Lunes 2 de mayo - 12.30 hs.
Planta Baja de Esmeralda 55
CONCENTRACIÓN Y RADIO ABIERTA
DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
- Contra la precarización y el fraude laboral en el Ministerio de Educación.
- Por el pase inmediato de todos los contratados por locación a la Planta Transitoria Docente y la unificación de las modalidades contractuales a horas con plenos derechos salariales, reconocimiento de antigüedad desde el primer contrato y movilidad salarial.
- Por la inmediata titularización de todos los trabajadores de la educación precarizados del Ministerio de Educación del GCABA.
- Contra el vaciamiento de la educación pública, por el cese inmediato de toda transferencia de recursos, funciones y responsabilidades públicas al sector privado.
Junta Interna ATE Educación
DGPLED - DGEGE - DGIED
Ministerio de Educación GCABA - Esmeralda 55
http://juntainternaesmeralda55.blogspot.com/
LA POLÍTICA EDUCATIVA DE MACRI Y BULLRICH: PRECARIZACIÓN Y FRAUDE LABORAL EN EL ÁMBITO PÚBLICO, TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y DEL CONTROL DE LA ENSEÑANZA A LAS EMPRESAS PRIVADAS
La extensión y profundización de la precarización y el fraude laboral en el Ministerio de Educación dan base material al vaciamiento de las áreas centrales del Ministerio cuyas funciones y responsabilidades son crecientemente transferidas al capital privado. Mantener a cientos de trabajadores de la educación en situación de precariedad y fraude laboral y previsional es una decisión política, enmarcada en una estrategia general de licuación de las políticas públicas a favor de la injerencia directa del capital sobre ellas, convirtiendo además el presupuesto público en fuente de ganancias extraordinarias para las empresas privadas.
En línea con esa estrategia general, en las últimas semanas el Ministro de Educación Esteban Bullrich tomó dos decisiones políticas de gran importancia: las contrataciones de la firma Prima S.A. para la provisión y conectividad de computadoras, y de la consultora Axialent Conscious Business para capacitar a directivos y supervisores de escuelas de gestión estatal.
Dichas decisiones implican una gigantesca transferencia de recursos públicos y de poder de decisión sobre política educativa a empresas privadas. En el primer caso, el Estado pagará casi cuatro veces el precio de mercado por las computadoras y concederá a la misma empresa el control sobre el acceso a contenidos; todo esto, en base a un pliego hecho “a la medida” de la empresa beneficiada. En el segundo, el Estado pagará $1.600.000.- a una consultora privada por dos jornadas de capacitación, a la vez que delega a privados una actividad para la que el Estado cuenta con su Escuela pública de Capacitación Docente (CePA). Se profundiza así, claramente, el vaciamiento de la educación pública: favoreciendo al sector privado transfiriéndole una masa de recursos presupuestarios que, objetivamente, se quitan al sector estatal; y avanzando en la intervención directa del capital en el control de una política pública universal como es la educativa.
Como denunciáramos en otro comunicado[1], tales lineamientos son parte de la concepción macrista sobre la educación pública, y han sido impulsados por Esteban Bullrich desde su puesto de diputado nacional por el PRO y, desde 2010, como ministro de educación del GCABA.
Los datos disponibles de la contratación de Axialent Conscious Business dan una dimensión del tema. El precio que pagará el Estado a dicha consultora privada por dos jornadas de capacitación equivale, aproximadamente, a 9.100 horas de Planta Transitoria Docente (salario bruto, sin antigüedad ni FONID); número que representa alrededor del 15% del total de horas aprobadas para CePA, para todo 2011. Es decir que una consultora privada embolsará por una capacitación de dos días el equivalente, en pago bruto en horas, a la sexta parte de la Planta Transitoria Docente creada para todo 2011 para la Escuela de Capacitación del Ministerio de Educación. A esto llamamos ganancia extraordinaria del capital, tan extraordinaria como la que resulta de vender computadoras a cuatro veces su precio de mercado; ganancias, en ambos casos, apuntaladas por una decisión del Estado.
Pero hay más. Hemos observado que la Resolución 556/MEGC/2011[2] realiza, para CePA, designaciones de horas de Planta Transitoria Docente por menos del 10% del total que el Decreto GCABA 59/2011 crea para el ejercicio 2011 de la Escuela. Al mismo tiempo se extiende, allí como en todo el Ministerio, el uso de contratos precarios y fraudulentos de locación de obra y servicio para contratar trabajadores técnico-docentes. Es justificado preguntar: ¿en qué utiliza el Ministerio conducido por Bullrich la Planta Transitoria Docente creada para el CePA, de la cual la Resolución 556/MEGC/2011 sólo designa nominalmente menos del 10%? Pregunta que, indudablemente, corresponde hacer extensiva para todas las áreas del Ministerio. Y, finalmente: ¿qué respuestas deberíamos construir los trabajadores cuando, junto con ese dato, vemos que se paga a una empresa privada el equivalente al 15% de las horas del CePA por dos días de capacitación?
De esta manera propicia el Estado la intervención del capital sobre la educación pública, con su esperado (por Macri y Bullrich) efecto político-ideológico sobre las instituciones educativas: instalación y adopción de los principios y herramientas del management privado para el disciplinamiento de las instituciones y sus trabajadores, evaluación docente según estándares y flexibilización salarial taylorista conforme “rendimientos”, responsabilización individual de los trabajadores de la educación sobre los “resultados” de la enseñanza, etc.
Como lo demostramos oportunamente, el Ministerio de Educación del GCABA cuenta con los recursos presupuestarios y las herramientas normativas para realizar aquella modificación de la situación contractual de cientos de trabajadores de la educación, y de garantizar la estabilidad laboral mediante la titularización. La negativa patronal a tomar estas medidas es, entonces, una decisión política en contra de los trabajadores y a favor de la transferencia de recursos y responsabilidades públicos al sector privado. Secundariamente, como también lo hemos denunciado, la patronal pretende mantener el manejo discrecional de contratos y plantas, para sostener su propia planta política mientras condena a la precariedad y al fraude laboral y previsional a cientos de trabajadores de la educación.
Las decisiones del ministro Bullrich ratifican el carácter estratégico que asume la lucha de los trabajadores de la educación contra la precarización y el fraude laboral en el Ministerio de Educación del GCABA. Cuando los funcionarios, esgrimiendo “razones presupuestarias”, afirman la “imposibilidad” de suprimir los contratos fraudulentos incorporando a los actuales contratados por locación a la Planta Transitoria Docente, esconden la decisión política de transformar el presupuesto educativo en botín del capital y reaseguro de su tasa de ganancia, y de privatizar la educación pública vaciando áreas completas mediante la precariedad extrema de sus trabajadores, facilitando así la ocupación de espacios y acciones, por definición públicos, por empresas privadas.
En consecuencia, la conquista y ejercicio efectivo de nuestros derechos como trabajadores de la educación son parte de la defensa de la educación pública, universal, laica y gratuita, contra los embates del capital y la privatización del derecho universal a la educación. Por estas razones se vuelve más urgente que nunca continuar y profundizar el plan de lucha iniciado por los trabajadores de la sede Esmeralda 55 y de otros sectores del Ministerio contra la precarización y el fraude laboral en la docencia porteña.
Ademys solicitó la urgente implementación de la Ley Nº 4109, que establece la titularización de los docentes de nivel medio, a las autoridades del Ministerio de Educación de la Ciudad con la finalidad de permitir el ejercicio de la condición de titulares en los concursos del corriente año como también el acceso a diferentes cargos.
Carlos Oroz, Secretario General de Ademys, afirmó que “La docencia es la actividad bajo convenio en la cual el trabajador demora más tiempo en alcanzar la estabilidad laboral" y advirtió la necesidad de "revisar las formas de titularización", ante los legisladores.
