Minutos antes de las 10:00 hs. de ayer, frente al acceso principal del Ayuntamiento de Valencia, se efectuó una concentración en protesta por el acto de investidura de la alcaldesa Rita Barberà.
Con una Plaza vallada durante la madrugada y una presencia policial considerable, varios grupos de la Policía Nacional entraron a las 10:15 hs. por los diferentes accesos de la Plaza 15 de Mayo con el objetivo de intentar desviar las protestas de las y los indignados. Dicha acción policial llamó la atención de las acampadas y manifestantes, quienes se manifestaron preocupadas porque se produjera otro acto violento o de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad.
Los manifestantes decidieron continuar con la protesta frente a la puerta del Ayuntamiento, mostrando el descontento hacia los miembros de la clase política que iban llegando al edificio.
Al mismo tiempo, con el concurso de de 20 policías que protegían el acceso posterior, Rita Barberà, alcaldesa de Valencia, pudo ingresar al edificio. La manifestación se escuchó intensamente, incluso a tres manzanas de distancia, por lo cual las y los convocados al acto de asunción de la funcionaria no pudieron evitar escucharlas.
Cerca de las 10:40 hs., las fuerzas policiales abandonaron la acampada, mientras la protesta continuaba a ritmo de percusión y con repetidos pitidos y gritos de fondo, según informaron.
A las 11 de la mañana, cerca de 1.000 indignados colmaban la plaza, luego de haber leído la convocatoria en las redes sociales y trayendo sus sartenes y otros utensilios de cocina para la posterior cacerolada.
Los miembros del ayuntamiento juraron sus cargos, mientras que una concejala de Esquerra Unida solicitó modificar su discurso de juramento porque se negaba a jurar en nombre del rey.
La Acampada Valencia realizó una rueda de prensa, en la cual se leyó el siguiente comunicado:
“- No es cierto que haya tres personas con antecedentes penales entre los detenidos del pasado jueves; ni siquiera están imputadas.
- La Delegación de Gobierno ha utilizado estos datos falsos para justificar una carga policial brutal y descontrolada y así diluir las responsabilidades.
- Sobre todas las personas que participan en este movimiento juega la presunción de inocencia, inocencia que se presume respecto de imputados que están ocupando cargos públicos, como el presidente de la Generalitat y los 111 políticos imputados por corrupción.
- La Delegada del Gobierno ha cometido una grave irresponsabilidad llegando a equiparar la situación de una persona en situación administrativa irregular (sin papeles) con una situación delictiva. No tener papeles no es un delito y no impide el ejercicio de los derechos fundamentales.
Por todo lo anterior exigimos la inmediata dimisión de la Delegada del Gobierno, así como la rectificación de las falsedades emitidas, que buscan criminalizar un movimiento pacífico y reivindicativo.”
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