EDITORIAL - CROMAGNON: ENTRE EL HORROR Y LA DISCAPACIDAD, POR EL PROF. JUAN CARLOS SÁNCHEZ

SUMARIO

  1 - CROMAGNON: ENTRE EL HORROR Y LA DISCAPACIDAD, POR EL PROF. JUAN CARLOS SÁNCHEZ, DIRECTOR EDITORIAL DE GACETILLAS ARGENTINAS

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1 - CROMAGNON: ENTRE EL HORROR Y LA DISCAPACIDAD

Pasaron 4 años de la mayor tragedia ocurrida en Buenos Aires, cuyas secuelas de muerte y discapacidad continúan siendo soslayadas junto al deseo de justicia. Ahora, no son sólo quienes estuvieron en República Cromañón sino también sus familiares y los sobrevivientes, quienes deben lidiar con la Espada de Damocles en su intento de sobreponerse a lo ocurrido.

La primera fue Mariana Márquez, aquella madre que supo enfrentar a Aníbal Ibarra en la Legislatura porteña, pero la seguidilla de padres y de parientes cercanos que no pudieron soportar el dolor se ha incrementado. Lo mismo aconteció con aquellos que sobrevivieron, gracias a la falta de contención y de asistencia oportuna por parte del Estado.

Pero el horror sigue entre nosotros. Los cromagnones están latentes, aún hoy en Buenos Aires y en nuestro pais, gracias a la ausencia de controles y de acciones preventivas en todos los ámbitos, ya sean públicos o privados. Escuelas, hospitales y otros edificios de uso comercial siguen a la deriva debido a la desinversión estatal, en los dos primeros casos y a la irrelevancia del sector privado, junto con la inacción estatal, en el último.

Potenciales víctimas son todos aquellos que concurren a una escuela, ya sea como docentes o como estudiantes; a un hospital, sea como médico, enfermero o paciente o a un simple espacio de diversión nocturna, como concurren los jóvenes durante los fines de semana. Ocurre que no son solamente deficiencias menores sino de tipo estructural. Son ellas, las que llevan a la inseguridad fomentada por el ansia del cierre de las cuentas públicas o privadas.

Ahora se habla de un Programa de Atención Integral a los Damnificados de Cromañón, nombre elegido por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad, cuyo costo oscilaría en los $ 3.000.000, mientras muchas y muchos de quienes sobrevivieron todavía son asistidos gracias a la buena voluntad de los profesionales del Hospital Público desde ese 30 de diciembre de 2004.

La desidia de las gestiones de Aníbal Ibarra y de Jorge Telerman llevó a la búsqueda de los caminos para soslayar definitivamente a las problemáticas que presentan los familiares y sobrevivientes. Nuevamente, el Estado vuelve a evadir sus responsabilidades tal como viene ocurriendo desde hace tiempo.

Al horror vivido, se le suma una justicia lenta y con chicanas procesales destinada a cerrar definitivamente los caminos para las responsabilidades administrativas de los funcionarios y adjudicar la responsabilidad exclusiva en el gerenciador del local, cuya participación necesaria es indubitable pero que fue alentada por la corrupción estatal. De allí que el dolor es incesante, porque las familias no encuentran el reparo en una sentencia hacia todos y cada uno de quienes tuvieron una participación específica en aquella calurosa noche de diciembre.

También se suma la impotencia de los sobrevivientes, quienes sufren las consecuencias psicofísicas que llevan a la discapacidad. No nos engañemos. La salud no consiste solamente en un bienestar físico sino acompañado del mental. A ellos, se suman los familiares que, sin dudas, viven acosados por el dolor y el sentimiento de injusticia que los lleva a continuar luchando para que NUNCA MÁS ocurra una tragedia de esta naturaleza.

Las emanaciones de monóxido de carbono provocadas por la media sombra llevan a patologías respiratorias, cuyo control debe hacerse periódicamente y si a esto le sumamos, las vivencias de aquella jornada no cabe duda que estamos ante actuales y potenciales personas con discapacidad.

Ahora bien, ¿cuál es la idea estatal?. Sencillamente, continuar el desdibujamiento de las consecuencias y esquivar las responsabilidades que, de por vida, debe cumplir el Estado. Sabemos que la implementación de programas tiene la finalidad de acotar la población de personas con discapacidad y de recortar los beneficios que se deben a quienes la padecen. Diabetes, epilepsia y HIV son algunas de las patologías, cuyas consecuencias llevan a la discapacidad pero no son reconocidas como tales y solamente son encuadradas en programas particulares. Lo mismo pretende hacerse con las familias y los sobrevivientes de Cromagnon.

Entre el horror que no cesa y la discapacidad actual y latente, nos encontramos con la lucha de los familiares, quienes no han dejado de denunciar la desidia estatal en todos los órdenes mientras lo mediático intenta hacer desaparecerla. Los multimedios, cómplices por acción y omisión, continúan retaceando la verdad a la ciudadanía, la que es revelada por las organizaciones que nuclean a quienes fueron afectados por la masacre.

Por eso, no podemos dejar de acompañarlos. De continuar exigiendo justicia, de seguir buscando la vía para que el Estado asuma sus responsabilidades en materia sociosanitaria para aliviar el dolor causado por la irresponsabilidad de los funcionarios, los cuales se viven reciclando en diversas funciones pero no dan soluciones. Antes bien, buscan incrementar los laberintos para obstaculizar el acceso a los derechos.

Hoy, necesitan de nuestra mano, de nuestro apoyo para que puedan sentirse parte de una sociedad que vive escapando del otro, que lo mira de costado y si puede, como añora nuestro medio pelo en clave blumbergiana, llegar al exterminio liso y llano.

Pero también es hora de exigir las debidas responsabilidades, desde nuestro lugar cualquiera que sea. Es hora que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se haga cargo e implemente la continuidad de los tratamientos médicos y el otorgamiento de subsidios a los familiares y sobrevivientes y sobretodo, que no inventen más excusas tales como el programa diseñado para retacear lo que les corresponde...

Prof. Juan Carlos Sánchez

Director Editorial GACETILLAS ARGENTINAS