OPINION - EDITORIAL - 25 AÑOS DE DEMOCRACIA: ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD, POR EL PROF. JUAN CARLOS SÁNCHEZ, DIRECTOR EDITORIAL DE GACETILLAS ARGENTINAS SUMARIO   1 - 25 AÑOS DE DEMOCRACIA: ENTRE EL DESEO Y LA R...

OPINION - EDITORIAL - 25 AÑOS DE DEMOCRACIA: ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD, POR EL PROF. JUAN CARLOS SÁNCHEZ, DIRECTOR EDITORIAL DE GACETILLAS ARGENTINAS

SUMARIO

  1 - 25 AÑOS DE DEMOCRACIA: ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD, POR EL PROF. JUAN CARLOS SÁNCHEZ, DIRECTOR EDITORIAL DE GACETILLAS ARGENTINAS


1 - 25 AÑOS DE DEMOCRACIA: ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD

Hace 25 años, comenzábamos a salir de la peor tragedia de la historia argentina, de la mano del latiguillo de campaña: “Con la democracia, se come, se cura y se educa…”. Nos aferramos a él, como parte de un deseo, de una esperanza para otra Argentina luego del terror y la muerte provocado por genocidas y represores a partir del 24 de marzo de 1976. Quisimos creer que el retorno a la vida democrática sería el inicio de un largo camino hacia la construcción de un Estado de Derecho en el cual primara la igualdad de oportunidades, desarmando el esquema político, económico y social instaurado por la dictadura.

Del verbo alfonsinista al cristinista, pasando por la crisis de diciembre de 2001, nos encontramos ante una realidad tan volátil como cruel en donde las bases económicas y sociales establecidas a partir del 2 de abril de 1976 por Martínez de Hoz continuarían siendo el cimiento sólido para el neoliberalismo de los `90.

Con la democracia, se come…

La inflación acompañó el largo camino iniciado el 10 de diciembre de 1983. Plan Primavera y Plan Austral fueron las respuestas de la salida electoral en lo económico, acompañado del Juicio a las Juntas Militares que luego se desdibujó con las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hoy anuladas.

Sin embargo, el hambre aún está entre nosotros y nosotras. Continúa siendo un crimen deleznable que acosa a pibes y pibas, al igual que a amplias franjas de la población argentina sumergida en la pobreza y en la indigencia, incluyendo a los pueblos originarios, como producto de la profundización de las políticas económicas y sociales de la dictadura durante el menemismo.

La resistencia a este genocidio silencioso es reprimida sistemáticamente a través del gatillo fácil de las policías provinciales, adoctrinadas en la vieja escuela de los Camps y de los Etchecolatz, como también a través de esa mano de obra desocupada que aún se encuentra en actividad y que se llevó al compañero Jorge Julio López.

Sin dudas, no se han removido las bases estructurales por las cuales la distribución del ingreso solamente ha beneficiado a unos pocos en detrimento de las grandes mayorías. Las fuerzas políticas solamente se han dedicado a atender las necesidades de la burguesía, conformando una plutocracia que estuvo, está y estará a su servicio.

Las Amalitas, los Bulgheroni, los Pérez Companc, los Anchorena, los Alvear, los Blaquier, los Roggio, los Soldati y los Rocca, junto a los Macri y a los nuevos oligarcas como los Derudder y los Cirigliano, conforman un poder económico significativo amasado históricamente pues ellos son quienes han avalado las políticas implementadas desde 1976 a la actualidad.

Para estas familias, la pobreza es mala palabra y la refuerzan a través de los multimedios, como Clarín y La Nación, los que amplifican su voz y distorsionan la realidad para que dicha construcción mediática sea aceptada socialmente e internalizada por un medio pelo que admira a Blumberg y que pide a gritos la baja en la edad de imputabilidad de los menores, sin tener en cuenta que la inseguridad es producto de un flagelo que no ha sido remediado por una democracia más formal que sustancial: el hambre causado por la desocupación, lo que disfraza a través del INDEC.

Con la democracia, se cura…

Las políticas sanitarias se centraron en la promoción de subsistemas destinados a la cobertura de esa minoría, en lugar de atender las necesidades de las grandes mayorías, para conformar una medicina para ricos y otra, muy diferente, para pobres.

Desde el arancelamiento de los hospitales públicos, impuesto por la dictadura y a lo que quiere regresar el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad, admirador confeso del extinto Brigadier Cacciatore, al actual deterioro de la Salud Pública; desde la falta de prevención de enfermedades que llevan a la discapacidad y a la muerte a la asistencia clientelar, a través de los planes focalizados promovidos por el Banco Mundial y los organismos multilaterales de crédito y desde los incumplimientos estatales y no estatales acerca de la cobertura sanitaria de las personas con discapacidad a la falta de insumos en el sistema sanitario público, nos encontramos ante una realidad que denota la continuación del genocidio por otros medios.

La salud pasó de ser un derecho de ciudadanía a un servicio, a una relación mercantil promovida desde el Estado para beneficio de los Belocopitt y de los zares de la medicina privada. Las Obras Sociales dejaron de cumplir con su rol social para ser captadas por el creciente mercantilismo que hoy las rodea, mediante gerenciamientos en manos de mercaderes sanitarios.

Al igual que con el hambre, la salud es otro derecho relegado en forma sustancial debido a una ausencia estatal basada en el desfinanciamiento del sistema público de salud que, a su vez, provoca la falta de insumos y de personal, tanto de médicos y médicas como de enfermeros y enfermeras, para atender la elevada demanda que recibe como producto de una pobreza e indigencia provocada por la enorme brecha social, derivada de la injusta distribución del Ingreso Nacional.

Con la democracia, se educa…

El perfil privatista en materia educativa, iniciado con Bruera y perfeccionado por Juan José Catalán y Juan Llerena Amadeo durante la dictadura militar, sobrevivió durante estos 25 años transcurridos de la mano de la elevada influencia de la Iglesia Católica durante el Congreso Pedagógico de 1984 y la elaboración de la Ley Federal y Nacional de Educación, como de la oligarquía que buscaba y sigue buscando mano de obra barata para sus empresas.

El arancelamiento en la universidad pública, cuya implementación aún sigue siendo motivo de debate en algunos ámbitos universitarios y el recorte de conocimientos, desdibujando la formación ciudadana fueron los rasgos fundamentales de una política educativa centrada en la formación de niños, niñas y jóvenes destinados a perpetuar la exclusión social en beneficio de los pocos que pudieron usufructuar los beneficios de la mentada calidad educativa, a la cual hace referencia la Ley Nacional de Educación sancionada y promulgada por el kirchnerismo.

Con el eje centrado en la educación como formación para el trabajo, junto a pasantías destinadas a satisfacer las necesidades empresarias de bajos salarios, pero con un elevado capital intelectual en algunos casos, lo educativo pasó a formar parte de la reproducción del ideario neoliberal antes que la promoción de un saber crítico y reflexivo sobre la realidad.

Por otro lado, la falta de instrucción a las personas con discapacidad, como producto de las políticas oficiales impregnadas del paradigma de la inutilidad y de la productividad marginal de dicho colectivo, impidió e impide su inserción laboral para relegarlos a la pasividad de una pensión y a la notoria desvalorización de sus capacidades y habilidades remanentes, lo cual se suma a la postergación de los pueblos originarios, cuya cultura es desvalorizada salvo escasas excepciones y cuya escolarización pretende desconocerla, para internalizarla en los cánones de la modernidad y de la perpetuación de lo establecido; es decir, de su creciente y permanente exclusión social y económica a pesar de lo establecido por nuestra Constitución Nacional.

Los pibes y las pibas tampoco tienen estímulos para que concurran a las escuelas. La falta de becas o su no asignación a manos de la plutocracia, como ha ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, contribuye a una deserción elevada; sobre todo, en el nivel primario y medio, provocando que ellos y ellas no puedan insertarse en el mundo laboral. Por otro lado, la ausencia de mecanismos facilitadores para que puedan continuar sus estudios, como las clases de apoyo y las necesidades familiares que obligan a un prematuro empleo infantil acentúan dicha problemática.

En lo sistémico, lo educativo pasó de una centralización absoluta a una diáspora interminable en materia curricular para beneficio de los mercaderes educativos y de quienes han conformado nichos privados en las universidades públicas. La sobreoferta educativa, estimulada por los intereses de la burguesía y por un Estado que mira para otro lado, en materia de formación laboral está destinada al impulso de personas formadas para la coyuntura antes que para lo integral, lo cual desdibuja el rol del sistema educativo pues éste ha pasado a ser el proveedor exclusivo de las necesidades burguesas de una mano de obra barata y servil.

En lo curricular, se procuró, y procura, la perpetuación de la exclusión mediante un proceso de enseñanza – aprendizaje destinado a obtener un saber para el trabajo, desestimando la formación para la ciudadanía y para la vida.

Hambre, salud deteriorada y una educación parcializada contribuyen al esquema impuesto por la dictadura militar que ha sobrevivido durante estos 25 años de democracia puramente formal.

Con la democracia, no se come, no se cura y no se educa…

Sin dudas, aún falta mucho para hacer efectivos los Derechos Humanos del presente y del futuro. Mientras se continúa en la conmemoración del pasado reciente, pocos atinan a mirar las causas de una realidad candente en donde el pobre perpetúa su condición mientras unos pocos y unas pocas se aferran a un derecho de propiedad en detrimento de las grandes mayorías.

No se come, porque el Estado desatiende las necesidades básicas de la población mediante la implementación de la política de no hacer nada, porque sus dirigentes solamente piensan en la coyuntura electoral y en el funcionamiento de su maquinaria. El elevado clientelismo, a nivel nacional y provincial, provoca que amplias franjas de la población queden a merced de los punteros político – partidarios sin obtener la satisfacción de sus necesidades. Desde el Plan Alimentario Nacional a los actuales bolsones de comida, solamente se ha atendido la emergencia antes que buscar las soluciones para un flagelo que irrita, cuando nuestro país está en condiciones de alimentar a 600 millones de personas pero no puede hacerlo a una población de 40 millones.

No se cura, porque la prevención resulta mala palabra en aras de cerrar las cuentas y la atención de la salud se basa en una mercantilización creciente en beneficio de los mercaderes sanitarios, a lo que se suma el desfinanciamiento del sistema público.

La reducción del gasto en salud podría ser efectivo mediante políticas de prevención de enfermedades que llevan a la discapacidad y a la muerte. Desde las patologías evitables a los accidentes viales y laborales, las políticas estatales solamente se han ocupado de las consecuencias antes que de las causas y ello significa un claro continuismo del hilo conductor iniciado en 1976.

No se educa, porque se ha deteriorado al conjunto del sistema público mediante un profundo recorte de los saberes en el nivel primario y medio destinado a perpetuar la exclusión sistemática a la prosecución de estudios superiores, constituyendo ello el perfeccionamiento de los exámenes de ingreso y del arancelamiento impuesto durante la dictadura militar. El ser docente también ha sufrido dicho deterioro, mediante un proceso de desvalorización sustantivo desde el Estado que se trasladó a las familias; en particular, del medio pelo que no atina a pensar sino a reproducir los argumentos instalados desde los multimedios.

No se come, no se cura y no se educa porque los cimientos establecidos por Videla, Massera y Agosti siguen firmes, gracias a la ausencia de una verdadera voluntad política para su remoción y para la construcción de una nueva base que permita hacer realidad los Derechos Humanos que hoy son cercenados a las grandes mayorías.

Pero también debemos tener en cuenta que ello es responsabilidad de todas y de todos, mediante nuestra participación en la cosa pública a través del reclamo sistemático y de la protesta permanente por todos los medios posibles.

Y el mejor homenaje a las compañeras y compañeros que han sufrido las consecuencias del horror es, precisamente, continuar buscando el camino hacia una democracia más participativa y más horizontal que permita allanar el acceso a los derechos fundamentales del hombre: comer, sanarse y educarse para vivir en una sociedad y en un Estado donde todas y todos puedan formar parte del banquete político, económico y social.

No es poca cosa, frente a las atrocidades del pasado, frente a un genocidio que continúa por otros medios y en democracia…

Prof. Juan Carlos Sánchez

Director Editorial GACETILLAS ARGENTINAS

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