechos humanos. Aunque usted no lo crea y aunque usted no lo quiera. De todos modos, Nicolás Scorolli no estará para que la terrorista ley lo alcance. Antes lo alcanzó la inercial bala de goma de un agente de nuestra seguridad en Cipolletti. Otra forma de terrorismo, que se bautizó hace décadas como gatillo fácil.


La terrorista ley es un engendro jurídico que una escribanía digna no tendría que haber “dado fe”. Dicen que lo personal es político. ¿Puede la enfermedad, sea cual sea, de la Presidenta, estar por fuera de un hecho político? Desde ya, no solamente político, pero tampoco reducirlo a un tema médico. Larga vida a Cristina. Por ella que merece vivir y por la reaccionaria sucesión presidencial que quiso construir. Y si la terrorista ley no es derogada, o vetada (que sería una paradoja más, después de todo) empezaremos a pensar las trampas a la ley. Luchando por ejemplo para que sea declarada anti constitucional. Es quizá poco, pero la diferencia entre poco y nada es mucho.


(1) Para los interesados en este concepto, publiqué tres artículos en la Agencia Pelota de Trapo con ese título


NOTA DE REDACCIÓN: También fueron publicados en este medio.


Retroprogresismo: cuando las apariencias no engañan (APE).


Retroprogresismo (segunda parte) (APE).


Retroprogresismo (última parte) (APE).