OPINION - “EL OBJETIVO DEL GOLPE FUE RECUPERAR LA AUTORIDAD DEL CAPITAL” PRIMERA PARTE - ENTREVISTA AL HISTORIADOR LEÓNIDAS CERUTI, POR ANDRÉS SARLENGO (CONTRAPUNTOS, FM SERENA 102.1 MHZ - VENADO TUERTO).

SUMARIO

  1 - ARGENTINA, SANTA FÉ: OPINIÓN - “EL OBJETIVO DEL GOLPE FUE RECUPERAR LA AUTORIDAD DEL CAPITAL” PRIMERA PARTE - ENTREVISTA AL HISTORIADOR LEÓNIDAS CERUTI, POR ANDRÉS SARLENGO (CONTRAPUNTOS, FM SERENA 102.1 MHZ - VENADO TUERTO).

---

1

De: Andrÿffffffffffe9s Sarlengo

Fecha: Lunes, 15 de Diciembre de 2008 11:20 p.m.

Para: GACETILLAS ARGENTINAS - REDACCIÓN

Asunto: “EL OBJETIVO DEL GOLPE FUE RECUPERAR LA AUTORIDAD DEL CAPITAL” PRIMERA PARTE - ENTREVISTA AL HISTORIADOR LEÓNIDAS CERUTI

 

“El objetivo del golpe fue recuperar la autoridad del capital”

Primera parte

“El 24 de marzo de 1976, representa la muerte, la corrupción, la persecución, el exilio”, subraya el historiador Leonidas Ceruti.

Leonidas nació en Providencia (Santa Fe) y es un profuso narrador de las luchas obreras. “El 1º de mayo es el día de los explotados, de los trabajadores”, afirma en su libro “El 1º de mayo en Rosario 1890-2000”.

Con Leonidas repasamos qué fue (y sigue siendo) el Proceso de Reorganización Nacional. Es indispensable mirar hacia atrás para desbrozar el camino rumbo a una verdadera democracia. Es indispensable comprender que el capitalismo siempre precisará gobiernos “autoritarios”. Aunque votemos cada dos años: los gerentes que elegimos representan “la autoridad del capital”.

Leonidas Ceruti aporta a la reflexión con sus largas respuestas.

¿Democracia con niños sin pan ni escuelas? El discurso oficial pretende engañarnos y confundirnos.

Habrá que desbrozar nuestro lenguaje para que el amo opresor aparezca desnudo y tal como es. Habrá que matarlo –si es necesario- y parir la democracia.

· Contrapuntos: ¿Cómo definir e interpretar la última dictadura cívico militar desde una perspectiva de lucha de clases? ¿Fue una reacción burguesa?

· Leonidas Ceruti: El golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue clara y contundentemente contra la clase obrera y los trabajadores, para restaurar el orden en la producción, y desarticular las distintas formas de organización obrera e imponer un plan económico de distribución contra el proletariado.

Desde 1969, en distintas zonas industriales, se fueron dando formas organizativas democráticas, con gran participación de las bases obreras, estableciendo con el tiempo profundas relaciones interfabriles, con innumerables contactos regionales y nacionales. A lo que se sumo la intensificación de las relaciones y debates al interior de las fábricas, de las fábricas a otras fabricas, de las zonas industriales a los barrios obreros.

Para frenar ese desarrollo en ascenso, el principal objetivo de la dictadura militar fuera destruir y paralizar toda esa organización que se venia gestando.

La supresión de las garantías civiles fue la metodología para imponer las condiciones necesarias de destrucción y reestructuración económica, política, social y cultural, según los lineamientos internacionales que condicionaron los años sucesivos. Se desarticularon las formas de participación, de movilización, que venían construyendo los sectores populares. Fueron años trágicos, con profundas secuelas de sufrimiento y dolor, cambios y mutaciones.

Los militares genocidas, vinieron a poner disciplina, ante la indisciplina social y productiva, la indisciplina fabril, la anarquía social que corroía el cuerpo social, y que se habían roto las jerarquías políticas en todos los planos. Lo hicieron para controlar las cuestiones sociales, e implementaron mecanismos de desarticulación y escisión de todas las estructuras y organismos participativos, bajo signos de alta violencia y sin vigencia de las garantías civiles. La larga lista de atropellos y apremios ilegales a los que fueron sometidas los detenidos, explican la crudeza del modelo de reorganización de la estructura productiva del país.

El primer objetivo de la Junta Militar de Videla, Massera y Agosti fue desarticular las luchas, la organización de la clase obrera, controlar las demandas y cuestionamientos que generarían el segundo objetivo que fue la imposición de un modelo económico antiobrero. Su aplicación trajo consecuencias sociales, como el cierre de fábricas, desocupación, deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores y de la población. La clase obrera, desde un tiempo antes del golpe militar del 24 de marzo, venía soportando una dura represión, pero desde ese día se inició la mayor persecución desde sus orígenes en el siglo XIX.

El golpe militar constituyó el momento culminante de un largo proceso histórico, en que militarismo y golpismo se conjugaron periódicamente, para negar todo tipo de democracia. Nunca como en el período 1976-83, se alcanzó lo que ahora conocemos como terrorismo de estado, nunca como entonces se llegó al nivel de exterminio de miles de hombres, mujeres y niños. La sociedad argentina se vio sometida por la dictadura militar, que llevó al paroxismo la persecución política, la cárcel, la tortura y la desaparición de personas.

Es ejemplificadora la proclama del 24 de marzo de 1976 por la cual Fuerzas Armadas anunciaron que habían derrocado el gobierno de María Estela Martínez de Perón y asumido el poder, afirmando: “...Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración. Frente a un tremendo vacío de poder,(...) a la falta de una estrategia global que, conducida por el poder político, enfrentara a la subversión, (...) las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido el poder y desarrollaran, durante la etapa que hoy se inicia, una acción regida por pautas perfectamente determinadas, por medio del orden, del trabajo, la observancia plena de los principios éticos y morales, de la justicia, de la organización integral del hombre, del respeto a sus derechos y dignidad. Así la República llegara a la unidad de los argentinos y a la total recuperación del ser nacional.

“A partir de este momento, la responsabilidad asumida impone el ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente los vicios que afectan al país. Por ello, a la par que se continuará combatiendo sin tregua a la delincuencia subversiva, abierta o encubierta, y se desterrará toda demagogia, no se tolerara la corrupción ni la venalidad bajo ninguna forma o circunstancia, ni tampoco cualquier trasgresión a la ley u oposición al proceso de reparación que se inicia.

“Las Fuerzas Armadas han asumido el control de la República. Quiera el país todo comprender el sentido profundo e inequívoco de esta actitud, para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa que, persiguiendo el bien común, alcanzará con la ayuda de Dios la plena recuperación nacional".

Firmaban: Teniente General Jorge Rafael Videla, Almirante Emilio Eduardo Massera, Brigadier General Orlando Ramón Agosti.

El segundo objetivo del golpe militar fue imponer el proyecto económico encarnado en la figura del Ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz, que fue elaborado como un programa de modernización del aparato productivo y de “racionalidad”. En la práctica, esto se manifestó en un lenguaje economicista que explicaba y trataba de justificar el proyecto de apertura económica, con el fin de atraer inversiones de capitales que concretaran la reestructuración económica. Todo se tradujo en una crisis económica que fue en aumento, con fábricas cerradas, miles de desocupados y una deuda externa que endeudó al país por años.

Las consecuencias de la represión son conocidas: 30.000 desaparecidos, miles de muertos, torturados, secuestrados, robo de niños y todo el tipo de aberraciones. El 24 de marzo de 1976, representa la muerte, la corrupción, la persecución, el exilio. No obstante el terror, la resistencia y la búsqueda de personas se manifestaron públicamente. Los jueves, la Plaza de Mayo vio marchar a las Madres. Publicaciones clandestinas, periodistas independientes, contribuyeron con su valerosa tarea a sacar a la luz los oscuros sucesos de ese período.

Las primeras medidas tomadas por la Junta Militar contra el movimiento obrero fueron la intervención de la CGT y de numerosos sindicatos - entre ellos 27 federaciones y 30 regionales de esa central obrera-, la suspensión de la actividad gremial -asambleas, reuniones, congresos-, la prohibición del derecho de huelga, la separación de las obras sociales de los sindicatos. En 1979, la ley de Asociaciones Profesionales limitó la cantidad de delegados de fábrica -en el caso de Ford, por ejemplo, se redujo de 300 a 6-, se aprobó la libre afiliación - a pesar que el 95% de los trabajadores ratificaron a sus anteriores sindicatos -, se disolvieron las federaciones de tercer grado y se exigieron cuatro años de antigüedad en el empleo para ser elegidos como delegados, además de la infaltable constancia de “buena conducta” de la policía para poder presentarse a trabajar. A esto, se sumo la Ley de Prescindibilidad, que autorizaba el despido de cualquier empleado de la administración pública. A un mes del golpe se reformó la Ley de Contratos de Trabajo, que anulaba normas en materia de derechos.

Toda esa legislación se combino con la represión, ocupando militarmente las fábricas en conflicto, reprimiendo especialmente a distintos gremios industriales y de servicio, a sus delegados y miembros de comisiones internas. Los sindicalistas, delegados, militantes fabriles y abogados laborales fueron víctimas de la violencia aplicada desde el poder militar. Sin embargo, existía la necesidad de brindar una imagen de “paz interior”. Por tal motivo, ese proceso de disciplinamiento represivo se realizo en forma abierta o encubierta, ocultando la identidad de las víctimas, hechos que se materializaron en la figura del “desaparecido”. Las características de los procedimientos y padecimientos a los que eran sometidos los detenidos en los “centros clandestinos”, fueron conocidos por las declaraciones de sobrevivientes y posteriormente por el relato de los mismos autores “arrepentidos”.

Este cuadro sobre los Desaparecidos por profesión con datos de la CONADEP, nos ejemplifica sobre los sostenemos:

DESAPARECIDOS POR PROFESION PORCENTAJE

OBREROS 30,2 %

EMPLEADOS 17,9 %

DOCENTES 5,7,%

ESTUDIANTES 21 %

PROFESIONALES 10,7 %

AUTONOMOS 5 %

AMAS DE CASA 3,8 %

CONSCRIPTOS 2,5 %

PERIODISTAS 1,6 %

ACTORES, ARTISTAS 1,3 %

RELIGIOSOS 0,3 %

En síntesis, sumando los porcentajes de los desaparecidos de obreros, empleados y docentes alcanza el 53, 8 %, lo que significa que la fuerza de la represión cayó sobre los trabajadores.

La Junta Militar, designo como Ministro de Trabajo al General Liendo, que luego de ordenar una batería de medidas contra la clase obrera, participo activamente en las reformas a la Ley de Contratos de Trabajo, por la cual se dejaba sin vigencia una serie de normas que hacían a los derechos individuales. Entre sus primeras actividades estuvo definir la política del gobierno hacia el movimiento obrero en su mensaje del 1º de mayo de 1976. En el mismo, con todo cinismo fijo las pautas de la política laboral, al afirmar que “la intervención militar no se hizo en contra de un determinado sector social, partido político o sistema económico, sino para corregir excesos, impedir desviaciones, reordenar y reencauzar la vida nacional, cambiar la actitud argentina con respecto a su propia responsabilidad, facilitar en suma, el desarrollo pleno de nuestra potencialidad. (...) “referido a las disposiciones legales que encuadran la actividad y estructura gremial, su revisión no tiene en modo alguno como objetivo lesionar el principio protector incito en el derecho laboral, ni cercenar ningún derecho inalienable del trabajador. Su finalidad es la de corregir excesos, vicios, instrumentar normas que eviten la corruptela en la utilización de fondos y reconstruir la armonía en el campo laboral a través de las relaciones individuales de trabajo”.

Posteriormente defendió las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, la reglamentación del derecho de huelga, que se hallaba suspendido, la Ley de Asociaciones Profesionales y la intervención de la CGT. Finalmente dejó en claro cual era la política para cualquier oposición en las fábricas a la dictadura al afirmar que “Con relación a la actividad de la subversión en el ámbito fabril se sabe que ella intenta desarrollar una intensa y activa campaña de terrorismo e intimidación a nivel del sector laboral. Los objetivos de esa campaña son: la destrucción de la Nación, la paralización del aparato productor, la instauración de una dictadura marxista y la negación del ser nacional. Para combatir y destruir a la subversión hay que conocer su modo de actuar: adoctrinamiento individual y de grupos para la conquista de base obreras, colocándose a la cabeza de falsas reivindicaciones, creación de conflictos artificiales para logra el enfrentamiento con dirigentes empresarios y el desprestigio de los auténticos dirigentes obreros, el sabotaje a la producción, la intimidación, secuestro y asesinato de obreros y empresarios que se opongan a sus fines. Ejecutores de ese accionar son agentes infiltrados y activistas perfectamente diferenciales de los verdaderos delegados que ejercen la representación gremial de sus mandantes. Frente a ese accionar, el gobierno y las FFAA han comprometido sus medios y su máximo esfuerzo para garantizar la libertad de trabajo, la seguridad familiar e individual de empresarios y trabajadores y el aniquilamiento de enemigo de todos”.

Todos los primeros de mayo, las FF.AA dieron a conocer distintos mensajes con una serie de medidas, y en 1977, el Comando del II Cuerpo de Ejercito con asiento en Rosario, emitió un comunicado del arma, en el cual puntualizo que “La suspensión temporaria de algunas actividad gremiales (…) tuvo como finalidad corregir factores distorsionantes de la vida nacional, teniendo en cuenta que serán paulatinamente restablecidas en cuanto se logre se reordenamiento y reencauzamiento y se ubiquen por encima de lo coyuntural (..) El ejército defiende la necesidad de un orden mínimo imprescindible para la convivencia y el progreso de la Nación, ordenamiento, cuyos límites han sido fijados teniendo en cuenta las especiales circunstancias que vive el país. Esos limites son lo suficientemente flexibles para evitar que una excesiva rigidez los convierta en un esquema estático fácilmente superable por una realidad en permanente cambio” Para luego aclarar que se lo hacía “para evitar que su trasgresión desate la puja de intereses sectoriales y se convierta en un impedimento para la consolidación de unidad nacional. El Ejercito Argentino sabe perfectamente que el sector sindical tiene espíritu y vocación nacional y que a pesar de todos los intentos realizados desde distintos puntos del espectro ideológico para infiltrarlo no ha sido contaminado ni por el marxismo ni por ninguna otra doctrina extranjerizante opuesta al sentir nacional”.

Hacía 1979, el Ministro Reston, en el tradicional mensaje a los trabajadores, hizo referencia al paro de actividades que hacía pocos días se había realizado, afirmando que “el gobierno y el pueblo están dispuestos a consolidar los objetivos alcanzados por encima de intereses mezquinos, sectoriales o individuales, cuya acción perjudica al conjunto de la Nación”. Dejando un observación para los sindicalistas, que “debían asumir sus responsabilidades, cumpliendo con sus deberes y derechos”, finalizando con una nueva advertencia “En esta dura prueba que la Nación debió afrontar, hemos ganado la paz y la seguridad. No debemos olvidar que nuestros enemigos aunque derrotados, están presentes y se manifiestan de diversa manera. Contra ellos debemos estar prevenidos y no dejar de mirar el rumbo…ya que el Proceso de Reorganización Nacional aún no concluido su misión y la gran labor de todos ha sido que impere un orden social y para lograrlo el gobierno tiene comprometida toda su voluntad y energía”.

En síntesis, los genocidas del 76 hicieron hincapié en los objetivos económicos del proceso, la necesidad de sacrificios y esfuerzos de los trabajadores, las tareas de ordenar y recuperar a la Nación, a la vez que se destacaba que se buscaba el punto de equilibrios entre el desarrollo de sus riquezas potenciales, y la armonización de su crecimiento económico y social, como también corregir los excesos, vicios, e instrumentar normas que eviten la corruptela en la utilización de fondos sindicales y reconstruir la armonía en el campo laboral a través de las relaciones individuales de trabajo, “combatir y aniquilar la actividad de la subversión en el ámbito fabril, ya esta lo que pretende es la destrucción de la Nación, la paralización del aparato productor, la instauración de una dictadura marxista y la negación del ser nacional”.

Seria un error creer que el golpe de Estado fue resistido por toda la sociedad. Fue aceptado por la mayoría de las fuerzas políticas, la Iglesia, y con alivio por el sector más poderoso del empresariado.

Los empresarios estaban atemorizados por la violencia dentro de sus fábricas y por la situación económica que combinaba control de precios y alta inflación. A mediados de 1975, en una reunión privada con Videla, sugirieron que las Fuerzas Armadas asumieran el poder. El compromiso que tomaron los principales empresarios fue que uno de ellos, José Alfredo Martínez de Hoz, fuera el responsable de la gestión económica del nuevo gobierno militar. Los sectores con poder económico resolvían así sus dos problemas principales: ellos arreglarían las finanzas del país, mientras los militares ponían orden eliminando a la subversión.

Los medios de comunicación mayoritarios también apoyaron el golpe. Incluso el diario considerado más progresista en la época, “La Opinión”, publicó notas favorables al golpe, antes y después del 24 de marzo.

Afirmamos anteriormente que el objetivo del golpe fue recuperar la autoridad del capital, ponerlo a éste en condiciones de hacer lo que más le conviniera en la crisis, restaurar el orden en las fábricas, respaldándose con la violencia organizada y que tenía un norte bien claro: recuperar las fuerzas políticas pérdidas, recuperando la autoridad del Estado como monopolio de la violencia, para poder utilizarlo en la aplicación de un plan económico en defensa del capital contra los intereses de los trabajadores.

Muchos años después, el 16 de marzo de 1998 comparecieron ante el Juzgado del Juez Garzón en España en carácter de miembros de la Comisión Directiva de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA): D. Víctor Norberto de Gennaro, Doña Maria Olinda Maffei, D. Víctor Inocencio Mendivil. D. Alberto Oscar Morlachetti, D. Alberto José Piccinini y D. Juan Carlos Caamaño, para denunciar la represión que padecieron los trabajadores argentinos, en el juicio que se llevaba adelante contar un conjunto de represores.

Sus declaraciones constan en el tomo 51 de la pieza principal del Sumario a partir de los folios 13.796 y la documentación que acompañaron y que se reseña en el Acta de su declaración en los tomos 95 a 98 y 105 a 107 de la pieza separada de documentación.

Dieron cuenta de los testimonios recuperados y la documentación que demuestra la existencia de un número aproximado de 10000 trabajadores desaparecidos en los siguientes sectores de la industria y los servicios: Telefónicos, Trabajadores de la Luz y Fuerza, Trabajadores de Correos, Trabajadores del Estado, Visitadores Médicos, Trabajadores del Azúcar, Ceramistas, Empleados Públicos, Vitivinícolas, Obreros de la Carne, Metalúrgicos, Empleados de Comercio, Taxistas, Viajantes de Comercio, Empleados Municipales, Trabajadores de la Construcción, Navales, Aeronáuticos, Ferroviarios, Trabajadores de la Alimentación, Gráficos, Empleados de Seguros, Marítimos, Plásticos, Químicos, Papeleros, Trabajadores del Cuero, Fileteros, Petroleros, Periodistas y Trabajadores de Prensa, etc.

Destacaron en su declaración que “el aniquilamiento de las organizaciones populares adquiere una centralidad desconocida extendiendo su aplicación al conjunto de la comunidad. En este esquema la noción de lo subversivo involucra a toda forma de organización, resistencia o disidencia frente a los objetivos del proceso militar. Se convierte en práctica habitual la supresión de dirigentes gremiales y miembros de comisiones internas o de simples trabajadores cuya práctica sindical supone automáticamente enfrentarse con el Estado represor”.

Marcaron la complicidad de los directivos de muchas empresas con la represión ejercida contra los trabajadores. Indicaron en este sentido que muchos activistas sindicales fueron secuestrados debido a que eran señalados por aquéllos ante quienes ejercían la represión y que en muchos casos fueron utilizados locales de las empresas para la detención y tortura.

Resaltaron principalmente que las investigaciones realizadas acreditan que el 67% del total de los detenidos desaparecidos fueron trabajadores.

En ese sentido, Víctor Mendibil, de la Asociación Judicial Bonaerense, integrante de la Comisión por la Memoria y Secretario Gremial de la CTA, en el II Encuentro Internacional sobre la Construcción de la Memoria Colectiva, realizado en la ciudad de La Plata durante agosto de 2001, señalo claramente “Valoro el debate y los temas que se desarrollan. No comparto la visión mayoritariamente. Cuando se analiza la primera etapa, se visualiza el enfrentamiento armado y no se visualiza la lucha con las organizaciones sindicales, delegados y todos los obreros que participan de las actividades militantes, en las organizaciones armadas que sufrieron las consecuencias antes de 1976 por la Triple A y posteriores a esa etapa. Les diría que, según nuestros estudios, el 70% de los 30.000 desaparecidos son integrantes de comisiones internas u obreros que solamente tenían su comportamiento como parte de una organización sindical que planteaba una distribución de la riqueza más justa a partir de la lucha sindical”.

Luego al comentar la base jurídica y sustento para la presentación ante el Juez Garzón afirmo que “Nosotros decíamos que en la Argentina hubo un plan concertado por los grandes grupos económicos y las FFAA para implementar el terrorismo de Estado y el genocidio, con el objetivo de disciplinar socialmente a la clase trabajadora para obtener una más alta tasa de ganancia y la concentración económica (…) Hay 8300 casos de delegados sindicales, militantes obreros, de la clase trabajadora, que fueron masacrados, desaparecidos para disciplinar precisamente. Ese es el grupo nacional central en que se basó la represión para que después se instalara un terror determinado que permite que hoy el modelo económico se esté desarrollando y que haya una planificación de la muerte a través de la continuidad de una misma política económica, basadas en el exterminio, basada en el terrorismo de Estado, en la desaparición de casi 9000 delegados sindicales que pretendían generar condiciones más dignas de trabajo y de distribución de la riqueza”.

Andrés Sarlengo

Contrapuntos

13 de diciembre de 2008