Pena de muerte al sur (APE).

Pena de muerte al sur (APE)


 


 


 


 


Claudia Rafael 2


Por Claudia Rafael   


 


(APe).- Alguna vez la definieron como la bonaerense de la Patagonia. Duro brazo de un Estado que fue dejando hilachas de horror en su camino. Nombres y vidas que fue engullendo con saña e ímpetu: Guillermo Garrido (El Bolsón, 13/1/11), Guillermo Trafiñanco (Viedma, 23/10/10), Masacre de Bariloche (18/6/10), Nicolás Scorolli (Cipolletti, 25/12/11). Otros, como Atahualpa Martínez Vinaya (Viedma, 15/6/08) y Otoño Uriarte (Fernández Oro, 23/10/06), hundidos en la impunidad y rodeados de extrañas conexiones hacia los entramados del poder. Historias que bastan para desnudar una política institucional y no una seguidilla de casos aislados e inconexos.


“Se condena a Silvano Mesa a la pena de diecisiete años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por abuso funcional, siendo un miembro integrante de las fuerzas policiales mediante la utilización de un arma de fuego”, sentenció el Tribunal. Guillermo Trafiñanco tenía 16 cuando la bala de Mesa entró en su cuerpo magro desde dos centímetros de distancia. Boca abajo. Inerme. Ya entregado a las garras de la muerte. Guillermo Trafiñanco era uno en el batallón de hermanos hijos de una madre sola que la peleaba como podía en el barrio Lavalle de Viedma.


“Se condena a Nicolás Scorolli a la pena de muerte que se ejecutará con un disparo de Itaka en la frente”, sentenció el cabo primero de la policía rionegrina, David Carrasco. Nicolás Scorolli tenía 16 años, igual que Guillermo Trafiñanco. Nicolás Scorolli era un pibe de los márgenes en Cipolletti. Dicen que había robado un Renault 12 y que fue el único que no logró escapar. Nicolás Scorolli murió del balazo que salió del arma de Carrasco a escasísima distancia.


En las mismas horas en que la Justicia condenaba a uno entre tantos, la policía rionegrina desnudaba al mundo entero que tiene permiso para matar. Guillermo murió el 23 de octubre de 2010 acribillado por el Estado bajo el gobierno de Miguel Saiz en el patio de una escuela. Nicolás murió en la Navidad, como un Cristo de los márgenes al que no habrá quien resucite, acribillado por el Estado bajo el gobierno de Carlos Soria.


En el último acto público antes de pasar el mando a su sucesor, Miguel Saiz dijo en “el día del policía” que “quería compartir este día tan especial para todos los hombres y mujeres que integran las filas de la Policía rionegrina, a quienes hago llegar mi sincero reconocimiento por el grado de profesionalización hacia temas sensibles como los derechos humanos que posiciona a distintos integrantes de la institución con igualdad profesional a nivel país”. Pero no sólo: “durante mi gestión se ha recorrido una etapa en la que el hombre, la justicia, la ley, la institución y la fe cristiana han sido componentes privilegiados y existe el pleno compromiso con la sociedad rionegrina de continuar garantizando la paz y el orden, elementos imprescindibles para el desarrollo de las potencialidades”.




Apenas unas cuantas horas habían transcurrido desde que la Cámara Segunda del Crimen de Bariloche resolviera apartar al Juez de Instrucción Ricardo Calcagno de la causa que investigaba la muerte de Guillermo Garrido. Calcagno la había archivado con la carátula de “suicidio”. A contramano de tanta falacia, la autopsia de peritos ajenos a la provincia había determinado que la víctima había recibido un golpe contundente en la nuca en la comisaría 12 de El Bolsón, en la que había terminado por una infracción de tránsito. Allí donde -para Saiz- se garantizó la paz y el orden.


Apenas unos cuantos días habían pasado desde que el juez Martín Lozada procesara a dos policías de El Bolsón por golpizas y malos tratos a dos adolescentes: los tiraron al suelo, los patearon y los golpearon en el rostro, los esposaron y los ingresaron por la fuerza en un móvil, les impidieron llamar a sus padres y luego, ya en la comisaría, les ordenaron arreglarse la ropa, lavarse y volver a sus casas. A ellos también el ex gobernador hizo llegar su más sincero reconocimiento.


Apenas unos cuantos meses habían transcurrido desde las muertes en manos policiales de Diego Bonefoi, de 15; Sergio Cárdenas, de 29 y de Nicolás Carrasco, de 16, en Bariloche. También, desde que se detuviera a Carlos Thorp, reportero gráfico, y se lo torturara después de que fotografiara las terribles escenas de violencia policial sobre quienes protestaban por el crimen de Guillermo Trafiñanco. ¿Qué potencialidades se habrán desarrollado allí para el antecesor de Soria?


Su vida de periferias y abandonos había llevado a su madre a decidir sacar a Guillermo de Viedma y destinarlo a la blanca y pulcra Bariloche, tan pura en el imaginario, tan potente y multiplicadora de bienestar. Las balas policiales lo encontraron de regreso en Viedma para festejar el día de la madre. Su vida estaba signada para la cruz y los clavos. Tan distinta de aquella que atravesaba en conciencia y determinación la de Atahualpa Martínez Vinaya, cóctel originario de mapuches y aymaras. Estaba impregnado desde niño de los sonidos del viento y de la adoración por la tierra. Llevaba a diario a pastar las ovejas y amaba al Che Guevara por herencia de su madre, Julieta Vinaya, que el mismo día en que le acribillaron a su niño estaba en Rosario en los homenajes al revolucionario. Ese 15 de junio de 2008 lo mataron con un arma calibre 22 y quedaron ensangrentados para siempre sus sueños de estudiar medicina en Cuba y de volver a curar a la gente de su Patagonia profunda. Atrás quedó también su liderazgo en la toma de tierras en las afueras de Viedma y su paso eternamente cansino mamado tal vez de los ancestros de la Bolivia más honda.


El 61 por ciento de las muertes por gatillo fácil en el país recayeron en manos de las policías provinciales. Policías con un camino prediseñado políticamente por Miguel Saiz, primero y por Carlos Soria, desde el 10 de diciembre.


Pero que va mucho más allá. “Es la pena de muerte extrajudicial aplicada por verdugo de uniforme”, definió alguna vez el criminólogo Elías Neuman para hablar de esa puntillosa represión preventiva e indiscriminada contra los opositores potenciales. Herramienta eficaz del estado moderno que no perdona. Que saca a la luz sus garras y deja huellas en los cuerpos múltiples de ese nuevo enemigo de los márgenes.


Un enemigo al que asesinan una y mil veces y en cuantas ocasiones sea necesario para aleccionar. Como ya en 1965 hicieron en Quilmes con Nazareno “el Sapo” Vidal, un ladrón de poco vuelo que apareció baldíamente muerto. Las estrategias se repiten. Se imitan. Se perfeccionan. Ya entonces el parte policial decía “muerto en un tiroteo”. Pequeño detalle: “el Sapo” Vidal tenía un tiro en la nuca y las muñecas amarradas.

Se realizó la conferencia de prensa para denunciar la persecución ideológica contra el Dr. Fabián Harari en el CONICET.

Fabian Harari - Conferencia prensa 27 - 12


El pasado martes, se realizó la conferencia de prensa para denunciar la discriminación y la persecución ideológica de la que fue objeto el Dr. Fabián Harari por parte del CONICET, en el Hotel Bauen, con la participación del docente perseguido; Lucas Poy, por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD - UBA); Pablo Cibes, de ATE - CONICET; Federico Holik, de Jóvenes Científicos Precarizados (JCP - Regional Buenos Aires); los profesores Mariano Rodríguez Otero, Director de la carrera de Historia de la UBA y Eduardo Grüner, docente de la misma universidad y José Castillo y Myriam Bregman, en representación de los partidos pertenecientes al Frente de Izquierda y de los Trabajadores: .


Desde el público, se solidarizaron Gustavo Lerer, delegado de la Junta Interna de Delegados de ATE - Hospital Garrahan, el periodista Herman Schiller; Andrés Carrasco, investigador del CONICET; Alejandro Lipcovich, Presidente de la FUBA, integrantes de la revista Pensar Históricamente y Andrés Machiuca, de la Agrupación Docentes de Base de La Matanza.


Tras la lectura de algunas de las decenas de adhesiones recibidas por parte de organizaciones sociales, gremiales y políticas, así como de importantes intelectuales del país y del exterior, el Dr. Harari comentó que luego de investigar por largos años el período de la Revolución de Mayo “en condiciones misérrimas, sin aportes jubilatorios, sin obra social, sin licencias y sin ninguna estabilidad” se presentó a Carrera de Investigador Científico “para tener todas las condiciones que un científico requiere”.


Sin embargo, su solicitud fue rechazada y en el dictamen de la comisión evaluadora del CONICET, presentado ante el público y la prensa, se manifiesta que, si bien sus trabajos “parten de un buen conocimiento de la literatura y exhiben trabajo de investigación con fuentes primarias, tienen un tono excesivamente polémico y militante ajeno a las reglas del arte”. Al referirse a este planteo, sostuvo su carácter discriminatorio, el cual lo deja sin trabajo por razones ajenas a los elementos que debieran evaluarse y la gravedad que implica un dictamen de estas características en la medida en que “sienta un peligroso antecedente para juzgar no ya a todos los militantes de izquierda que quieren hacer una tarea científica, no ya a cualquier militante que quiera hacer una tarea científica, sino que habilita a la discriminación hacia cualquier actividad extra - académica, como ser nacionalidad, género o preferencia sexual”.


Por otra parte, señaló que no es la primera vez que esto sucede, por cuanto el Dr. Eduardo Sartelli, de Razón y Revolución,  experimentó una situación similar en la convocatoria anterior.


Continuando con el análisis del dictamen, ante el planteo acerca de la afirmación “no ha completado su doctorado ni informa otro título de posgrado”, el docente discriminado exhibió públicamente la documentación presentada a CONICET que da cuenta de la finalización de su doctorado y la respuesta administrativa por la cual se le informa que fue adjuntada al expediente oportunamente. Asimismo, leyó partes de uno de los dictámenes de los evaluadores en donde se hace referencia explícita a lo trabajado en su tesis, para concluír que la omisión de su título de Doctor por parte de la comisión evaluadora tuvo que ser intencional.


Posteriormente, dió a conocer que, a raíz de una nota que publicara denunciando el caso en Tiempo Argentino, el CONICET lo convocó a una reunión encabezada por Dora Barrancos, en donde, lejos de contener el reclamo, le pidieron explicaciones a él por su denuncia pública y fue maltratado.




Harari sostuvo que todo esto es posible por la discrecionalidad con la que se maneja el organismo, por cuanto “hay ausencia de criterios explícitos y homogéneos para poder presentarse, cada comisión cada año cambia sus criterios, no hay veedores que garanticen la transparencia, y hay una cláusula proscriptiva que impide, a quienes presenten una recusación, presentarse nuevamente a concurso. O sea, quien se queja, es castigado. Esto se da en el marco de un ajuste general que está llevando el gobierno y es más fácil en CONICET por estos criterios de arbitrariedad. En dos años el Estado ha dejado sin trabajo a 1670 doctores", afirmó.


Concluyó su exposición, enfatizando que no es el único caso de persecución ideológica en la actualidad en el país, mencionando el caso de Luis Calarota, de la Universidad de Rosario; de los dos médicos del MOCASE, en Santiago del Estero y de los cinco Directores de Carrera, en la Universidad de Río Negro”, tras lo cual se solidarizó con ellos y convocó a formar una “Coordinadora Nacional contra la Persecución Ideológica”.
 
Continuó la conferencia, con la exposición del Prof. Eduardo Grüner, quien planteó que se trata de un “caso testigo” en la medida  que pone sobre la mesa problemas que instituciones, como el CONICET, vienen arrastrando hace años, tales como la falta de transparencia en los criterios de evaluación, la imposibilidad de conocer los evaluadores externos, “que se mantienen en una suerte de clandestinidad, incomprensible cuando tenemos sistemas de concurso en la universidad pública”, los problemas con criterios que no están pensados para evaluar la producción de las Ciencias Sociales, tales como “por ejemplo tiene menos puntaje un libro de ochocientas páginas que un artículo de diez páginas en una revista indexada […] Hoy a gente como Sarmiento, Alberdi, el CONICET no les daría el puntaje”, según afirmó. Concluyó, señalando la “paradoja” que supone un contexto en donde se habla del retorno de la militancia y de la política se critique el carácter de militante, expresando que “parece ser que es un retorno, pero acotadito”.
 
Pablo Cibes, delegado de ATE - CONICET, continuó el panel destacando la importancia de subsanar la situación y de garantizar que no se repita, y planteó la necesidad de dar una discusión sobre los criterios de evaluación, los cuales deben ser claros y con continuidad, tras afirmar que “no puede suceder que hoy te digan estás llevando bien tu tesis doctoral y mañana, cuando terminaste, hiciste todo mal. El sistema en eso se lava las manos, todo es culpa del individuo”.


Luego, Federico Holik, integrante de JCP - Regional Buenos Aires, señaló la particularidad del caso en el marco del conjunto de irregularidades que tuvo el último proceso de evaluación de becas e ingreso a carrera. Hizo mención al caso de Pablo Mauas, quien fue evaluado negativamente en un concurso porque hacía paros mientras era Secretario General de AGD en la Facultad de Ciencias Exactas y enfatizó el gran descontento existente entre los becarios por la oscuridad general del proceso de evaluación y porque “se quedaron en la calle luego de 7 años de trabajar en negro […] y pueden considerarse virtualmente despedidos […] sin ningún tipo de solución por parte de la institución que los hizo trabajar en esas condiciones”, afirmó.


La AGD - UBA, a través de Lucas Poy, hizo llegar la solidaridad de Santiago Gándara, su Secretario General y señaló la impunidad del dictamen, enmarcado en una situación de un achique general en el cual no se aclaran los mecanismos para el ajuste. Asimismo, planteó que el malestar es aun más profundo en la medida en que la campaña electoral tuvo como uno de sus ejes la transformación de la ciencia y la técnica en el país como también la repatriación de científicos, tras lo cual sostuvo que “si uno hace los números, los doctores que han sido rechazados o expulsados del sistema en un solo año, anula las posibles repatriaciones que ha habido y, es más, van a provocar expatriaciones en el caso de que puedan y tengan la oportunidad para no quedar en la calle”.


El Director de la carrera de Historia de la UBA, Rodríguez Otero, hizo hincapié en la importancia de darle visibilidad al hecho y de estar preparados para las consecuencias.


Myriam Bregman hizo llegar la solidaridad y el compromiso del PTS en colaborar en la campaña y sostuvo que “ante la enorme campaña oficial publicitaria, de millones de pesos, mostrando cómo los científicos volvían felices en avión, con periodistas que lo repiten cotidianamente en las radios del país, que saquen a la luz esto, que se sepa, se conozca y hayan hecho esta conferencia de prensa con tanta presencia, es sumamente importante” mientras que José Castillo insistió sobre el agravamiento de tendencias que ya estaban contenidas en la institución, haciendo mención al comunicado que emitió el CONICET semanas atrás en donde se plantea que “nadie puede hablar a nombre de CONICET salvo las autoridades”, afirmando que, después de la lectura del dictamen, puede decir que no se trata solo de persecución ideológica, sino de macartismo, al sostener que “hay un planteo directo entre lo que Fabián está investigando, con qué fuentes, y quién es Fabián. Se está planteando que él es militante, pero no simplemente esto, sino que Fabián es militante de una organización marxista revolucionaria. Una situación que en el marco de la historia argentina no se puede dejar pasar. Esto está por escrito y lo que está por escrito es jurisprudencia”.


Finalizó la actividad con el saludo de Rubén “Pollo” Sobrero y de Eduardo Sartelli, quienes estuvieron ausentes por problemas personales, y luego se dió lugar a las preguntas y entrevistas por parte de los periodistas presentes.

Claras definiciones de la CTA sobre la Ley Antiterrorista.

Conferencia de prensa CTA - marcha 29 - 12


Se realizó ayer por la tarde la conferencia de prensa en la CTA Nacional para anunciar la decisión de "luchar por la anulación de la legislación que criminalizará aún más la protesta social", junto a partidos políticos, organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos.


Estuvieron presentes en la misma, José Schulman y Graciela Rosemblum, por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Humberto Tumini, de Libres del Sur; Jorge Altamira y Marcelo Ramal, del Partido Obrero; Vilma Ripoll y Alejandro Bodart, del MST; Alcira Argumedo, de Proyecto Sur; Martín Orgando, de Juventud Rebelde 20 de Diciembre; Alejandro Lipcovich y Juan Manuel Kart, de la FUBA; Ana Laura Lastra, del PTS; Mónica Scandizzo, de la Junta Interna de ATE - INDEC; Nicolás Tauber, de Liberpueblo; Graciela Vargas, de la Asociación de Ex - Detenidos - Desaparecidos (AEDD); Oscar Rodríguez y Alicia Peralta, de la APDH de La Plata; Santiago Gándara, Secretario General de AGD - UBA; Gustavo Vera, de La Alameda; Víctor Mendibil, Secretario General de la Federación Judicial Argentina; Ana María Careaga, del Instituto Espacio por la Memoria (IEM) y Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora.


Ricardo Peidró, Secretario Adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina, dió comienzo al encuentro informativo con una noticia que ya sabíamos:  “Ya está publicada la ley en el Boletín Oficial”, tras lo cual afirmó que “es una ley represiva. Tenemos que lanzar una lucha para que sea anulada” y convocó a marchar hacia la Plaza de Mayo.


Pablo Micheli, Secretario General de la CTA, sostuvo que “con esta ley hasta Gandhi sería tipificado como terrorista”, mientras que Peidró explicó que resulta contradictorio que un gobierno con un proyecto de país "nacional y popular" promulgue una ley de estas características, simplemente por un pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), señalando que 15 personas fueron asesinadas por reclamar tierra y trabajo, y más de 5.000 personas se encuentran procesadas por defender sus puestos de trabajo, concluyendo que “lo que se está preparando es el disciplinamiento de los trabajadores frente a la crisis”.




Por otra parte, Hugo Blasco, Secretario de Derechos Humanos de la CTA, afirmó que es una falacia la ley sancionada por cuanto constituye una pérdida de soberanía y remarcó que el GAFI "es un invento de los organismos multilaterales” para, luego, señalar que  “lo que está detrás es el límite del modelo de desarrollo. Ya no pueden hacerse los distraídos con las muertes: necesitan legalizar el mecanismo de la represión”. Con respecto a la interpretación judicial, teniendo en cuenta el origen dictatorial de buena parte del Poder Judicial, afirmó que “esta ley no es más que otra sumisión a los organismos multilaterales que responden al gendarme del mundo que es Estados Unidos”, recordando la inserción de nuestro país en el G - 20 y concluyó afirmando que “esta ley ya fue promulgada y puede empezar a tener efectos sobre nosotros”.


Cabe destacar que la ley promulgada establece que las penas se incrementarán en el doble del mínimo y el máximo “cuando delitos previstos en el Código Penal se cometieran para aterrorizar a la población” y ello, se le agrega el artículo 41 quinquies, el que prescribe que “cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.


La conferencia finalizó con la convocatoria a la marcha prevista para esta tarde a las 17 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio para caminar a la histórica Plaza con el fin de exigir la nulidad de la ley.

Río Negro: Luis Beltrán - El SITER acompaña el reclamo por la desaparición de Daniel Solano.

La Seccional Valle Medio del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Río Negro (SITER) organizó un encuentro en la Plaza 9 de Julio, de la localidad rionegrina, para acompañar el reclamo de esclarecimiento, juicio y castigo a los responsables de la desaparición del joven Daniel Solano, ocurrida el pasado 5 de noviembre.


aurelio vázquez   reclamo aparición con vida de daniel solano


Dicha actividad comenzará a las 20.00 hs. y estará presente la familia del joven desaparecido, al igual que Aurelio Vázquez, referente del SITER, según informó Emilse Van Der Linger, Secretaria Adjunta de la mencionada Seccional.


Asimismo, una vez concluída la actividad, los dirigentes sindicales viajarán a Viedma para la reunión con el Gobernador Soria, que se realizará mañana a las 09.00 hs.

Ademys: Se realizó el Plenario para el análisis del conflicto docente en la Ciudad.

El pasado sábado 17 del corriente, con la presencia de más de 100 docentes, se realizó el plenario en el cual se analizó la lucha por la derogación de las Juntas de Clasificación y de Disciplina.


Partiendo del balance inicial elaborado desde el sindicato y el realizado por diferentes agrupaciones docentes, se concluyó en la valorización de la tarea desarrollada por Ademys, la cual permitió articular el movimiento orientado hacia el rechazo de la norma presentada por el Ejecutivo mediante una práctica asamblearia y la firme voluntad de continuar el plan de lucha, junto a un discurso que vinculó la defensa de las Juntas con la defensa de la Escuela Pública y la construcción social igualitaria, según informaron a través de un comunicado de prensa.


No obstante ello, dicha práctica, afirmaron, permitió erosionar la ofensiva del macrismo, tras su victoria electoral, que tuvo que modificar su proyecto para, luego, vencer en la Legislatura por apenas 3 votos. Asimismo, enfatizaron que la norma sancionada está vinculada con el claro proyecto de la evaluación atada al salario, con la finalidad de disciplinar a las y los docentes de la Ciudad mediante el monopolio en la designación de cargos y la introducción de la competencia entre docentes, con la finalidad de impedir toda acción gremial colectiva.


Sostuvieron que el objetivo estratégico del Gobierno de la Ciudad es profundizar la privatización del sistema educativo y ante ello, según indicaron, se debe dar el debate acerca de los mecanismos de representación para una real y efectiva participación del movimiento docente, como también sobre la necesidad de articular la lucha a nivel nacional y con otros trabajadores de la Ciudad.


En este mismo sentido, concluyeron en la necesidad de encuadrar el conflicto docente a nivel local, teniendo en cuenta su profunda interrelación con las políticas nacionales e internacionales en materia educativa.


¿Por qué no se ganó?


Fue el interrogante que dominó buena parte de las deliberaciones, cuando se analizó la correlación de fuerzas durante el conflicto y donde se concluyó en la confluencia de diversos factores, tales como la victoria abrumadora del macrismo en la segunda vuelta de las elecciones a Jefe de Gobierno; el vencimiento de mandatos de legisladores en la Legislatura porteña, lo cual permitió el ofrecimiento de cargos como en el caso del mismo Abrevaya y el relativo aval del Gobierno Nacional, materializado en las declaraciones contra los paros que realizara el Ministro Sileoni y la mención de la evaluación docente y los días de clase, por parte de la Presidenta de la Nación.
 
Sin embargo, ante estos factores adversos, se debatió sobre la necesidad de la unidad para la acción, por cuanto una de las causas por las cuales no se obtuvo la victoria fue la dispersión de las y los docentes en la lucha. En este sentido, destacaron que el resto de los sindicatos, en mayor o menor grado, no se jugaron teniendo en cuenta lo que estaba en juego, según afirmaron.




Recordaron que algunos, como UDA, CAMYP y AMET, si bien se opusieron al proyecto macrista, pensaron en una salvación a través de la permanencia de alguna Junta en la nueva ley, el cambio de titularización en Media por Clasificación Docente o el nombramiento de algún funcionario propio o cercano. Cabe destacar que los gremios mencionados tienen vínculos históricos con el PRO, tal como hemos señalado en notas anteriores publicadas en este medio.


Por otro lado, la lucha emprendida por UTE estuvo enmarcada en su alineamiento con el Gobierno Nacional, el cual estaba en plena tarea de buscar acuerdos de gobernabilidad con respecto al Presupuesto, tanto Nacional como de la Ciudad y en la búsqueda de evitar conflictos prolongados en un distrito con una amplia repercusión nacional, como la Ciudad de Buenos Aires, junto a las coincidencias parciales de política educativa entre ambos gobiernos.


Según afirmaron, los vínculos con el Estado permiten dictar cursos, otorgar puntaje por antecedentes culturales u obtener comisiones de servicio pero ello quita autonomía a la actividad sindical y la condiciona en forma sustantiva, cuya mejor muestra es la actividad desarrollada por el gremio conducido por Eduardo López.


Lo que viene


Tras el análisis de las causas de la derrota y teniendo en cuenta la lucha que se avecina, se concluyó en la necesidad de fortalecer la capacidad de organización y de respuesta por parte de las y los docentes ante las agresiones del gobierno macrista.


Sostuvieron que dicho fortalecimiento está vinculado con la independencia de la actividad sindical con respecto al Estado, los gobiernos de turno y los partidos políticos.


Finalizaron, invitando al resto de los sindicatos docentes de la Ciudad a un debate público para la construcción de mejores condiciones para la lucha.